Inés Gómez Mont cae en Florida tras años prófuga de la justicia mexicana
Inés Gómez Mont fue detenida en Florida con fines de extradición a México tras permanecer prófuga desde 2021 por delincuencia organizada y peculado.
Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, tras permanecer prófuga desde 2021 por cargos de delincuencia organizada y peculado, operando la captura bajo fines de extradición hacia México.
La captura en territorio estadounidense y el estatus legal
Inés Gómez Mont fue arrestada en Florida bajo una orden con fines de extradición a México, tras mantenerse prófuga desde 2021 por cargos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La detención de la expresentadora de Ventaneando se concretó este viernes 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, fundamentada en una orden de arresto orientada a su repatriación a territorio mexicano. Las autoridades estadounidenses ejecutaron el procedimiento sin que hasta el momento trasciendan pormenorizadas circunstancias operativas del arresto.
La situación de la procesada mantiene vacíos institucionales observables en el sistema norteamericano. Inés Gómez Mont no figura en el registro público de personas detenidas perteneciente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE.
El entramado de contratos federales y desvío de recursos
La investigación de la fiscalía vincula a Inés Gómez Mont y a su esposo con una red de corrupción que operó contratos de seguridad por dos mil novecientos cincuenta millones de pesos.
La Fiscalía General de la República sostiene que la conductora y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, integraron una red de corrupción destinada a desviar recursos públicos. El esquema operó mediante empresas que obtuvieron contratos del Gobierno federal orientados a servicios de seguridad y vigilancia en centros penitenciarios federales durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
La investigación global comprende contratos por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, una cifra que no representa el monto recibido de forma personal por la conductora. Documentos judiciales publicados detallan que la fiscalía le atribuyó depósitos específicos por 14 milones 843 mil 816 pesos.
Los montos referidos proceden de dos entidades mercantiles ligadas a la indagatoria: Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones. Derivado de estas operaciones financieras que habrían permitido ocultar el origen y destino de los fondos, Inés Gómez Mont enfrenta cargos de delincuencia organizada, peculado, lavado de dinero y una investigación paralela por defraudación fiscal vinculada con irregularidades en el pago de impuestos. Su cónyuge, Víctor Manuel Álvarez Puga, fue previamente detenido en septiembre de 2025 en Estados Unidos por autoridades migratorias bajo acusaciones similares.
La controversia internacional por la cancelación de alertas
La Interpol retiró en septiembre de 2026 las fichas rojas emitidas contra la pareja, una decisión impugnada por el Gobierno mexicano pese a la vigencia de las órdenes de aprehensión.
En octubre de 2021, la Interpol emitió una ficha roja para la localización internacional de la pareja. No obstante, la alerta internacional fue retirada en septiembre de 2026, una resolución con vigencia oficial a partir del 25 de septiembre de ese mismo año.
La cancelación se originó después de que la defensa legal solicitara el retiro en octubre de 2025, argumentando una presunta persecución política y posibles afectaciones a los derechos de los imputados en caso de ser trasladados a México. La organización internacional omitió hacer públicos los motivos específicos de su determinación, impidiendo confirmar si aceptó los argumentos de los abogados.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la anulación y calificó a los involucrados como factureros reconocidos, anunciando que el Estado mexicano solicitaría una explicación a la Interpol para gestionar el restablecimiento de las alertas. La pérdida de vigencia de las fichas rojas no anuló las órdenes de aprehensión vigentes en México, ya que estas emanaron de tribunales judiciales locales de manera independiente a los mecanismos de cooperación internacional.
