Informalidad en México: la paradoja económica del sexenio de AMLO 2018-2024

La informalidad en México persiste como el desafío estructural más complejo de su economía. Durante el sexenio 2018-2024, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador afrontó una paradoja: una proliferación sin precedentes de unidades económicas informales, mientras que la Tasa de Informalidad Laboral (TIL), que mide el porcentaje de trabajadores sin seguridad social, mostró una tendencia a la baja casi imperceptible.

Este informe se adentra en esta dualidad para ofrecer un diagnóstico exhaustivo y matizado. La tesis central es que, si bien ciertas políticas laborales lograron mejorar las condiciones de un núcleo de trabajadores formales, una combinación de factores —un crecimiento económico anémico, el profundo impacto de la pandemia de COVID-19 y la persistencia de barreras estructurales— empujó una porción significativa de la actividad económica hacia un modelo de autoempleo de subsistencia y microempresas de baja productividad.

Para desentrañar esta compleja dinámica, el análisis distingue rigurosamente entre dos métricas clave:

• Unidades Económicas Informales: Se refiere a los establecimientos y empresas que operan al margen de los registros fiscales y regulatorios, medidos principalmente a través de los Censos Económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
• Informalidad Laboral: Abarca a toda persona ocupada, ya sea en una empresa formal o informal, que carece de las prestaciones laborales que la ley estipula, como el acceso a la seguridad social. Este indicador se mide a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

El presente documento está estructurado para guiar al lector a través de las múltiples facetas de este fenómeno. La Parte I cuantifica las dos realidades de la informalidad, en los negocios y en el empleo. La Parte II explora las profundas fallas geográficas y sectoriales que definen el mapa de la informalidad en México. La Parte III analiza los principales motores de cambio durante el sexenio: las políticas públicas, el choque de la pandemia y el desempeño macroeconómico general. Finalmente, la Parte IV examina las causas estructurales y los costos sociales de la informalidad, para concluir con una serie de recomendaciones estratégicas de política pública orientadas a la próxima administración.Indicadores clave de la informalidad en México (2018-2024)

Indicador Clave de Informalidad	Valor en 2018	Valor en 2023-2024	Cambio
Porcentaje de Unidades Económicas Informales	62.6%	64.3%	▲ 1.7 p.p.
Tasa de Informalidad Laboral (TIL)	56.5% (T3 2018)	54.6% (T3 2024)	▼ 1.9 p.p.
Participación de la Economía Informal en el PIB	23.0% (aprox.)	24.8% (2023)	▲ 1.8 p.p.
Puestos de Trabajo Formales (IMSS)	20.5 millones (dic)	22.4 millones (ago)	▲ 1.9 millones
Población Ocupada Informal (ENOE)	31.3 millones (T4)	32.8 millones (nov)	▲ 1.5 millones

Una realidad dual: midiendo la informalidad en los negocios y el empleo

La expansión de las unidades económicas informales: un vuelco hacia la microempresa

El sexenio 2018-2024 fue testigo de un crecimiento significativo en el número de establecimientos económicos en México, pero este dinamismo estuvo impulsado de manera abrumadora por la informalidad. Los datos de los Censos Económicos 2024 del INEGI son contundentes: la proporción de unidades económicas informales dentro de los sectores privado y paraestatal aumentó de 62.6% en 2018 a 64.3% en 2023.

Este incremento de 1.7 puntos porcentuales se traduce en más de 500,000 negocios adicionales operando en la informalidad, un reflejo de que la estructura empresarial del país se inclinó aún más hacia la opacidad regulatoria y fiscal. En total, el número de unidades económicas en estos sectores pasó de 4.8 millones a casi 5.5 millones, un crecimiento absorbido casi en su totalidad por el sector informal.

Este fenómeno no fue homogéneo en todo el territorio. En estados como Aguascalientes, la proporción de negocios informales saltó de 49.9% a 53.2% en el mismo periodo. En otros, como Hidalgo, la situación es aún más crítica, con un 71.7% de sus unidades económicas operando en la informalidad en 2023.

El perfil de estas unidades económicas informales revela una realidad de precariedad y baja productividad. No se trata de un ecosistema de emprendimiento dinámico y pujante, sino de un archipiélago de microempresas de subsistencia. El contraste con el sector formal es abismal, como se detalla a continuación:Características de unidades formales vs. informales

Característica	Unidades Formales	Unidades Informales	Relación (Formal vs. Informal)
Personal Ocupado Promedio	11 personas	2 personas	5.5x
Remuneración Anual Promedio por Persona	178,000 pesos	68,000 pesos	2.6x
Activos Fijos Promedio por Persona	594,000 pesos	76,000 pesos	7.8x
Porcentaje que Obtuvo Financiamiento (2023)	Varía (mayor)	Varía (menor)	N/A
Aportación al Valor Agregado Total	96.4%	3.6%	26.8x

Como muestra la tabla, las empresas formales son, en promedio, 5.5 veces más grandes en personal, pagan 2.6 veces más y, crucialmente, dotan a sus trabajadores de casi 8 veces más capital (activos fijos) para producir. Esta brecha de capitalización es la raíz de la enorme disparidad en productividad: a pesar de constituir casi dos tercios de todos los establecimientos, el sector informal genera apenas un 3.6% del valor agregado del país.

