Coahuila: Golpe al huachicol fiscal transnacional

En julio de 2025, un decomiso sin precedentes de 15.48 millones de litros de combustible ilícito en Coahuila marcó un hito. Esta operación, liderada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo fue un éxito táctico, sino que expuso la alarmante evolución del Robo de combustible en México hacia el sofisticado “huachicol fiscal”.

El decomiso histórico de Coahuila: una operación sin precedentes

El operativo federal de julio de 2025 en Coahuila fue la culminación de acciones de inteligencia, no un suceso fortuito. Este evento estableció un nuevo punto de referencia en la lucha de México contra el Huachicol, revelando la sofisticación de las redes criminales y planteando serias interrogantes sobre la corrupción institucional.

La histórica incautación: escala y alcance

El 7 de julio de 2025, el gobierno federal mexicano anunció un decomiso monumental: 15,480,000 litros de hidrocarburos de procedencia ilícita. El combustible, que incluía diésel, gasolina y destilado de petróleo, estaba contenido en 129 carrotanques de ferrocarril, lo que evidencia la magnitud logística de la operación.

La operación se desarrolló en dos puntos estratégicos de Coahuila, ambos vinculados a la infraestructura ferroviaria:

• Ramos Arizpe: Se localizaron 33 carrotanques en aparente estado de abandono que contenían un total de 3,960,000 litros de combustible.
• Saltillo: Se encontraron otros 96 carrotanques detenidos sobre las vías del tren, los cuales transportaban 11,520,000 litros.

Este golpe fue resultado de un esfuerzo coordinado entre múltiples agencias federales, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en colaboración con personal de seguridad física de Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades locales.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, calificó públicamente el operativo como “el aseguramiento de hidrocarburo más grande de la presente administración” de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras el hallazgo, el caso fue turnado al Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Operaciones de inteligencia: la cronología previa

El decomiso del 7 de julio fue la cúspide de una investigación que se intensificó durante varias semanas.

• 22 de mayo de 2025 – el arresto catalizador: La investigación cobró impulso con la detención de Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano, un empresario coahuilense con presuntos vínculos históricos con el cártel de Los Zetas. Su arresto en Torreón se produjo cuando intentó intervenir de forma violenta en una agencia del Ministerio Público Federal para liberar a conductores de pipas que transportaban combustible ilegal. Aunque fue liberado dos días después, la FGR abrió una carpeta de investigación federal (FED/COAH/TORR/0000604/2025) por su presunta participación en el tráfico de hidrocarburos. Esta investigación se convirtió en el hilo conductor que llevó a los decomisos.
• 1 de julio de 2025 – la incursión precursora: Una semana antes del gran golpe, fuerzas federales y estatales realizaron un cateo en un predio de Saltillo. En esta acción se aseguraron cerca de 2 millones de litros de hidrocarburo, 20 pipas y 11 ferrotanques. A diferencia del operativo posterior, esta incursión resultó en la detención de 11 personas.
• 3 de julio de 2025 – cateos a gasolineras: Como parte de la misma línea de investigación, fuerzas federales catearon de manera simultánea al menos siete gasolineras en Saltillo operadas por la empresa Cargo Gas, una franquicia vinculada a “El Mono” Muñoz.

Esta cronología revela una estrategia de inteligencia metódica. La detención de un individuo de alto valor como “El Mono” Muñoz proveyó la inteligencia para identificar y atacar nodos logísticos y de distribución de la red, culminando en el decomiso masivo que, para entonces, ya había sido abandonado por sus operadores.

