El sector del transporte de carga en Chetumal formalizó una protesta ante el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) tras el intento de homicidio sufrido por Antonio González Notario, dirigente del sindicato Caja Roja, durante una disputa territorial.
Fractura sindical y denuncia penal en el sur del estado
El conflicto detonó tras un ataque intencional contra el dirigente del sindicato Caja Roja en el Parque Industrial de Huaypix, motivado por disputas en el transporte de material asfáltico.
El secretario general de Caja Roja, Antonio González Notario, fue víctima de una agresión directa el 13 de octubre de 2026. Según el testimonio del dirigente, fue arrollado y arrastrado por un camión operado por un integrante de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) de Bacalar durante un enfrentamiento por el acarreo de materiales. El suceso derivó en la apertura de la carpeta de investigación FGE/QROO/CHE/DCVSP/10/20/2026 ante la Fiscalía General del Estado por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de una persona identificada como Omar “N”.
Parálisis en Imoveqroo por exigencia de certidumbre operativa
Los transportistas bloquearon las instalaciones del instituto con unidades de carga para demandar la cancelación de la concesión del agresor y un ordenamiento territorial inmediato.
La manifestación, que concentró a diversas agrupaciones como Caja Blanca, Juan Sarabia, Serapio Flota Mass, Contramex y Untrac, respondió a la falta de regulación efectiva para la prestación del servicio de carga. Los transportistas sostienen que la autoridad ha incurrido en conductas selectivas al otorgar reconocimientos de representación de forma discrecional. La exigencia principal consiste en la firma de una minuta de trabajo vinculante que establezca reglas claras de convivencia y operación entre los sindicatos de los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, además de sancionar al responsable del atentado.
Tensiones territoriales y vacíos en la normativa estatal
La representación jurídica de los transportistas advirtió que la impunidad en los conflictos sindicales ha escalado hacia una crisis jurídica y penal sin precedentes.
Luis Adrián Ortiz Jara, representante del sector, señaló que los vacíos legales facilitan el desplazamiento irregular de volqueteros de Bacalar hacia Othón P. Blanco, mientras se restringe la operación de los concesionarios locales. Rafael Beltrán Chim, abogado del gremio, enfatizó que la naturaleza del delito trasciende las diferencias políticas, convirtiéndose en un asunto de seguridad que requiere intervención institucional urgente. Los trabajadores mantienen la postura de que, ante la ausencia de un marco regulatorio equitativo y la falta de atención de Imoveqroo, el reconocimiento de la autoridad gubernamental podría ser revocado por las organizaciones sindicales del sur de la entidad.