Este ecosistema de informalidad empresarial no solo es poco productivo, sino también extremadamente vulnerable. El acceso al financiamiento, vital para el crecimiento, se deterioró entre 2018 y 2023. Solo el 10.8% del total de unidades económicas obtuvo algún tipo de crédito en 2023, una caída de 1.6 puntos porcentuales respecto a 2018, siendo las pequeñas y medianas empresas las más afectadas. Adicionalmente, los negocios enfrentan un entorno hostil, donde los principales obstáculos reportados son los altos costos de las materias primas (35.5%), la inseguridad pública (34.4%) y la baja demanda de sus productos o servicios (27.7%). La extorsión se consolidó como el delito más frecuente contra los negocios, agravando su fragilidad.

La explosión en el número de unidades informales no debe interpretarse como una señal de una cultura emprendedora vibrante, sino como un síntoma de lo que se puede denominar “emprendimiento de supervivencia“. La evidencia apunta a que este fenómeno es una respuesta directa a la debilidad del mercado laboral formal. Los datos de los Censos Económicos muestran que las nuevas unidades son diminutas, con un promedio de dos empleados, activos mínimos y salarios de subsistencia. Este no es el perfil de empresas innovadoras con potencial de crecimiento, sino el de individuos que, ante la falta de oportunidades de empleo formal —especialmente tras la masiva pérdida de empleos durante la pandemia—, se vieron forzados a crear su propio puesto de trabajo como última opción. La creación de 240,000 establecimientos en 2023, que emplearon a 400,000 personas (un promedio de 1.67 empleados por negocio), encaja perfectamente en este modelo de subsistencia.

Este panorama revela un círculo vicioso de baja productividad y desinversión. Las empresas informales carecen de activos significativos y tienen un acceso casi nulo al financiamiento. Sin capital, es imposible invertir en la tecnología, la maquinaria o la capacitación necesarias para aumentar la productividad. A su vez, su baja productividad se traduce en un valor agregado ínfimo, lo que les impide pagar salarios competitivos y las contribuciones a la seguridad social que exige la formalidad. Este ciclo las mantiene atrapadas en un estado de estancamiento, perpetuando su condición informal. El hecho de que el acceso al crédito haya empeorado durante el sexenio sugiere que este ciclo no solo persistió, sino que se intensificó.

La tasa de informalidad laboral: una historia de estancamiento y brechas estructurales

En contraste con la dinámica expansiva de los negocios informales, la Tasa de Informalidad Laboral (TIL) a nivel nacional —el indicador que mide a las personas ocupadas sin acceso a seguridad social— se caracterizó por un estancamiento y una preocupante desaceleración en su ritmo de mejora. A lo largo del sexenio, la tasa fluctuó obstinadamente por encima del 54%, sin lograr perforar de manera sostenida este piso histórico, lo que evidencia la incapacidad de las políticas implementadas para resolver uno de los problemas más arraigados de México.

Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestran esta inercia. En el tercer trimestre de 2024, la TIL se ubicó en 54.6%. Para el primer trimestre de 2025, la cifra fue de 54.3%, exactamente el mismo nivel que un año antes, en el primer trimestre de 2024. Datos más recientes, de mayo de 2025, muestran incluso un ligero repunte interanual, pasando de 54.4% a 54.9%. Esta volatilidad sin una dirección clara confirma un panorama de estancamiento.

Este resultado es aún más desalentador cuando se compara con el sexenio anterior. Un análisis del ITESO muestra que entre el primer trimestre de 2012 y el tercer trimestre de 2018, la informalidad laboral disminuyó a un ritmo promedio anual de 0.47 puntos porcentuales. En el periodo de 2018 a 2024, esta velocidad de reducción se frenó a solo 0.32 puntos porcentuales por año. Aunque la tendencia a la baja se mantuvo nominalmente, perdió un impulso significativo.Tasa de informalidad laboral (TIL) en México (2018-2025)

Año	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
2018	56.7%	56.6%	56.5%	56.7%
2019	56.6%	56.2%	56.0%	55.6%
2020	55.7%	51.8%	55.1%	55.6%
2021	55.2%	55.6%	55.6%	55.8%
2022	55.4%	55.6%	55.1%	54.8%
2023	55.1%	54.9%	54.3%	54.5%
2024	54.3%	54.4%	54.6%	54.5% (est.)
2025	54.3%	N/A	N/A	N/A

Detrás de la cifra nacional se esconden profundas y persistentes brechas demográficas y sociales. La informalidad no afecta a todos por igual; castiga con mayor dureza a los grupos más vulnerables:

