El sistema financiero mexicano enfrenta un momento decisivo. En junio de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) impuso sanciones inéditas a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, seguidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Esta coyuntura reveló vulnerabilidades, desatando una ola de incertidumbre y poniendo a prueba la contención del riesgo sistémico en el sector.
Doble golpe regulatorio: EE. UU. acusa, México sanciona
Los eventos de mediados de 2025 sometieron al sistema financiero mexicano a una presión dual, emanada tanto del exterior como del interior. Una acusación directa de Estados Unidos y una respuesta regulatoria contundente pero matizada por parte de México marcaron una divergencia fundamental en la comprensión del riesgo generado.
La ofensiva de FinCEN bajo la ley FEND Off Fentanyl
El 25 de junio de 2025, la FinCEN del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa como instituciones de “preocupación principal en materia de lavado de dinero”. Esta acción, la primera en la historia en usar las facultades de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo (FEND Off Fentanyl Act), elevó el asunto a una cuestión de seguridad nacional para los Estados Unidos. Según FinCEN, estas instituciones eran “engranajes clave” que permitían el envenenamiento de ciudadanos estadounidenses al mover dinero para los cárteles.
Las acusaciones explícitas fueron:
- CIBanco: Fue acusado de facilitar pagos para la adquisición de precursores químicos desde China. Se alegó que un empleado ayudó a un miembro del Cártel del Golfo a crear una cuenta para lavar 10 millones de dólares, y la institución fue vinculada con los cárteles de los Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- Intercam: Se le acusó de procesar transferencias en dólares para financiar la compra de precursores químicos. Además, se alegó que sus ejecutivos se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias desde China.
- Vector Casa de Bolsa: Fue señalada por facilitar actividades de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, incluyendo el uso de una “mula de dinero” para blanquear 2 millones de dólares.
El uso de la Ley FEND Off Fentanyl marcó una escalada significativa, permitiendo imponer medidas especiales sin prolongados procesos de reglamentación. Esto transformó un posible problema de cumplimiento en una crisis reputacional de primer orden para todo el sistema financiero mexicano.
La respuesta de la CNBV: Multas y contención gerencial
La reacción de las autoridades mexicanas fue casi inmediata y con un enfoque distinto. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso 53 sanciones a las tres entidades, sumando más de 185 millones de pesos. Además, decretó “intervenciones gerenciales temporales” para tomar control administrativo, asegurar la continuidad operativa y contener riesgos de liquidez.
El desglose de las multas fue:
- Intercam (Banco y Casa de Bolsa): Recibió 26 multas por aproximadamente 92 millones de pesos, todas por fallas en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Incluían carencia de sistemas automatizados para detectar operaciones inusuales, no clasificar clientes por riesgo y no gestionar operaciones con Personas Políticamente Expuestas (PEP) mexicanas.
- CIBanco (Banco y Casa de Bolsa): Fue sancionado con 21 multas por aproximadamente 67 millones de pesos, en su mayoría por deficiencias en PLD. Entre las faltas estaban la omisión de reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transferencias internacionales de más de 1,000 dólares y recibir depósitos en efectivo en dólares por encima de los límites permitidos.
- Vector Casa de Bolsa: Recibió 6 multas por cerca de 26 millones de pesos. La empresa enfatizó que ninguna de sus sanciones fue por temas de PLD, sino por incumplimientos de la Ley de Fondos de Inversión, como omitir la notificación a clientes sobre modificaciones en prospectos de información.
La SHCP y las instituciones aclararon que estas sanciones derivaban de inspecciones de 2024 sobre operaciones de 2023, previas a las acusaciones de FinCEN. Esta temporalidad permitió a México enmarcar su respuesta como supervisión ordinaria, desvinculándola de las graves acusaciones estadounidenses. La intervención gerencial fue una medida de contención ante el riesgo operativo y de liquidez.
Narrativas en pugna: EE. UU. vs. México
La diferencia entre la narrativa estadounidense y la mexicana representó un choque fundamental con profundas implicaciones estratégicas. EE. UU. hablaba de crimen organizado y seguridad nacional, mientras México hablaba de incumplimientos administrativos y supervisión regulatoria.
