Cae Carlos Canabal en Mérida tras 19 meses prófugo por fraude millonario
La recaptura de Carlos Alberto Canabal Ruiz en Mérida marca el fin de su evasión judicial de 19 meses por fraude a la financiera Unifin y contratos irregulares.

La recaptura de Carlos Alberto Canabal Ruiz en Mérida marca el fin de su evasión judicial de 19 meses por fraude a la financiera Unifin y contratos irregulares.
Carlos Alberto Canabal Ruiz, exalcalde interino de Benito Juárez de 52 años, fue detenido el 16 de noviembre de 2026 en la colonia Altabrisa de Mérida, Yucatán. La operación coordinada entre fuerzas federales y estatales desmanteló la red de protección que le permitió sustraerse del sistema penitenciario de Nuevo León desde abril de 2025, respondiendo a una orden de captura emitida en la Ciudad de México por el quebranto patrimonial derivado de los vínculos entre su empresa Inteligencia México y la sociedad financiera Unifin.
Mecánica operativa y traslado judicial desde Yucatán
El arresto en la colonia Altabrisa derivó en el resguardo del imputado por la Fiscalía General del Estado de Yucatán para su traslado aéreo hacia la Ciudad de México.
Tras la intervención policial del 16 de noviembre de 2026, documentada por medios como Aristegui Noticias, Infobae y 24 Horas, el exfuncionario quedó a disposición de la autoridad ministerial. Al día siguiente, el 17 de noviembre de 2026, el detenido quedó bajo la custodia de la fiscalía estatal a la espera de comparecer ante el juez de control requirente. La causa penal actual investiga el delito de administración fraudulenta por el incumplimiento y desvío de recursos en los acuerdos pactados entre su firma recolectora Inteligencia México S.A. de C.V. y la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Unifin.
Este expediente pone de manifiesto las vulnerabilidades de gobernanza corporativa en los créditos otorgados por Sofomes a concesionarios municipales sin garantías líquidas auditadas. Además del proceso con Unifin, el imputado acumuló cargos concurrentes que incluyen un desfalco previo de 531 millones de pesos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Cronología del colapso cautelar y la fuga en Nuevo León
El retiro judicial del brazalete electrónico en marzo de 2025 eliminó el monitoreo de geolocalización, facilitando la huida desde San Pedro Garza García.
La ruta procesal que antecedió a la sustracción de la justicia comenzó en febrero de 2024, cuando el empresario fue capturado en Tulum por el fraude de 531 millones de pesos en perjuicio de LV S.A. de C.V., quedando recluido en el centro penitenciario de Apodaca, Nuevo León. Tras una hospitalización registrada en octubre de 2024, la defensa consiguió en diciembre una modificación de la medida cautelar para permitirle el resguardo domiciliario en el municipio de San Pedro Garza García bajo supervisión electrónica.
La resolución judicial que ordenó retirar el dispositivo de rastreo en marzo de 2025 propició la ruptura de la custodia policial en abril de ese mismo año. Dicha secuencia obligó a las instituciones a formalizar la declaratoria de evasión en mayo de 2025, culminando con la reciente captura en territorio yucateco tras diecinueve meses de búsqueda interestatal.
Red corporativa, medios y concesiones públicas cuestionadas
La integración vertical entre influencia política municipal y la operación de empresas mediáticas y de recolección de basura sustentó el emporio del exfuncionario.
La trayectoria del exalcalde interino refleja una transición directa desde la gestión pública en Quintana Roo hacia la obtención de contratos federales y concesiones lucrativas. A través de un conglomerado empresarial en el sureste mexicano, el grupo operó simultáneamente medios impresos y servicios de manejo de residuos sólidos urbanos. Dicha estructura captó flujos financieros tanto de presupuestos públicos como de instituciones privadas antes de colapsar en litigios mercantiles.
Dentro del sector mediático, la firma Meta Medios obtuvo más de 35 millones de pesos en 2017 por parte de la SEDATU sin comprobar la ejecución de los servicios audiovisuales convenidos. En su calidad de presidente y director del diario La Verdad, con cobertura en Quintana Roo y Yucatán, además de propietario de Meta Medios, el implicado consolidó convenios de comunicación social. Las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre los fondos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano revelaron patrones de facturación por entregables inexistentes, un esquema detectado en las revisiones de desvíos de esa época.
Por otra parte, la gestión de los residuos en Cancún se instrumentó mediante las compañías Inteligencia México S.A. de C.V. y Eco’ox bajo un título de concesión proyectado a 20 años. La cancelación anticipada del contrato debido a deficiencias operativas y financieras frenó el flujo de ingresos previsto, impidiendo cubrir los compromisos crediticios contraídos con Unifin e iniciando la carpeta judicial que hoy se litiga en la Ciudad de México.




