Exigen frenar maricultura industrial ilegal en la isla Todos Santos

Semarnat y Conapesca convalidaron de manera irregular un esquema de maricultura industrial de más de 450 hectáreas en la Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico, lo que motivó una exigencia de intervención urgente a la titular federal por parte de centros de investigación y organizaciones civiles.

Irregularidades administrativas y afectaciones en el archipiélago

La Semarnat y la Conapesca otorgaron autorizaciones y traspasos de derechos al margen del Decreto Presidencial de 2016 que protege la reserva ecológica.

Una carta dirigida a Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, firmada por 21 directores de centros de investigación, representantes civiles, líderes pesqueros y prestadores turísticos, destapó una serie de omisiones administrativas en el archipiélago Todos Santos. Las instituciones apuntadas convalidaron un esquema de maricultura industrial de más de 450 hectáreas de cultivo intensivo para engorda de atún aleta azul.

Esta infraestructura quedó enclavada dentro del Área Natural Protegida mediante una transferencia irregular de derechos a favor de la empresa Baja Aqua-Farms, S.A. de C.V. tras la bancarrota de Pacífico Aquaculture S.A.P.I. de C.V. Los firmantes advirtieron que estas decisiones reducen el valor ambiental del territorio insular a un rompeolas particular, generando degradación ecosistémica, pérdida de servicios ambientales, daños a la biodiversidad y vulneración a la soberanía.

Omisión de evaluaciones ambientales y violación a la normatividad

Las dependencias federales omitieron la evaluación de impacto ambiental exigida por la ley y desatendieron el régimen de protección insular vigente.

Durante el proceso, no existió una evaluación de impacto ambiental actualizada basada en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Las autoridades omitieron el régimen de Área Natural Protegida derivado del Decreto Presidencial de 2016 y registraron una omisión reiterada de consultas a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Tras la quiebra de la empresa original, las instancias gubernamentales debieron declarar la extinción de los permisos ambientales y del título de concesión acuícola, además de exigir la remediación del sitio.

Sin embargo, la Semarnat avaló de forma expedita el cambio de titularidad mediante el oficio ORBC/SGPA/UGA/DIRA/1657/2026 a favor de Baja Aqua-Farms. Con esta resolución se ignoró la caducidad de los derechos originarios, el procedimiento administrativo abierto ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por una denuncia popular bajo el expediente PFPA/5.3/3S.6/00082-2025, y las condiciones ambientales actuales del territorio.

Denuncias previas y concesiones fuera de la ley

La Conapesca entregó un nuevo título de concesión comercial en 2018 que contraviene directamente el decreto de protección del área insular.

Desde 2025 existe una denuncia popular ante la Profepa contra el proyecto de Pacífico Aquaculture México debido a la contaminación, el desplazamiento de actividades recreativas y pesqueras locales, y la introducción ilegal de lobina rayada (Morone spp.), una especie exótica invasora. De manera simultánea, la Conapesca otorgó un nuevo Título de Concesión para Acuacultura Comercial bajo el registro CA/DGOPA-008/2018 el 11 de mayo de 2018 por un periodo de 20 años adicionales, incurriendo en una violación directa al Decreto del Área Natural Protegida al expedir un derecho posterior a 2016.

Ante este escenario, organizaciones como el Grupo de Ecología y Conservación de Islas A.C. (GECI), el Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente (DAN), Costa Salvaje A.C., el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Baja California y el Centro de Buceo ALMAR exigieron medidas drásticas.

Las demandas entregadas a la titular de la Semarnat incluyen ordenar la revisión de oficio y la nulidad de las autorizaciones otorgadas a ambas empresas en el polígono Todos Santos. También solicitaron requerir a la Profepa el dictamen técnico-jurídico definitivo con medidas cautelares de clausura, gestionar ante la Conapesca la negativa de sustitución de titularidad, declarar la extinción de los títulos expedidos en 2018 y exigir la remediación inmediata con el retiro de toda infraestructura marina y terrestre abandonada. Finalmente, exigieron investigar la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos involucrados en la emisión de resoluciones contrarias a la ley.