• Brecha de Género: A lo largo de todo el sexenio, las mujeres presentaron tasas de informalidad consistentemente más altas que los hombres. En el primer trimestre de 2024, la brecha era de dos puntos porcentuales (55.6% para mujeres vs. 53.6% para hombres). Para el cuarto trimestre de 2024, la diferencia se mantenía en 1.2 puntos (55.2% vs. 54.0%). Esta disparidad está intrínsecamente ligada a la falta de un sistema nacional de cuidados, que impone a las mujeres una carga desproporcionada de trabajo no remunerado y las orilla a buscar empleos más flexibles, aunque estos sean precarios e informales.
• Brecha Educativa: El nivel de estudios es un factor determinante. La probabilidad de caer en la informalidad es dramáticamente mayor para quienes tienen menor escolaridad. Un análisis de 2024 encontró que una persona con primaria incompleta tiene más de cinco veces la probabilidad de estar en un empleo informal en comparación con alguien que posee un título universitario.
• Brecha Generacional: Los jóvenes enfrentan una entrada particularmente precaria al mundo laboral. Las personas de entre 14 y 24 años tienen casi 2.8 veces más probabilidades de encontrarse en la informalidad, lo que demuestra la fragilidad de sus primeras experiencias laborales.

Es crucial entender que la informalidad laboral no es un fenómeno monolítico. No se limita a los vendedores ambulantes o a las pequeñas tiendas de barrio. Datos del cuarto trimestre de 2024 revelan que, del 54.5% de la población ocupada en la informalidad, la mayor parte (28.6%) se encuentra, en efecto, en el “sector informal” (negocios no registrados). Sin embargo, una porción muy significativa (13.0%) corresponde a trabajadores que, aunque laboran para empresas formales, gobierno o instituciones, lo hacen sin un contrato que les garantice seguridad social. A esto se suma un 9% en el ámbito agropecuario y un 3.9% en trabajo doméstico remunerado. Esto demuestra que la informalidad es una práctica que permea toda la estructura económica del país.

El estancamiento de la Tasa de Informalidad Laboral, visto en conjunto con el crecimiento de las unidades económicas informales, sugiere un deterioro en la calidad general del empleo. La cifra agregada de la TIL puede estar ocultando una “precarización” del mercado laboral. Aunque la tasa general no empeoró drásticamente, la composición del empleo sí lo hizo. El crecimiento explosivo de las microempresas de subsistencia significa que más personas se encuentran en la forma más vulnerable de autoempleo, que a menudo es una condición peor que un trabajo asalariado, aunque este sea informal. La creación de empleos formales, por su parte, fue la más baja en un sexenio desde la administración de Vicente Fox, sin contar los años de crisis. Esto apunta a una polarización del mercado laboral: un sector formal protegido pero con una capacidad de absorción limitada, y un “precariado” en rápida expansión, compuesto por autoempleados de supervivencia. La leve disminución de la TIL se explica más por la modesta creación de empleos formales y factores demográficos que por una transformación estructural del mercado, y oculta la expansión de la modalidad más frágil de la informalidad.

Las fallas geográficas y sectoriales de la economía informal

Un cuento de dos méxicos: las persistentes disparidades regionales

La geografía de la informalidad en México dibuja un mapa de desigualdad profunda y arraigada, una fractura persistente entre un norte industrializado y más formalizado, y un sur donde la informalidad es la norma para la gran mayoría de la población trabajadora. Esta división estructural, lejos de atenuarse, permaneció prácticamente inalterada durante el sexenio 2018-2024, evidenciando que las políticas públicas de alcance nacional han sido insuficientes para modificar las distintas realidades económicas del país.

• El Sur Informal: Los estados del sur y sureste de México registran de manera crónica las tasas de informalidad laboral más elevadas. Oaxaca, Guerrero y Chiapas son los ejemplos más extremos, con tasas que consistentemente superan el 70% e incluso el 80%. Durante el segundo trimestre de 2024, la tasa en Oaxaca fue de 80.2%, en Guerrero de 77.3% y en Chiapas de 74.8%. En estas entidades, solo dos de cada diez trabajadores gozan de los derechos y la protección que otorga un empleo formal.
• El Norte Formal: En marcado contraste, los estados que conforman el corredor industrial del norte exhiben las tasas más bajas del país. En el tercer trimestre de 2024, Coahuila (34.6%), Nuevo León (34.9%), Baja California Sur (35.5%) y Chihuahua (35.9%) lideraban en formalidad laboral. Estas entidades, junto con Aguascalientes y Baja California, mantienen de forma sistemática tasas de informalidad por debajo del 40%, un nivel que, aunque todavía alto para estándares internacionales, contrasta dramáticamente con la realidad del sur.