El gobierno mexicano, a través de la Presidencia y la SHCP, adoptó una postura de escepticismo. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “no hay ninguna prueba”, y la SHCP comunicó haber solicitado evidencia sin recibirla. La SHCP declaró que las multas de la CNBV eran por “incumplimientos en procesos administrativos” previos, no vinculados al lavado de dinero para cárteles. Vector calificó de “absolutamente falsa” la relación de sus multas con PLD.
Esta discrepancia fue una estrategia calculada de gestión de crisis. Al enmarcar el problema como fallas administrativas pasadas, el gobierno mexicano demostró acción enérgica (multas e intervenciones) y desvinculó sus acciones de la narrativa estadounidense, más dañina. Así, creó un “cortafuegos” narrativo, sugiriendo problemas históricos y de procedimiento en vías de solución, no una conspiración criminal en curso.
Desde la perspectiva estadounidense, la acción de FinCEN puede interpretarse como el despliegue de una nueva herramienta de presión geopolítica, otorgada por la Ley FEND Off Fentanyl. La prórroga de 45 días para la entrada en vigor de las sanciones, otorgada por EE. UU. tras la “reacción favorable” de México, refuerza esta idea, funcionando como un periodo de prueba y demostrando que la herramienta principal es la presión continua.
La onda expansiva: Repercusiones inmediatas en el mercado
Las acciones de FinCEN y la CNBV generaron consecuencias tangibles e inmediatas, demostrando que los riesgos podían infligir daño real y veloz a las instituciones señaladas y a sus mercados.
Crisis de confianza: Degradación de calificaciones crediticias
La reacción de las agencias calificadoras fue el primer indicador de la gravedad. Fueron rápidas y severas:
- Fitch Ratings: Degradó las calificaciones de las tres instituciones a “B” (grado especulativo) y las colocó en “Observación Negativa”. Posteriormente, retiró completamente las calificaciones por “razones comerciales”, aislando a las entidades de los mercados de deuda pública.
- S&P Global Ratings: Bajó la calificación de CIBanco y, drásticamente, terminó su contrato de calificación con el banco.
- HR Ratings: Revisó a la baja las calificaciones de CIBanco e Intercam.
Estas degradaciones aumentan directamente el costo de financiamiento y actúan como señal de alarma, indicando que la viabilidad de las instituciones está en entredicho. El retiro de una calificación crea un “efecto paria”.
Éxodo fiduciario: CIBanco y el mercado de FIBRAs
El impacto más visible se produjo en el sector de los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAs), donde CIBanco era el segundo mayor fiduciario. La designación de FinCEN generó un riesgo operativo inaceptable, especialmente por la posible interrupción de transacciones con inversionistas extranjeros.
La respuesta fue un éxodo masivo y coordinado. Prácticamente todos los FIBRAs que usaban CIBanco como fiduciario anunciaron su sustitución, incluyendo a Fibra Uno, Fibra Inn, FibraShop, Fibra Hotel y Terrafina, migrando a fiduciarios como Actinver. Incluso clientes corporativos como Toyota Financial Services evaluaron la sustitución. Este episodio demostró el contagio a nivel microeconómico, desestabilizando una cadena de valor completa.
El “de-risking” en acción: La suspensión de Visa
La evidencia más contundente del tipo de riesgo provino de Visa Inc., que el 30 de junio suspendió todas las transacciones internacionales realizadas con tarjetas emitidas por CIBanco. Esta acción no fue regulatoria, sino de una contraparte comercial global para protegerse de su propio riesgo regulatorio en Estados Unidos.
Este evento es una manifestación clara del “de-risking” (reducción de riesgo). Las entidades globales tienen baja tolerancia al riesgo de sanciones estadounidenses y optan por cortar lazos. La acción de Visa inutilizó instantáneamente la funcionalidad internacional de los productos de CIBanco.
Este suceso redefine el contagio: la principal amenaza no es una corrida bancaria doméstica, sino una asfixia gradual del acceso al sistema financiero global en dólares. La capacidad de operación del sistema financiero mexicano depende críticamente de estas conexiones internacionales. El “de-risking” es el principal vector por el cual las sanciones pueden ejercer presión sistémica.
