Comandante H: El plan maestro corporativo para la captura de Tabasco

El caso de Hernán Bermúdez Requena (HBR), exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, revela una alarming dualidad: un alto funcionario señalado como líder de un sindicato criminal. Este informe profundiza en cómo su trayectoria pública se entrelazó con acusaciones de comandar el crimen organizado y utilizar recursos estatales para expandir una empresa ilícita.

Las dos caras del mando: servidor público y presunto líder de sindicato

La figura de Hernán Bermúdez Requena encarna una dualidad que expone los desafíos más profundos del estado de derecho en México. Por un lado, se presenta como un funcionario de carrera, un veterano de las estructuras de seguridad de Tabasco con una trayectoria que abarca décadas y múltiples administraciones. Por otro, emerge una identidad clandestina, la del “Comandante H”, el presunto cerebro de una organización criminal que operaba bajo la protección del mismo aparato que él dirigía. Analizar esta doble faceta es fundamental para comprender la mecánica de la captura del Estado desde dentro.

Una carrera forjada en el poder

La influencia de Hernán Bermúdez Requena no fue un fenómeno repentino, sino el resultado de una larga y metódica inserción en los círculos de poder de Tabasco, demostrando una notable capacidad para navegar entre diferentes administraciones políticas y consolidar su posición en áreas críticas para la seguridad y la justicia.

Primeros años y alianzas políticas La carrera de HBR en el sector público de Tabasco se remonta a la década de 1990, estableciéndolo como una figura perenne y bien conectada. Su trayectoria está marcada por su servicio bajo gobernadores de distintos partidos, principalmente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Un puesto clave en su ascenso fue el de Director del Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco (CRESET), que ocupó entre 1995 y 1997 durante la controvertida gubernatura de Roberto Madrazo Pintado (1995-2000). Este cargo le otorgó un control directo sobre la población penitenciaria y, por extensión, acceso y potencial influencia sobre las redes criminales que operan desde las prisiones. Su carrera continuó con roles como Subsecretario de Prevención, Readaptación Social y Protección Civil de 2001 a 2005, consolidando su experiencia en todo el espectro de la seguridad pública. Esta longevidad en el poder, sirviendo a gobernadores como Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado y Manuel Andrade Díaz, demuestra su habilidad para forjar alianzas políticas duraderas que trascendían los ciclos electorales.

Ascenso a secretario de seguridad El cénit de su carrera pública llegó en 2019, bajo la administración de Morena. Primero fue nombrado Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado. Poco después, el 11 de diciembre de 2019, el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández lo designó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco. Este nombramiento es un punto de inflexión crítico en el caso, ya que, según revelaciones posteriores, la inteligencia militar ya había generado informes que vinculaban a HBR con actividades criminales en noviembre de 2019, un mes antes de que se le confiara el control de toda la seguridad del estado. A pesar de estas advertencias tempranas, fue ratificado en su cargo incluso por el gobernador interino, Carlos Manuel Merino, quien sucedió a Adán Augusto López cuando este se incorporó al gabinete federal.

Gestión y renuncia Durante su gestión, HBR negó públicamente la presencia de cárteles establecidos en Tabasco, minimizando la actividad del crimen organizado a simples “bandas”. Esta narrativa contrasta fuertemente con los informes de inteligencia que lo señalaban a él mismo como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su permanencia en el cargo se volvió insostenible a finales de 2023 y principios de 2024. Una ola de violencia extrema azotó Villahermosa, con incendios de tiendas y vehículos y asaltos masivos. Notablemente, la propia residencia de Bermúdez fue atacada por un comando armado en diciembre de 2023. En medio de este caos, que muchos analistas interpretan como el colapso de los pactos de poder criminal, HBR presentó su renuncia el 5 de enero de 2024, marcando el fin de su fachada como servidor público.

La identidad del ‘Comandante H’

Paralelamente a su carrera pública, las agencias de inteligencia mexicanas construían un perfil muy diferente de Hernán Bermúdez Requena. La filtración masiva de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), conocida como “Guacamaya Leaks”, fue el catalizador que expuso esta identidad clandestina al escrutinio público.

