El aumento al Derecho de No Residente en Quintana Roo amenaza la competitividad turística y la estabilidad económica estatal. El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe advierte sobre una posible baja en la afluencia de visitantes que impactaría la cadena productiva regional.
Vulnerabilidad del tejido económico en el sector turístico
El 92.9% de las unidades económicas turísticas en Quintana Roo son microempresas que sostienen el 48% del empleo formal, enfrentando riesgos directos ante cualquier ajuste fiscal al turista.
La estructura productiva de la entidad depende de una cadena de valor que trasciende a la hotelería. Alejandro Arvizu Contreras, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe, señala que cualquier contracción en el flujo de visitantes repercute de forma inmediata en restaurantes, transportistas, guías, comercios y proveedores locales. La fragilidad de las microempresas, que constituyen la gran mayoría del ecosistema empresarial turístico, genera una alerta sobre la capacidad de respuesta ante un escenario de menor demanda derivado del incremento en los costos de ingreso al país.
Exigencias de transparencia y estrategia fiscal
El sector privado demanda que la recaudación por el DNR se canalice específicamente a la promoción turística internacional y a la mitigación de crisis reputacionales que afecten al destino.
La postura del organismo empresarial sostiene que la política de recaudación debe evolucionar hacia esquemas que fortalezcan la operatividad del sector en lugar de añadir cargas que inhiban la competitividad. Ante el ajuste en el Derecho de No Residente, el CCE del Caribe plantea la necesidad de implementar mecanismos de fiscalización transparentes sobre el destino final de los recursos. La propuesta central busca que las autoridades hacendarias y legislativas integren una mesa de trabajo técnica para evaluar las repercusiones reales y evitar que la medida desincentive la inversión estratégica y la creación de plazas laborales formales en la entidad.