Profundo tijeretazo al INE en el PEF 2027 desata pugna legislativa

El Instituto Nacional Electoral afronta un drástico ajuste presupuestal tras la aprobación en comisiones de una reasignación por seis mil millones de pesos destinados a estancias infantiles del Partido del Trabajo y otros rubros federales.

El aval legislativo en comisiones y la redistribución presupuestal

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública avaló un recorte al Instituto Nacional Electoral que asciende a seis mil millones de pesos para financiar el programa de educación inicial y diversos rubros gubernamentales.

La Cámara de Diputados perfila la profundización del ajuste financiero dirigido al Instituto Nacional Electoral, superando los cinco mil millones de pesos contemplados inicialmente en el dictamen. Durante una sesión marcada por la discusión de 256 reservas, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó tres modificaciones impulsadas por Morena y el Partido del Trabajo. El dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 fue validado en lo general y en lo particular tras cuatro horas de debate, registrando 30 votos a favor y 13 en contra emitidos por legisladores de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional.

El proyecto legislativo se turnará al Pleno para una discusión proyectada de al menos tres días a partir del próximo lunes. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, detalló que el recurso destinado al programa infantil operado por el aliado de Morena debe oscilar entre los 720 y 730 millones de pesos, atendiendo factores inflacionarios. A través del programa U312 Expansión a Educación Inicial, los recursos asignados experimentarán un incremento desde los 866.5 hasta los mil 484.5 millones de pesos, consolidando una reasignación directa de 618 millones de pesos que alcanzará el tope máximo mediante la integración de impuestos.

Las fricciones políticas y los señalamientos de corrupción

El Partido Acción Nacional cuestionó severamente la transferencia de recursos al Partido del Trabajo, catalogándola como una partida de carácter electoral.

Durante el análisis particular del dictamen, el diputado Héctor Saúl Téllez emitió duras críticas contra la reasignación presupuestal, señalando que la partida destinada a las estancias infantiles funciona como una caja chica del dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, para el enriquecimiento personal. El legislador opositor sostuvo que la negociación elevará la partida por encima de los mil 400 millones de pesos, calculando un beneficio estimado de más de 30 millones de pesos por cada diputado perteneciente al partido aliado. La bancada panista argumentó que esta estrategia financiera se repite anualmente mediante una confabulación gubernamental.

Para respaldar sus acusaciones, la oposición evocó diversos señalamientos emitidos por la Auditoría Superior de la Federación desde el ejercicio fiscal de 2014, año en el que se detectaron 119 millones de pesos bajo presuntos esquemas de corrupción en la misma partida. Los informes de fiscalización documentaron anomalías subsecuentes por 120 millones de pesos en 2017, un monto de 85.4 millones de pesos no justificados en 2019, 14 millones de pesos en 2020 y 472 millones de pesos registrados durante 2022 como el periodo de mayor gravedad. Asimismo, se expuso la existencia de una denuncia formal interpuesta en 2024 por 100 millones de pesos vinculada a operaciones de lavado de dinero y triangulación de recursos hacia cuentas privadas.

En contraparte, el legislador Jorge Armando Ortiz Rodríguez defendió la necesidad del gasto argumentando que la cobertura institucional alcanzó apenas al 3.8 por ciento de la población menor de tres años durante 2025, evidenciando las limitaciones del sistema educativo formal. Añadió que el 56.5 por ciento de la matrícula registrada en dicho sector correspondió a centros de carácter particular.

Modificaciones adicionales en turismo, búsqueda y poder judicial

La reestructuración del gasto federal incluye transferencias menores hacia la promoción turística, comisiones de búsqueda y el desglose presupuestal del Poder Judicial de la Federación.

Además del ajuste principal aplicado al órgano electoral, la diputada morenista Merilyn Gómez Pozos promovió una segunda reserva orientada a transferir 20 millones de pesos hacia el Ramo 21 de turismo, recursos que se canalizarán directamente a la Dirección General de Promoción y Asuntos Internacionales. Paralelamente, se autorizó la transferencia de 361 mil 982 pesos hacia el programa S319 de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, con la finalidad de dotar de herramientas operativas a la Comisión de Búsqueda y combatir las deficiencias en la localización de víctimas.

En el ámbito judicial, y atendiendo una solicitud directa del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, el dictamen incorporó un desglose pormenorizado de los recursos asignados al Poder Judicial de la Federación. Bajo este esquema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación percibirá cinco mil 628 millones 928 mil 595 pesos, mientras que los órganos de administración judicial dispondrán de 61 mil 636 millones de pesos. El Tribunal de Disciplina Judicial operará con mil 220 millones 585 mil 477 pesos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibirá tres mil 778 millones 728 mil 352 pesos.

La suma total proyectada para el Poder Judicial de la Federación asciende a 72 mil 264 millones 71 mil 999 pesos para el ejercicio fiscal 2027. Ricardo Monreal enfatizó que la especificación por rubros garantiza controles de manejo escrupulosos y transparentes para todas las áreas involucradas. En términos macroeconómicos, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, cifra que supera en 442 mil 804.4 millones de pesos al presupuesto aprobado para el año 2026 y representa un crecimiento real del 1.3 por ciento.