Este informe ofrece un análisis exhaustivo sobre la corrupción e impunidad en México bajo la administración de la “Cuarta Transformación” (4T). A pesar de un discurso anticorrupción centrado en “No somos iguales”, la evidencia empírica revela una brecha creciente con la realidad. El caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, ilustra cómo el patronazgo político y la justicia selectiva persisten bajo este régimen.
El caso Hernán Bermúdez: Anatomía de un escándalo en la 4T
El escándalo en torno a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, encapsula las contradicciones fundamentales del discurso anticorrupción de la Cuarta Transformación. Su nombramiento, sostenimiento en el poder a pesar de graves señalamientos de inteligencia, y su posterior fuga, exponen una red de protección política que opera en flagrante contraste con la narrativa de “cero impunidad”. Este caso no es una anomalía, sino un síntoma revelador de que las viejas prácticas de patronazgo y la justicia selectiva siguen profundamente arraigadas en el sistema político mexicano, incluso bajo un gobierno que se autoproclama moralmente superior.
El “Comandante H” en el gabinete: Nombramiento y sostenimiento político
En diciembre de 2019, Hernán Bermúdez Requena fue designado titular de la SSPC de Tabasco por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, una figura central del partido Morena y uno de los aliados más cercanos del presidente de la República. Este nombramiento se produjo a pesar de que ya existían sospechas sobre los vínculos del funcionario. Más revelador aún es que Bermúdez fue mantenido en su cargo durante más de cuatro años, siendo incluso ratificado por el gobernador interino que sucedió a López Hernández, Carlos Manuel Merino Campos. Renunció finalmente el 5 de enero de 2024, no como resultado de una investigación interna proactiva, sino en medio de una crisis de violencia que incluía un ataque armado a su propio domicilio y una serie de actos violentos en la capital, Villahermosa.
Este prolongado respaldo político desde las más altas esferas del poder estatal y con la anuencia del poder federal es crucial. Durante su gestión, Bermúdez negó públicamente la existencia de cárteles en Tabasco, desestimando los señalamientos en su contra como meras “difamaciones”. Esta postura oficial contrasta dramáticamente con la información que poseían las agencias de inteligencia del propio Estado mexicano, creando una disonancia que pone en duda la voluntad real de depurar las fuerzas de seguridad.
Inteligencia “no oficial” y justicia formal: La paradoja de los Guacamaya Leaks
La contradicción central del caso, y que motivó este análisis, radica en el tratamiento dual que el gobierno dio a la información de inteligencia. Documentos filtrados a través del hackeo masivo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), conocido como “Guacamaya Leaks”, revelaron que reportes de inteligencia militar y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) identificaban a Bermúdez con el alias de “Comandante H” y lo señalaban como presunto líder de “La Barredora”, un brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.
Estos informes, que según fuentes periodísticas llegaron hasta el escritorio del presidente Andrés Manuel López Obrador, eran detallados. Atribuían a Bermúdez la coordinación de una amplia gama de actividades ilícitas, incluyendo el robo de hidrocarburos (conocido como huachicol), extorsión, tráfico de migrantes y distribución de drogas, todo ello bajo un manto de protección institucional. Sin embargo, la respuesta pública del gobierno fue ambigua y evasiva. El equipo de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a calificar esta inteligencia como información que “no está sujeta a un análisis serio y formal”.
Aquí reside la paradoja: mientras públicamente se minimizaba la validez de estos informes, las fiscalías, tanto la de Tabasco como la General de la República (FGR), utilizaron precisamente esa misma información como base para iniciar carpetas de investigación formales contra Bermúdez a partir de finales de 2024. Este doble estándar revela una estrategia política deliberada: la inteligencia es “no oficial” cuando su reconocimiento implica un costo político —como admitir que un alto funcionario del partido gobernante nombró a un presunto líder criminal—, pero se convierte en “oficial” y procesable cuando la presión pública y la escalada de violencia hacen insostenible la inacción.
La fuga, la orden de captura y la red de protección
La cronología de los hechos posteriores a la renuncia de Bermúdez es un testimonio de la ineficacia o tardanza deliberada de las autoridades. Bermúdez renunció el 5 de enero de 2024. No fue detenido de inmediato. Según informes militares, abandonó el país el 26 de enero de ese mismo año. La orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro fue girada hasta el 14 de febrero de 2024, casi tres semanas después de su fuga. Posteriormente, se activó una ficha roja de la Interpol para su búsqueda y localización en más de 190 países.
