La Cámara de Diputados abrió, a las 11:53 horas, el análisis y la discusión del dictamen sobre la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Esta iniciativa, enviada hace apenas una semana por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, promete reconfigurar el combate a uno de los delitos que más afecta la vida económica y social de los ciudadanos, buscando establecer una única ley de extorsión en México.
Unificación penal: la base del nuevo modelo
El documento central de esta discusión fue presentado por Julio César Moreno, quien funge como presidente de la Comisión de Justicia y legislador de Morena. Moreno enfatizó la necesidad urgente de homologar el marco legal, detallando que la ley tiene dos objetivos principales:
- Establecer una sola definición para el delito de extorsión.
- Crear un solo tipo penal que sea aplicable a nivel federal, estatal y municipal.
El legislador de Morena explicó que la necesidad de esta unificación surge porque, en la actualidad, cada estado cuenta con su propia definición y sanción para este delito. Esta disparidad legal ha generado una serie de vacíos legales, contradicciones e impunidad que el Estado mexicano busca erradicar.
Moreno señaló que la meta es clara: lograr que el Estado mexicano actúe como un frente unido. Esto implica una coordinación total de:
- Policías
- Fiscalías
- Autoridades
Todos operando bajo las mismas reglas y protocolos en el combate a la extorsión.
Extorsión se investigará de oficio: eliminando el miedo a denunciar
Uno de los cambios operativos más trascendentales que plantea el dictamen es la decisión de que la extorsión se investigará de oficio.
El presidente de la Comisión de Justicia subrayó que este cambio busca un impacto psicológico y práctico en la ciudadanía, pues el objetivo es “eliminar el miedo como barrera para denunciar”.
“Esta ley busca devolver la confianza en las instituciones y garantizar la libertad de las personas frente al miedo y las amenazas”, afirmó Julio César Moreno ante el pleno.
Por su parte, el legislador de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, complementó que el gobierno actual propone una nueva estrategia de seguridad que se sustenta en tres pilares:
- Uso de herramientas tecnológicas.
- Inteligencia en materia de seguridad.
- Intercomunicación efectiva entre dependencias de todos los niveles de gobierno.
Los claroscuros del debate: posturas de los legisladores
La discusión en la Cámara de Diputados no estuvo exenta de críticas y señalamientos sobre la implementación y los alcances reales de la nueva normativa. Los diputados de los diferentes partidos expusieron su postura respecto al impacto de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
El riesgo de la no progresividad
El diputado del PRI, César Domínguez Domínguez, manifestó su preocupación, apuntando que en la propuesta presentada no existe una homologación progresiva. El legislador advirtió que esta omisión podría tener consecuencias directas en entidades específicas, poniendo como ejemplo el estado de Chihuahua, que —según su análisis— tendría que liberar a delincuentes debido a la falta de progresividad.
Seguridad y certeza para el sector productivo
En contraste, el diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja, manifestó que el espíritu de esta ley es dar seguridad y certeza a todos aquellos que circulan por el territorio nacional y se ven afectados por las extorsiones. Hizo un listado de los grupos que serían beneficiados:
- Comerciantes
- Transportistas
- Productores del campo
- Empresarios y familias
Todos estos, víctimas recurrentes de grupos delictivos o individuos que amedrentan a la ciudadanía.
El respaldo del Partido Verde y el PAN
El legislador del Partido Verde, Carlos Madrazo, señaló que su bancada votará a favor de esta normativa. Su motivación es clara: evitar que cualquier niño llegue a creer que es normal extorsionar o ser extorsionado, enviando un mensaje contundente contra el delito.
Finalmente, el diputado del PAN, Israel Damián Retes, puntualizó que su bancada fue la primera en presentar una iniciativa en contra de la extorsión, mostrando una coincidencia de propósitos. El legislador aplaudió que ahora exista un acuerdo con las autoridades federales para detener este delito que tanto afecta a la población.
El desafío de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión reside en su correcta implementación. Si bien la unificación de criterios busca combatir la impunidad, las preocupaciones sobre la falta de progresividad en la homologación penal sugieren que el camino hacia un frente unido contra la extorsión podría enfrentar obstáculos técnicos significativos. ¿Será suficiente la investigación de oficio y la coordinación tecnológica para superar los vacíos legales que hoy protegen a los extorsionadores?