La cronología de eventos clave y respuestas del mercado en junio-julio de 2025 muestra:
- 25 de junio: FinCEN designa a las tres entidades, desatando la crisis.
- 26 de junio: La CNBV decreta intervención gerencial. La presidenta Sheinbaum pide pruebas a EE. UU.
- 27-30 de junio: Agencias calificadoras degradan masivamente. FIBRAs anuncian salida de CIBanco.
- 30 de junio: Visa Inc. suspende transacciones internacionales para tarjetas de CIBanco.
- 9 de julio: El Tesoro de EE. UU. otorga una prórroga de 45 días para la entrada en vigor de las sanciones.
- 15-16 de julio: La CNBV publica detalle de multas por más de 185 millones de pesos, enmarcándolas como administrativas.
Calibrando el contagio: Evaluación de la vulnerabilidad sistémica
El debate tras las sanciones gira en torno a si representan una amenaza contenida o el presagio de una crisis sistémica. La respuesta exige un análisis matizado de los canales de transmisión y de los factores de resiliencia.
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Canales de transmisión del contagio financiero
La teoría financiera y la experiencia regulatoria identifican varios canales clave de contagio:
- Interconexión directa: Donde la quiebra de una institución provoca pérdidas directas en otras con exposiciones crediticias.
- Contagio informativo y reputacional: Cuando la caída de un banco lleva a depositantes e inversionistas a dudar de la salud de otras instituciones, provocando retiros masivos.
- Contagio de mercado: Una institución en problemas liquida activos forzadamente, deprimiendo los precios y afectando los balances de otras instituciones.
- Contagio a través de la banca corresponsal (“de-risking”): Bancos globales cortan relaciones con bancos de una jurisdicción de alto riesgo para mitigar su propio riesgo regulatorio, aislando a los bancos locales del sistema financiero global.
Comprender estos canales es crucial para identificar que la amenaza para México no proviene de la interconexión directa, sino de los sutiles y modernos canales de contagio reputacional y de corresponsalía.
El argumento del riesgo sistémico: La voz de Fitch Ratings
La principal voz de alarma provino de Fitch Ratings, cuyo análisis se centró en los canales de riesgo menos tradicionales. Fitch advirtió que el “riesgo de contagio —si no se contiene— podría minar la confianza en el sistema financiero en su conjunto”. Su argumento no se basó en la interconexión directa, sino en presiones secundarias que podrían generar un efecto dominó:
- Incertidumbre operativa: Amenaza de congelamiento de activos y ambigüedad legal podrían distorsionar actividades de negocio.
- Presión sobre los flujos de capital: Aumento de la percepción de riesgo podría desalentar la inversión extranjera.
- Aumento de los costos de cumplimiento: Todas las instituciones se verían forzadas a incrementar su gasto en cumplimiento, afectando la rentabilidad.
- Fuga de clientes y contrapartes: Fitch señaló que “contrapartes clave, incluidos bancos grandes estadounidenses, bancos locales y otros participantes del mercado, han comenzado a cortar relaciones y retirar fondos, presionando la liquidez”.
El análisis de Fitch apunta al “de-risking” y al contagio reputacional como los principales vectores. La amenaza no es un colapso súbito, sino una “lenta estrangulación”: la desconexión gradual del sistema financiero mexicano de las redes de pago y financiamiento globales.
La resiliencia del sistema: El contrapunto de las autoridades mexicanas
Frente a estas advertencias, las autoridades mexicanas y la Asociación de Bancos de México (ABM) presentaron un contrapunto sólido, basado en la salud fundamental del sistema. Sus argumentos se centran en:
- Tamaño insignificante de las entidades afectadas: Intercam, CIBanco y Vector son actores de nicho, representando menos del 1% de los depósitos y menos del 2% de los activos totales. No son consideradas instituciones de importancia sistémica.
- Sólida capitalización y liquidez del sistema: El sistema bancario mexicano en su conjunto goza de salud robusta, con niveles de capital y liquidez que exceden los mínimos regulatorios y capacidad para soportar choques severos.