El operativo precursor del 1 de julio, de menor escala, logró la captura de 11 operadores, mientras que el histórico decomiso de 15.48 millones de litros se realizó sin un solo detenido en el acto. Esta discrepancia sugiere que, si bien las autoridades pueden ser efectivas contra los eslabones más bajos de la cadena, los cerebros de la operación, probablemente alertados, lograron distanciarse. Esto no indica un fallo táctico, sino la naturaleza sofisticada y compartimentada de una cúpula criminal de cuello blanco que se mantiene aislada del riesgo operativo.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, insistió en que el combustible estaba “en tránsito” y no había sido extraído de ductos locales. Esta declaración busca posicionar a Coahuila como un colaborador eficaz en la seguridad federal. Sin embargo, esta versión contrasta con datos de la propia FGR de principios de 2025 que reportaban 172 tomas clandestinas en el estado, y cifras de 2024 que identificaron 454 tomas en el ducto de Pemex que atraviesa Coahuila, colocando al municipio de Parras de la Fuente en el primer lugar nacional. Coahuila es, por lo tanto, simultáneamente un epicentro del robo de ductos y un corredor para el contrabando transfronterizo.

El significado estratégico de los eventos es claro:

• 22 de mayo de 2025, Torreón, Coahuila: Arresto de Juan Manuel “El Mono” Muñoz, que proporcionó la inteligencia inicial para desmantelar la red.
• 1 de julio de 2025, Saltillo, Coahuila: Cateo en predio industrial, resultando en 11 detenidos y el aseguramiento de 2 millones de litros y equipo.
• 3 de julio de 2025, Saltillo, Coahuila: Cateos a siete gasolineras Cargo Gas, exponiendo los vínculos corporativos y de distribución final.
• 7 de julio de 2025, Ramos Arizpe y Saltillo: Decomiso de 129 carrotanques, con 15.48 millones de litros asegurados y sin detenidos.

Anatomía de una empresa criminal: la red de “huachicol fiscal”

El decomiso en Coahuila no solo fue notable por su volumen, sino porque arrojó luz sobre una modalidad de crimen organizado mucho más sofisticada. Este caso emblemático permite diseccionar la estructura y el modus operandi del “huachicol fiscal”, una forma de delincuencia de cuello blanco que fusiona la logística corporativa con la coerción criminal.

La evolución de un delito: del ducto a la aduana

El término huachicol ha evolucionado. Tradicionalmente, se refería a la perforación directa y peligrosa de los ductos de Pemex. Sin embargo, el caso de Coahuila es un ejemplo paradigmático del “huachicol fiscal”, una forma de delincuencia organizada transnacional basada en el comercio. Su operación es logística y financiera. Sus componentes clave son:

• Contrabando transfronterizo: Importación ilegal de combustible desde Estados Unidos.
• Falsificación documental: Uso de facturas clonadas, declaraciones de aduanas (pedimentos) apócrifas y manifiestos de carga falsos para eludir los controles fiscales y regulatorios.
• Subdeclaración de volumen: Una táctica central, como se descubrió, es declarar solo una fracción del volumen real. Por cada carrotanque que transportaba 110,000 litros, la red declaraba únicamente 20,000 litros, evadiendo impuestos sobre más del 80% de la carga.
• Evasión fiscal: El objetivo principal no es robar el producto físico de Pemex, sino evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de México. Con una tasa que puede alcanzar los 6 pesos por litro, esto representa un margen de ganancia de entre el 25% y el 30% sobre el valor del combustible, convirtiendo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y no a Pemex, en la víctima principal.

La trama corporativo-criminal: actores clave y sus roles

La red desmantelada en Coahuila operaba a través de una compleja estructura que involucraba a empresas en ambos lados de la frontera y a individuos con perfiles tanto empresariales como criminales.