La revelación de los Guacamaya Leaks Los documentos hackeados a la SEDENA revelaron que, para las agencias de inteligencia militar, HBR era conocido como el “Comandante H“, el presunto líder de la organización criminal “La Barredora”. Esta acusación no era una mera sospecha; estaba respaldada por organigramas detallados elaborados por el ejército. Un esquema de inteligencia fechado el 1 de febrero de 2022, por ejemplo, sitúa explícitamente a Hernán Bermúdez Requena, con nombre, apellido y fotografía, en la cúspide de la estructura delictiva. Estos documentos, que datan de 2019 a 2022, describen a “La Barredora” como una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al robo de combustible, la extorsión y el tráfico de migrantes y drogas.

Cargos oficiales y estatus de prófugo Lo que comenzó como filtraciones de inteligencia se materializó en acciones legales formales a principios de 2025. En febrero de ese año, se emitió una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Para entonces, HBR ya había huido del país, con registros que indican su salida el 26 de enero de 2025. Consecuentemente, las autoridades mexicanas solicitaron y obtuvieron una Ficha Roja de Interpol, convirtiéndolo en un fugitivo buscado internacionalmente en más de 190 países. Aunque su paradero exacto es desconocido, informes de inteligencia militar y declaraciones periodísticas han sugerido que su última ubicación conocida podría ser Brasil. También han circulado rumores no confirmados sobre su posible muerte durante un intento de fuga desde Panamá, aunque las autoridades no han verificado esta información.

La trayectoria de HBR demuestra una peligrosa simbiosis. Sus cargos públicos no eran simplemente una fachada para sus actividades criminales; eran el motor de su poder. Como Director de Prisiones, tuvo acceso a redes criminales. Como jefe de la Policía de Investigación, pudo dirigir o desviar investigaciones. Como Secretario de Seguridad, tuvo el control total del aparato de fuerza estatal, lo que le habría permitido ofrecer protección a las operaciones de su sindicato, como las rutas de huachicol, y presuntamente eliminar a rivales, como se alega en la investigación del asesinato de un líder criminal apodado “Kalimba”. Este no es el perfil de un criminal que se infiltra en el gobierno, sino el de un alto funcionario estatal que utiliza su autoridad legal para construir y comandar un imperio criminal. Su poder público y su poder criminal no eran entidades separadas, sino que se alimentaban y reforzaban mutuamente

El plan maestro corporativo para la captura del Estado

Más allá de la violencia y la corrupción directa, el caso de Hernán Bermúdez Requena revela una faceta más sofisticada y estratégica de la criminalidad de cuello blanco: el uso de estructuras corporativas como herramientas para la captura del Estado. La creación de empresas con objetivos ambiciosos, perfectamente alineados con los sectores económicos más lucrativos del gobierno, no fue un acto casual, sino un plan a largo plazo para crear vehículos que pudieran canalizar fondos públicos, lavar dinero y consolidar una fachada de legitimidad empresarial.

Grupo Maber, S.A. de C.V.: un instrumento para explotar al Estado

La pieza central de la estrategia empresarial de Bermúdez es Grupo Maber, S.A. de C.V., una empresa cuya concepción y objetivos delatan una clara intención de interactuar directamente con el erario público.

Génesis corporativa Según consta en el Registro Público de Comercio de Tabasco, Grupo Maber, S.A. de C.V. fue constituida en febrero de 2004. La fecha de su creación es significativa: HBR estableció este vehículo empresarial 15 años antes de alcanzar la cúspide de su poder como Secretario de Seguridad. Esta antelación le confiere a la empresa un barniz de legitimidad, evitando la apariencia de ser una firma creada apresuradamente para aprovechar una posición de poder recién adquirida.