Tasa de informalidad laboral (TIL) por entidad federativa (2018-2024)

Entidad Federativa	TIL (T1 2018)	TIL (T1 2024)	Cambio (p.p.)	Rango 2024
Oaxaca	81.3%	81.1%	-0.2	1 (Más informal)
Guerrero	79.5%	78.6%	-0.9	2
Hidalgo	72.5%	70.9%	-1.6	3
Chiapas	77.1%	70.9%	-6.2	4
Puebla	70.8%	70.1%	-0.7	5
…	…	…	…	…
Aguascalientes	43.1%	38.9%	-4.2	27
Baja California	41.2%	37.4%	-3.8	28
Baja California Sur	40.8%	37.6%	-3.2	29
Nuevo León	38.5%	36.0%	-2.5	30
Chihuahua	36.3%	34.5%	-1.8	31
Coahuila	38.0%	33.8%	-4.2	32 (Menos informal)

Aunque la fotografía general de la división regional es estática, existen dinámicas económicas locales que merecen atención. El Valor Agregado Bruto (VAB) de la economía informal, que mide su producción, mostró comportamientos muy dispares. Por ejemplo, en el cuarto trimestre de 2024, mientras que el VAB informal crecía a tasas espectaculares en Sinaloa (13.9%) y Zacatecas (8.8%), se desplomaba en Campeche (-8.3%) y Quintana Roo (-6.9%).

La persistencia de esta brecha Norte-Sur a lo largo de seis años sugiere que las políticas nacionales, como los aumentos al salario mínimo, son herramientas demasiado generales para superar las diferencias estructurales que definen los modelos económicos regionales. La economía del norte está anclada en la manufactura de exportación a gran escala (maquiladoras), una actividad integrada en cadenas de valor globales que, por su naturaleza, requiere un alto grado de formalidad. En cambio, la economía del sur depende en mayor medida de la agricultura de pequeña escala, el comercio local y el turismo, sectores con una propensión intrínsecamente mayor a la informalidad. La falta de convergencia entre ambas regiones no es sino la evidencia de un desajuste entre políticas de talla única y realidades estructurales diversas. Para reducir la informalidad de manera efectiva, se requieren políticas de desarrollo industrial y productivo diseñadas específicamente para las condiciones y potenciales de las economías del sur.

Asimismo, la alta volatilidad en el crecimiento del VAB informal a nivel estatal demuestra que la informalidad no es una masa inerte. Responde de forma muy dinámica a los choques y oportunidades de la economía local. El auge del 13.9% en Sinaloa y el desplome del 8.3% en Campeche en un mismo trimestre no pueden explicarse por tendencias nacionales. Probablemente reflejan factores locales, como un ciclo agrícola excepcional en Sinaloa cuyos productos se comercializan informalmente, o la conclusión de una fase de un gran proyecto de construcción formal en Campeche (como el Tren Maya), que provocó una contracción en los servicios informales asociados. Esto indica que la economía informal es altamente adaptativa: puede crecer para llenar nichos de mercado, pero también es extremadamente vulnerable a los ciclos de auge y caída de las economías formales locales.

Refugios sectoriales de la informalidad

La informalidad en México no se distribuye de manera uniforme a través de la economía; se concentra masivamente en sectores específicos, definidos por su baja intensidad de capital, operaciones a pequeña escala y una orientación hacia servicios directos al consumidor. La estructura sectorial del empleo y de la producción informal revela dónde se encuentran los núcleos más resistentes a la formalización.

En el primer trimestre de 2024, el sector terciario (servicios) era el mayor empleador del país, con 37.6 millones de personas (63.6% del total de ocupados), seguido por el sector secundario (industria) con 14.8 millones (25%) y el primario (agropecuario) con 6.4 millones (10.8%). Sin embargo, la propensión a la informalidad varía drásticamente entre ellos.

Los principales “refugios” de la informalidad son:

• Sector Agropecuario: La agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca presentan una de las probabilidades más altas de empleo informal. Las relaciones laborales en el campo a menudo carecen de contratos y prestaciones.
• Construcción: Este sector es otro de los grandes focos de informalidad, caracterizado por el empleo temporal y la falta de registros formales para una gran parte de su fuerza de trabajo.
• Comercio al por Menor: Esta es la actividad individual más grande dentro de la economía informal. En 2023, aportó el 44.1% del VAB total del sector informal. La tasa de informalidad para la ocupación de “Comerciantes en Establecimientos” es del 73%.
• Trabajo Doméstico Remunerado: Este sector tiene la probabilidad más alta de informalidad de todos. Un análisis de 2024 estimó que las trabajadoras domésticas tienen 34.1 veces más probabilidades de estar en la informalidad que un trabajador en un sector de referencia.

La contribución de cada sector al PIB informal refleja esta concentración. En 2023, el comercio al por menor (28.8%), la construcción (14.7%) y el sector agropecuario (11.6%) fueron, en ese orden, los tres mayores generadores de valor dentro de la economía informal.

