Inteligencia naval descubre la nueva red financiera y de contrabando del CJNG
La Unidad de Inteligencia Naval detecta la red de contrabando de cigarrillos y granjas de criptomonedas del CJNG con decomisos millonarios.

El Cártel Jalisco Nueva Generación diversifica sus operaciones financieras mediante el contrabando internacional de cigarrillos, la extorsión, el lavado de dinero a través de criptomonedas y fraudes inmobiliarios, bajo el rastreo de la Unidad de Inteligencia Naval.
Redes de contrabando internacional de cigarrillos detectadas por la Secretaría de Marina
La Unidad de Inteligencia Naval aseguró 481 millones de cigarrillos de contrabando entre 2024 y 2026, generando una afectación económica de 2 mil 375 millones de pesos.
Las investigaciones especializadas, el análisis financiero y el seguimiento de rutas comerciales permitieron identificar los mecanismos de introducción de mercancías ilegales al territorio nacional. Los cargamentos suman 678 toneladas, distribuidas en 470 toneladas en operaciones marítimas, 198 toneladas por vía aérea y 10 toneladas en movimientos terrestres.
Las rutas de abastecimiento conectan con Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Japón, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, China, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán. Los análisis de la UIN determinaron la existencia de mecanismos de triangulación comercial para dificultar el rastreo de la procedencia e intermediarios.
El incremento de los decomisos refleja los resultados operativos. Durante 2024 se aseguraron 15 millones de cigarrillos, en 2025 la cifra ascendió a 215 millones y en 2026 alcanzó 251 millones.
Para la detección de estas redes, la Unidad de Inteligencia Naval colabora con la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Grupo Aeroportuario Marina mediante el intercambio de información comercial, aduanera y financiera.
Localización de instalaciones de criptominería en la Sierra Norte de Puebla
La Armada de México localizó dos instalaciones dedicadas a la minería de criptomonedas en Tlaola, Puebla, asegurando un total de 1,082 equipos tecnológicos.
En menos de dos meses, las autoridades intervinieron en la región. El primer cateo ocurrió el 11 de septiembre de 2026 en el predio "El Beneficio", donde se aseguraron 1,032 equipos informáticos, 95 dispositivos de conexión de red, tres antenas satelitales, una antena de microondas, cinco transformadores eléctricos, una escopeta y 12 cartuchos calibre .410.
Mediante drones con tecnología de detección térmica, el personal de inteligencia naval ubicó un segundo inmueble a 4.3 kilómetros del primero. El 5 de noviembre, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo perimetral de la Marina, ejecutaron el cateo en el predio "La Gallera".
En este segundo inmueble se detuvo a un hombre y se aseguraron 50 equipos para minería de criptomonedas con 100 tarjetas gráficas, sistemas de enfriamiento, videovigilancia, conexión satelital y una instalación eléctrica trifásica para la extracción irregular de energía. Las investigaciones determinan la procedencia de los equipos, el financiamiento y el destino de los activos digitales, aunque hasta el momento no se ha acreditado públicamente una vinculación directa con el CJNG.
Expansión de actividades ilícitas y desafío para las autoridades federales
La organización criminal ha ampliado su portafolio delictivo más allá del narcotráfico tradicional hacia sectores económicos y tecnológicos complejos.
Además del fentanilo, metanfetaminas y cocaína, las autoridades mexicanas y estadounidenses atribuyen al CJNG actividades como el secuestro, cobro de piso, tráfico ilícito de migrantes, tala clandestina, minería ilegal, lavado de dinero y fraudes inmobiliarios en propiedades vacacionales y tiempos compartidos.
Esta diversificación representa un desafío institucional debido al aprovechamiento de infraestructura comercial, empresas intermediarias, sistemas financieros y mecanismos tecnológicos. En este escenario, la labor de la Unidad de Inteligencia Naval opera como instrumento para rastrear redes de contrabando, detectar operaciones financieras sospechosas y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.




