Estafa Siniestra Hidalgo: Detienen a Marcos Miguel “N” por desvío de $110 mdp

Estafa Siniestra Hidalgo suma 9 exalcaldes procesados. Marcos Miguel “N”, de Singuilucán, fue detenido por PGJEH por desvío de $110 millones y omisión legal agravada.

AL MOMENTO

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La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ha asestado un nuevo golpe contra la corrupción. Marcos Miguel “N”, exalcalde de Singuilucán, ha sido detenido. Se le imputa el manejo indebido y desvío de más de 110 millones de pesos, sumando así al creciente número de exfuncionarios procesados en el marco del esquema conocido como Estafa Siniestra Hidalgo.

El noveno edil procesado en la Estafa Siniestra

La detención de Marcos Miguel “N” se ejecutó por elementos de la policía investigadora de la PGJEH. Este caso eleva a nueve el número de exalcaldes que han sido procesados como parte de “La Estafa Siniestra”, la red de corrupción que facilitó el desvío sistemático de recursos económicos durante 2022, la última anualidad del gobierno de Omar Fayad Meneses.

El encargado de despacho de la PGJEH, Francisco Hernández Hasbun, fue el encargado de informar sobre los cargos que pesan contra el exedil. Los señalamientos abarcan el manejo indebido de recursos públicos y el incumplimiento de sus obligaciones legales en el periodo comprendido entre 2020 y 2024.

Montos y cargos específicos contra el exalcalde de Singuilucán

La imputación inicial se centra en el uso indebido de $109 millones 645 mil 325 pesos, causando un perjuicio directo a la administración pública municipal. Sin embargo, el fiscal estatal interino puntualizó que existe un deber legal agravado que incrementa el monto del daño patrimonial:

El exmunícipe es acusado de dos cargos principales:

  •  Uso indebido de recursos públicos: $109,645,325 pesos.
  •  Deber legal agravado: $16,355,405 pesos.

El cargo agravado corresponde a la omisión de atender un proceso laboral, el cual culminó en un laudo económico en contra del ayuntamiento, generando un daño económico millonario a la hacienda municipal.

El mecanismo del desvío: Necesidades prioritarias simuladas

De acuerdo con las autoridades estatales, Marcos Miguel “N” habría utilizado una táctica recurrente en el esquema de la Estafa Siniestra para justificar la salida de fondos.

El exmunícipe solicitó recursos extraordinarios bajo el argumento de atender necesidades prioritarias del municipio. Estas supuestas prioridades incluían:

  •  Sanitización de espacios.
  •  Renta y reparación de maquinaria.
  •  Sueldos eventuales.
  •  Productos de limpieza.

Con dichos fondos, el exalcalde celebró contratos con personas físicas y morales que, según la PGJEH, representaron diferentes irregularidades administrativas y financieras.

Omisión agravada y daño al erario

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo refirió que el ex presidente municipal incumplió de forma grave su deber legal al no dar el seguimiento requerido al proceso laboral, a pesar de haber sido requerido en seis ocasiones para atender dicha obligación. Esta negligencia fue lo que generó el laudo en contra de la administración, sumando una cantidad significativa a la acusación principal por desvío.

Los antecedentes: Observaciones de la ASEH

El caso de Marcos Miguel “N” ya registraba antecedentes significativos. En 2023, el contralor estatal, Álvaro Bardales Ramírez, informó públicamente que el entonces alcalde de Singuilucán había aportado pruebas relevantes sobre las personas que formaron parte del esquema de corrupción que investigó el gobierno estatal.

A pesar de esta colaboración, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) previamente había identificado observaciones por 83 millones de pesos correspondientes específicamente al ejercicio fiscal de 2022, el periodo en que la Estafa Siniestra operó con mayor intensidad, durante la última anualidad del gobierno de Omar Fayad Meneses.

El procesamiento de nueve exalcaldes, incluido Marcos Miguel “N”, subraya la magnitud de la “Estafa Siniestra”. Este caso no solo revela un manejo indebido de recursos públicos y contratos simulados, sino también la negligencia sistemática ante procesos legales que incrementaron el daño patrimonial al ayuntamiento. Las autoridades de Hidalgo ahora enfrentan la tarea de asegurar que los $110 millones de pesos desviados sean recuperados para las arcas públicas.

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