Esta marcada concentración sectorial impone un “techo de productividad” a toda la economía mexicana. Los sectores con mayor informalidad (agricultura, construcción, comercio minorista) son, por naturaleza, menos productivos que la manufactura de alta tecnología o los servicios financieros. La informalidad dentro de estos sectores deprime aún más su productividad al estar asociada a una crónica falta de capital, tecnología y prácticas empresariales modernas. Mientras una porción tan grande de la fuerza laboral permanezca en estos sectores de baja productividad y alta informalidad, el promedio nacional de productividad se verá arrastrado hacia abajo, limitando el potencial de crecimiento de los salarios reales y el desarrollo económico general.

Además, el crecimiento observado durante la pandemia en microempresas específicas, como farmacias sin minisúper y tiendas de artículos de limpieza, debe interpretarse con cautela. Este dinamismo no parece ser el resultado de una estrategia de desarrollo proactiva, sino una reacción directa a las demandas inmediatas de la crisis sanitaria. Este tipo de “emprendimiento” reactivo, probablemente compuesto en su mayoría por pequeños negocios informales, atiende a un aumento temporal de la demanda y no necesariamente construye capacidades industriales de alto valor a largo plazo.

Motores del cambio: política, pandemia y desempeño económico

El impacto de las intervenciones emblemáticas en el mercado laboral

La política laboral de la administración 2018-2024 se centró en dos intervenciones de gran calado: una política agresiva de aumentos al salario mínimo y una reforma radical que prohibió la mayor parte de los esquemas de subcontratación laboral (outsourcing). El análisis de sus efectos revela un resultado dual: por un lado, estas medidas lograron mejoras tangibles en los ingresos y las condiciones de muchos trabajadores dentro del sector formal; por otro, al incrementar los costos y la complejidad de la contratación formal, pudieron haber desincentivado la creación de este tipo de empleos, especialmente entre las empresas de menor tamaño.

• Política Salarial: Los incrementos anuales al salario mínimo fueron sustanciales y superaron con creces la inflación. Esta política tuvo un efecto directo y positivo en la masa salarial de los trabajadores formales. Según datos del IMSS, la masa salarial real creció un 37.11% durante el sexenio, un ritmo superior al de administraciones anteriores.
• Prohibición de la Subcontratación: La reforma de 2021 restringió drásticamente el uso del *outsourcing* a servicios especializados que no formaran parte del objeto social principal de la empresa contratante. Su impacto fue inmediato y visible en las estadísticas. El porcentaje de personal contratado a través de una razón social distinta a la del centro de trabajo se desplomó. A nivel nacional, la proporción de personal subcontratado en la economía pasó de un rango del 14-15% a apenas un 1.6%. En estados como Aguascalientes, la caída fue de 11.3% en 2018 a solo 2.4% en 2023.

Sin embargo, estas políticas no operaron en un vacío. Organismos como el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) han argumentado consistentemente que los altos costos laborales y un marco regulatorio complejo son motores clave de la informalidad en México. Desde esta perspectiva, políticas que elevan estos costos, incluso con la intención de mejorar el bienestar de los trabajadores, pueden tener el efecto no deseado de hacer que la operación formal sea menos rentable o viable, empujando a las empresas, sobre todo a las más pequeñas, a permanecer o ingresar en la informalidad.

Este análisis sugiere que las reformas laborales profundizaron la dualidad del mercado laboral mexicano, beneficiando a los “insiders” del sector formal a costa de elevar las barreras de entrada para los “outsiders“. Los trabajadores que ya estaban en la formalidad o que fueron transferidos de esquemas de *outsourcing* a contratos directos vieron mejorar sus salarios y su estabilidad. No obstante, para un pequeño empresario que evalúa la posibilidad de formalizar su negocio o contratar a su primer empleado, estas políticas incrementaron el costo directo (salarios más altos) y los costos indirectos (cuotas de seguridad social, obligaciones de liquidación) de un contrato formal. Ante este panorama, mantener una operación unipersonal informal o contratar personal sin registro se convierte en una decisión económicamente racional a corto plazo. El resultado es un mercado laboral con un “muro” más alto para acceder a la formalidad. La evidencia macroeconómica de esta dinámica es la combinación de un crecimiento lento en el empleo formal junto con una explosión en el número de unidades económicas informales.

La pandemia de COVID-19 como choque estructural

La pandemia de COVID-19 representó un choque económico y social de una magnitud sin precedentes para México. Su impacto en el mercado laboral fue devastador, provocando una pérdida masiva de empleos que afectó de manera desproporcionada a los trabajadores informales y, en su fase de recuperación, probablemente actuó como un catalizador para el surgimiento de las microempresas de subsistencia.

