El 29 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó públicamente su desconocimiento sobre los ajustes realizados a la Ley General contra la Extorsión, una iniciativa enviada originalmente por el Ejecutivo federal. Este desfase informativo revela fisuras en la coordinación entre los poderes de la unión respecto a una reforma crucial para la seguridad nacional en México.
El desfase informativo del 29 de octubre
Durante su conferencia matutina del 29 de octubre, la mandataria fue cuestionada por sobre las modificaciones que la Cámara de Diputados había aprobado al dictamen. La respuesta de la presidenta Sheinbaum evidenció una falta de comunicación sobre el proceso legislativo en curso.
“No tenía la información, hoy averiguamos exactamente de qué se trata, y por qué lo está planteando, vamos a ver exactamente de qué se trata”, declaró.
Este pronunciamiento se dio a pesar de que el documento, promovido inicialmente por el propio Ejecutivo federal, había sido avalado en lo particular con cambios sustanciales en San Lázaro y estaba listo para su envío al Senado de la República.
La Ley General de Extorsión y su ruta al Senado
La Cámara de Diputados aprobó con cambios el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Esta legislación es reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política.
La aprobación en lo particular se consiguió con una votación de:
- 339 votos a favor.
- 100 en contra.
- 4 abstenciones.
Tras este proceso, el documento fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, incluyendo importantes reformas, adiciones y derogaciones a diversos cuerpos normativos, tales como:
- El Código Penal Federal.
- El Código Nacional de Procedimientos Penales.
- La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
- La Ley Nacional de Extinción de Dominio.
- La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La influencia de Ricardo Monreal en los ajustes clave
Una de las reservas aceptadas en el proceso de aprobación correspondió al presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, el diputado Ricardo Monreal Ávila. Sus propuestas fueron claves en la configuración final del dictamen.
Monreal expuso que la modificación al artículo 2 precisa cómo deben coordinarse las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión.
Otras adecuaciones significativas incluyen:
- Artículo 3: Se incorporan los principios de interculturalidad e interseccionalidad.
- Artículo 8: Se fortalece la certeza jurídica en la definición de la competencia federal y de la facultad de atracción.
- Artículos 16 y 18: Se sustituye la expresión “firmar un acto jurídico” por “celebrar un acto jurídico”, y se clarifica la redacción relativa a la afectación económica de una entidad federativa.
- Artículo 21: Se ajusta el rango de sanción, estableciendo penas de cinco a doce años de prisión.
- Artículo 26: Se establece que la reparación del daño a las víctimas se realice con los recursos provenientes de los procedimientos de extinción de dominio.
El desconocimiento de la presidenta Sheinbaum sobre ajustes tan específicos y detallados, provenientes además de su propia bancada, subraya las complejidades internas en el proceso legislativo de Morena y plantea serias dudas sobre la coordinación estratégica entre el Ejecutivo federal y los líderes parlamentarios en San Lázaro, justo antes de que la ley pase a la revisión del Senado.
