El huachicol, más que un simple robo de combustible, se ha convertido en una patología compleja que revela profundas fisuras en el estado mexicano. Este crimen ha mutado de un delito tolerado a una operación transnacional sofisticada, ahora punto crítico en la relación entre México y estados unidos.
La génesis de un estado petrolero en la sombra
El ascenso del huachicol a la categoría de crisis nacional no fue una explosión súbita, sino el resultado predecible de décadas de decadencia institucional, negligencia estatal y oportunismo económico. Para comprender su magnitud actual, es imperativo analizar los elementos fundacionales que permitieron su crecimiento exponencial, demostrando que el fenómeno es un síntoma de males mucho más profundos arraigados en el tejido del estado mexicano.
De remanentes a ríos: orígenes culturales y económicos
La trayectoria del término “huachicol” es un reflejo de la evolución del delito, desde una práctica marginal hasta una industria criminal. Etimológicamente, se asocia con bebidas adulteradas y, posteriormente, con el sobrante de combustible en pipas de pemex. Finalmente, se consolidó para describir la gasolina robada directamente de los ductos, fusionando ambos significados. Otras teorías menos documentadas sugieren orígenes mayas, franceses o la práctica de “tlachiqueros”.
Esta evolución lingüística refleja una normalización cultural del delito. Al no ser denominado directamente como “robo”, su gravedad fue minimizada por años. Esta percepción permitió que una práctica que existió de forma “pacífica e ilegal” durante más de 25 años creciera sin una respuesta contundente. Inicialmente, era un delito de oportunidad, con pequeños grupos distribuyendo combustible barato en sus comunidades, ganando apoyo popular.
El punto de inflexión técnico fue la aparición de los “tuberos”. Estos individuos poseían el conocimiento especializado para perforar poliductos de alta presión de pemex, marcando el paso de un robo artesanal a una extracción directa y a gran escala.
El núcleo corrupto: Pemex como fuente de su propia ruina
La escala masiva del robo de combustible habría sido imposible sin una red de complicidad profunda y sistémica dentro de petróleos mexicanos (Pemex). El propio presidente andrés manuel lópez obrador reconoció que se gestó “un sistema paralelo en pemex, con distribución y venta de combustibles”. Los “huachicoleros de cuello blanco” —funcionarios, ingenieros y líderes sindicales— eran los arquitectos de esta empresa.
Esta red de corrupción era el motor del huachicol, proporcionando información crítica: horarios de bombeo, niveles de presión y planos de la red. La periodista ana lilia pérez afirmó que el 80% del huachicol se origina dentro de la propia empresa. Ingenieros de pemex cobraban hasta 250,000 pesos por facilitar una sola toma clandestina.
La complicidad se extendía a todos los niveles de gobierno y cuerpos de seguridad, creando un entorno de bajo riesgo para los delincuentes. Antes de la entrada de grandes cárteles, este saqueo interno ya representaba pérdidas para el estado mexicano estimadas en 60,000 millones de pesos anuales en 2018, equivalentes a unos 3,000 millones de dólares. Los cárteles no crearon el mercado; lo consolidaron y escalaron.
El contrato social del crimen: pobreza y colusión comunitaria
El florecimiento del huachicol también tiene raíces sociales y económicas. En regiones marcadas por la pobreza, el robo de combustible se convirtió en una alternativa económica viable. El “triángulo rojo” en puebla, con municipios como tepeaca y quecholac, es el caso más emblemático, donde la ausencia del estado fue reemplazada por la economía ilícita.
Los grupos criminales explotaron esta vulnerabilidad, utilizando a la gente como escudo y mano de obra barata, lo que condujo a la “normalización de la criminalidad”. Familias enteras se involucraron en la cadena de valor del combustible robado. Se establecieron puntos de reventa fijos, dificultando la intervención de las fuerzas del orden.
Esta simbiosis dio origen a una subcultura, la “nación huachicol”, con sus propios códigos e íconos, como “el santo niño huachicolero”. Esta profunda imbricación cultural demuestra que el huachicol es un síntoma de un contrato social roto, donde el estado ha fallado en proveer seguridad y oportunidades.
El huachicol ha pasado por una metamorfosis en cuatro fases:
- Fase 1. Folclórica/delito menor (c. 1990s – principios 2000s): Choferes de pemex e individuos locales robaban remanentes o adulteraban. Era local, de bajo volumen, y percibido como un fraude menor.