• Ingemar S.A. de C.V.: el eje mexicano.
• Perfil: Empresa mexicana constituida en 2018, con enfoque en la importación y comercialización de combustibles. Su accionista mayoritario es Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.
• Rol acusado: Utilizar sus permisos de importación legales como fachada para introducir combustible de contrabando.
• Defensa: Ruffo ha negado las acusaciones, argumentando que Ingemar es solo un importador y que la responsabilidad de la inspección recae en la Aduana mexicana.
• La controversia de los permisos: Ingemar obtuvo sus permisos en 2023 y los renovó en diciembre de 2024 para 2025, autorizando importaciones por 279 millones de dólares, a pesar de la política de restringir permisos privados. El gobierno federal ha declarado que los permisos originales fueron otorgados durante la administración anterior y que se vieron obligados a renovarlos por orden de un juez federal tras una batalla legal de cuatro años, lo que evidencia una posible manipulación del sistema judicial.
• Belar Fuels Company: la contraparte estadounidense.
• Perfil: Empresa con sede en Texas, presuntamente dirigida por Eduardo Rodríguez Chamoy. Las facturas utilizadas presentaban una dirección fiscal falsificada.
• Rol acusado: Funcionar como el proveedor estadounidense del combustible y ser cómplice en la elaboración de la documentación fraudulenta.
• Crismon Hidrocarburos y Lambrucar:
• Rol acusado: Actuar como intermediarias para distribuir el combustible ilegal en estados como Coahuila y Nuevo León.
• Juan Manuel “El Mono” Muñoz: el garante operativo.
• Perfil: Empresario de Coahuila con un largo historial de presuntos vínculos con Los Zetas y lavado de dinero. Fue detenido en España en 2016, extraditado a EE. UU. (donde fue informante), y reapareció en México antes de su arresto clave en mayo de 2025.
• Rol acusado: Proporcionar seguridad operativa y coerción para la red, sirviendo de puente entre la estructura corporativa y el crimen organizado en el terreno. Sus gasolineras, de la franquicia Cargo Gas, también fueron implicadas.

Esta estructura revela una relación simbiótica. Entidades corporativas como Ingemar y Belar, junto con figuras políticas, proporcionan la fachada de legitimidad, el capital y posible cobertura. Elementos criminales como Muñoz aportan la fuerza, intimidación y logística de campo. Este modelo híbrido es mucho más robusto y rentable.

La capacidad de Ingemar para mantener sus permisos de importación durante cuatro años mediante amparos demuestra cómo las organizaciones criminales pueden instrumentalizar el Estado de derecho para proteger sus operaciones. Esto transforma al sistema de justicia en un escudo para la actividad ilícita.

Los roles en la red de “huachicol fiscal”:

• Ingemar S.A. de C.V.: Corporación mexicana, importador primario; utilizó permisos legales como fachada para contrabando masivo. Bajo investigación de la FGR.
• Ernesto Ruffo Appel: Individuo/accionista mayoritario, proporcionó cobertura política y acceso de alto nivel. Exgobernador de Baja California; niega su participación.
• Belar Fuels Company: Corporación estadounidense, proveedor con sede en EE. UU.; socio en la falsificación de documentos. Vinculado a través de facturas con dirección falsa; bajo escrutinio de EE. UU.
• Juan Manuel “El Mono” Muñoz: Individuo/seguridad operativa, proporcionó seguridad en el terreno y enlace con cárteles (Los Zetas). Su arresto en mayo de 2025 fue el catalizador.
• Crismon Hidrocarburos / Lambrucar: Corporaciones mexicanas, red de distribución y almacenamiento. Operaban en Coahuila y Nuevo León.

La diferencia clave entre el huachicol tradicional y el huachicol fiscal:

• Método de robo: Perforación física de ductos de Pemex (tradicional) versus contrabando, falsificación de documentos y subdeclaración de volumen en aduanas (fiscal).
• Víctima primaria: Pemex por pérdida de producto (tradicional) versus el fisco mexicano (SAT) por evasión masiva de impuestos (IEPS) (fiscal).
• Vulnerabilidad explotada: Seguridad física deficiente de la infraestructura de ductos (tradicional) versus corrupción y falta de control en aduanas y procesos regulatorios (fiscal).
• Infraestructura requerida: Herramientas de perforación, mangueras, vehículos cisterna (tradicional) versus permisos de importación, red logística, empresas fachada (fiscal).
• Limitación geográfica: Restringido a la ruta de los poliductos (tradicional) versus limitado por los puntos de cruce fronterizo y puertos marítimos (fiscal).
• Riesgo principal: Explosiones, derrames, enfrentamientos armados (tradicional) versus detección financiera, auditorías fiscales, investigaciones de cuello blanco (fiscal).
• Nivel de sofisticación: Bajo a medio (tradicional) versus alto (fiscal).
• Ejemplo: Tomas clandestinas en Hidalgo o Puebla (tradicional) versus el decomiso de 15.48 millones de litros en Coahuila (fiscal).