Accionariado y control El acta constitutiva de la empresa, número 5694, detalla una estructura de control familiar hermética, un rasgo común en entidades diseñadas para fines ilícitos o para mantener un control estricto sobre las operaciones. Se crearon 100 acciones, repartidas en partes iguales: 50% para Hernán Bermúdez Requena y 50% para su hermana, Elba Guadalupe Bermúdez Requena. Esta estructura 50/50 asegura que ninguna decisión importante pueda tomarse sin el consentimiento de ambos, manteniendo el control absoluto dentro del núcleo familiar.Objetivos ambiciosos y estratégicos El objeto social de Grupo Maber es extraordinariamente amplio y diversificado, pero con un enfoque inequívoco en los sectores de mayor gasto público en México. Los objetivos declarados en su acta constitutiva incluyen, entre otros:

• Participar en licitaciones de obras públicas con dependencias federales y estatales, nombrando específicamente a Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
• Prestar servicios altamente especializados en el sector de hidrocarburos, como la perforación de pozos, la construcción y mantenimiento de ductos y plataformas, y la operación de plantas de tratamiento para petróleo y sus derivados.
• Realizar todo tipo de obras de construcción civil, hidráulica, electromecánica y portuaria, así como el desarrollo y la administración de bienes inmuebles.
• La compraventa de materiales como polímeros, aditivos y asfalto, y la explotación de bancos de grava y arena.

Esta lista no es aleatoria. Está perfectamente diseñada para un estado como Tabasco, cuyo motor económico es la industria petrolera y que es receptor de importantes inversiones en infraestructura. La empresa fue creada para ser un contratista ideal del Estado.

Rager, S.A. de C.V.: una incursión anterior

Para establecer un patrón de comportamiento, es relevante notar que Grupo Maber no fue la primera incursión empresarial de HBR. El 18 de marzo de 1987, cofundó Rager, S.A. de C.V. junto a sus tres hermanos. Esta empresa también se centró en el sector de la construcción, con objetivos que incluían la construcción de carreteras, redes de energía eléctrica y agua potable, puentes y ductos. HBR se desvinculó formalmente de esta empresa el 7 de mayo de 1993, al vender sus acciones a su hermano Humberto. Esta experiencia temprana demuestra su familiaridad, desde hace décadas, con el uso de estructuras corporativas familiares en el sector de la construcción y la obra pública.

La investigación contractual: un rastro de intención, no de acción pública

Una investigación sistemática en los portales de transparencia y contratación pública, incluyendo Compranet, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y los sitios web específicos de Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE e Infonavit, arroja un resultado sorprendente. A pesar de los objetivos explícitos de Grupo Maber y Rager, la búsqueda en los registros públicos disponibles no arrojó ningún contrato adjudicado directamente a “Grupo Maber, S.A. de C.V.” o “Rager, S.A. de C.V.” por parte de estas instituciones. De igual manera, no se encontraron contratos adjudicados a Hernán Bermúdez Requena o a su hermana Elba Guadalupe Bermúdez Requena como personas físicas.Perfil corporativo de las empresas vinculadas a Hernán Bermúdez Requena:

• Grupo Maber, S.A. de C.V.
• Fecha de fundación: Febrero 2004
• Accionistas conocidos: Hernán Bermúdez Requena (50%), Elba Guadalupe Bermúdez Requena (50%)
• Objetivos empresariales (resumen): Buscar contratos de obra pública con Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE, Infonavit; servicios de petróleo y gas; construcción general.
• Hallazgos y análisis contractual: No se encontraron contratos en portales públicos bajo este nombre. La empresa pudo ser un vehículo “durmiente”, utilizar empresas fachada o estar destinada a lavar las ganancias de otras actividades ilícitas.
• Rager, S.A. de C.V.
• Fecha de fundación: Marzo 1987
• Accionistas conocidos: Hernán Bermúdez Requena y tres hermanos
• Objetivos empresariales (resumen): Construcción de carreteras, viviendas, infraestructura pública (agua, alcantarillado, presas, ductos).
• Hallazgos y análisis contractual: No se encontraron contratos en portales públicos. HBR vendió sus acciones en 1993. Establece un patrón de empresas familiares.

La ausencia de contratos públicos directos no debe interpretarse como una falta de actividad o un fracaso empresarial. Por el contrario, sugiere una estrategia más opaca y sofisticada. Una empresa legalmente constituida es una herramienta fundamental para legitimar la riqueza obtenida ilícitamente. Grupo Maber, creada con tanta antelación, podría haber funcionado de varias maneras: como subcontratista de empresas legítimas que sí ganaban las licitaciones, ocultando así su participación de los portales de transparencia; como un vehículo “durmiente”, listo para ser activado para competir por contratos utilizando la información privilegiada que HBR obtendría como Secretario de Seguridad; o, el escenario más probable, como un canal para lavar las vastas ganancias generadas por la verdadera empresa criminal: el huachicol y la extorsión. En este esquema, la ambición corporativa de Grupo Maber no era el negocio en sí, sino la cubierta legal para la realidad delictiva. Era un activo estratégico, no solo una empresa.

