La discusión crucial sobre la reforma constitucional de la revocación de mandato ha sido temporalmente frenada en la Cámara de Diputados. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) anunció un aplazamiento bajo el argumento de buscar consensos. Sin embargo, la oposición denuncia un intento de “madruguete legislativo” y exige una discusión a fondo sobre las implicaciones del mecanismo.
La búsqueda de consenso frente a la urgencia legislativa
La Jucopo de la Cámara de Diputados informó el 10 de noviembre que la discusión y posible aprobación del dictamen en materia de revocación de mandato se pospondría “unos días”. Esta decisión se tomó con la intención explícita de construir consensos entre las diversas fuerzas políticas.
El presidente de la Jucopo y coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, explicó que el aplazamiento se debió a una solicitud de “mayor debate” por parte de los coordinadores de oposición, principalmente:
- José Elías Lixa, del Partido Acción Nacional (PAN).
- Rubén Moreira, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Monreal indicó que ese mismo día solicitaría al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Leonel Godoy, “que pueda esperar unos días”.
> “No estamos haciendo nada indebido. Si nos asiste la razón histórica, moral y política, no hay por qué precipitar un tema tan necesario”, afirmó Monreal.
Asimismo, el morenista resaltó que este espacio permitirá escuchar “todas las voces, a favor y en contra”, y dejó en claro: “nosotros no dejamos nada en la congeladora”. El objetivo, insistió, es que la reforma “salga por consenso y no por mayoría”.
Negación de temores electorales
Respecto a las acusaciones de la oposición de que Morena busca impulsar el tema por temor a perder las elecciones intermedias de 2027, Monreal puntualizó que su partido “no tenemos temor de la democracia”.
“Nosotros tenemos que preocuparnos por cumplirle a la población, con la mayor congruencia que sea posible”, sentenció el coordinador.
La Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del morenista Leonel Godoy, será quien determine si el tema se analiza a través de parlamento abierto con especialistas y constitucionalistas.
El contenido de la iniciativa y la agenda de 2027
El dictamen que se preveía discutir y posiblemente aprobar hoy 10 de noviembre a las 18:00 horas, es una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato.
El documento central fue una iniciativa presentada por el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar. Esta propuesta busca que la presidenta, Claudia Sheinbaum, se someta a un ejercicio de revocación de mandato el primer domingo de junio del 2027.
Es crucial destacar que esta fecha coincide exactamente con la jornada en que se realizarían las elecciones intermedias para definir diputados federales y 14 gubernaturas.
La oposición celebra el aplazamiento y denuncia “madruguetes”
El Partido Acción Nacional (PAN) aplaudió la decisión de la Jucopo. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, calificó como acertada la determinación de posponer la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Lixa argumentó que cualquier modificación a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos debe discutirse con apertura y diálogo, evitando a toda costa los “madruguetes legislativos”.
> “Ni a prisa, ni a destiempo. No deben ser las prisas las que rijan una determinación tan relevante para el país”, subrayó el legislador panista.
El PAN basó su exigencia de aplazamiento en motivos procedimentales, señalando que la sesión convocada para hoy 10 de noviembre a las 18:00 horas incumplía los plazos legales. Lixa sostuvo que el dictamen se circuló con menos de los cinco días de anticipación que marca el reglamento interno.
El llamado a la discusión de fondo
Lixa enfatizó que una reforma constitucional como la de revocación de mandato debe analizarse con profundidad y sin prisas, pues se trata de un tema que impacta directamente en los derechos ciudadanos.
El coordinador del PAN consideró que el tema debe revisarse integralmente, incluyendo las consecuencias políticas y jurídicas del mecanismo. Además, recordó una propuesta que el PAN ha mantenido por seis años: que en caso de una revocación positiva, sea el pueblo, y no el Congreso, quien elija a la persona que sustituya al presidente en funciones.
El mensaje es claro: “Es un acierto que no se lleve a cabo con prisas ni recortando plazos establecidos. Las reformas de esta magnitud requieren análisis y participación de todos los grupos parlamentarios”, concluyó Lixa.
El aplazamiento de la discusión, aunque necesario para cumplir con los plazos reglamentarios, abre una ventana al debate político profundo. La pregunta central sigue siendo si este tiempo se utilizará para construir un mecanismo democrático robusto o si simplemente es un retraso táctico en medio de la polarización que rodea los ejercicios de revocación de mandato en México. ¿Logrará el oficialismo cumplir con el requisito de consenso antes de la fecha límite electoral de 2027?