El nexo cártel-corporativo: la diversificación estratégica del crimen organizado

El robo de combustible en México ha trascendido el delito común para convertirse en una de las unidades de negocio más estratégicas para las organizaciones criminales transnacionales (OCT). Los cárteles han diversificado sus portafolios, fusionando violencia con sofisticación financiera, usando el robo de hidrocarburos como pilar de su poder.

Una “vaca lechera” para los cárteles

Autoridades estadounidenses han calificado el robo de combustible como una “vaca lechera” (cash cow) para los cárteles mexicanos, destacando sus altos márgenes de beneficio y un riesgo percibido como menor que el narcotráfico. Se ha consolidado como la segunda fuente de ingresos ilícitos más importante, solo después de las drogas.

Las ganancias son astronómicas. Las pérdidas para el Estado mexicano por este delito superaron los 75.7 mil millones de pesos entre 2019 y 2024. Solo en el primer trimestre de 2025, las pérdidas para Pemex ascendieron a 5.47 mil millones de pesos. Este vasto flujo de capital es un incentivo irresistible.

Cárteles clave en el negocio del combustible

Te puede interesar:Sarah Grace Patrick: Abuelo defiende a nieta acusada de doble …

El huachicol es un mercado disputado por múltiples cárteles.

• Actores a nivel nacional: Una alerta de mayo de 2025 de la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) identifica al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel del Golfo como principales actores en el robo de crudo de Pemex y su contrabando a Estados Unidos. La Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2025 de la DEA añade a La Familia Michoacana.
• Dinámicas regionales: En Guanajuato, el control del huachicol es el centro de una disputa entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL). En Tabasco, operan remanentes del CJNG y ‘La Barredora’.
• Los Zetas/Cártel del Noreste en Coahuila: Históricamente, Los Zetas fueron pioneros en la explotación a gran escala. Su control sobre el norte de Coahuila ha sido constante. La facción sucesora, el Cártel del Noreste (CDN), mantiene esta presencia. La implicación de “El Mono” Muñoz, con sus nexos con Los Zetas, demuestra la persistencia de este linaje criminal.

Modus operandi: de la fuerza bruta a la integración empresarial

Los cárteles emplean un espectro de tácticas.

• Extorsión y robo de ductos: Además de la perforación física, los cárteles extorsionan a empleados de Pemex.
• Robo marítimo: Desde la década de 1990, el robo a buques petroleros y plataformas en el Golfo de México ha sido lucrativo, perfeccionado por el Cártel del Golfo y Los Zetas.
• Integración con mercados de EE. UU.: Los cárteles utilizan intermediarios para contrabandear el crudo robado a EE. UU., donde se vende a pequeñas empresas energéticas cómplices. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha sancionado a líderes como César Morfín Morfín (“Primito”) del CJNG.

La implicación en el huachicol fiscal demuestra que las principales OCT de México están evolucionando de “cárteles de la droga” a conglomerados criminales diversificados. Actúan como corporaciones multinacionales con múltiples unidades de negocio. El huachicol fiscal ofrece ganancias comparables con un tipo de riesgo diferente, más difícil de detectar y perseguir. Al diversificar, los cárteles se vuelven mucho más resilientes.

Los miles de millones de dólares generados se utilizan para comprar armamento sofisticado, corromper a funcionarios de alto nivel y financiar campañas políticas. Esto fomenta la creación de “narco-estados”. Combatir el huachicol no es solo detener el robo, sino desmantelar el motor financiero que alimenta todo el ecosistema del crimen organizado transnacional.

