La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha promulgado una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), no como una pieza legislativa aislada, sino como el pilar central de un paquete de reformas integral. Este esfuerzo legislativo, que incluye una nueva Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y reformas para consolidar a la Guardia Nacional, busca reestructurar fundamentalmente el aparato de seguridad de México en un contexto de persistente crisis.
El plan maestro estratégico: la estrategia nacional de seguridad pública 2024-2030
La base ideológica y estratégica que da sustento a todo el paquete legislativo se encuentra en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030. Este documento es fundamental para comprender la lógica detrás de las reformas, ya que articula la visión del gobierno en cuatro ejes rectores que, en teoría, guían de manera integral la política de seguridad del país.
Los cuatro ejes rectores
La estrategia se articula en torno a cuatro pilares fundamentales, diseñados para abordar el fenómeno de la inseguridad desde múltiples frentes:
- Atención a las causas: Este eje se enfoca en la dimensión social de la seguridad, buscando atajar las causas estructurales que generan la violencia y el delito. Se basa en la implementación de políticas de bienestar y programas sociales en áreas como educación, salud y empleo, con un énfasis particular en jóvenes y poblaciones vulnerables.
- Consolidación de la Guardia Nacional: Este pilar establece el objetivo estratégico de afianzar a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública de carácter permanente, profesional, con disciplina y doctrina policial, pero adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para garantizar su despliegue y capacidades en todo el territorio.
- Fortalecimiento de la inteligencia e investigación: Considerado un eje prioritario, busca dotar al Estado de mayores capacidades para generar y utilizar inteligencia estratégica. El fin es anticipar amenazas, desarticular redes criminales complejas y aportar pruebas sólidas al Ministerio Público para combatir la impunidad y lograr sentencias condenatorias.
- Coordinación absoluta: Este eje mandata una colaboración y articulación sin fisuras entre las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). Los mecanismos centrales para lograr esta coordinación son el Gabinete de Seguridad a nivel federal y su réplica en las entidades a través de las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad.
Aunque la Estrategia Nacional presenta estos cuatro ejes como pilares co-iguales de un enfoque integral, un análisis detenido del paquete legislativo revela una clara asimetría en su implementación. Las tres nuevas leyes —la LGSNSP, la Ley de Inteligencia y las reformas a la Guardia Nacional— construyen un andamiaje jurídico robusto y detallado específicamente para los ejes de “Consolidación de la Guardia Nacional”, “Fortalecimiento de la inteligencia” y “Coordinación absoluta”. En contraste, el eje de “Atención a las causas”, si bien es un principio rector, no recibe una nueva ley dedicada dentro de este paquete de seguridad. Su ejecución depende de la articulación de más de 30 dependencias y cerca de 100 programas sociales ya existentes. Esta diferencia sugiere una decisión estratégica de enfocar el poder legislativo y la construcción de nuevas capacidades estatales en las funciones coercitivas, de vigilancia y de mando y control.
El nuevo marco jurídico: la ley general del sistema nacional de seguridad pública
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública abroga la ley anterior de 2009 y rediseña la arquitectura institucional del sistema. Su objetivo es subsanar las que se percibían como “deficiencias estructurales” del modelo previo, caracterizado por una coordinación fragmentada y a menudo voluntaria.
Objetivos y principios fundamentales
La nueva ley establece como fines principales la creación de bases normativas para el diseño y evaluación de políticas públicas, la distribución clara de competencias entre los tres órdenes de gobierno, la definición de mecanismos de coordinación para operativos conjuntos y la prevención de la violencia, con un enfoque particular en la protección de poblaciones vulnerables como mujeres, niños, niñas y adolescentes. La actuación de todas las instituciones de seguridad debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y, de manera explícita, la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos.
Redefinición de competencias y rediseño institucional
La seguridad pública se reafirma como una función concurrente del Estado, a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Sin embargo, la nueva ley introduce cambios estructurales significativos que alteran el equilibrio de poder y la filosofía operativa del sistema en comparación con el marco legal abrogado.
El modelo de 2009 se centraba en el Consejo Nacional de Seguridad Pública como la máxima instancia de coordinación, un órgano colegiado compuesto por los titulares de las instituciones de los tres niveles de gobierno. El Secretariado Ejecutivo del Sistema actuaba como su brazo operativo, apoyado por tres centros nacionales dedicados a la información, la prevención y la certificación. El énfasis conceptual estaba en establecer “bases de coordinación” entre entes autónomos.
