El año 2025 marca un punto de inflexión fundamental para el ecosistema de activos digitales en Estados Unidos. Tras más de una década de ambigüedad regulatoria, el panorama experimenta una transformación sísmica hacia un marco legislativo proactivo. Este cambio representa una oportunidad y nuevos desafíos para los tenedores individuales de criptomonedas.
El fin de una era: De la regulación por aplicación de la ley a la legislación proactiva
Durante años, el enfoque regulatorio de Estados Unidos hacia las criptomonedas se definió por la incertidumbre y la acción punitiva. Agencias como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), bajo la administración del presidente Gary Gensler, adoptaron una postura combativa. Utilizaron “áreas grises de la ley” y acciones de cumplimiento para procesar a empresas por presuntas violaciones de fraude y leyes de valores, a menudo con cargos de ofertas de valores no registradas.
Esta estrategia sofocó la innovación, empujó a las empresas a operar en el extranjero y dejó a constructores e inversores en un estado de perpetua incertidumbre legal. La administración Trump, sin embargo, ha iniciado un cambio de política radical con el objetivo declarado de convertir a Estados Unidos en la “capital mundial de las criptomonedas”. Este giro se aleja de la “persecución reactiva” y se dirige hacia una “legislación proactiva”.
Este cambio no es meramente filosófico. Es el resultado de una confluencia de factores políticos y pragmáticos. La industria de las criptomonedas respondió a la presión regulatoria con una inversión masiva en cabildeo y donaciones de campaña, adquiriendo considerable influencia política. El propio presidente Trump reconoció abiertamente el cálculo político detrás de su apoyo, admitiendo que respaldó a la industria “también por los votos”. Además, existía un reconocimiento pragmático de que una postura puramente antagónica era contraproducente para los intereses económicos de EE. UU., ya que la falta de claridad regulatoria estaba perjudicando la innovación y la competitividad estadounidenses. Por lo tanto, el impulso legislativo actual es una legitimación de la industria al más alto nivel de gobierno, impulsado tanto por la realpolitik como por una estrategia económica a largo plazo.
Los tres pilares del nuevo marco cripto estadounidense
El nuevo panorama regulatorio de EE. UU. se apoya en tres pilares legislativos y regulatorios fundamentales, cada uno de los cuales aborda una faceta diferente del ecosistema de activos digitales:
- La Ley GENIUS (Stablecoins): Ya promulgada, esta ley establece un marco integral para la seguridad y solidez de las “monedas estables” de pago. Su objetivo es convertirlas en un componente fiable del sistema financiero.
- La Ley CLARITY (Estructura de mercado): Aún en estado de propuesta, esta ambiciosa legislación busca resolver la prolongada disputa jurisdiccional entre la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Define qué activos son valores y cuáles son materias primas.
- El Formulario 1099-DA del IRS (Impuestos): Un nuevo conjunto de regulaciones fiscales que alinea la declaración de impuestos de las criptomonedas con la de las finanzas tradicionales, introduciendo por primera vez la declaración por parte de terceros.
Un análisis más profundo de estas iniciativas revela un tema macroeconómico primordial: Estados Unidos está construyendo deliberadamente un sistema regulatorio bifurcado que trata a las plataformas centralizadas y descentralizadas de manera muy diferente. Por un lado, la Ley GENIUS y las reglas del Formulario 1099-DA imponen regulaciones estrictas, similares a las bancarias, a entidades centralizadas como los emisores de stablecoins y las bolsas de criptomonedas. Por otro lado, el Congreso ha revocado activamente las regulaciones del IRS que intentaban aplicar la misma definición de “bróker” a las plataformas de Finanzas Descentralizadas (DeFi) no custodiales. Esta acción reconoce la imposibilidad técnica y la incompatibilidad filosófica de tal enfoque. La propuesta Ley CLARITY consolida aún más esta división al crear una vía regulatoria separada y más ligera para los activos “descentralizados” bajo la supervisión de la CFTC. Para el tenedor de criptomonedas, comprender esta división es crucial, ya que crea dos universos paralelos: una “rampa de acceso” altamente regulada para las finanzas centralizadas y un espacio de mayor responsabilidad y menos regulación para las finanzas descentralizadas.
