Evo Morales enfrenta acusaciones por narcotráfico y protestas en Bolivia

El Gobierno de Bolivia acusó al exmandatario Evo Morales de encabezar una estructura vinculada al narcotráfico desde el Trópico de Cochabamba, financiar protestas que dejaron 16 fallecidos y enfrentar múltiples órdenes de captura judicial.

Fractura institucional por financiamiento de bloqueos

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que recursos del Trópico de Cochabamba financiaron protestas y el movimiento de más de ocho millones de bolivianos.

El Gobierno de Bolivia acusó formalmente al expresidente Evo Morales de dirigir una estructura vinculada al narcotráfico que opera desde el Trópico de Cochabamba, considerada una zona clave en la producción de hoja de coca y bastión político del exmandatario. La acusación fue ratificada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien sostuvo que Morales mantiene el control absoluto sobre las actividades de producción y distribución de droga en dicha región. Según los datos aportados por el funcionario, los recursos financieros extraídos de esta zona sirvieron para respaldar los bloqueos y movilizaciones registrados entre los meses de mayo y junio, los cuales exigían la renuncia del actual mandatario Rodrigo Paz.

Durante las operaciones ejecutadas en el transcurso de las protestas, las autoridades detectaron la circulación de más de ocho millones de bolivianos que presuntamente procedían del Trópico de Cochabamba. Las interrupciones viales y las protestas se prolongaron por un periodo de 53 días y fueron coordinadas por organizaciones de carácter campesino, sectores sindicales y facciones políticas leales a Morales. Los grupos movilizados atribuyeron la crisis económica que afecta a Bolivia al gobierno de Rodrigo Paz. El conflicto escaló hasta provocar la muerte de 16 personas, un saldo trágico derivado principalmente de las complicaciones para recibir asistencia médica provocadas por los cortes de ruta.

Cerco judicial y cargos por terrorismo

La Fiscalía mantiene una investigación penal contra el expresidente por alzamiento armado, terrorismo y una orden de captura por trata agravada.

Como consecuencia de estos hechos, la Fiscalía boliviana abrió una investigación penal contra Evo Morales bajo los presuntos delitos de alzamiento armado y terrorismo vinculados a la dirección de las protestas. En el expediente de esta causa se emitió una orden de captura vigente contra el exgobernante. Paralelamente, Morales afronta otra orden de detención derivada de una investigación por presunta trata agravada de personas, expediente en el cual se le imputa haber sostenido una relación con una menor de edad durante su ejercicio presidencial y haber procreado un hijo con ella en 2016.

Las órdenes de aprehensión vigentes han impedido que el exmandatario abandone el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024. Para evitar la ejecución de los mandamientos judiciales, los simpatizantes de Morales mantienen una vigilancia permanente en el territorio. Esta protección física en el bastión cocalero neutraliza los intentos de las fuerzas de seguridad para materializar las capturas ordenadas por los tribunales del país.

Respuesta del exmandatario ante los señalamientos oficiales

Evo Morales rechazó públicamente los señalamientos del ministro de Gobierno y desestimó las acusaciones sobre su liderazgo en el narcotráfico.

Ante las incriminaciones formuladas por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien lo calificó públicamente como jefe de un cártel del narcotráfico operativo en el Chapare, el expresidente Evo Morales emitió una respuesta formal. Durante una conferencia de prensa, el exmandatario desestimó las declaraciones de la autoridad ministerial y apeló a un argumento de subordinación institucional para invalidar la acusación.

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