- Fase 2. Sistémica/”cuello blanco” (c. principios 2000s – 2010): Funcionarios corruptos de pemex y “tuberos” realizaban perforaciones organizadas y desvíos internos. Era regional, de volumen creciente, y la corrupción interna de pemex era el motor principal.
- Fase 3. Cártel/industrial (c. 2010 – 2018): Grandes cárteles como los zetas y el cjng, junto con pandillas locales, realizaron tomas clandestinas a escala industrial. Se caracterizó por guerra territorial, violencia extrema y cooptación comunitaria, transformándose en una amenaza de seguridad nacional.
- Fase 4. Transnacional/fiscal (c. 2019 – presente): Redes criminales transnacionales y empresas fachada en estados unidos se enfocan en el “huachicol fiscal” (evasión de impuestos en importaciones) y contrabando de crudo. Es transnacional, de alto valor, y con esquemas financieros complejos.
La toma de control por los cárteles y la industrialización de la violencia
Alrededor de 2010, el huachicol dejó de ser un negocio dominado por redes de corrupción interna para convertirse en un campo de batalla estratégico para las organizaciones criminales más poderosas de México. Esta transición magnificó la escala del robo e importó la lógica de la guerra del narcotráfico: control territorial, violencia extrema y ambición expansiva transfronteriza.
Un nuevo portafolio para el crimen organizado
La intensificación de la “guerra contra las drogas” de felipe calderón obligó a los cárteles a diversificar sus ingresos. Se expandieron al huachicol, que se reveló como una de sus empresas más rentables. El huachicol ofrecía ventajas estratégicas: el mercado era doméstico y masivo, y el producto robado podía camuflarse fácilmente en la cadena de suministro legal.
Para grupos como los zetas y el cártel jalisco nueva generación (cjng), el huachicol se convirtió en un pilar financiero. Un miembro de los zetas afirmó en 2018 que era “aproximadamente tan rentable como las drogas”. Para el cjng, fue su segunda fuente de ingresos más importante.
La entrada de estos actores transformó el negocio. Los cárteles buscaron monopolizarlo, libraron guerras sangrientas por el control de ductos e industrializaron la extracción y la violencia. Estados con infraestructura de pemex, como guanajuato y puebla, vieron sus tasas de homicidio dispararse. En guanajuato, los asesinatos anuales se duplicaron entre 2010 y 2015, y de nuevo en los siguientes cinco años, alcanzando 4,967 homicidios en 2020.
El infierno de tlahuelilpan: un caso de estudio de la catástrofe
El 18 de enero de 2019, una perforación clandestina en tlahuelilpan, hidalgo, provocó la explosión de un ducto de gasolina. La tragedia dejó un saldo final de 137 personas muertas y decenas de heridos graves.
Tlahuelilpan encapsuló todas las facetas del fenómeno: la toma clandestina del crimen organizado, la vulnerabilidad social y la normalización del delito que llevó a cientos de pobladores al lugar, y el dilema del estado. El ejército mexicano, presente antes de la explosión, no intervino directamente contra la multitud para evitar una confrontación violenta. Esta inacción, aunque comprensible, fue criticada.
Paradójicamente, la catástrofe se convirtió en un activo político para la administración de lópez obrador, cuya “guerra contra el huachicol” había causado un severo desabasto. La explosión cambió la narrativa pública del desabasto al peligro mortal, proveyendo al gobierno una justificación moral inexpugnable. Años después, la región de hidalgo sigue siendo el epicentro nacional del robo de combustible, y no se han fincado responsabilidades penales contra funcionarios de pemex.
El salto transnacional: el huachicol fiscal y la conexión estadounidense
Mientras la atención se centraba en las tomas clandestinas, el crimen organizado se diversificaba hacia modalidades más sofisticadas. El huachicol evolucionó de un robo físico a un complejo fraude transnacional con dos vertientes:
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- Robo de crudo y condensados: directamente de pozos de pemex, especialmente en la cuenca de burgos. Este producto es transportado a estados unidos (texas) con documentación falsificada, vendido a refinerías o intermediarios, y blanqueado. Esto destapó una red binacional que involucra a cárteles mexicanos y empresarios estadounidenses.
- “Huachicol fiscal”: la importación legal de combustibles desde estados unidos a México, declarando volúmenes menores o usando documentos apócrifos para evadir el impuesto especial sobre producción y servicios (ieps) y el impuesto al valor agregado (iva). Este combustible de contrabando se vende en gasolineras mexicanas, generando competencia desleal y un quebranto masivo al fisco. Las pérdidas por este concepto superan los 809 mil millones de pesos entre 2018 y 2024.
