Instituto de Vivienda desacata orden judicial de devolución en San Rafael

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México rebasó el plazo judicial establecido para restituir un edificio de 34 departamentos y 9 locales comerciales en la colonia San Rafael, bajo el argumento de realizar inspecciones por riesgo estructural en el inmueble.

Incumplimiento de plazos y omisión de mandatos judiciales

El juzgado sexto de distrito en materia administrativa fijó plazos que vencieron sin que la dependencia ejecutara la devolución del predio afectado desde 2004.

El proceso legal derivado del amparo indirecto 1454/2022 estableció mandatos específicos para la autoridad administrativa. El juez Francisco Javier Rebolledo Peña ordenó al secretario de Vivienda y director general del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz, coordinar las acciones de desalojo y restitución. La instrucción judicial exigía un plazo de tres días para comprobar la notificación a las autoridades competentes sobre la fecha y hora del operativo, además de dos días para planear la estrategia interinstitucional con vigencia previa, durante y posterior a la diligencia. Las autoridades responsables tienen la obligación jurídica de demostrar la ejecución de cada evento mediante copias certificadas presentadas ante el juzgado federal, un mandato que la dependencia ha dejado transcurrir sin cumplimiento efectivo.

Coordinación interinstitucional y omisión de instrucciones gubernamentales

La jefa de Gobierno instruyó la restitución a quienes acrediten la propiedad, instrucción que permanece sin aplicación práctica por parte del instituto.

Los propietarios del inmueble ubicado en Antonio Caso 104 y 108 recordaron que el pasado 10 de agosto, en conferencia de prensa, Clara Brugada ordenó a la consejera jurídica, Eréndira Cruz Villegas, atender el conflicto bajo la premisa de que quien demuestre efectivamente la propiedad debe recibir la restitución. A pesar de dicha instrucción, el mandato no se tradujo en acciones materiales de devolución. El acuerdo judicial de Rebolledo Peña requería la participación articulada de diversas instancias, incluyendo a la propia Brugada, al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, así como a los titulares del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de la alcaldía Cuauhtémoc, para garantizar la plena posesión del quejoso.

Argumentación institucional sobre riesgo estructural y negociaciones vigentes

El Instituto de Vivienda argumenta visitas recientes de inspección física y mantiene conversaciones para explorar la adquisición del inmueble.

Ante la consulta periodística realizada por Excélsior, el organismo gubernamental respondió que el pasado 26 de octubre se llevó a cabo una visita al inmueble con la presencia del actuario del juzgado, personal del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos y áreas del gobierno central. El objetivo de dicha diligencia consistió en realizar una inspección física para determinar el grado de riesgo estructural del edificio. Actualmente, la dependencia se encuentra en espera de los dictámenes técnicos correspondientes para conocer las condiciones estructurales reales, mientras sostiene conversaciones paralelas con los propietarios legítimos con el propósito central de explorar la posibilidad de adquirir el inmueble.