- Ausencia de pánico doméstico: El presidente de la ABM, Emilio Romano, señaló que no se había observado “ninguna corrida bancaria” ni “ninguna disrupción importante” en el mercado doméstico, afirmando que el problema estaba “acotado”.
Estos datos indican que un colapso sistémico doméstico, impulsado por una crisis de solvencia o liquidez interna, es un escenario de baja probabilidad. Sin embargo, este argumento no aborda la principal amenaza identificada por los observadores internacionales: el contagio externo a través del canal reputacional y de la banca corresponsal.
El punto de estrangulamiento: La banca corresponsal
La aparente contradicción entre Fitch y las autoridades mexicanas se resuelve al entender que analizan dos problemas diferentes. Las autoridades mexicanas evalúan correctamente la estabilidad interna, mientras los observadores internacionales evalúan la vulnerabilidad externa. El sistema financiero mexicano puede verse como un cuerpo sano con riesgo de ser privado de oxígeno (el acceso al sistema del dólar estadounidense). La fortaleza interna del cuerpo no es suficiente si no puede respirar.
Este es el verdadero núcleo de la vulnerabilidad. El caso de la suspensión de Visa a CIBanco es el arquetipo del mecanismo de contagio. No se trata de si los bancos mexicanos tienen suficientes pesos, sino de si sus contrapartes globales seguirán procesando sus transferencias en dólares y euros.
Esta dinámica impone un “impuesto de cumplimiento” de facto sobre todo el sector financiero mexicano. Para mantener sus vitales relaciones de corresponsalía y evitar el “de-risking”, cada institución debe demostrar de forma proactiva que sus sistemas de PLD/FT son de clase mundial. Esto implica una inversión masiva y continua en tecnología, personal y procesos. Este “impuesto” representa un nuevo costo operativo significativo que afectará la rentabilidad, especialmente para jugadores más pequeños, lo que podría conducir a una mayor consolidación del mercado.
La matriz de evaluación de riesgo de contagio para el sistema financiero mexicano muestra:
- Riesgo de liquidez/solvencia doméstica: Bajo, gracias a la alta capitalización y el pequeño tamaño de las entidades sancionadas.
- Riesgo reputacional (doméstico): Medio-bajo, contenido por la narrativa oficial y la comunicación de la ABM.
- Riesgo reputacional (internacional): Alto, debido a las acusaciones directas de narco-financiamiento por parte de EE. UU.
- “De-risking” de la banca corresponsal: Alto, demostrado por el caso de Visa con CIBanco y el alto costo de cumplimiento para los corresponsales.
- Confianza del inversionista y flujos de capital: Medio, afectado por las rebajas de calificación y la incertidumbre legal, a pesar de los sólidos fundamentos macroeconómicos.
Un sistema bajo presión: La evolución regulatoria en México
La crisis desatada por las sanciones de FinCEN no ocurrió en un vacío regulatorio. Coincidió y aceleró la aprobación de una de las reformas más significativas en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) en la historia reciente de México: la reforma LFPIORPI 2025. Este nuevo marco legal es la principal herramienta del Estado mexicano para responder a las presiones internacionales.
El nuevo arsenal: La reforma LFPIORPI 2025
Aprobada por el Congreso mexicano en medio de la crisis, la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y al Código Penal Federal representa una revisión fundamental del régimen antilavado. Su objetivo es alinear a México con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y abordar debilidades estructurales. Los cambios clave son transformadores:
- Identificación del beneficiario controlador (BC): Reduce el umbral de participación (ej. del 50% al 25%) y crea la obligación de registrar a los BC en un sistema de la Secretaría de Economía, exigiendo a las empresas mantener actualizada esta información.
- Mandatos tecnológicos: Exige explícitamente la implementación de “sistemas automatizados” para el monitoreo permanente de operaciones y la evaluación de riesgos bajo un Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
- Ampliación del alcance y definiciones: Incorpora o fortalece definiciones y obligaciones para figuras de alto riesgo como Personas Políticamente Expuestas (PEP), proveedores de activos virtuales y desarrolladores inmobiliarios.