La respuesta del gobierno federal ha sido una mezcla de promesas de justicia y un cuidadoso control de daños políticos. La presidenta Sheinbaum ha afirmado repetidamente que “no vamos a cubrir absolutamente a nadie” y que la investigación seguirá su curso. No obstante, en un movimiento que delinea claramente los límites de la investigación, la mandataria también ha descartado que exista una indagatoria en curso contra Adán Augusto López por este caso, declarando que “de parte del gobierno, no. No se ha pedido ninguna investigación”. Esta declaración funciona como un cortafuegos político, sacrificando a un subordinado (Bermúdez) para proteger a una figura de alto nivel del partido, lo que sugiere que la lealtad política prevalece sobre una investigación exhaustiva de la cadena de mando y responsabilidad.
Mientras tanto, Bermúdez ha utilizado los recursos del sistema legal para obstaculizar su captura. En abril de 2025, obtuvo una suspensión provisional contra la orden de aprehensión. Sin embargo, es crucial señalar que esta medida cautelar no lo protege contra delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como el secuestro, por lo que su detención sigue siendo legalmente viable.
El espejo de Tabasco: Un microcosmo de la impunidad sistémica
El caso Bermúdez no debe ser visto como un incidente aislado, sino como un reflejo paradigmático de las fallas sistémicas que persisten en la lucha contra la corrupción y la criminalidad en México. Demuestra, en primer lugar, la continuidad de las redes de patronazgo político que permiten la llegada y permanencia de individuos comprometidos a puestos críticos de seguridad. La lealtad política parece pesar más que la idoneidad o la integridad.
En segundo lugar, expone una política de seguridad y justicia reactiva, no proactiva. Las autoridades no actuaron con base en la inteligencia que ya poseían, sino que se vieron forzadas a responder ante el escándalo mediático y una crisis de violencia que ya no podía ser contenida. Esto indica que el cálculo del capital político y la estabilidad de la élite gobernante son prioritarios, y solo se ceden ante la presión abrumadora.
Finalmente, el caso es un ejemplo flagrante de opacidad. La decisión del Comité de Transparencia de la SSPC de Tabasco de clasificar la declaración patrimonial de Bermúdez por cinco años, bajo el argumento de “riesgos de vida”, es un acto que contraviene directamente el discurso de máxima transparencia del gobierno y alimenta la sospecha de que se busca ocultar un enriquecimiento ilícito. En conjunto, estos elementos pintan un cuadro desolador: el de un sistema donde la narrativa anticorrupción se desmorona ante la evidencia de la protección política, la justicia selectiva y una opacidad calculada.
La narrativa anticorrupción “no somos iguales” bajo escrutinio
La piedra angular del proyecto político de la Cuarta Transformación ha sido su lema y promesa central: “No somos iguales”. Esta frase no es solo un eslogan de campaña, sino el fundamento de una narrativa que postula una ruptura moral y ética absoluta con los gobiernos anteriores del PRI y del PAN, a los que califica de “neoliberales” y corruptos por definición. Sin embargo, un análisis riguroso de las acciones del gobierno, contrastadas con su discurso, revela profundas grietas en esta fachada de superioridad moral, mostrando una preocupante continuidad en prácticas de opacidad, nepotismo y el debilitamiento de los contrapesos institucionales.
El discurso fundacional: La moralidad como política de Estado
Desde el inicio de su mandato, el presidente López Obrador ha posicionado la lucha contra la corrupción no como un problema de diseño institucional, sino como una cruzada moral. El discurso oficial, repetido en innumerables conferencias de prensa y actos públicos, sostiene que la honestidad personal del presidente es la principal herramienta para purificar la vida pública del país. La corrupción, en esta visión, no es un fenómeno sistémico que requiere contrapesos y fiscalización, sino el resultado de la decadencia moral de una “élite rapaz”.
Bajo esta lógica, la solución es simple: un líder probo al mando del Estado. Frases como “erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal” y la exhibición de un “pañuelito blanco” para simbolizar un gobierno limpio, han sido elementos centrales de esta estrategia de comunicación. El mensaje implícito es que la confianza debe depositarse en la autoridad moral del presidente, no en las instituciones, a las que a menudo se describe como parte del viejo régimen corrupto.
Grietas en la fachada: Nepotismo, contratos y contradicciones
Esta narrativa de pureza moral ha sido severamente cuestionada por una serie de escándalos que involucran al círculo más cercano del presidente, erosionando la credibilidad del “No somos iguales”.
