La presidenta Claudia Sheinbaum ha expuesto un protocolo legal esencial: cada caso de embarazo infantil que llega a las unidades médicas debe ser notificado a las autoridades. Este paso es crucial para activar los mecanismos de protección.
Protocolo ante el embarazo infantil
Según lo establecido en la ley mexicana, el personal de salud tiene la obligación de reportar. Cuando una niña o adolescente menor de 18 años llega a un hospital para dar a luz, el caso debe ser informado al Ministerio Público Claudia Sheinbaum.
La norma vigente requiere el registro de la edad del padre. Si el padre es menor de edad, se inicia de inmediato un procedimiento de investigación para prevenir el abuso infantil. La presidenta Sheinbaum enfatizó: “Ya está legislado, ya existe una norma que lo establece”.
Base legal y avances
Se ha progresado en la materia legal con decisiones importantes. En 2016, la Corte de Justicia de la Nación estableció la edad mínima legal para contraer matrimonio a partir de los 18 años.
Anteriormente, se permitía a los 16 años para hombres y 14 para mujeres. La Corte, en 2016, determinó que un matrimonio legal solo es válido a partir de la mayoría de edad.
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Investigación de casos y delitos
Ya existe una norma clara para la investigación de embarazos en menores. Todo caso de embarazo en menores se investiga a través del Ministerio Público.
Si el embarazo es resultado de un adulto, se trata como un delito. La presidenta Sheinbaum afirmó: “La autoridad está obligada a actuar en defensa del interés superior del menor”.
Aplicación y prevención
Esta norma se aplica a toda instancia de salud que cuente con área de parto. El objetivo es erradicar la violencia infantil, incluso en zonas donde se argumenta que es por usos y costumbres.
Actualmente, hay mayor prevención de delitos contra las infancias gracias a reformas legales. A pesar de las reformas, se mantienen campañas de prevención. Estas campañas buscan profundizar un cambio verdadero y proteger a las nuevas generaciones.
Estas medidas buscan fortalecer la protección de las infancias vulnerables, asegurando la intervención legal necesaria.