Tras más de una década de litigio, el conflicto por el Gasoducto Témoris en Chihuahua escala hasta la cúpula federal. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el caso que enfrenta a la comunidad de la Sierra Tarahumara contra la canadiense TC Energy, asegurando que su administración detendrá la imposición de proyectos sobre los pueblos originarios.
La postura presidencial sobre el agravio histórico
Durante su conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el conflicto legal entre la comunidad Témoris, ubicada en la sierra Tarahumara de Chihuahua, y la empresa canadiense TC Energy. Esta compañía es responsable de un gasoducto que atraviesa tierras de uso común.
Sheinbaum reconoció que se trata de un agravio histórico y subrayó que su gobierno no permitirá que se repitan las prácticas del pasado en las que los proyectos energéticos se ejecutaban e imponían sobre los pueblos originarios.
> “Jamás pasaremos por encima de una comunidad indígena”, afirmó la mandataria.
Al reiterar su compromiso con el diálogo y la consulta pública, la presidenta señaló que todas las obras que involucren territorios de comunidades deben respetar este principio. La mandataria insistió en que los nuevos proyectos de infraestructura energética, como el suministro de gas natural para plantas termoeléctricas, deberán realizarse con el consenso y la participación activa de las comunidades locales.
“No se puede hacer nada sin hablar primero con la gente”, enfatizó.
Esta declaración reafirma la promesa de su administración en materia de respeto territorial. La información fue compartida inicialmente en la conferencia de prensa matutina del jueves 6 de noviembre de 2025.
El caso Témoris: un conflicto de más de una década en la Sierra Tarahumara
El caso del gasoducto de TC Energy en Chihuahua ha sido motivo de disputa legal desde hace más de diez años. La situación mantiene vigente una sentencia del Tribunal Agrario que ordena acciones contundentes contra la empresa extranjera.
La sentencia del Tribunal Agrario ordena a la compañía canadiense:
- Retirar las instalaciones del ducto de las tierras comunales en Témoris.
- Compensar a los pobladores por el uso indebido del territorio.
Sin embargo, hasta el momento, la compañía canadiense TC Energy se ha negado a cumplir el fallo, lo que ha generado tensión y descontento entre los habitantes de la región.
La comunidad ha denunciado que la operación del gasoducto ha afectado directamente su entorno natural y su modo de vida. Diversos representantes indígenas han pedido la intervención del Gobierno Federal para garantizar el respeto a la resolución judicial y evitar que este caso se convierta en otro ejemplo de abuso empresarial contra comunidades originarias.
Diálogo y respeto a la comunidad, la vía de la administración
Ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su administración apuesta por la conciliación y el diálogo como vías para resolver el conflicto.
Explicó que todos los proyectos energéticos, ya sean públicos o privados, deben partir de la consulta con los pueblos indígenas y no imponerse sin su consentimiento explícito.
“Lo que debe haber es diálogo, ver si el paso es factible o no, y encontrar soluciones que respeten los derechos”, afirma la mandataria, reafirmando la centralidad del respeto a la autodeterminación comunitaria.
El desafío ahora recae en cómo el gobierno de Sheinbaum logrará conciliar la urgencia de la infraestructura energética con la obligatoriedad de acatar los fallos del Tribunal Agrario, demostrando que la ley y el respeto a los derechos territoriales están por encima de los intereses corporativos de empresas como TC Energy.