La frontera de EE. UU.: mercado de destino y punto de presión

El ecosistema del huachicol es binacional. Estados Unidos desempeña un doble papel: es el mercado de destino indispensable que hace rentable el contrabando a gran escala, y una fuente clave de presión legal y regulatoria.

Estados Unidos como mercado de destino

El modelo de negocio del “huachicol fiscal” colapsaría sin compradores en Estados Unidos.

• Empresas cómplices en EE. UU.: La operación depende de entidades estadounidenses, a menudo pequeñas empresas de petróleo y gas, dispuestas a adquirir el producto ilícito a precios reducidos.
• El proceso de contrabando y “lavado”: El crudo robado en México se introduce de contrabando en EE. UU., donde con frecuencia se etiqueta fraudulentamente como “aceite usado” u otros materiales peligrosos para eludir aranceles, impuestos y normativas.
• Alcance global: Una vez “lavado”, el combustible se revende y exporta a mercados globales, incluyendo Japón, India y países de África, generando millones de dólares por cada buque tanque.
• Procesamientos judiciales: Agencias de seguridad estadounidenses han comenzado a tomar medidas. Miembros de la familia Jensen de Utah y sus empresas fueron arrestados y acusados de contrabandear petróleo robado por cárteles mexicanos y lavar al menos 47 millones de dólares.

La respuesta regulatoria y de seguridad de EE. UU.

El gobierno estadounidense ha desplegado un arsenal de herramientas.

• Alerta de FinCEN (1 de mayo de 2025): La Red de Control de Delitos Financieros emitió una alerta crítica (FIN-2025-Alert002) instando a las instituciones financieras a estar vigilantes. Proporciona metodologías e indicadores de alerta (“banderas rojas”) para identificar y reportar estos esquemas.
• Sanciones de la OFAC: La Oficina de Control de Activos Extranjeros ha sancionado activamente a individuos y empresas implicadas. Se destaca el líder del CJNG, César Morfín Morfín (“Primito”), por su papel en el robo de combustible. Desde septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro ha sancionado a 12 ciudadanos mexicanos y 28 entidades vinculadas al CJNG.
• Colaboración binacional: El gobierno mexicano ha reconocido la estrecha coordinación con agencias estadounidenses en estas investigaciones.

La demanda de combustible barato por parte de empresas estadounidenses cómplices crea el factor de “atracción”. Esta demanda proporciona el incentivo para que funcionarios mexicanos acepten sobornos y para que las OCT inviertan en la logística del delito. Las acciones de agencias estadounidenses contra estas empresas no solo castigan a delincuentes, sino que perturban toda la red al atacar su principal fuente de ingresos.

Se observa un desajuste jurisdiccional. Agencias estadounidenses, como FinCEN y OFAC, actúan con transparencia, publicando nombres y detallando métodos. En contraste, en México, las investigaciones sobre actores de alto nivel, como los que están detrás de Ingemar, a menudo avanzan con lentitud y opacidad, protegidas por amparos. Esto crea una dinámica en la que EE. UU. expone públicamente los detalles, mientras el sistema mexicano lucha por procesar a sus propios actores clave.

Los indicadores de alerta de FinCEN para el contrabando de petróleo:

• Anomalías transaccionales: Venta de crudo significativamente por debajo de la tasa de mercado.
• Debida diligencia de la contraparte: La contraparte carece de registros apropiados de la EPA para manejar “aceite usado”.
• Perfil de negocio y documentación: Descripciones de transferencias bancarias inconsistentes con actividades comerciales conocidas.
• Perfil de negocio y documentación: Una pequeña empresa con presencia en línea mínima o engañosa realiza transacciones de gran volumen.
• Debida diligencia de la contraparte: Transacciones con empresas que muestran características de compañías fantasma.