• El Colapso Inicial: El impacto fue súbito y masivo. Entre marzo y abril de 2020, la economía mexicana perdió más de 12 millones de empleos. La Población Económicamente Activa (PEA) se contrajo en 12 millones de personas en un solo mes, lo que indica que una enorme cantidad de gente no solo perdió su trabajo, sino que dejó de buscar uno activamente, desalentada por la parálisis económica.
• Impacto Asimétrico: La crisis no afectó a todos por igual. Los trabajadores informales, concentrados en sectores de servicios de alto contacto (comercio, restaurantes, turismo) y sin acceso a teletrabajo, fueron los más golpeados. Al carecer de contratos, seguridad social o cualquier tipo de red de protección, quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad. La fragilidad también alcanzó al tejido empresarial: para septiembre de 2020, una de cada cinco empresas registradas en el Censo Económico de 2019 ya había cerrado sus puertas de forma permanente.
• La Naturaleza de la Recuperación: La recuperación del mercado laboral también fue asimétrica. Si bien el empleo formal logró recuperar sus niveles prepandémicos con el tiempo, el choque parece haber alterado permanentemente la estructura económica. El notable incremento en el número de unidades económicas informales entre 2018 y 2023 (analizado en la Parte I) sugiere fuertemente que una gran cantidad de personas que perdieron su empleo recurrieron al autoempleo como una estrategia de supervivencia.

La pandemia no solo provocó una caída temporal del empleo, sino que parece haber acelerado una transición estructural hacia un panorama económico más fragmentado y precario. La crisis eliminó millones de puestos de trabajo, muchos de ellos en pequeñas y medianas empresas formales que carecían de las reservas de capital para sobrevivir a los cierres y la caída de la demanda. A diferencia de muchos otros países de la OCDE, la respuesta del gobierno mexicano no incluyó programas de apoyo a gran escala para que las empresas pudieran retener a sus empleados. En ausencia de un seguro de desempleo robusto o de subsidios a la nómina, la estrategia de supervivencia por defecto para millones de personas fue iniciar un micronegocio (venta de comida, productos desde casa, etc.), actividades que casi por definición operan en la informalidad. Por lo tanto, la “recuperación” post-pandemia implicó, en parte, la sustitución de empleos formales en pymes, potencialmente más productivos, por un número mayor de microempresas informales de menor productividad. Este proceso ayuda a explicar la paradoja central del sexenio: el estancamiento de la tasa de informalidad laboral mientras el número de negocios informales se disparaba.

El contexto macroeconómico: bajo crecimiento y desinversión

El comportamiento de la informalidad durante el sexenio 2018-2024 no puede entenderse sin analizar el marco macroeconómico en el que se desenvolvió: un contexto de crecimiento económico históricamente bajo y una preocupante caída de la Inversión. Esta debilidad estructural limitó severamente la capacidad de la economía formal para generar los empleos de calidad necesarios para absorber a la fuerza laboral, convirtiendo a la informalidad en la válvula de escape por defecto.

• PIB Estancado: La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador registró el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) más bajo para un sexenio desde la década de 1980. El crecimiento acumulado total fue de apenas 4.94%, lo que equivale a un promedio anual de solo 0.81%. Es importante señalar que la economía ya mostraba signos de debilidad antes de la pandemia, habiendo entrado en una leve recesión en 2019.
• Caída de la Inversión: Un indicador aún más alarmante fue el comportamiento de la inversión. La Formación Bruta de Capital Fijo, que mide la inversión en maquinaria, equipo y construcción, registró una contracción acumulada de 3.03% durante el sexenio. Esta cifra negativa es crítica, pues indica una erosión de la capacidad productiva futura del país y una profunda falta de Confianza por parte de los inversionistas.

Comparativa macroeconómica y laboral (sexenios 2012-2024)

Indicador Macroeconómico y Laboral	Sexenio Peña Nieto (2012-2018)	Sexenio López Obrador (2018-2024)
Crecimiento Acumulado del PIB	11.6%	4.94%
Crecimiento Promedio Anual del PIB	~1.9%	0.81%
Crecimiento Acumulado de la Inversión Fija	9.72%	-3.03%
Creación de Empleos Formales (IMSS)	4.16 millones	1.93 millones
Cambio en la Tasa de Informalidad Laboral (TIL)	▼ ~2.8 p.p.	▼ ~1.9 p.p.

• Débil Creación de Empleo Formal: Como consecuencia directa de este pobre desempeño macroeconómico, la generación de empleos formales registrados ante el IMSS fue mediocre. Se crearon apenas 1.93 millones de puestos de trabajo formales en el sexenio, la cifra más baja desde la administración de Vicente Fox y muy por debajo de los 4.16 millones creados en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Estos datos demuestran que la informalidad es, en su raíz, un problema macroeconómico, no solo laboral. Ninguna política de empleo, por bien diseñada que esté, puede tener éxito en un entorno de estancamiento económico y desinversión. Los empleos formales de calidad surgen cuando las empresas del sector formal se expanden e invierten en nueva capacidad productiva. La evidencia muestra que esto no ocurrió a la escala necesaria durante este periodo. Un sector formal estancado es incapaz de generar suficientes puestos de trabajo para los jóvenes que ingresan al mercado laboral y para los trabajadores desplazados de otros sectores. En este contexto, el sector informal actúa como una “esponja” que absorbe la mano de obra excedente. Por lo tanto, el crecimiento de la informalidad, especialmente en su manifestación de unidades económicas de subsistencia, es una consecuencia directa del fracaso de la economía formal para crecer, invertir y generar oportunidades.