- El caso “Casa Gris”: La investigación periodística que reveló el lujoso estilo de vida del hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, en Houston, Texas, en una residencia propiedad de un alto ejecutivo de una empresa contratista de Pemex, representó un golpe devastador para el discurso de “austeridad republicana”. Aunque el presidente defendió que no había conflicto de interés, el caso expuso una contradicción flagrante entre la vida de su familia y la imagen de sencillez que proyecta.
- Los videos de Pío López Obrador y las “aportaciones”: La difusión de videos en los que se observa a Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo paquetes de dinero en efectivo de un operador político, generó otro escándalo mayúsculo. La respuesta presidencial fue particularmente reveladora: en lugar de calificarlo como un acto de posible corrupción, lo describió como “aportaciones” o “cooperación” para el movimiento, distinguiéndolo de la “corrupción” de sus adversarios como el caso Lozoya. Esta distinción semántica fue percibida por muchos como una aplicación de un doble estándar moral.
- Contratos a familiares y adjudicaciones directas: A estos casos se suman los contratos gubernamentales otorgados a Felipa Obrador, prima del presidente, que aunque fueron cancelados tras hacerse públicos, pusieron de manifiesto la persistencia del nepotismo y el conflicto de interés. Más allá de los casos familiares, un patrón sistémico ha socavado la promesa de transparencia: el uso masivo de adjudicaciones directas. Datos oficiales y análisis de la oposición indican que más de tres cuartas partes de los contratos del gobierno federal se otorgan por esta vía, eludiendo la licitación pública, un mecanismo que por su naturaleza fomenta la opacidad y es un conocido foco rojo de corrupción.
El desmantelamiento institucional: La lucha contra los contrapesos
Quizás la contradicción más profunda de la estrategia anticorrupción de la 4T es su hostilidad hacia las instituciones autónomas diseñadas precisamente para fiscalizar al poder y combatir la corrupción. En lugar de fortalecer estos contrapesos, la administración los ha debilitado sistemáticamente a través de recortes presupuestarios severos, ataques verbales desde la presidencia y la parálisis operativa.
- El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): Creado como la gran apuesta institucional para un combate sistémico a la corrupción, el SNA ha sido marginado y desfinanciado. Un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) concluye de manera contundente que “El Sistema Nacional Anticorrupción no ha sido prioridad en este sexenio”. El análisis presupuestario del IMCO revela una disminución real del 10% en el presupuesto conjunto de las instituciones clave del SNA desde 2018. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), pieza clave para la judicialización de casos, ha operado con un subejercicio presupuestal cercano al 50%, mermando gravemente su capacidad de investigación.
- La Auditoría Superior de la Federación (ASF): El principal órgano de fiscalización del país también ha sufrido un deterioro notable. Un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que, en los primeros años de la 4T, la ASF redujo significativamente el número de auditorías, cambió su enfoque de “punitivo” a “preventivo”, y desplomó el número de acciones legales promovidas y denuncias penales presentadas, alcanzando mínimos históricos. Esta transformación ha sido atribuida a la captura del órgano por intereses partidistas, limitando su capacidad de ser un contrapeso efectivo.
El ataque a estas instituciones no parece ser casual, sino una consecuencia directa de la narrativa gubernamental. Al enmarcar la lucha anticorrupción como una gesta moral liderada exclusivamente por el presidente, cualquier institución que genere datos o hallazgos que contradigan la versión oficial es automáticamente descalificada como parte de la “élite corrupta” o de los “conservadores” que se oponen a la transformación. Esta estrategia funciona como una tecnología política para neutralizar la crítica y la evidencia objetiva, creando un círculo cerrado donde solo la palabra presidencial tiene validez. Así, la narrativa “No somos iguales” no solo justifica, sino que necesita del debilitamiento de los contrapesos institucionales para poder sostenerse.
Medición de la corrupción y la impunidad: Un análisis comparativo
Más allá del discurso político y los escándalos mediáticos, una evaluación objetiva del desempeño de México en materia de corrupción e impunidad requiere el análisis de indicadores estandarizados y datos duros. La evidencia proveniente de mediciones internacionales, índices de impunidad nacionales y la fiscalización del gasto público federal, pinta un panorama inequívoco. Lejos de una mejora, los datos muestran un estancamiento seguido de un deterioro histórico durante el sexenio de la 4T, refutando empíricamente la narrativa del “No somos iguales”.