La embajada de estados unidos en México describió una versión híbrida: cárteles roban crudo en México, lo contrabandean a texas para refinarlo, y luego lo reimportan a México como combustible legal con documentación falsa.
Esta metamorfosis del delito implica que el huachicol ha pasado de ser un problema de seguridad física a uno de inteligencia financiera, aduanera y fiscal. Estrategias basadas en el despliegue de soldados resultan obsoletas para combatir las formas más rentables y sofisticadas del crimen. La lucha se ha trasladado a los sistemas del servicio de administración tributaria (sat), aduanas fronterizas y redes de lavado de dinero binacionales.
La apuesta del estado: evaluación de la “guerra contra el huachicol”
Al asumir la presidencia en diciembre de 2018, andrés manuel lópez obrador identificó el combate al huachicol como estandarte de su lucha contra la corrupción. La estrategia fue audaz y de alto impacto mediático. Sin embargo, un análisis riguroso de sus resultados revela un legado más complejo y ambiguo que el de una simple “erradicación”.
Cerrando las llaves: la estrategia de choque de AMLO
El 27 de diciembre de 2018, el gobierno federal lanzó el “plan conjunto de atención a instalaciones estratégicas de pemex”. La pieza central fue cerrar el flujo de los principales poliductos, la principal vía del robo a gran escala. El transporte se sustituyó por autotanques (pipas). Simultáneamente, miles de elementos del ejército y la marina se desplegaron para resguardar 58 instalaciones clave de pemex.
Políticamente, la medida simbolizó una ruptura con la pasividad pasada, proyectando la imagen de un gobierno decidido a atacar la corrupción. Sin embargo, el costo inmediato fue un caos generalizado, con un severo desabasto de gasolina y diésel en al menos diez estados. El gobierno enmarcó esta crisis como un sacrificio necesario.
Parte de la estrategia fue la persecución del “huachicol de cuello blanco”. Se congelaron cuentas bancarias y se iniciaron investigaciones contra figuras de alto perfil, como el general brigadier eduardo león trauwitz, ex jefe de la subdirección de salvaguardia estratégica de pemex.
Un legado disputado: deconstruyendo la narrativa de erradicación
La administración de lópez obrador ha defendido el éxito de su estrategia, reportando una drástica reducción del volumen de combustible robado: de 80,000 barriles a solo 5,600 diarios, y en los primeros meses, a 4,000. Esto se tradujo en una narrativa oficial de reducción del robo en más del 90%. En términos financieros, los ahorros pregonados fueron de 12 mil millones de pesos para abril de 2019, ascendiendo a 231 mil millones a mediados de sexenio y a 337 mil millones de pesos para 2024.
Sin embargo, un análisis más profundo revela una realidad matizada. El número de tomas clandestinas detectadas entre enero de 2019 y enero de 2024 fue de 65,294, 21,696 más que en el sexenio anterior. De hecho, 2023 registró casi 15,000, el mayor número en la historia reciente. Esto sugiere que el delito se fragmentó y dispersó.
La persistencia del problema es innegable. Datos de 2024 indican una toma clandestina cada 50 minutos, con pérdidas económicas significativas de más de 20 mil millones de pesos solo en 2024, sin contar el “huachicol fiscal”. Geográficamente, la estrategia provocó un “efecto globo”: la presión en puebla hinchó el problema en hidalgo, que se consolidó como epicentro nacional, y en estados como jalisco y tamaulipas. La estrategia desarticuló una modalidad, pero no desmanteló la empresa criminal en su totalidad.
En resumen, la estrategia de lópez obrador mostró una reducción inicial significativa en el volumen de combustible robado, aunque las cifras del 90% son disputadas y no se sostuvieron, persistiendo el robo a una escala considerable. Los ahorros financieros, aunque políticamente potentes, no incluyeron las masivas pérdidas por el huachicol fiscal (estimadas en 809 mil millones de pesos), ni el costo económico del desabasto inicial, ofreciendo un panorama incompleto. El número récord de tomas clandestinas (65,294) indicó que el delito se fragmentó y extendió geográficamente, desmintiendo la narrativa de erradicación. Un “efecto globo” fue evidente, con hidalgo consolidándose como el principal foco del huachicol.
La espada mellada de la justicia: reformas legales e impunidad
Paralelamente a la ofensiva operativa, el gobierno impulsó un endurecimiento del marco legal. En 2019, una reforma al artículo 19 constitucional catalogó el robo de hidrocarburos como “delito grave”, implicando prisión preventiva oficiosa. La ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos fue robustecida, estableciendo penas de hasta 30 años de prisión y sanciones para toda la cadena delictiva.