Las raíces profundas y los costos sociales de la informalidad

Una síntesis de las causas estructurales

La persistencia de la informalidad en México a lo largo de décadas y administraciones de distinto signo político demuestra que sus causas no son coyunturales, sino profundamente estructurales. No se trata de un problema con una única causa, sino de un sistema complejo y autorreforzado de factores institucionales, económicos y socioculturales que hacen que la formalidad sea costosa, difícil y, para muchos, poco atractiva.

• Carga Regulatoria y Fiscal: Un factor clave, señalado consistentemente por el sector privado, es la existencia de un marco regulatorio excesivo y complejo, combinado con altos costos laborales y una elevada carga fiscal. Para una micro o pequeña empresa, los trámites, licencias, cuotas de seguridad social e impuestos pueden representar una barrera insuperable. El CEESP argumenta que, para muchas empresas, operar en la informalidad es simplemente “menos oneroso” y más “rentable” a corto plazo.
• Debilidad Institucional: Históricamente, el Estado mexicano ha mostrado una limitada capacidad para hacer cumplir sus propias leyes. La falta de una inspección laboral efectiva y la escasa coordinación entre las agencias clave —el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)— han debilitado los esfuerzos de formalización.
• Trampas de Productividad y Heterogeneidad Estructural: La economía mexicana está profundamente segmentada entre un pequeño número de empresas formales, grandes y altamente productivas, y un vasto universo de unidades informales de muy baja productividad. Esta “heterogeneidad estructural”, ligada a las brechas educativas y regionales, crea una trampa: las empresas no pueden formalizarse porque su baja productividad no les permite cubrir los costos de la formalidad, y no pueden aumentar su productividad porque su informalidad les impide acceder al crédito y a la tecnología necesarios para hacerlo.
• Ausencia de Redes de Protección Social: A diferencia de la mayoría de los países desarrollados, México carece de un sistema universal de seguro de desempleo. Esta ausencia convierte al trabajo informal en una estrategia de supervivencia indispensable para millones de personas que pierden su empleo formal y no tienen otra fuente de ingresos.
• Factores Socioculturales y Contrato Social Roto: Para un segmento de la población, la formalidad implica hacerse visible ante un Estado en el que no se confía y del que se perciben pocos beneficios. La informalidad puede ser vista como una forma de “escape” de un contrato social que se percibe como injusto o desfavorable. Cuando la calidad de los servicios públicos (seguridad, salud, educación) es deficiente, la disposición a contribuir a través de impuestos disminuye, reforzando el ciclo de la informalidad.

En esencia, la informalidad en México opera como una respuesta racional a un “contrato social” disfuncional. El “trato” que ofrece la formalidad es el siguiente: pagar impuestos y contribuciones a cambio de protección legal, acceso a servicios públicos de calidad y oportunidades de financiamiento. Sin embargo, para una microempresa o un trabajador por cuenta propia, los costos de este trato son altos, inmediatos y ciertos. En cambio, los beneficios son percibidos como bajos, inciertos y lejanos. La seguridad pública es deficiente, el acceso al crédito es extremadamente limitado incluso para las pymes formales y la confianza en las instituciones es baja. Ante esta ecuación, optar por la informalidad no es un acto de irracionalidad, sino el resultado de un cálculo costo-beneficio. El Estado, en gran medida, no ha logrado construir una “propuesta de valor” lo suficientemente atractiva para la formalidad.

El alto precio de una economía dividida

La omnipresencia de la informalidad no es un problema abstracto; impone costos enormes y concretos a la sociedad y la economía de México, perpetuando ciclos de pobreza, limitando el potencial de crecimiento y debilitando al Estado.