La percepción internacional: El desplome en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC o CPI por sus siglas en inglés), publicado anualmente por Transparencia Internacional, es el principal indicador global sobre la corrupción en el sector público, basado en la percepción de expertos y empresarios. La trayectoria de México en este índice durante la última década es sumamente reveladora.
Durante los primeros años del gobierno de la 4T, México mostró un estancamiento. Tras haber mejorado ligeramente de 28 puntos en 2018 a 29 en 2019, alcanzó una calificación de 31 puntos sobre 100 y la mantuvo durante cuatro años consecutivos (2020-2023). Sin embargo, en el informe correspondiente a 2024, el país sufrió un colapso histórico. La calificación de México se desplomó a 26 puntos, su peor puntaje registrado, cayendo al puesto 140 de 180 países evaluados. Esta caída de 5 puntos y 14 puestos en un solo año (desde los 31 puntos y el puesto 126 de 2023) es la más pronunciada desde que se mide el índice con la metodología actual.
Este resultado sitúa a México como el país peor evaluado entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y como el penúltimo del G20, solo por encima de Rusia. En el contexto de América Latina, México se encuentra por debajo de países como Colombia, Brasil, Perú y Bolivia, y solo supera a naciones con crisis institucionales severas como Guatemala, Honduras y Venezuela.
Los analistas atribuyen este desplome a una serie de factores que han erosionado la confianza internacional: la falta de sentencias en grandes casos de corrupción como Odebrecht y el desfalco de Segalmex; la creciente opacidad derivada de la militarización de obras públicas y aduanas; el uso discrecional de adjudicaciones directas en lugar de licitaciones; y los ataques constantes contra la independencia del Poder Judicial. La percepción internacional, que durante años pareció dar un margen de duda a la retórica gubernamental, finalmente se ha alineado con la cruda realidad de los datos internos.
La impunidad sistémica: El Índice Global de Impunidad (IGI) y la cifra negra
La percepción de corrupción está intrínsecamente ligada a la impunidad, es decir, la inexistencia de castigo para los delitos. El Índice Global de Impunidad (IGI) 2024, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), confirma que este es uno de los problemas más graves y estructurales de México.
En su edición más reciente, el IGI ubica a México en la posición 80 de 94 países analizados, colocándolo firmemente entre los 15 países con los peores resultados a nivel mundial. La calificación del país es de 46.19 puntos (en una escala donde 100 es la máxima impunidad), una cifra significativamente superior al promedio global (31.6) y al promedio del continente americano (36.89). El informe es enfático al señalar que el mal desempeño de México es sistémico, con resultados negativos en prácticamente todas las dimensiones y variables analizadas, que abarcan las capacidades estructurales y funcionales de los sistemas de seguridad, justicia y protección de derechos humanos.
Es crucial destacar una aclaración metodológica del propio informe: aunque la posición de México en el ranking mejoró marginalmente respecto a la edición de 2020 (cuando ocupó el lugar 60 de 69), este cambio “es resultado de la incorporación de más países a la muestra, antes que de una mejora en el desempeño de los sistemas”. En otras palabras, no ha habido una mejora real; la situación sigue siendo de muy alta impunidad.
Estos hallazgos son consistentes con otros análisis nacionales. El informe “Hallazgos 2022” de la organización México Evalúa, reportó un nivel de impunidad nacional del 96.3% para los delitos conocidos por el Ministerio Público, un aumento de 4.5 puntos porcentuales respecto a 2021. Además, la “cifra negra” —el porcentaje de delitos que no se denuncian o no dan lugar a una investigación— se ha mantenido por encima del 90% durante la última década, lo que refleja una profunda desconfianza ciudadana en las instituciones de justicia.
La fiscalización del erario: Hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano encargado de revisar cómo se gasta el dinero público. Una comparación de los montos pendientes de aclarar en las Cuentas Públicas de los sexenios de Enrique Peña Nieto (PRI) y Andrés Manuel López Obrador (Morena) ofrece una medida tangible de la disciplina y la rendición de cuentas fiscal.
- Administración de Peña Nieto (2013-2018): Durante todo el sexenio, la administración pública federal dejó un monto pendiente de solventar de 94.2 mil millones de pesos. Solo en la revisión de su último año de gobierno (Cuenta Pública 2018), la ASF observó irregularidades por 144.4 mil millones de pesos en el gasto federalizado.