- Endurecimiento del régimen de reportes y sanciones: Fortalece la obligación de presentar reportes de operaciones sospechosas en 24 horas, incluyendo operaciones intentadas. Además, amplía el plazo de conservación de información de cinco a diez años y otorga mayores facultades de investigación y sanción a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Esta reforma es una reconfiguración profunda del paradigma de cumplimiento en México, pasando de un modelo reactivo a uno preventivo, tecnológico y basado en el riesgo.
El precio de la seguridad: Costos operativos y financieros
La implementación de la reforma LFPIORPI 2025, aunque indispensable para la reputación internacional de México, conlleva un costo significativo. La naturaleza de las nuevas obligaciones implica un aumento sustancial y permanente en los presupuestos de cumplimiento de todas las Entidades financieras.
Los principales centros de costo son:
- Inversión tecnológica: Adquisición e implementación de sistemas automatizados de monitoreo y gestión de riesgos.
- Capital humano: Contratación de personal más especializado y capacitado, inversión en programas de capacitación continua.
- Procesos de debida diligencia: Investigación profunda de beneficiarios controladores y monitoreo intensificado de PEPs y clientes de alto riesgo.
- Auditorías y consultoría: Realización de auditorías anuales para verificar la efectividad de los programas de PLD.
Este conjunto de gastos puede verse como una “espada de doble filo”. Por un lado, la reforma es clave para mitigar el “de-risking” y restaurar la confianza. Por otro, el costo y la complejidad de su implementación son enormes, ejerciendo presión sobre la rentabilidad, especialmente para jugadores más pequeños, lo que podría acelerar la consolidación del sector.
Escenarios futuros: Perspectivas a largo plazo post-sanciones
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El futuro del sistema financiero mexicano dependerá de la interacción entre la presión continua de EE. UU. y la eficacia de la respuesta de cumplimiento de México. Se pueden plantear tres escenarios a largo plazo:
- Escenario base (gestión continua y riesgo latente): El más probable. México implementa la reforma LFPIORPI 2025 de manera desigual. EE. UU. reconoce esfuerzos pero mantiene la presión y la designación sobre las tres entidades. El “de-risking” continúa de forma selectiva, lastrando a instituciones de segundo nivel, mientras las tres sancionadas luchan por sobrevivir con acceso limitado al sistema global.
- Escenario optimista (cumplimiento vigoroso y desescalada): México logra una implementación rápida y ejemplar de la nueva ley. La supervisión de la CNBV y la UIF se vuelve más estricta y eficaz. EE. UU. levanta la designación de “preocupación principal”. El contagio reputacional se contiene, pero el “impuesto de cumplimiento” se consolida como el nuevo estándar operativo.
- Escenario pesimista (escalada y sanciones ampliadas): EE. UU. escala la presión, designando una institución financiera más grande o imponiendo restricciones jurisdiccionales más amplias. Esto tendría consecuencias devastadoras, desencadenando una verdadera crisis sistémica, fuga de capitales y daño profundo a la economía mexicana.
El análisis de cambios clave en la reforma LFPIORPI 2025 detalla:
- Beneficiario controlador (BC): Definición robustecida, umbral reducido y registro obligatorio ante la Secretaría de Economía.
- Monitoreo de PEPs: Definición formal y obligación de monitoreo intensificado para PEPs nacionales y extranjeros.
- Sistemas de monitoreo transaccional: Mandato explícito de implementar sistemas automatizados y Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
- Reporte de operaciones sospechosas (ROS): Obligación de reportar operaciones intentadas en 24 horas.
- Retención de datos: Plazo de conservación de información extendido de 5 a 10 años.
- Sanciones y facultades: Endurecimiento de sanciones penales y administrativas; la UIF puede actuar como víctima en procesos penales.
Recomendaciones estratégicas para los actores clave
La crisis actual, aunque con riesgos significativos, ofrece una oportunidad para fortalecer el sistema financiero mexicano. Para navegar con éxito este nuevo paradigma, los diferentes actores deben adoptar estrategias proactivas y adaptativas.