• Para los Trabajadores: La informalidad es sinónimo de precariedad. Implica ingresos más bajos e inestables, condiciones de trabajo inseguras, jornadas laborales excesivas y, lo más grave, la ausencia total de una red de seguridad social. Los trabajadores informales no tienen acceso a servicios de salud a través del IMSS, no acumulan semanas para una pensión de retiro, no están protegidos en caso de accidente o enfermedad laboral, y no tienen derecho a guarderías para sus hijos. Esta vulnerabilidad los expone a un riesgo mucho mayor de caer en la pobreza ante cualquier eventualidad, como una enfermedad o la pérdida de su fuente de ingresos.
• Para las Empresas: Las unidades económicas informales están atrapadas en un estado de “enanismo” productivo. Su incapacidad para emitir facturas, acceder a crédito bancario o participar en cadenas de suministro de grandes empresas les impide crecer, innovar y competir en mercados más amplios y lucrativos. Esto condena a una gran parte del tejido empresarial del país a un estancamiento perpetuo.
• Para el Estado: La informalidad representa una masiva erosión de la base fiscal. Una economía que genera casi una cuarta parte de su PIB en la informalidad pero que no contribuye proporcionalmente a los ingresos públicos, es un Estado con una capacidad fiscal crónicamente debilitada. Esta falta de recursos limita su habilidad para invertir en la infraestructura, la educación y los servicios públicos de calidad que, paradójicamente, son necesarios para hacer que la formalidad sea más atractiva y romper el ciclo.
• Para la Sociedad: En última instancia, una informalidad tan extendida fractura a la sociedad. Debilita el contrato social, exacerba la desigualdad, fomenta una cultura de incumplimiento de la ley y erosiona la confianza en las instituciones públicas. Esta desconfianza y sensación de injusticia pueden alimentar la desafección política y la tensión social, obstaculizando la construcción de un proyecto de desarrollo nacional cohesivo e inclusivo.

Conclusión y recomendaciones estratégicas

El análisis del sexenio 2018-2024 revela una verdad incómoda sobre la informalidad en México: el problema es más profundo y resistente de lo que sugieren los indicadores aislados. El periodo estuvo definido por una paradoja inquietante: mientras la Tasa de Informalidad Laboral general se estancaba, la economía presenciaba una expansión significativa de negocios informales, precarios y de baja productividad. Este diagnóstico sugiere que las políticas laborales implementadas, aunque beneficiosas para los trabajadores formales “insiders”, fueron insuficientes para catalizar una transición a gran escala hacia la formalidad. El débil motor de la economía, sumado al choque de la pandemia, no generó suficientes empleos de calidad, empujando a millones de mexicanos hacia el “emprendimiento de supervivencia” como única alternativa. La informalidad, lejos de reducirse, se reconfiguró y, en ciertos aspectos, se arraigó aún más en el tejido productivo del país.

Abordar este desafío monumental requiere una visión de Estado que trascienda los ciclos políticos y una agenda de políticas públicas integral y audaz, que ataque las causas estructurales del problema en lugar de solo sus síntomas. Para la próxima administración, se proponen las siguientes líneas de acción estratégicas:

• Simplificación Radical del Proceso de Formalización: Es imperativo reducir drásticamente los costos y la complejidad de la formalidad para las microempresas y los trabajadores independientes. Se recomienda diseñar e implementar un régimen de “Monotributo” o contribución única, inspirado en modelos exitosos de otros países. Este sistema unificaría el pago de impuestos (ISR, IVA) y las contribuciones a la seguridad social en una sola cuota fija o porcentual, baja y progresiva, administrada a través de una plataforma digital simplificada. El objetivo es reducir la barrera de entrada a la formalidad a su mínima expresión.
• Transición hacia una Red de Protección Social Universal: El principal incentivo para la “fuga” hacia la informalidad es la supervivencia. Para desactivar este mecanismo, es crucial comenzar a desacoplar los derechos sociales básicos del estatus laboral formal. Esto implica avanzar hacia un sistema donde el acceso a la salud y a una pensión básica no contributiva sean derechos universales de ciudadanía. Un sistema de seguridad social universal no solo protege a los más vulnerables, sino que también reduce la penalización asociada a la pérdida de un empleo formal y disminuye la presión sobre el mercado laboral para ser el único proveedor de bienestar.
• Implementación de un Sistema Nacional de Cuidados: La persistente brecha de género en la informalidad no se cerrará sin políticas que aborden la economía del cuidado. Es fundamental establecer un Sistema Nacional de Cuidados que incluya la expansión de la red de guarderías públicas de calidad, escuelas de tiempo completo y centros de día para adultos mayores y personas con discapacidad. Al socializar parte de la carga de cuidados que recae desproporcionadamente sobre las mujeres, se les otorgan mayores posibilidades de buscar y mantener un empleo formal.
• Creación de Incentivos Positivos para la Productividad: En lugar de un enfoque puramente punitivo, la política debe crear “recompensas” claras por la formalización. Esto se puede lograr vinculando el acceso a programas de crédito preferencial, asistencia técnica, capacitación y acceso a mercados gubernamentales directamente al estatus formal de una pyme. El mensaje debe ser claro: ser formal abre puertas al crecimiento.
• Fortalecimiento del Estado de Derecho y la Seguridad Pública: La informalidad también prospera en un entorno de debilidad institucional y anomia. Un esfuerzo creíble y sostenido para mejorar la seguridad pública y combatir delitos que afectan directamente a los pequeños negocios, como la extorsión, reduciría significativamente los costos y riesgos de operar. Un entorno seguro es una condición necesaria para la inversión, el crecimiento y, en última instancia, la formalización.