A pesar de este arsenal legislativo, su impacto en la contención del delito ha sido marginal, debido a la impunidad sistémica en el sistema de justicia. La tasa de impunidad para el huachicol se estima en casi el 90%. El presidente lópez obrador ha acusado a los jueces de liberar a presuntos huachicoleros. Las investigaciones se centran en eslabones bajos de la cadena criminal, mientras que las estructuras de mando y los “huachicoleros de cuello blanco” rara vez son alcanzados.
La ley establece una presunción legal de que todo hidrocarburo sin documentación es propiedad de la nación, invirtiendo la carga de la prueba. Aunque la suprema corte de justicia de la nación ha validado esta disposición, evidencia que el sistema carece de capacidades para construir casos sólidos contra redes complejas. Endurecer las leyes es una solución de papel cuando las instituciones que deben aplicarlas son disfuncionales o corruptas.
El campo de batalla geopolítico: el huachicol en la era de Trump y Sheinbaum
El huachicol ha escalado para convertirse en un elemento central en la agenda bilateral entre México y estados unidos. Su persistencia y sofisticación, entrelazada con el narcotráfico y la violencia, lo ha posicionado como pieza clave en el tablero geopolítico, moldeando el discurso sobre seguridad, comercio y soberanía.
“Petrificados”: la narrativa de Trump sobre un México controlado por cárteles
Para donald trump, el crimen organizado en México (fentanilo y huachicol) es una herramienta retórica para construir su visión de México como un estado fallido o subordinado. Ha utilizado la violencia para afirmar que “México está gobernado en buena medida por los cárteles” y que sus autoridades están “petrificadas”.
Esta narrativa justifica políticas exteriores agresivas. Alimenta sus amenazas de seguridad unilaterales, como designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (fto), lo que abriría la puerta a operaciones directas de estados unidos. También ha sugerido acciones militares.
Trump vincula la seguridad con el comercio, amenazando con aranceles masivos (del 30% o más) a importaciones mexicanas como castigo. El huachicol, al afectar un sector económico vital y tener ramificaciones transfronterizas, se convierte en justificación tangible para esta coerción económica. La imagen de un país caótico refuerza su agenda de control fronterizo. La existencia del huachicol transnacional le proporciona un núcleo de verdad a su narrativa.
Un equilibrio entre soberanía y cooperación: la guerra heredada de Sheinbaum
La presidenta claudia sheinbaum ha heredado un frente de batalla complejo y ha prometido continuar la lucha contra el huachicol “hasta las últimas consecuencias”. Bajo su mandato, se han reportado operativos de inteligencia que han desarticulado redes criminales e incautado millones de litros de combustible ilegal.
El enfoque de sheinbaum señala una evolución estratégica del “músculo” al “cerebro”. Aunque la guardia nacional sigue vigilando la infraestructura de pemex, hay un énfasis creciente en atacar modalidades sofisticadas. Ha destacado la necesidad de sistemas de “trazabilidad” para seguir el rastro del combustible, y ha puesto el combate al “huachicol fiscal” en el centro de su agenda, reconociendo la necesidad de cooperación con agencias de estados unidos para desmantelar redes transfronterizas. Este giro busca atacar el crimen en su faceta financiera y regulatoria, yendo más allá de la estrategia de AMLO centrada en la seguridad física de los ductos.
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Esta postura coloca a sheinbaum en un delicado equilibrio diplomático. Debe colaborar activamente con estados unidos para obtener resultados tangibles, mostrando a México como un socio proactivo. Por otro lado, debe resistir la presión política y defender la soberanía nacional. Su respuesta a las acusaciones de trump es un llamado a la “cabeza fría” y a una relación basada en el respeto mutuo. Además, su gobierno ha adoptado una estrategia de corresponsabilidad, señalando el tráfico ilícito de armas de estados unidos a México que fortalece a los cárteles.
Finalmente, esta lucha está ligada a su proyecto de soberanía energética, buscando fortalecer financieramente a pemex para hacerla menos vulnerable a la corrupción interna, atacando así una de las causas raíz del huachicol.
Las posturas de donald trump y claudia sheinbaum contrastan en varios aspectos clave. Para trump, la narrativa central es que México es un estado fallido o controlado por cárteles, una amenaza directa a la seguridad de ee.uu. Su enfoque principal es la violencia de los cárteles y el flujo ilícito transfronterizo, proponiendo presión unilateral como aranceles o acción militar. Utiliza el comercio y la seguridad como palancas para forzar a México.