Anatomía de un sindicato: dentro de “La Barredora”

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La organización criminal conocida como “La Barredora” no es una pandilla callejera común. Según los informes de inteligencia y las investigaciones periodísticas, se trata de una estructura híbrida, una amalgama de crimen organizado tradicional y poder político estatal. Su análisis revela un modus operandi diseñado para parasitar las arterias económicas del estado de Tabasco y, eventualmente, de los megaproyectos federales, todo bajo la presunta dirección de quien debía combatirla.

Estructura y afiliación

“La Barredora” es identificada por las autoridades como una célula local o brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas de México. Esta afiliación le proporciona respaldo, acceso a redes más amplias y una reputación temible.

Sin embargo, lo que distingue a “La Barredora” de Tabasco es su presunto origen. El analista de seguridad Óscar Balmen ha señalado que, a diferencia de los cárteles tradicionales liderados por narcotraficantes que ascienden en el hampa, esta organización fue presuntamente fundada y comandada por un grupo de políticos y funcionarios del ámbito de la seguridad. Esto la convierte en una entidad político-criminal por diseño, donde la línea entre el Estado y el anti-Estado se disuelve por completo.

La jerarquía de la organización refleja esta fusión. En la cima, los organigramas de la SEDENA colocan al “Comandante H”, Hernán Bermúdez Requena. Bajo su mando, operaban figuras de ambos mundos. Por ejemplo, Carlos Tomás “N”, un abogado que asesoraba a HBR, fue detenido y señalado como uno de los tres líderes operativos, encargado de las extorsiones y el tráfico de personas y drogas en Villahermosa mientras Bermúdez aún era secretario. Otro líder operativo clave, Edson Aldair Zavala Alcocer, alias “El Guasón”, fue capturado en marzo de 2025, debilitando temporalmente la estructura, aunque se advirtió de su rápida capacidad de reorganización. Otros altos mandos policiales, como el comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo, también fueron señalados en los informes de inteligencia como parte de la red de protección.

Modus operandi: parasitando las arterias económicas del Estado

El portafolio criminal de “La Barredora” era diversificado, pero se centraba en actividades de alto rendimiento que se beneficiaban directamente de la protección oficial.

• Huachicol (Robo de Combustible): Esta era una de las principales fuentes de ingresos. La ubicación estratégica de Tabasco, corazón de la industria petrolera mexicana, la hacía ideal para esta actividad. Informes de inteligencia revelan que el grupo estaba involucrado en el robo de combustible no solo de ductos, sino directamente de los barcos que atracaban en el Puerto de Dos Bocas, el mismo lugar donde se construyó la Refinería Olmeca, uno de los proyectos energéticos insignia del gobierno federal. La ironía es flagrante: las fuerzas de seguridad bajo el mando de HBR eran las responsables teóricas de proteger esta infraestructura crítica.
• Extorsión, Tráfico y Narcóticos: Además del huachicol, el sindicato se dedicaba a un conjunto de delitos que requieren control territorial y aquiescencia de las autoridades: extorsión a negocios, tráfico de migrantes a través de una ruta clave hacia el norte, y distribución de drogas a nivel local (narcomenudeo). La posición de HBR como jefe de la seguridad estatal le habría proporcionado la capacidad de garantizar que estas operaciones se llevaran a cabo sin interferencia policial, o incluso con su apoyo activo.

Explotando megaproyectos nacionales: el caso de estudio del Tren Maya

La ambición de “La Barredora” no se limitaba a Tabasco. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), basada en conversaciones interceptadas por la SEDENA, reveló un plan sofisticado para infiltrarse y beneficiarse del Tren Maya, el proyecto de infraestructura más importante del gobierno federal.

