Texas reclama nueve islas del Río Bravo y desafía los límites con México
El gobierno de Texas declara propiedad estatal nueve islas del Río Bravo para frenar a los cárteles. México advierte violaciones a tratados.
El gobierno de Texas declaró como propiedad estatal nueve islas en el Río Bravo bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas y personas, una medida que generó el rechazo de México por vulnerar los tratados internacionales de límites territoriales.
La Oficina General de Tierras ejecuta la declaratoria territorial
La comisionada de Tierras Dawn Buckingham notificó que las fuerzas de seguridad estadounidenses podrán ingresar a estos terrenos para realizar patrullajes, inspecciones y retirar cualquier actividad ilícita perpetrada por los cárteles.
La determinación texana surgió después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos solicitó a la Oficina General de Tierras de Texas revisar 28 islas del Río Grande que presuntamente no tenían propietario definido.
Tras el análisis técnico, la dependencia identificó nueve terrenos que consideró propiedad del estado y notificó que podrán ser utilizados por las fuerzas de seguridad estadounidenses para impedir que las organizaciones criminales conviertan estos puntos en centros de operación para el narcotráfico y el tráfico de migrantes.
La respuesta diplomática y la defensa de la soberanía mexicana
La Secretaría de Relaciones Exteriores advirtió que ningún gobierno estatal estadounidense puede modificar unilateralmente los límites territoriales entre ambos países.
La dependencia federal recordó que la frontera está regulada por tratados internacionales y que cualquier controversia sobre la soberanía de las islas debe resolverse mediante los mecanismos bilaterales establecidos.
En un comunicado oficial, la Cancillería explicó que el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera en el Río Bravo sigue el centro del cauce normal del río.
Este criterio determina a qué país pertenece cada porción de tierra, independientemente de la soberanía que hubiera tenido anteriormente.
Por esta razón jurídica, corresponde exclusivamente a la Comisión Internacional de Límites y Aguas establecer de qué lado de la frontera se encuentra cada isla, eliminando la potestad de las autoridades estatales de Texas para emitir fallos unilaterales sobre la demarcación.
El tratado bilateral prohíbe además a cualquiera de los dos países construir obras que puedan desviar u obstruir el cauce natural del río, cuando así lo determine la instancia competente.
México aseguró que dará seguimiento a las acciones emprendidas por Texas y que defenderá el cumplimiento de los acuerdos internacionales que regulan la soberanía y los límites de la frontera común.
