La brutal ola de vandalismo que arrasó el Palacio de Gobierno en Michoacán tras la protesta convocada por el asesinato del alcalde Carlos Manzo ha escalado a una crisis política y de seguridad. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha confirmado la detención de ocho personas y ha lanzado una grave acusación: la existencia de una presunta infiltración política Michoacán, orquestada por grupos de derecha y partidos de oposición.
El saldo de los disturbios y las primeras detenciones
Tras los actos de vandalismo que impactaron las instalaciones del Palacio de Gobierno, las autoridades confirmaron la detención de ocho personas involucradas en los destrozos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla detalló que los detenidos se componen de:
- Cinco hombres.
- Tres mujeres.
Estos individuos fueron inmediatamente puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE). La FGE los acusa de delitos graves relacionados con los daños causados, destacando el sabotaje y el daño a la propiedad pública.
Adicionalmente, los detenidos enfrentan cargos por el delito de daño en las cosas y daño patrimonial. La FGE también se encuentra investigando la posible comisión de otros delitos, tales como el robo, suscitados durante la protesta.
La tesis de la planeación: Bombas molotov y evidencia en video
El mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, insistió en que los disturbios no fueron un acto espontáneo de indignación, sino eventos que sugieren una planeación previa. Según la versión oficial, la administración estatal ha obtenido pruebas contundentes al respecto.
El gobernador reveló que varios videos dan muestras de que algunos manifestantes portaban bombas molotov. Esta evidencia es clave para sustentar la acusación de sabotaje y de que la violencia ya estaba organizada antes de que la manifestación llegara al Palacio de Gobierno.
Infiltración política Michoacán: Grupos afines al PRI y PAN, bajo la lupa
Ramírez Bedolla aseguró que la protesta, convocada originalmente ante el asesinato del alcalde Carlos Manzo, fue “aprovechada” e infiltrada por intereses externos, desviando su objetivo legítimo.
El mandatario señaló directamente a los grupos detrás de esta acción violenta, mencionando específicamente a:
- Grupos afines a partidos políticos como el PRI y el PAN.
- Integrantes de movimientos sociales.
- Grupos de derecha.
Por esta razón, el gobernador consideró que el vandalismo no se trató de una manifestación legítima y expresó su análisis ante la prensa: “Entiendo que hay una gran indignación y enojo… pero hay marchas que son aprovechadas por intereses y grupos que hacen que en minutos se vuelvan violentas”. El hecho de que se realizaran destrozos al Palacio de Gobierno por parte de manifestantes refuerza la tesis de que la protesta fue utilizada para fines ajenos.
Las declaraciones, que ligan directamente a la oposición con actos de vandalismo grave y sabotaje, elevan el riesgo de la judicialización de la protesta social en el estado. La verdad sobre la supuesta infiltración política Michoacán deberá ser probada por la Fiscalía General del Estado, mientras la indignación legítima por el asesinato de Carlos Manzo corre el riesgo de ser eclipsada por el conflicto partidista que ahora domina la agenda pública.
