La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados dio luz verde al dictamen de la Ley General contra Extorsión, propuesta por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, hace una semana. Este movimiento legislativo, impulsado con 25 votos a favor, busca un marco jurídico nacional único contra este delito. Sin embargo, la celeridad del proceso enfrenta advertencias serias sobre sus posibles efectos colaterales en la seguridad pública.
El debate sobre el nuevo marco penal y la homologación de sanciones
El dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión fue aprobado con 25 votos a favor. A pesar de la mayoría, el documento registró tres abstenciones provenientes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, explicó que con esta normativa se busca establecer una política nacional integral contra la extorsión. Esta estrategia combinará cuatro ejes principales: prevención, persecución penal, protección a las víctimas y recuperación de bienes.
La ruta legislativa y el calendario de votación
Una vez aprobada en comisiones, el documento fue remitido a la Mesa Directiva. Según el proceso, mañana martes la presidenta de la misma, Kenia López Rabadan, informará sobre su declaratoria de publicidad.
El calendario legislativo marca que será el miércoles 29 de octubre cuando el texto estará listo para ser discutido y votado en sesión ordinaria presencial.
Los alcances de la nueva ley
Julio César Moreno detalló que la ley propone establecer un solo tipo penal a nivel nacional para este delito, lo que permitiría una homologación jurídica en todo el territorio. Además, se definen claramente las agravantes y sanciones.
La iniciativa contempla el reconocimiento del delito de extorsión como uno de alto impacto, que ameritaría prisión preventiva oficiosa.
En cuanto a la penalización, la sanción de este delito va de los 6 a 15 años de prisión. Adicionalmente, se establece una multa económica que oscila entre los 11 mil 314 hasta 56 mil 570 pesos.
El extenso catálogo de 34 agravantes
La nueva normativa contempla la inclusión de 34 agravantes específicas, diseñadas para cubrir las diversas modalidades del crimen organizado que afectan a la economía y la seguridad. Entre las agravantes destacan:
- El temido “cobro de piso”.
- La imposición de precios a productos o servicios.
- El uso del sistema financiero para el depósito de recursos ilícitos.
- La comisión del delito contra candidatos a cargos de elección popular.
- Afectaciones a personas migrantes o menores de edad.
- El uso de información privada o el llamado “secuestro virtual”.
- La simulación de ser servidor público o la práctica de “montachoques”.
Moreno sentenció que el objetivo final de la propuesta es “armonizar el marco jurídico, fortalecer la capacidad institucional y atender de manera prioritaria un delito que afecta gravemente la seguridad pública y la economía nacional”.
Advertencia de la oposición y el riesgo de liberación masiva
La celeridad con que avanzó el dictamen fue fuertemente criticada por la oposición, especialmente por el priista Emilio Suárez Licona.
Suárez Licona advirtió que la redacción en los términos actuales del dictamen podría provocar un efecto indeseado, pues “abrirá la puerta a la liberación de 500 delincuentes peligrosos” en diversas entidades federativas.
Según el priista, los estados de Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo tienen actualmente penas más altas que las previstas en esta nueva ley general, lo que generaría un conflicto jurídico que favorecería a los criminales ya sentenciados.
Rechazo al parlamento abierto
Ante su preocupación, Suárez Licona solicitó que se llevaran a cabo parlamentos abiertos y que se convocara a la sociedad civil, a los colegios de abogados y a las entidades federativas para tener una discusión más amplia y profunda en la materia.
No obstante, esta propuesta fue categóricamente rechazada por Morena y sus partidos aliados, quienes impulsan la aprobación sin mayores modificaciones al texto.
La urgencia legislativa por combatir la extorsión es indiscutible, pero la negativa a debatir las posibles consecuencias adversas, como la liberación de criminales en cinco estados clave, obliga a cuestionar la solidez del dictamen. ¿La necesidad de una ley única justificará el riesgo de debilitar la justicia penal en regiones ya golpeadas por la delincuencia organizada?