El estado facilitador: la corrupción institucional como vulnerabilidad central

El robo de combustible a la escala industrial evidenciada en Coahuila no es un delito que pueda prosperar en el vacío. Depende intrínsecamente de una corrupción institucional generalizada. La red de huachicol opera gracias a la complicidad activa o la negligencia calculada de actores dentro del propio aparato gubernamental.

Corrupción en Pemex e instituciones estatales

La vulnerabilidad fundamental reside en la infiltración de las instituciones responsables.

• El “trabajo interno” en Pemex: Una porción considerable del robo de combustible se origina en la colusión de empleados de Pemex. Proporcionan inteligencia, pericia técnica y facilitan el robo desde refinerías. El presidente de México ha afirmado que la mayor parte del problema es un plan con complicidad interna.
• El punto ciego de la aduana: El “huachicol fiscal” es dependiente de la corrupción en los puntos de control aduanero. La capacidad de importar 110,000 litros declarando 20,000, o de etiquetar fraudulentamente combustible, es imposible sin la participación activa o la omisión deliberada de los funcionarios de aduanas.
• Complicidad estatal generalizada: Las redes de corrupción se extienden a cuerpos de policía municipales y estatales que brindan protección, y a figuras políticas propietarias o facilitadoras de gasolineras que venden el producto robado.

La política de la impunidad: permisos, procesos y poder

La corrupción se manifiesta en la manipulación de procesos legales y regulatorios.

• El caso del permiso de Ingemar: El hecho de que Ingemar, en el centro de esta investigación masiva, lograra obtener y renovar sus permisos de importación es indicio de influencia de alto nivel. La explicación del gobierno —que se vio forzado a renovar el permiso por orden de un juez federal tras una disputa legal de cuatro años— es alarmante.
• Decomisos sin sentencias: Un patrón recurrente es la disonancia entre los espectaculares decomisos y la falta de detenciones, procesamientos y condenas significativas de actores de alto nivel. Esto apunta a un sistema donde las tácticas operativas tienen éxito, pero la justicia estratégica fracasa, atribuido a la impunidad y el “contubernio”.
• Vínculos políticos: La participación del exgobernador Ernesto Ruffo como accionista mayoritario de Ingemar plantea preguntas críticas sobre la intersección entre poder político y crimen organizado.

La escala y complejidad de la operación de Coahuila sugieren una empresa criminal integrada con éxito en el aparato formal del Estado. Mover 129 carrotanques requiere coordinación que abarca múltiples agencias y jurisdicciones. La capacidad de una empresa para litigar contra el gobierno durante cuatro años y ganar el derecho a seguir operando implica un nivel de influencia legal y política sistémico. En este sentido, la red no está simplemente evadiendo al Estado; está apalancando elementos corruptos del mismo. La corrupción no es un obstáculo, sino su infraestructura esencial.

Este escenario presenta un dilema para la nueva administración. El masivo decomiso es una victoria mediática. Sin embargo, para lograr justicia real, debe investigar y procesar a los facilitadores de alto nivel. Esto implica indagar cómo y por qué se renovaron los permisos de Ingemar en diciembre de 2024, ya bajo la nueva administración, y confrontar la decisión judicial que forzó dicha renovación. Esto podría generar conflicto y exponer verdades incómodas. La ausencia de detenciones de alto nivel hasta la fecha sugiere cautela.

Evaluación del impacto estratégico: cuantificando el daño

El robo de combustible, en sus diversas modalidades, inflige un daño multifacético y profundo a México. Más allá de las cifras financieras, este delito erosiona la seguridad nacional, degrada el medio ambiente y socava la confianza social.

Impacto económico: una hemorragia de fondos públicos

El perjuicio económico es masivo.