Para las instituciones financieras: Cumplimiento proactivo y gestión reputacional
La supervivencia y la competitividad dependerán de la capacidad de cada institución para gestionar el riesgo financiero, regulatorio y reputacional.
- Invertir excesivamente en cumplimiento: La reforma LFPIORPI 2025 debe ser vista como un piso. Las instituciones líderes deben aspirar a exceder los requisitos mínimos y adoptar los más altos estándares globales para tranquilizar a los bancos corresponsales e inversionistas internacionales.
- Realizar auditorías intrusivas e independientes: Las auditorías no pueden ser un ejercicio de marcar casillas. Es imperativo contratar firmas externas especializadas para realizar “pruebas de estrés” a los sistemas de PLD/FT e identificar vulnerabilidades antes que un regulador.
- Fomentar la diplomacia con la banca corresponsal: Las instituciones mexicanas deben adoptar un enfoque proactivo de comunicación, compartiendo de forma transparente información sobre mejoras en sus sistemas de cumplimiento y resultados de auditorías.
- Desarrollar planes de contingencia para el “de-risking”: Cada institución debe identificar sus relaciones de corresponsalía críticas y evaluar el impacto de su terminación, desarrollando planes que contemplen la diversificación de socios bancarios y la reestructuración de líneas de negocio.
Para los reguladores: Restaurar la confianza internacional
El papel de las autoridades mexicanas es dual: supervisar eficazmente al sector doméstico y gestionar la percepción y confianza de sus homólogos internacionales.
- Transitar hacia una supervisión proactiva y tecnológica: Los reguladores deben utilizar plenamente las nuevas facultades de la reforma LFPIORPI 2025, pasando a una vigilancia continua, intrusiva y basada en tecnología, centrada en áreas de mayor riesgo.
- Aumentar la transparencia en la aplicación de la ley: Una mayor publicidad de las acciones de sanción (anonimizadas si es necesario) puede tener un poderoso efecto disuasorio, enviando una señal de seriedad a la industria local y socios internacionales.
- Armonizar el diálogo internacional y cerrar la “brecha narrativa”: Es fundamental fortalecer los canales de comunicación técnica y de inteligencia financiera con autoridades de EE. UU. y otras jurisdicciones, creando un marco de diálogo basado en evidencia compartida para resolver preocupaciones antes de que escalen a sanciones públicas.
- Apoyar la implementación en la industria: Los reguladores deben ser facilitadores, proporcionando guías claras, programas de capacitación y plazos realistas, logrando un cumplimiento más efectivo y sostenible.
Para los inversionistas: Navegando la incertidumbre y fortaleza institucional
Para los inversionistas, el nuevo entorno exige una recalibración de los modelos de riesgo y una mayor sofisticación en el análisis de las instituciones financieras mexicanas.
- Incorporar el cumplimiento como un criterio clave de inversión: El análisis no puede limitarse a métricas tradicionales. Los inversionistas deben añadir la calidad y sofisticación del marco de cumplimiento PLD/FT a su evaluación, incluyendo la inversión en tecnología y la cultura de riesgo.
- Monitorear las relaciones de banca corresponsal como indicador adelantado: Los anuncios sobre la terminación o tensión en estas relaciones deben ser tratados como un indicador adelantado de riesgo.
- Evaluar la exposición a flujos internacionales de alto riesgo: Los inversionistas deben analizar el modelo de negocio de cada banco y favorecer a instituciones con operaciones robustas y diversificadas, menos dependientes de transacciones transfronterizas de alto escrutinio.
- Ajustar los modelos financieros para incluir el “impuesto de cumplimiento”: Las proyecciones de rentabilidad y los modelos de valuación deben ajustarse para reflejar los mayores costos operativos permanentes resultantes del nuevo entorno regulatorio.
Esta crisis no es un evento aislado para solo tres entidades, sino un punto de inflexión que redefinirá el panorama de riesgo y cumplimiento. El sistema financiero mexicano enfrenta un futuro donde la solidez interna debe complementarse con la confianza global. ¿Logrará el país transformar esta presión en una oportunidad para consolidar su posición en el escenario financiero internacional?
