Profepa impone 27 clausuras ambientales en Quintana Roo por desmontes
La Profepa impuso 27 clausuras en Quintana Roo por desmontes ilegales de selva en Cancún, Bacalar y José María Morelos sin permisos forestales.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente impuso 27 clausuras tras inspecciones en Quintana Roo, destacando afectaciones en selva mediana, predios forestales sin permisos y zonas colindantes con la Laguna de Bacalar.
Operativos federales y suspensión de obras en polígonos protegidos
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ejecutó 27 clausuras en Quintana Roo tras inspecciones realizadas entre el 20 y el 29 de octubre de 2026.
El despliegue de las autoridades ambientales abarcó puntos críticos en la geografía estatal, donde se detectaron intervenciones humanas sin la documentación legal correspondiente. Las diligencias comenzaron el 20 de octubre en un predio colindante con la Laguna de Bacalar, ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, en el marco del procedimiento de impacto ambiental del proyecto Restaurante Los Rápidos. Al constatarse la ausencia de permisos federales, la dependencia ordenó la suspensión de obras y colocó sellos oficiales en el lugar.
Días después, el 23 de octubre, el personal técnico intervino un predio situado en el Polígono Sur de Cancún, dentro del municipio de Benito Juárez. En esta demarcación se documentó la remoción total de 20,980 metros cuadrados, equivalentes a 2.098 hectáreas, de vegetación secundaria de selva mediana subperennifolia. Las autoridades aplicaron una clausura temporal total ante la falta de autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, emitida por la Semarnat.
El impacto mayor en el ejido San Isidro Poniente
El mayor volumen de afectación ecológica se concentró en el ejido San Isidro Poniente, municipio de José María Morelos, con 25 polígonos clausurados.
Las inspecciones efectuadas el 21 y el 29 de octubre permitieron a los inspectores federales colocar sellos de clausura en 25 predios que totalizan 331.901 hectáreas de selva baja y mediana subperennifolia. El desglose técnico detalla que 22 predios abarcan 304.863 hectáreas inspeccionadas el 21 de octubre, mientras que otros tres predios suman 24.94 hectáreas verificadas el 29 de octubre.
Los expedientes integrados por la dependencia incorporan testimonios de habitantes de la región, los cuales señalan que las labores de desmonte habrían sido ejecutadas por integrantes de un grupo menonita local. Esta línea de investigación será formalmente deslindada durante la continuación del procedimiento administrativo instaurado por la autoridad ambiental.
Implicaciones legales y riesgos para el ecosistema del Caribe mexicano
Ninguno de los 27 inmuebles inspeccionados presentó los permisos exigidos por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
La autoridad federal precisó que en la totalidad de los casos fiscalizados se incumplió lo estipulado en el artículo 93 de la citada ley. La remoción ilegal de vegetación en estas extensiones detonó una serie de desequilibrios ecológicos, caracterizados por la pérdida irreversible de biodiversidad, la erosión acelerada del suelo y la fragmentación crítica de los hábitats naturales en el Caribe mexicano.
Las clausuras operan como medidas cautelares de seguridad destinadas a frenar la progresión del deterioro ambiental. La institución continuará con la integración jurídica de los expedientes para fincar responsabilidades, aplicar las sanciones económicas conducentes y establecer los programas de restauración ambiental que correspondan.
