Una controversia sacude al Poder Judicial Federal en México. Una jueza adscrita al Estado de México, con residencia en Toluca, ha sido suspendida por la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). La decisión se tomó ante el presunto intento de la juzgadora de entorpecer la sensible extradición de Florian Tudor, el supuesto líder de la notoria Banda de la Riviera Maya, cuya captura en mayo de 2021 fue celebrada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Los cuestionables beneficios procesales y el caso de Florian Tudor
La Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) determinó suspender de sus funciones a la juzgadora federal tras iniciar una investigación derivada de una queja. La investigación se inició específicamente por una queja presentada por el área jurídica del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social Federal.
A la juzgadora se le señala por posibles faltas administrativas que repercutieron negativamente en perjuicio de la administración de justicia. Estos actos se materializaron mediante determinaciones tomadas en juicios de amparo. Según la denuncia, dichas resoluciones:
- Entorpecían procesos de extradición de forma indebida.
- Otorgaban beneficios cuestionables a personas sujetas a dicho proceso de extradición.
El TDJ destacó que el ciudadano rumano Florian Tudor fue detenido por la FGR en mayo de 2021. A Tudor se le atribuye el saqueo de millones de dólares a través de la clonación de tarjetas en cajeros de centros turísticos clave de México, liderando la conocida Banda de la Riviera Maya.
La interferencia en el sistema penitenciario federal
La autoridad denunciante profundizó en el caso, señalando que en un juicio de amparo promovido en contra de la orden de extradición del ciudadano rumano, la suspensión se otorgó extralimitando la normativa. Conforme a los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, la suspensión solo debió concederse respecto de la orden de extradición y en la medida estrictamente necesaria.
El Tribunal de Disciplina Judicial fue enfático al indicar lo siguiente:
> “Por lo cual se puede presumir como irregular que la juzgadora tomara la determinación de establecer el centro de reclusión en que debía permanecer el quejoso, pues con ello interfirió en la operatividad del sistema penitenciario federal”.
El TDJ subrayó que las autoridades carcelarias tienen la atribución de adoptar las medidas necesarias para preservar la seguridad, el orden y la gobernabilidad en los centros penitenciarios. Estas obligaciones esenciales no pueden estar supeditadas o neutralizadas por los efectos de una suspensión de naturaleza procesal, como ocurrió en este caso.
La contundencia del Tribunal de Disciplina Judicial
La medida de suspensión de actividades de la juzgadora fue decretada por la Comisión de Disciplina a petición expresa del titular del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, con el fin de continuar la investigación ante los posibles hechos irregulares.
En una sesión de carácter privado, realizada el jueves pasado, la Comisión de Disciplina, presidida por Rufino H. León Tovar, determinó la aplicación de esta medida temporal. León Tovar aseguró públicamente que el Tribunal de Disciplina Judicial no permitirá actos que afecten la impartición de justicia por parte de ningún juzgador, sin importar su nivel o su jerarquía dentro del sistema.
Este movimiento subraya la determinación de las autoridades judiciales de imponer rigor y orden ante cualquier indicio de corrupción o interferencia indebida en procesos tan delicados como los de extradición internacional, cuyo manejo debe ser impecable para salvaguardar los intereses de la administración de justicia en México.