- Administración de López Obrador (2019-2023): En solo cinco años, el monto pendiente de aclarar por la administración de la 4T ya supera los 127 mil millones de pesos. La revisión de la Cuenta Pública 2023, correspondiente al penúltimo año de gobierno, detectó por sí sola irregularidades por un total de aproximadamente 51-52 mil millones de pesos.
La convergencia de estos tres conjuntos de datos —percepción internacional, medición de impunidad nacional y fiscalización federal— es contundente. No solo no se ha producido una mejora en la lucha contra la corrupción y la impunidad, sino que los indicadores clave apuntan a un retroceso tangible y, en el caso de la percepción internacional, histórico.
Grandes escándalos de corrupción: Continuidades y rupturas
Un análisis comparativo de los grandes escándalos de corrupción que han marcado a las últimas administraciones es fundamental para evaluar si ha existido un cambio real en la forma en que el poder político responde a estos fenómenos. Al contrastar los casos emblemáticos del sexenio anterior, como la “Estafa Maestra” y “Odebrecht”, con el mayor escándalo de la 4T, el desfalco de Segalmex, emerge un patrón preocupante: la continuidad de la impunidad en los niveles más altos del poder. Lejos de una ruptura, se observa la replicación de mecanismos de protección política que blindan a los principales responsables, sin importar el partido en el gobierno.
El legado del PRIAN: Impunidad en los casos Odebrecht y Estafa Maestra
La administración de la 4T llegó al poder con la promesa de castigar la corrupción del pasado, presentando los casos de la “Estafa Maestra” y Odebrecht como los ejemplos supremos de la podredumbre del “régimen neoliberal”. Sin embargo, su gestión de estos casos ha culminado en una impunidad casi total, demostrando la incapacidad o la falta de voluntad para romper con las redes de protección de la élite política.
- La Estafa Maestra: Este complejo esquema, revelado en 2017, implicó el desvío de más de 7,670 millones de pesos de 11 dependencias federales a través de 8 universidades públicas que subcontrataron a 128 empresas fantasma. A pesar de la magnitud del fraude y la sólida evidencia periodística y de la ASF, el resultado judicial ha sido decepcionante. La principal funcionaria de alto nivel implicada, Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, fue procesada por ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión, una falta administrativa, no por el desvío de recursos en sí. Tras un largo proceso, fue absuelta de todos los cargos penales en febrero de 2023, una decisión que fue confirmada por un tribunal colegiado y, finalmente, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en octubre de 2024, cerrando el caso en su contra. El avance contra otros implicados ha sido mínimo, dejando el desfalco sin reparación del daño y sin responsables de alto nivel sentenciados.
- Odebrecht: El capítulo mexicano de la red de sobornos más grande de América Latina involucró pagos por al menos 10.5 millones de dólares por parte de la constructora brasileña para obtener contratos de obra pública, principalmente con Petróleos Mexicanos (Pemex). El principal implicado, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, fue extraditado desde España en 2020 bajo la figura de “testigo colaborador”, prometiendo exponer a sus superiores, incluyendo al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Sin embargo, esta promesa nunca se materializó en acciones judiciales contundentes. Después de un proceso lleno de aplazamientos y negociaciones, Lozoya fue liberado de prisión en febrero de 2024 para continuar su proceso en libertad. A la fecha, no existe una sola sentencia condenatoria contra ningún funcionario de alto nivel en México por este caso, que en otros países de la región llevó a la cárcel a presidentes y ministros.
El fracaso del gobierno de la 4T para asegurar justicia en estos dos casos emblemáticos, a pesar de tener un enorme capital político y un mandato popular para hacerlo, revela la persistencia de una impunidad estructural que trasciende los colores partidistas.
La “mancha” de la 4T: El desfalco de Segalmex
Lejos de marcar una diferencia, la administración de López Obrador ha producido su propio escándalo de corrupción, de una magnitud que supera a los de sus predecesores. El desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un organismo creado en 2019 para garantizar la autosuficiencia alimentaria y apoyar a los más pobres, ha sido calificado por el propio presidente como “la mancha” de su gobierno.
El monto del desfalco asciende a por lo menos 15,300 millones de pesos, más del doble de lo desviado en la Estafa Maestra. El *modus operandi* incluyó una variedad de prácticas corruptas: compras simuladas de productos como azúcar y leche, contratos multimillonarios otorgados a empresas fachada sin empleados ni capacidad para cumplir, e inversiones ilegales de recursos públicos en instrumentos bursátiles de alto riesgo.