Por su parte, sheinbaum considera a México un socio soberano, viendo el huachicol como un desafío compartido que requiere cooperación basada en el respeto. Reconoce la violencia, pero pivota hacia el huachicol fiscal y el flujo de armas de ee.uu. a México, subrayando la corresponsabilidad. Propone cooperación bilateral, intercambio de inteligencia y fortalecimiento de instituciones mexicanas, apelando al marco legal del t-mec para contrarrestar amenazas comerciales.
Conclusión: el desafío perenne y la perspectiva estratégica
El análisis del huachicol en México revela una conclusión inequívoca: el huachicol no ha sido erradicado; ha evolucionado. La narrativa de su eliminación es una simplificación política que oculta una transformación más compleja y peligrosa. La presión estatal sobre la perforación masiva de ductos actuó como un acelerador evolutivo, forzando a la empresa criminal a mutar hacia formas más sofisticadas, sigilosas y difíciles de combatir, como el contrabando transnacional y el fraude fiscal a gran escala. El huachicol persiste como una industria de miles de millones de dólares, una fuente de financiamiento crucial para los cárteles más violentos del país y un catalizador de una corrupción que corroe las instituciones.
En el plano geopolítico, el tema se ha consolidado como un elemento central y volátil en la relación entre México y estados unidos. Para washington, el huachicol sirve como una prueba de la capacidad y voluntad del estado mexicano para controlar su territorio, convirtiéndose en una palanca de presión en las negociaciones sobre seguridad, comercio y migración. Para México, representa un desafío de doble filo: la necesidad de demostrar acción efectiva para apaciguar las preocupaciones de su vecino del norte, sin por ello ceder soberanía ni aceptar una agenda de seguridad impuesta desde el exterior. El éxito de la administración de claudia sheinbaum dependerá de su habilidad para navegar este tenso equilibrio, implementando una estrategia doméstica más inteligente y específica mientras gestiona la compleja dinámica bilateral.
Recomendaciones estratégicas
Para el gobierno de México:
- Priorizar la inteligencia financiera sobre la fuerza bruta: es imperativo pivotar el enfoque principal de una estrategia predominantemente militarizada hacia una liderada por la inteligencia financiera y aduanera. Los recursos deben dirigirse a desmantelar las redes de lavado de dinero, empresas fachada y esquemas de corrupción que posibilitan el “huachicol fiscal”.
- Implementar una reforma profunda y transparente en pemex: se requiere una reestructuración radical de la transparencia y los controles anticorrupción dentro de pemex. Esto debe incluir auditorías de estilo de vida para el personal clave y un sistema de supervisión independiente.
- Fortalecer capacidades judiciales especializadas: se deben invertir recursos en la creación y consolidación de unidades especializadas dentro de la fiscalía general de la república (fgr) y las fuerzas del orden, con capacidad técnica e integridad para investigar y procesar delitos financieros complejos y redes de corrupción de alto nivel.
- Invertir en el desarrollo comunitario para romper la dependencia: es crucial lanzar programas de desarrollo económico sostenibles y a largo plazo en las comunidades históricamente dependientes del huachicol, creando alternativas económicas legales y viables para reconstruir el contrato social.
Para la cooperación bilateral (México – estados unidos):
- Crear una fuerza de tarea binacional contra el “huachicol fiscal”: establecer un grupo de trabajo permanente y conjunto, enfocado exclusivamente en combatir el fraude fiscal y el contrabando de combustibles, integrando recursos del departamento del tesoro y seguridad nacional de ee.uu. con el sat y la unidad de inteligencia financiera (uif) de México.
- Atacar la infraestructura criminal en territorio estadounidense: las agencias de aplicación de la ley de estados unidos deben priorizar la investigación y el desmantelamiento de empresas, refinerías e individuos en su territorio que participan activamente en el procesamiento, transporte y blanqueo de los beneficios del combustible robado en México.
- Desvincular la cooperación técnica de la retórica política: ambos gobiernos deben esforzarse por aislar la cooperación técnica y de inteligencia de la volátil retórica política. El huachicol debe ser tratado como lo que es: una amenaza criminal transnacional compartida, cuya solución beneficia a ambos países y requiere un enfoque pragmático y despolitizado.
El huachicol, lejos de ser erradicado, ha mutado. ¿Podrá la próxima administración desmantelar esta “hidra” invisible que carcome las entrañas del estado y tensiona la relación bilateral con estados unidos?