• La Cadena de Suministro de Huachicol: Los informes de inteligencia detallan planes concretos del grupo para convertirse en proveedor de combustible para las obras. El objetivo era suministrar hasta 180,000 litros de diésel robado semanalmente para la construcción del tren en el tramo de Campeche. Las conversaciones interceptadas incluyen negociaciones sobre precios (un operador ofrecía diésel de Dos Bocas a 16.50 pesos el litro, sin factura) y logística para la distribución.
• El Esquema de Arrendamiento de Terrenos: El grupo también buscaba beneficiarse mediante el arrendamiento de tierras al gobierno federal. Un plan detallado en los informes militares de 2022 revela una propuesta para rentar nueve hectáreas de terreno en Quintana Roo, propiedad de la exesposa de un miembro del grupo, para el proyecto del Tren Maya. El precio pactado era exorbitante: 700,000 pesos mexicanos al mes por cada hectárea, lo que habría generado ingresos masivos para la organización.
• El vínculo del Nepotismo: La pieza que conecta directamente la red criminal de HBR con el megaproyecto federal es su sobrino, Raúl Bermúdez Arreola. Él se desempeñaba como coordinador de Fonatur (la agencia gubernamental entonces a cargo del proyecto) para los Tramos 4 y 5 del Tren Maya, precisamente las áreas donde se planeaban estas actividades ilícitas. Bermúdez Arreola, conocido como “Lord Fonatur”, fue finalmente destituido de su cargo por acusaciones de corrupción. Este vínculo familiar es la evidencia más clara de cómo el nepotismo se utilizó como un puente para que la empresa criminal se infiltrara en un proyecto de seguridad nacional.
• Apuntando a la Cima: La audacia del grupo era tal que incluso contemplaban contactar a los más altos responsables del proyecto. Una conversación interceptada menciona que, para facilitar sus esquemas, tendrían que buscar una reunión con Javier May Rodríguez, quien en ese momento era el director general de Fonatur y el máximo responsable del Tren Maya.

Este esquema revela una evolución en la relación Estado-crimen. “La Barredora” no se comportaba como un simple parásito que extorsionaba al proyecto desde fuera. Buscaba una simbiosis, integrándose en su cadena de valor como un proveedor clave y un socio comercial. Aprovechando el poder oficial (protección), el conocimiento interno (necesidades del proyecto) y el nepotismo (un familiar en un puesto clave), la organización criminal intentó convertir el gasto público masivo del Estado en un motor directo para su propio enriquecimiento. Este modelo de “keynesianismo criminal” desdibuja por completo las fronteras entre el desarrollo económico y el crimen organizado.

El nexo de la impunidad: política, inteligencia y evasión

El caso de Hernán Bermúdez Requena no puede entenderse únicamente a través de sus presuntas acciones criminales o sus empresas. Su capacidad para operar durante años en la cúspide del poder de Tabasco solo fue posible gracias a un complejo entramado de protección política, fallas de inteligencia y una calculada estrategia de evasión legal. Este nexo de impunidad es quizás el aspecto más alarmante del caso, ya que apunta a fallas sistémicas que van mucho más allá de un solo individuo.

La cuestión de Adán Augusto López: ¿complicidad o incompetencia?

Como el funcionario que nombró y mantuvo a HBR en el cargo de Secretario de Seguridad, el exgobernador y actual senador Adán Augusto López Hernández (AAL) se encuentra en el epicentro de la tormenta política. Las narrativas en torno a su papel son diametralmente opuestas.

Por un lado, AAL y sus aliados políticos han construido una defensa basada en la negación y la victimización. López Hernández ha declarado públicamente que nunca sospechó de los vínculos criminales de Bermúdez, afirmando que “si hubiese sospechado, inmediatamente lo separamos del cargo”. Su defensa se apoya en dos pilares: primero, que las cifras de delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, disminuyeron durante su mandato con HBR al frente de la seguridad; y segundo, que todo el escándalo es “politiquería”, un ataque político orquestado por sus adversarios.