Lo más revelador del caso Segalmex es la aplicación de un claro mecanismo de protección política que refleja los patrones del pasado. El director fundador de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, un político con una larga trayectoria y cercano al presidente, autorizó personalmente algunas de las operaciones ilícitas, como las inversiones bursátiles. A pesar de esto, Ovalle no ha enfrentado ninguna acusación penal. Fue simplemente removido de su cargo y reubicado en otra posición dentro del gobierno, mientras el presidente lo defendía públicamente, atribuyendo el fraude a que fue “engañado” por “gente con malos antecedentes”.
La acción de la justicia se ha concentrado en funcionarios de nivel medio y bajo, así como en empresarios. A la fecha, se han girado decenas de órdenes de aprehensión, pero solo un puñado de personas han sido procesadas y únicamente se ha reportado una sentencia condenatoria contra un excoordinador de operaciones de Diconsa. Para agravar la opacidad, el gobierno federal clasificó por cinco años la información relacionada con el grupo intersecretarial creado para investigar el fraude, un acto que busca deliberadamente blindar a los altos responsables.
Patrones de la gran corrupción: Un análisis comparativo
La comparación de estos tres megaescándalos (Estafa Maestra, Odebrecht y Segalmex) revela patrones de comportamiento consistentes que definen la gran corrupción en México, independientemente del gobierno en turno:
- Desvío desde programas clave: La corrupción se anida en áreas estratégicas con presupuestos masivos, ya sean programas sociales (Sedesol, Segalmex) o empresas estatales (Pemex).
- Uso de empresas fachada: El uso de redes de empresas fantasma o sin capacidad real es un método recurrente para simular operaciones y desviar fondos públicos.
- Colusión público-privada: Los esquemas involucran una red compleja de funcionarios públicos que facilitan los contratos y empresarios que se prestan a la simulación.
- Impunidad para la cúpula: Este es el patrón más crítico y persistente. La responsabilidad penal se detiene en los niveles intermedios o bajos. Los arquitectos políticos y los máximos beneficiarios de los esquemas (secretarios de Estado, directores generales, etc.) son protegidos, ya sea a través de acusaciones débiles, procesos judiciales fallidos o la simple inacción de la fiscalía.
La gestión del caso Segalmex por parte de la 4T demuestra que, cuando se trata de un escándalo propio, el gobierno no ha instaurado un nuevo estándar de justicia, sino que ha recurrido a las mismas tácticas de contención y protección política que tanto criticó de sus antecesores. Esto refuta la idea de una “ruptura” y confirma una dolorosa continuidad en la impunidad al más alto nivel.
El desmoronamiento de la excepcionalidad moral
Tras un análisis exhaustivo, este informe concluye que la administración de la Cuarta Transformación no ha logrado mejorar la situación de la corrupción y la impunidad en México. Por el contrario, la evidencia acumulada indica un estancamiento en el mejor de los casos y un claro deterioro en áreas cruciales, lo que lleva al desmoronamiento de su narrativa fundacional de ser moralmente diferente a sus predecesores. La persistencia del patronazgo y la justicia selectiva, el fracaso de la narrativa frente a la realidad y el testimonio inequívoco de los datos (como el desplome histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2024 y los montos pendientes de aclarar de la ASF) son contundentes. La 4T no solo falló en castigar la corrupción heredada, sino que replicó los mismos mecanismos de protección política para encubrir su propio y masivo escándalo de Segalmex, confirmando una continuidad en la impunidad al más alto nivel. El gobierno de la 4T no es una excepción a la historia de corrupción en México; se ha convertido en un nuevo capítulo de la misma, sentando las bases para que la corrupción florezca sin contrapesos efectivos. Para romper este ciclo, es imperativo abandonar las soluciones basadas en la moralidad de los líderes y enfocarse en la construcción de un andamiaje institucional sólido y autónomo. Esto implica restaurar y fortalecer la autonomía institucional de órganos como la ASF y el SNA, despolitizar la procuración de justicia de la FGR, transparentar el gasto público y las contrataciones (limitando adjudicaciones directas), implementar un sistema robusto de protección a denunciantes (Whistleblowers), y fomentar un ecosistema de rendición de cuentas que respete la prensa crítica y la sociedad civil. Solo a través de un compromiso real con el fortalecimiento institucional, y no con la exaltación de líderes providenciales, podrá México comenzar a desmantelar las estructuras profundas de corrupción e impunidad que continúan obstaculizando su desarrollo y minando la confianza en su democracia.
