La incertidumbre jurídica envuelve al Reclusorio Norte, donde hoy, 19 de noviembre, se celebra una audiencia crucial que podría determinar el futuro legal del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Después de años tras las rejas, la defensa argumenta que el político ya cubrió los requisitos para obtener su libertad anticipada Javier Duarte, basándose en un cumplimiento avanzado de su sentencia.
Una condena de nueve años en la balanza legal
El proceso para la posible liberación del exmandatario veracruzano se intensificó durante el mes de noviembre, marcado por audiencias determinantes. La defensa de Duarte, encabezada por el abogado Pablo Campuzano, confirmó que la sesión de este martes se desarrolla en el Reclusorio Norte y tiene como objetivo solicitar formalmente la libertad anticipada para el exgobernador.
El calendario judicial, determinado por la jueza Ángela Zamorano Herrera, marcó una secuencia precisa:
- 11 de noviembre: Se llevó a cabo la audiencia donde la defensa presentó e interrogó a sus testigos clave.
- 19 de noviembre: Es el turno de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar y cuestionar a sus propios testigos ante la autoridad judicial.
Javier Duarte, quien formara parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue gobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016. Su detención y posterior sentencia se convirtieron en uno de los casos más mediáticos de corrupción en la política nacional reciente.
Argumentos de la defensa: 96 por ciento de la pena cumplida
Pablo Campuzano, abogado del exgobernador, ha sido enfático al exponer los motivos por los que solicitan la excarcelación de su cliente. Según los cálculos presentados ante la jueza, Duarte de Ochoa cumple ya con la mayoría de los requisitos formales para el beneficio penitenciario.
El argumento central del litigante se basa en cifras contundentes:
- La defensa sostiene que el exgobernador de Veracruz ya cumplió el 96 por ciento de su condena.
- Campuzano asegura que el político ha purgado la mitad de su pena total en prisión.
Además, el abogado se ha dedicado a desmentir las narrativas que podrían complicar el proceso de libertad anticipada. El defensor negó tajantemente las versiones difundidas por la Fiscalía sobre supuestos beneficios o el consumo de alcohol dentro del penal, buscando contrarrestar cualquier impedimento legal para la liberación.
Los crímenes de alto impacto que definieron el caso
Javier Duarte fue sentenciado a nueve años de prisión en 2018 tras declararse culpable. Los cargos por los que se encuentra preso son de alto impacto para la función pública y la salud social: asociación delictuosa y lavado de dinero.
El contexto de los delitos por los que fue acusado Duarte de Ochoa es particularmente grave, reflejando el desvío de fondos públicos que afectó directamente a la población más vulnerable de Veracruz. Entre las acusaciones más sensibles se encuentran:
- El exmandatario está señalado de desviar programas sociales para sus fines personales.
- Un capítulo escalofriante de su gestión involucra a enfermos de cáncer, quienes aseguraron que en lugar de recibir quimioterapias efectivas, el tratamiento solo consistía en agua.
- La razón detrás de esta atrocidad, según las denuncias, era la inexistencia de recursos para medicinas y cuidados hospitalarios.
A pesar de la gravedad de estos antecedentes, la audiencia de este 19 de noviembre determinará si los argumentos basados en el porcentaje de condena cumplida son suficientes para garantizarle a Duarte de Ochoa la libertad anticipada Javier Duarte, permitiéndole dejar el Reclusorio Norte.
El periodismo de investigación seguirá de cerca la decisión de la jueza Ángela Zamorano Herrera, pues la liberación de un exgobernador condenado por tales crímenes sentaría un precedente significativo sobre la aplicación de justicia y los beneficios penitenciarios en México. ¿La ley permitirá que un político sentenciado por delitos de lesa humanidad de facto obtenga su libertad tras cumplir formalmente con el 96% de una condena negociada?