Por otro lado, críticos y opositores han trazado un paralelismo directo e inevitable con el caso de Genaro García Luna y el expresidente Felipe Calderón, argumentando que es inverosímil que un gobernador no estuviera al tanto de las actividades de su jefe de seguridad, especialmente cuando la inteligencia militar sí lo estaba. La pregunta que resuena en la opinión pública es: ¿cómo pudo el gobernador, que presidía diariamente las mesas de seguridad, no saber lo que los informes de la SEDENA detallaban con precisión?

El escándalo ha provocado fisuras dentro del propio partido gobernante, Morena. Mientras la dirigencia nacional y el grupo parlamentario en el Senado han cerrado filas en torno a AAL, descartando investigaciones en su contra y calificando las acusaciones de “linchamiento mediático”, otras voces internas han sido más críticas. Notablemente, José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador y funcionario en Tabasco, declaró que el Caso Bermúdez haría salir “toda la pudrición”, una clara señal de las tensiones y luchas de poder internas en el estado.

La paradoja de la inteligencia: riesgo conocido, inacción deliberada

El aspecto más crítico y sistémico del caso es la flagrante discrepancia entre lo que sabían las agencias de inteligencia y cuándo actuaron las autoridades civiles. Esta brecha no puede explicarse como un simple retraso burocrático; apunta a una decisión política de ignorar o suprimir información de alto riesgo.La discrepancia cronológica La línea de tiempo es irrefutable y expone una falla fundamental en la cadena de mando y responsabilidad:

• Inteligencia de la SEDENA: Los informes militares que vinculaban a HBR con “La Barredora” y el CJNG datan de al menos noviembre de 2019. Estos informes no eran vagos; incluían detalles sobre sus operaciones y, posteriormente, organigramas completos que lo ubicaban como líder. Esta inteligencia, clasificada como “secreta”, fue presuntamente compartida con los más altos niveles del gobierno federal, incluyendo al entonces presidente López Obrador. A pesar de esta alerta temprana, HBR fue nombrado Secretario de Seguridad en diciembre de 2019 y permaneció en el cargo durante cuatro años.
• Investigación Oficial: En agudo contraste, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, declaró que la investigación formal contra Bermúdez no comenzó sino hasta noviembre de 2024. El detonante no fue la inteligencia militar acumulada durante años, sino las declaraciones públicas del nuevo gobernador de Tabasco, Javier May, quien acusó directamente a HBR de ser el jefe de “La Barredora”. La orden de aprehensión se giró tres meses después, en febrero de 2025.

Esta brecha de cuatro años entre el conocimiento del riesgo por parte del ejército y el inicio de una investigación formal por parte de las autoridades civiles es el núcleo de la impunidad en este caso. La existencia de inteligencia detallada y temprana demuestra que el gobierno estaba, o debería haber estado, plenamente consciente del peligro que representaba tener a HBR al mando de la seguridad de un estado estratégico. Su nombramiento, y especialmente su permanencia en el cargo, solo pueden explicarse como una decisión política de tolerar, ignorar o suprimir activamente esa información. Esto sugiere que la inteligencia en México puede ser utilizada no como una herramienta neutral para la aplicación de la ley, sino como una mercancía política, que se retiene o se despliega según las alianzas y los cálculos de poder del momento. La caída de HBR no se debió a un sistema de justicia funcional, sino a un cambio en el equilibrio político en Tabasco que hizo que su protección fuera insostenible.

Blindaje legal: amparos y secreto sancionado por el Estado

Incluso como prófugo, HBR ha continuado utilizando los mecanismos del Estado para protegerse. Su estrategia legal post-fuga es un claro intento de obstruir la justicia y ocultar la magnitud de sus presuntos crímenes.

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• El Amparo: Desde su escondite, HBR promovió un juicio de amparo ante un juez federal en Baja California, un estado lejano a los hechos. En abril de 2025, consiguió una suspensión provisional contra la orden de captura en su contra. Aunque este recurso legal no impide su detención por delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, como el secuestro, es una táctica dilatoria que le permite a su defensa sondear la fortaleza del caso de la fiscalía desde la distancia y ganar tiempo.
• La Declaración Clasificada: Quizás el acto más audaz de autoprotección es la clasificación de su declaración patrimonial. Tres meses después de su renuncia, el Comité de Transparencia de la SSPC de Tabasco, la misma secretaría que él dirigió, aprobó por unanimidad reservar su declaración patrimonial y de intereses por cinco años, hasta 2029. El argumento utilizado fue que la divulgación de la información representaba un “riesgo real, demostrable e identificable” para la vida del exfuncionario. Esta decisión, tomada cuando HBR ya era un prófugo de la justicia, es un acto de opacidad extrema y un abuso de las leyes de transparencia. En lugar de promover la rendición de cuentas, el aparato estatal fue utilizado para proteger activamente los secretos de un presunto líder criminal, impidiendo que el público conozca el origen y la magnitud de una riqueza que se sospecha es ilícita.

