Una tragedia vial sacude a Bogotá, Colombia. José Eduardo Chalá Franco, un taxista que arrolló a una familia, dejando a dos menores con muerte cerebral, podría evadir la justicia. A pesar de los daños irreparables, la posible liberación del conductor, quien dio positivo a la prueba de alcoholemia, ha desatado una profunda indignación y cuestionamientos sobre la eficacia del sistema legal.
La indolencia del caso: 11 heridos y dos vidas en riesgo inminente
El pasado 8 de noviembre, en la localidad de San Cristóbal, al sur de la ciudad de Bogotá, se consumó una tragedia que impactó a la opinión pública nacional. José Eduardo Chalá Franco circulaba a bordo de su taxi por calles de la zona cuando, en un cruce, impactó su vehículo directamente contra una familia que se encontraba cruzando la vía.
Videos captados por cámaras de seguridad confirmaron la secuencia del incidente:
- El vehículo descendía por una calle empinada a alta velocidad.
- Arrolló violentamente a la familia.
- Detuvo su marcha solo hasta chocar contra una serie de motocicletas estacionadas.
El hecho dejó un saldo de 11 personas heridas, de las cuales cuatro son menores de edad. La situación es de máxima gravedad para dos de los niños, quienes actualmente se debaten entre la vida y la muerte en un nosocomio de Bogotá, presentando un diagnóstico de muerte cerebral.
Peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia corroboraron de manera oficial que José Eduardo Chalá Franco había dado positivo a la prueba de alcoholemia tras el incidente.
La alarma legal: un delito menor para una tragedia masiva
La indignación de las víctimas y sus familiares escaló el 10 de noviembre de 2025, ante la creciente posibilidad de que el conductor quede en libertad. Juana Valentina Torres, prima de los menores arrollados, declaró en entrevista para la cadena Caracol el temor de las víctimas ante la impunidad.
Torres señaló que, a pesar de la gravedad de las lesiones y la condición crítica de los niños, el taxista está siendo señalado únicamente por el delito de lesiones personales, un cargo que podría permitirle evadir la cárcel.
“Ahora recibimos información de la Fiscalía de que es muy probable que este señor Eduardo Chala, este taxista que provocó esta calamidad, esta película de terror para muchas familias, puede quedar en libertad solamente por lesiones personales, lo cual para nosotros es muy indignante”, declaró la familiar.
La señora Torres también hizo un llamado a la comunidad de San Cristóbal para que no se tome “justicia por mano propia”, pues la familia se encuentra en un proceso de recopilación de información para evitar la liberación del responsable.
La disputa por la historia clínica: el obstáculo de la fiscalía
Para evitar la posible liberación de José Eduardo Chalá Franco, la familia de las víctimas está realizando “todo lo posible por obtener la historia clínica y el diagnóstico de los menores de edad”, según explicó Juana Valentina Torres. Estos documentos son cruciales para sumarlos a las pruebas ya existentes.
De acuerdo con las declaraciones de Torres, la Fiscalía ha solicitado estos documentos: “Porque al parecer para la fiscalía no es suficiente un video y sus papeles, sino que necesitan también cuál es el diagnóstico de los niños para poder hacer algo al respecto, lo cual es muy cuestionable”. La familia insiste en que, a pesar de lo “cuestionable” de la solicitud, cumplirán con los requerimientos para que se haga justicia y el taxista ebrio de Bogotá no quede en libertad.
La promesa de justicia choca contra los vacíos legales. Mientras dos familias esperan un milagro en un hospital de Bogotá, la posibilidad de que José Eduardo Chalá Franco quede libre por un cargo menor evidencia la fragilidad de un sistema que parece favorecer la impunidad. ¿Qué valor tiene la vida de 11 víctimas cuando la ley reduce una tragedia a un simple delito de lesiones personales?