• Pérdidas directas y evasión fiscal: El principal daño del “huachicol fiscal” es la pérdida de ingresos tributarios, específicamente del IEPS. Entre 2019 y 2024, el robo de ductos costó a Pemex más de 75.7 mil millones de pesos. Solo en los primeros dos meses de 2025, las pérdidas diarias de Pemex ascendieron a 56 millones de pesos, sumando más de 3.3 mil millones de pesos en ese periodo. Estimaciones más amplias, que incluyen el contrabando, sitúan las pérdidas durante el sexenio anterior en hasta 24.8 mil millones de dólares.
• Distorsión del mercado: La inundación del mercado con combustible ilícito y barato perjudica a las empresas que operan legalmente, creando competencia desleal que distorsiona el sector energético.
• El decomiso de Coahuila en contexto: Los 15.48 millones de litros incautados representan un valor comercial extraordinario, estimado por un analista en más de 100 millones de dólares. Este único decomiso equivale al 8.3% del consumo diario total de gasolina en México, suficiente para llenar los tanques de más de 281,000 automóviles.

Te puede interesar:Coahuila: federales desmantelan red de huachicol con golpes …

Impacto en la seguridad: financiando la violencia y la gobernanza criminal

El huachicol es el combustible literal y figurado de la inseguridad.

• Financiamiento de las OCT: Las ganancias del robo de combustible son una de las principales fuentes de financiamiento para las organizaciones criminales transnacionales más violentas, como el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
• Socavamiento del estado: Este flujo de ingresos permite a los cárteles adquirir armamento, corromper funcionarios y desafiar el monopolio de la violencia del Estado. La lucha contra el huachicol es un componente central de la estrategia de seguridad nacional.

Impacto ambiental y social

Los costos no monetarios son igualmente graves.

• Riesgos físicos: La perforación de ductos conlleva un riesgo inmenso de explosiones, incendios y derrames, con consecuencias fatales, como Tlahuelilpan. El almacenamiento de millones de litros de combustible en bodegas clandestinas también representa un grave peligro.
• Contaminación ambiental: Los derrames y fugas contaminan el suelo y las fuentes de agua, con efectos duraderos en la agricultura. Se estima que el 81% de los sitios de derrames se encuentran en terrenos de uso agrícola o ganadero.
• Erosión de la confianza social: La impunidad de los huachicoleros y la complicidad de autoridades erosionan la confianza del público, creando un entorno permisivo para la delincuencia.

El impacto económico del huachicol trasciende la pérdida financiera directa; su verdadero costo reside en el costo de oportunidad para el desarrollo nacional. Los 24.8 mil millones de dólares perdidos durante el sexenio anterior habrían sido suficientes para saldar la deuda de Pemex con sus proveedores. Estos ingresos fiscales perdidos podrían haber financiado proyectos masivos de infraestructura, salud o educación. El huachicol es un delito contra la sociedad mexicana en su conjunto, que frena activamente su desarrollo.

Además, la persistencia y escala del huachicol sugieren una peligrosa normalización de esta economía ilícita. Ha evolucionado de “robo hormiga” a una industria masiva e institucionalizada, en la que participa un amplio espectro de actores. Esta amplia participación y las enormes ganancias crean un poderoso grupo de interés con incentivos para que el delito continúe. Su erradicación requiere una respuesta integral que vaya más allá de los decomisos.

Perspectivas a futuro y recomendaciones estratégicas

El histórico decomiso en Coahuila marca un punto de inflexión. Sin embargo, no es un punto final. Las redes criminales demostrarán su resiliencia, mientras el gobierno enfrenta decisiones estratégicas cruciales. Esta sección ofrece una perspectiva a futuro y un conjunto de recomendaciones.

Perspectivas a futuro: el siguiente movimiento en el tablero

• Adaptación criminal: En respuesta a la incautación de carrotanques, es previsible que las redes modifiquen sus tácticas. Podrían optar por envíos más pequeños por autotanques, aumentar la sofisticación de la falsificación de documentos, o buscar nuevas rutas y corromper a funcionarios en diferentes puntos. Intensificarán la presión legal y política para proteger sus activos y personal clave.
• La encrucijada estratégica del gobierno: La administración Sheinbaum se encuentra en una encrucijada. Puede continuar enfocándose en decomisos tácticos que generan victorias mediáticas, o emprender la tarea más compleja y arriesgada de desmantelar las redes de corrupción de alto nivel. La promesa de combatir el huachicol “hasta donde tope” será puesta a prueba.