Conclusión: un caso de estudio en captura avanzada del Estado

El caso de Hernán Bermúdez Requena trasciende la narrativa convencional de la corrupción de un funcionario público. No se trata de un simple acto de soborno o de colusión pasiva. Lo que la evidencia acumulada describe es un fenómeno mucho más profundo y peligroso: un caso de libro de texto de captura avanzada del Estado. Este concepto se define por la infiltración y cooptación de las instituciones estatales hasta el punto en que estas no solo toleran, sino que activamente sirven a los intereses de una red criminal. El análisis de la trayectoria de HBR, las operaciones de “La Barredora” y la respuesta del sistema político revela las características definitorias de este estado avanzado de descomposición institucional.

• Liderazgo Directo, No Solo Colusión: La característica más distintiva de este caso es que el jefe de la seguridad estatal es señalado como el jefe directo de un sindicato criminal. Los organigramas de la SEDENA no lo muestran como un colaborador o un protector externo, sino como el “Comandante H”, la cabeza de la estructura. Esto elimina la distinción entre el funcionario corrupto y el líder criminal; ambos roles se fusionan en una sola persona, que utiliza el poder legítimo del Estado para ejercer el poder ilegítimo del crimen.
• Integración Institucional Sistémica: La empresa criminal de “La Barredora” no podría haber operado sin una integración profunda con el aparato de seguridad que HBR dirigía. El uso de la fuerza policial para proteger rutas de huachicol, la presunta eliminación de rivales y la capacidad de operar actividades de extorsión y tráfico a gran escala sin interferencia demuestran que las instituciones de seguridad no solo fueron neutralizadas, sino que se convirtieron en un instrumento activo de la organización delictiva.
• Integración Económica Parasitaria: El caso del Tren Maya ilustra una forma sofisticada de captura económica. La red criminal no se limitó a extorsionar al proyecto, sino que intentó posicionarse como un proveedor y socio estratégico, planeando venderle combustible robado y arrendarle terrenos a precios inflados. Este es un modelo en el que el crimen organizado se alimenta directamente del gasto público en megaproyectos, convirtiendo el desarrollo económico impulsado por el Estado en un motor para su propio enriquecimiento y expansión.
• Creación de Velos Corporativos: La fundación de Grupo Maber, S.A. de C.V. años antes de que HBR alcanzara su máximo poder demuestra una planificación criminal estratégica y a largo plazo. Estas empresas no son meras herramientas para un solo acto de corrupción, sino vehículos diseñados para lavar sistemáticamente los ingresos ilícitos y, potencialmente, para capturar contratos públicos, creando una fachada de legitimidad empresarial que oculta una realidad criminal.
• Escudo Político de Impunidad: La falla del sistema político para actuar durante cuatro años a pesar de la existencia de inteligencia militar creíble y detallada es la condición que permitió que toda la empresa criminal floreciera. Esta inacción prolongada, seguida por la protección política de figuras clave incluso después de que el escándalo se hiciera público, indica que la impunidad de HBR no fue un accidente, sino el resultado de un cálculo político. Esto revela una vulnerabilidad sistémica donde las lealtades políticas pesan más que la seguridad nacional y el estado de derecho.

En conjunto, estos elementos pintan el retrato de un ecosistema donde las fronteras entre el gobierno, los negocios y el crimen organizado se han borrado. El caso de Hernán Bermúdez Requena no es una anomalía, sino una advertencia de un modelo de gobernanza criminal que puede estar replicándose en otras regiones, representando uno de los riesgos más graves para la viabilidad del Estado mexicano.