La ley de 2025 transforma esta estructura. Otorga por primera vez sustento jurídico y funciones formales al Gabinete Federal de Seguridad Pública, un órgano encabezado por la Presidencia y los secretarios federales, consolidándolo como la principal instancia de análisis y toma de decisiones estratégicas. Este cambio representa una formalización del mando federal, pasando de un consejo de pares a un gabinete liderado por el Ejecutivo.
El brazo operativo, el Secretariado Ejecutivo, ve reforzado su rol operativo y de gestión bajo la nueva estructura de mando. En cuanto a la profesionalización, mientras que la ley de 2009 presentaba un enfoque disperso, la de 2025 centraliza la formación de alto nivel con la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, estableciendo un estándar nacional único. El Sistema Nacional de Información (SNI) también se fortalece, con énfasis en la interoperabilidad y la integración de más bases de datos para alimentar la nueva arquitectura de inteligencia. La supervisión de fondos, antes a cargo del Secretariado Ejecutivo, ahora implica la intervención directa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que significa un aumento significativo del control y la rendición de cuentas.
Este rediseño evidencia un cambio filosófico profundo: de un sistema de “coordinación” a uno de “mando”. La terminología de la ley anterior, centrada en la “coordinación” y el “respeto a las atribuciones”, es reemplazada por un lenguaje que enfatiza la “articulación”, la “alineación estratégica” y la necesidad de una “misma visión nacional”. Esta nueva semántica denota una lógica de dirección vertical, desde el centro hacia la periferia. La institucionalización del Gabinete Federal y, de manera crucial, la nueva facultad explícita para suspender fondos federales de seguridad a estados y municipios que incumplan los acuerdos del sistema, dotan al gobierno federal de un poderoso mecanismo de control que no existía con tal claridad en el marco anterior.
Los pilares de la reforma: análisis crítico de las innovaciones clave
La nueva ley introduce varias innovaciones diseñadas para modernizar y hacer más eficaz el aparato de seguridad del Estado. Sin embargo, cada una de estas innovaciones conlleva sus propias complejidades y puntos de controversia.
Reingeniería de la coordinación intergubernamental
La ley formaliza el papel del Gabinete Federal de Seguridad y las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad como los ejes de la coordinación operativa. Estos foros están diseñados para analizar diariamente la incidencia delictiva, intercambiar información de inteligencia y planificar operativos conjuntos entre la Federación, los estados y los municipios, buscando una actuación más cohesionada en el territorio. Para agilizar esta colaboración, la ley también introduce la flexibilidad de que los órganos de coordinación puedan sesionar de manera virtual.
La búsqueda de la profesionalización
La reforma pone un fuerte énfasis en la dignificación y profesionalización de los cuerpos policiales, un eslabón históricamente débil en la cadena de seguridad mexicana.
La Academia Nacional de Seguridad Pública
Se crea esta institución con el mandato de formar a los altos mandos e investigadores bajo un modelo unificado, con una “visión humanista, ética y de amor a la patria”, buscando establecer un estándar de excelencia a nivel nacional.
Certificación y estándares
Se refuerza la obligatoriedad del Certificado Único Policial (CUP) y se establecen por ley mínimos institucionales para el desarrollo de policías, fiscalías y sistemas penitenciarios. No obstante, las cifras actuales muestran un reto formidable: a finales de 2024, solo el 88.2% de los policías estatales contaban con el CUP vigente, evidenciando una brecha significativa por cerrar.
Dignificación laboral
La ley obliga a las corporaciones a otorgar prestaciones mínimas y salarios dignos a sus elementos. Esta disposición choca con la cruda realidad: el salario bruto promedio de un policía raso en 2024 era de 17,300 pesos mensuales, y solo 16 de las 32 entidades federativas cumplían con el salario mínimo recomendado por la CONASAMI. Además, la mayoría de los agentes carecen de prestaciones más allá de las básicas.
Este último punto revela una vulnerabilidad crítica en el diseño de la reforma. La ley crea una obligación legal de mejorar sustancialmente las condiciones laborales de los policías, una medida aplaudida por analistas como México Evalúa, pero omite establecer un mecanismo de financiamiento dedicado, nuevo y sostenible para lograrlo. La iniciativa “no refiere las formas para financiarlas”, lo que la convierte en un potencial “mandato sin fondos”.