Recomendaciones estratégicas para actores gubernamentales (México y EE. UU.)

• Fortalecer la fusión de inteligencia financiera binacional: Crear un grupo de trabajo conjunto México-EE. UU. enfocado específicamente en los flujos financieros del “huachicol fiscal”. Esta unidad debería combinar la experiencia de la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, FinCEN y OFAC para mapear y desmantelar proactivamente las redes corporativas y bancarias.
• Implementar una estrategia de “seguir el activo”: Priorizar la extinción de dominio como herramienta principal. Decomisar combustible es una interrupción temporal; confiscar cuentas bancarias, empresas fachada, bienes inmuebles y otros activos de los arquitectos de la red paraliza permanentemente su capacidad.
• Fortificación tecnológica de las aduanas: Invertir masivamente en tecnología de inspección no intrusiva (escáneres, sensores químicos) en todos los principales cruces fronterizos. Exigir el uso de sellos digitales y rastreo por GPS en todas las importaciones de combustible, con datos compartidos en tiempo real.
• Reforzar la verificación anticorrupción para la emisión de permisos: Reformar el proceso de otorgamiento y renovación de permisos de energía. Incluir verificaciones de antecedentes exhaustivas de todos los beneficiarios finales de las empresas solicitantes, realizadas en coordinación con agencias de inteligencia binacionales. La capacidad de una empresa como Ingemar para obtener la renovación de un permiso por vía judicial debería desencadenar una revisión legislativa del proceso de amparo en casos que afecten la seguridad económica nacional.

Recomendaciones estratégicas para actores corporativos (energía, logística, finanzas)

• Realizar una debida diligencia mejorada de la cadena de suministro: Las empresas de energía y logística deben ir más allá de las verificaciones básicas de “Conozca a su Cliente” (KYC). Se requiere una debida diligencia profunda sobre todos los intermediarios, proveedores de transporte y compradores finales. Esto incluye verificar la legitimidad de los permisos, cruzar volúmenes con registros oficiales y utilizar herramientas como los indicadores de alerta de FinCEN.
• Escrutar la cadena logística ferroviaria: El caso de Coahuila expone la vulnerabilidad del transporte ferroviario. Empresas que utilizan el ferrocarril para transportar productos en México, incluido el operador Canadian Pacific Kansas City (CPKC), deben implementar controles más estrictos. Esto implica verificar la documentación de toda la carga, asegurar la exactitud de los manifiestos y reportar vagones sospechosos.
• Implementar una política de tolerancia cero a la corrupción: Las empresas estadounidenses y extranjeras que operan en México deben aplicar una estricta política de tolerancia cero que exceda los requisitos legales. Esto incluye controles internos robustos y canales claros para la denuncia de irregularidades. El procesamiento de la familia Jensen en EE. UU. sirve como una dura advertencia de los severos riesgos legales y reputacionales.
• Instituciones financieras: operacionalizar la guía de FinCEN: Los bancos e instituciones financieras deben integrar de inmediato los indicadores de alerta de FinCEN sobre el contrabando de petróleo en sus sistemas de monitoreo de transacciones. Los equipos de cumplimiento deben ser capacitados para reconocer las tipologías específicas del huachicol fiscal para detectar y reportar eficazmente la actividad sospechosa.

El masivo decomiso en Coahuila es una clara señal de una nueva fase en la guerra contra el robo de combustible, una que se librará no solo en los ductos, sino en los libros contables, los tribunales y las salas de juntas a ambos lados de la frontera. ¿Estarán los gobiernos y las corporaciones a la altura de este desafío transnacional, o el “huachicol fiscal” seguirá erosionando el Estado de derecho y financiando el crimen organizado?