Recomendaciones para mitigar el riesgo sistémico y la corrupción institucional

El análisis del caso de Hernán Bermúdez Requena expone graves vulnerabilidades sistémicas en los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en México. Para mitigar el riesgo de que surjan casos similares de captura avanzada del Estado, se proponen las siguientes recomendaciones, dirigidas a analistas de riesgo, legisladores y organizaciones de la sociedad civil.

• Fortalecer los Protocolos de Escrutinio y Conflicto de Intereses para Altos Cargos de Seguridad: Es imperativo establecer un proceso de investigación de antecedentes mucho más riguroso y vinculante para todos los nombramientos de alto nivel en seguridad (secretarios, fiscales, jefes de policía). Este proceso debe ser realizado por un organismo independiente y debe incluir:
• Una auditoría forense obligatoria de todas las entidades corporativas vinculadas al candidato, sus socios comerciales y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad, como se define en la legislación mexicana.
• La prohibición explícita de nombrar a individuos que tengan intereses directos o indirectos en empresas cuyo objeto social sea competir por contratos públicos en el mismo nivel de gobierno (estatal o federal) en el que ejercerán su función. Cualquier vínculo de este tipo debe ser una causa de descalificación automática.
• Implementar Auditorías Independientes y Continuas a las Cadenas de Suministro de Megaproyectos: Los grandes proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, deben estar sujetos a auditorías externas, independientes y continuas de toda su cadena de suministro. Estas auditorías deben tener un mandato específico para:
• Identificar y señalar empresas fachada (shell companies) o de reciente creación entre los proveedores y subcontratistas.
• Detectar patrones de nepotismo y vínculos entre los contratistas y Personas Políticamente Expuestas (PEP).
• Verificar la legitimidad de las fuentes de materiales clave, como el combustible, para prevenir la infiltración de productos ilícitos como el huachicol.
• Establecer Responsabilidad Legal por la Omisión Ante Advertencias de Inteligencia: Se deben impulsar reformas legales para crear consecuencias claras y severas para los altos funcionarios que ignoren advertencias de inteligencia.
• La legislación debe establecer la responsabilidad administrativa y potencialmente penal para gobernadores, secretarios de gabinete y otros altos mandos que, habiendo sido notificados por escrito por agencias de inteligencia (como SEDENA, SEMAR o el CNI) sobre actividades criminales de sus subordinados directos, no inicien una investigación formal o no los separen del cargo de manera preventiva. La “falta de sospecha” no puede seguir siendo una defensa viable ante la evidencia documentada.
• Reformar las Leyes de Transparencia para Prevenir el Abuso: Es crucial cerrar las lagunas legales que permiten a funcionarios prófugos o bajo investigación ocultar su patrimonio.
• Se debe modificar la Ley General de Transparencia para que el interés público en la rendición de cuentas prevalezca sobre dudosas reclamaciones de “riesgo de seguridad” hechas por o en nombre de funcionarios acusados de delitos graves.
• La ley debe estipular que la clasificación de una declaración patrimonial se revoque automáticamente en el momento en que un funcionario público se convierta en prófugo de la justicia o sea sujeto de una Ficha Roja de Interpol.
• Empoderar y Activar Proactivamente a la Inteligencia Financiera: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México debe tener el mandato y los recursos para actuar de manera proactiva, no solo reactiva.
• Se debe establecer como protocolo estándar que la UIF realice un análisis de riesgo financiero y corporativo de todos los individuos nombrados para puestos de alto nivel en seguridad y finanzas a nivel federal y estatal en el momento de su nombramiento. Este análisis debe incluir un mapeo de sus redes empresariales y las de sus familiares cercanos. El objetivo es identificar banderas rojas y potenciales conflictos de interés antes de que puedan materializarse en actos de corrupción a gran escala, en lugar de esperar a que estalle un escándalo.

Este caso, por lo tanto, no es solo la historia de un funcionario corrupto, sino un estudio de caso sobre cómo las estructuras del Estado pueden ser cooptadas y utilizadas para servir a una empresa criminal, planteando riesgos sistémicos para la seguridad, la economía y el estado de derecho en México. La interrogante persiste: ¿está México preparado para desmantelar estas complejas redes de captura del Estado?