La inteligencia como nuevo centro de gravedad
La reforma eleva la inteligencia a un papel protagónico. Se crea la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y se regula un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia. El corazón de este sistema es la Plataforma Central de Inteligencia, diseñada para conectar y analizar bases de datos sobre detenciones, armamento, vehículos robados e incidencia delictiva, con el fin de generar productos de inteligencia para la planeación operativa y la judicialización de casos.
Sin embargo, esta área es también la más polémica. Una modificación de último momento a la ley otorgó a las agencias de seguridad la facultad de acceder a una amplia gama de bases de datos públicas y privadas —incluyendo registros bancarios, telefónicos y biométricos— sin necesidad de una orden judicial previa. El gobierno ha insistido en que esta herramienta es para combatir delitos de alto impacto y no para espionaje político, y que las intervenciones directas, como las escuchas telefónicas, seguirán requiriendo autorización de un juez.
El rol del ciudadano: ¿coproducción o consulta?
La nueva ley contempla la participación ciudadana a través de mecanismos como asambleas, foros y consultas públicas, y mandata a las instituciones a promoverla para fortalecer sus políticas. A pesar de esta inclusión, la arquitectura general de la reforma permanece profundamente centrada en el Estado. El enfoque principal está en la reestructuración de las instituciones estatales: el Gabinete, la Guardia Nacional y el aparato de inteligencia. Los mecanismos de participación son definidos de manera general y son típicamente de carácter consultivo y no vinculante, lo que posiciona a los ciudadanos como receptores de seguridad o consultores, en lugar de socios empoderados en la gobernanza de la misma. Este modelo contrasta con enfoques más robustos de policía comunitaria que implican la devolución de poder de decisión a nivel local.
La guardia nacional consolidada: una fuerza civil con mando militar
Las reformas a la Guardia Nacional (GN) son un componente inseparable y crítico de la nueva estrategia de seguridad. La nueva legislación formaliza su adscripción a la SEDENA, una decisión que el gobierno justifica argumentando que garantiza disciplina, permanencia en el tiempo, una carrera profesional definida y acceso a la vasta infraestructura militar para formación y atención médica.
Se establece un sistema de rangos, ascensos y prestaciones para el personal de la GN que son equivalentes a los del Ejército y la Armada, buscando crear una carrera atractiva y estable. En materia de disciplina, se crea un Consejo Superior de Disciplina dentro de la propia SEDENA para conocer de las faltas graves cometidas por los miembros de la GN, y se les aplica el Código de Justicia Militar, lo que refuerza su sujeción a la estructura castrense.
Esto crea una paradoja fundamental: el gobierno sostiene que la GN es y seguirá siendo una fuerza de carácter civil, ya que sus elementos reciben formación en doctrina policial y su función principal es actuar como coadyuvantes del Ministerio Público en tareas de seguridad pública. Sin embargo, los críticos argumentan que su estructura de mando, su régimen disciplinario militar y su adscripción orgánica a la Defensa Nacional la convierten, en la práctica, en una fuerza militar desempeñando funciones de policía doméstica, lo que profundiza la militarización de la seguridad pública en el país.
Puntos de contención y perspectivas críticas
La reforma ha generado un intenso debate, con posturas encontradas entre el gobierno, la oposición, la sociedad civil y los centros de pensamiento.
El espectro de la militarización y la centralización
Una de las críticas más recurrentes, expresada por organizaciones de la sociedad civil, académicos y partidos de oposición, es que el paquete de reformas, lejos de revertir, profundiza la militarización de la seguridad pública al consolidar el control militar sobre la Guardia Nacional. Partidos como Acción Nacional (PAN) han advertido que la ley debilita el federalismo al centralizar el poder y la toma de decisiones en el ejecutivo federal, mermando la autonomía de estados y municipios. El gobierno de Morena y sus aliados justifican la adscripción de la GN a la SEDENA por disciplina y capacidades, insistiendo en su carácter civil, mientras la oposición (PAN y MC) y la sociedad civil (como México Evalúa) advierten sobre la profundización de la militarización. Sobre la centralización, el gobierno argumenta su necesidad para la eficacia y para superar la fragmentación, en tanto que la oposición (PAN, MC, PRI) y los think tanks denuncian un debilitamiento del federalismo y la autonomía local, analizando el cambio como una consolidación del poder central.
La privacidad bajo escrutinio: el debate de la “ley espía”
La disposición que permite el acceso a bases de datos públicas y privadas sin orden judicial previa es, quizás, el punto más controvertido. Ha sido calificada por la oposición como una “Ley Espía” y una herramienta para la “persecución ciudadana”. Organizaciones de la sociedad civil han alertado sobre el enorme riesgo de crear un aparato de vigilancia estatal masiva sin los contrapesos judiciales adecuados, lo que podría derivar en violaciones sistemáticas al derecho fundamental a la privacidad. El gobierno defiende esta medida como una herramienta esencial contra el crimen organizado y no para espionaje político. La oposición, incluyendo PAN y MC, ha expresado graves preocupaciones por la privacidad y el riesgo de abuso, con el PRI rechazando totalmente la disposición.
La ecuación financiera: ¿una arquitectura sobre cimientos inestables?
Centros de análisis como México Evalúa han puesto el foco en la que consideran la mayor debilidad estructural de la reforma: la brecha entre sus ambiciosos objetivos de dignificación policial y la ausencia de una estrategia de financiamiento clara y sostenible. Argumentan que sin recursos dedicados, transparentes y de largo plazo, las metas de profesionalización y mejora de las condiciones laborales difícilmente se cumplirán, lo que socavaría uno de los pilares fundamentales de todo el andamiaje reformista. El gobierno enfatiza la racionalización del gasto y la nueva supervisión de la ASF para mayor eficiencia, mientras que la oposición (PAN, MC, PRI) critica la falta de una propuesta financiera concreta y exige un plan detallado. México Evalúa advierte que es un “mandato sin fondos” y propone mecanismos específicos de financiamiento que la ley no incluye.
Síntesis, proyecciones y recomendaciones estratégicas
En su conjunto, la “Doctrina Sheinbaum” materializada en este paquete de reformas representa una apuesta decidida por un modelo de seguridad centralizado, impulsado por la inteligencia y disciplinado militarmente. Es una estrategia que duplica la inversión en la capacidad del Estado como principal solución a la crisis de seguridad, aun a costa de sacrificar parte del equilibrio federalista y de poner en tensión ciertas libertades individuales. La lógica subyacente es que solo un mando unificado y con herramientas de vigilancia y coerción superiores puede hacer frente a la magnitud del desafío que representa el crimen organizado en México.
Proyecciones y desafíos clave
El éxito o fracaso de esta nueva arquitectura dependerá de la gestión de varios desafíos críticos:
Implementación y capacidad fiscal
El principal reto será traducir el ambicioso marco legal en una realidad operativa en todo el país. Esto depende crucialmente de dos variables: la capacidad fiscal para financiar la profesionalización y dignificación que la propia ley mandata, y la restricción operativa para que el Estado pueda ejercer sus nuevos y vastos poderes de inteligencia sin caer en abusos sistémicos.
Escrutinio legal
Las disposiciones sobre el acceso a datos sin orden judicial son altamente susceptibles de enfrentar impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un fallo adverso podría desmantelar un componente central de la estrategia de inteligencia, generando una gran incertidumbre jurídica.
Confianza pública
En última instancia, el éxito del modelo se medirá por su capacidad para reducir la violencia y mejorar la percepción ciudadana de seguridad, que sigue siendo muy baja. Si la estrategia no logra resultados tangibles en el corto y mediano plazo, o si se ve empañada por escándalos de abuso de poder, podría erosionar aún más la frágil confianza entre los ciudadanos y las instituciones de seguridad.
Recomendaciones estratégicas
Para los responsables políticos
Es prioritario desarrollar y hacer público un plan financiero multianual, transparente y detallado, que garantice los recursos para la dignificación policial. Asimismo, es crucial establecer mecanismos de supervisión civil, robustos e independientes, para el nuevo sistema de inteligencia, con el fin de construir confianza pública y prevenir abusos.
Para la sociedad civil
Los esfuerzos de monitoreo y defensa deben centrarse en los dos puntos de mayor presión: el financiamiento de las reformas policiales y la aplicación práctica de las facultades de vigilancia. La documentación de casos, tanto de éxito como de abuso, será fundamental para informar el debate público y fundamentar posibles acciones legales.
Para los observadores internacionales
Se debe monitorear de cerca el impacto del nuevo modelo de seguridad en los derechos humanos, el Estado de derecho y las relaciones cívico-militares en México. La cooperación técnica debería enfocarse en fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y supervisión, en paralelo a los esfuerzos del Estado por fortalecer sus capacidades.
La “doctrina Sheinbaum” busca transformar la seguridad en México. ¿Será este modelo centralizado, impulsado por la inteligencia y con disciplina militar, la clave para la paz duradera que el país anhela? Los desafíos de financiamiento, escrutinio legal y confianza pública determinarán su verdadero impacto.