A continuación, una tabla con la legislación clave sobre criptomonedas de EE. UU. de 2025:
| Legislación | Título Completo | Estatus (a julio de 2025) | Alcance Principal | Agencias Clave Involucradas |
| Ley GENIUS | Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act | Promulgada como ley | Regulación de las stablecoins de pago | Reserva Federal, OCC, Tesoro, FDIC |
| Ley CLARITY | Digital Asset Market Clarity Act of 2025 | Aprobada por la Cámara, pendiente en el Senado | Estructura general del mercado, jurisdicción SEC/CFTC | SEC, CFTC |
| Ley Anti-CBDC | Anti-CBDC Surveillance State Act | Aprobada por la Cámara, pendiente en el Senado | Prohibición de una moneda digital de banco central | Reserva Federal |
| Reglas del 1099-DA | Regulaciones del IRS bajo la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos | Finalizadas y en vigor | Declaración de impuestos de activos digitales por parte de brókeres | Internal Revenue Service (IRS) |
La Ley GENIUS: Codificando las reglas para las stablecoins
La Ley de Guía y Establecimiento de la Innovación Nacional para las Stablecoins de EE. UU. (GENIUS), promulgada en julio de 2025, es la primera pieza legislativa importante que regula las criptomonedas en la historia de Estados Unidos. Su enfoque en las stablecoins de pago —activos digitales diseñados para mantener un valor estable, generalmente vinculado 1:1 con una moneda fiduciaria como el dólar estadounidense— aborda uno de los segmentos más críticos y de más rápido crecimiento del ecosistema cripto. Para el tenedor individual, esta ley transforma la naturaleza de las stablecoins que posee, pasando de ser productos tecnológicos basados en promesas a instrumentos cuasi-financieros con respaldo legal.
Disposiciones fundamentales: Construyendo un marco de confianza
La Ley GENIUS establece un conjunto de reglas estrictas diseñadas para garantizar la estabilidad y fiabilidad de las stablecoins de pago. Las disposiciones clave incluyen:
- Mandato de reserva 1:1: La piedra angular de la ley es el requisito de que los emisores mantengan reservas de activos líquidos de alta calidad en una proporción de al menos uno a uno con cada stablecoin en circulación. Los activos de reserva permitidos se limitan a efectivo, letras del Tesoro a corto plazo, depósitos bancarios asegurados y otros activos gubernamentales similares. La ley prohíbe explícitamente la rehipotecación (el uso de los activos de reserva para otros fines, como préstamos o inversiones) y no permite las stablecoins algorítmicas, que dependen de algoritmos en lugar de reservas para mantener su paridad.
- Emisores permitidos y regulación dual: La ley crea un sistema regulatorio dual federal-estatal. Los emisores con más de 10 mil millones de dólares en stablecoins en circulación están sujetos a una estricta supervisión federal por parte de agencias como la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y la Reserva Federal. Los emisores más pequeños pueden optar por un régimen de regulación a nivel estatal, siempre que las reglas de ese estado sean certificadas como “sustancialmente similares” a las federales.
- Auditorías y divulgaciones: Para garantizar la transparencia, los emisores deben publicar informes mensuales, examinados por una firma de contabilidad pública registrada, que detallen la composición de sus reservas. También deben tener políticas de redención públicas y claras, escritas en un lenguaje sencillo.
- Prohibición de intereses: La ley prohíbe explícitamente a los emisores de stablecoins pagar intereses o rendimientos a los tenedores de sus monedas.
Impacto directo en usted, el tenedor de stablecoins
Estas disposiciones legales tienen consecuencias directas y significativas para cualquier persona que utilice o mantenga stablecoins.
- Seguridad mejorada y riesgo reducido de “desvinculación”
La implicación más importante para los tenedores es un aumento drástico en la seguridad de sus activos. Los estrictos requisitos de reserva 1:1 y las auditorías periódicas están diseñados específicamente para prevenir un colapso catastrófico como el de Terra/Luna. Al exigir que las reservas se mantengan en activos seguros y líquidos, la ley reduce enormemente el riesgo de que un emisor no pueda satisfacer las solicitudes de redención en momentos de tensión en el mercado. Esto aumenta la confianza en que una stablecoin mantendrá su valor de 1 dólar.
Sin embargo, es crucial entender una distinción fundamental. Aunque esta regulación convierte a las stablecoins en un instrumento mucho más seguro, similar a un producto financiero regulado, la ley establece explícitamente que no están aseguradas federalmente como los depósitos bancarios por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC). Para el usuario, esto significa que sus stablecoins son significativamente más seguras que antes, pero no tan seguras como el efectivo en una cuenta bancaria asegurada. El riesgo, aunque reducido, no se elimina por completo.
- Su nuevo derecho legal a la redención
Antes de la Ley GENIUS, la capacidad de canjear una stablecoin por moneda fiduciaria dependía de la política y la buena fe del emisor. Ahora, los tenedores tienen un derecho legalmente exigible a redimir sus stablecoins por la moneda de referencia (por ejemplo, dólares estadounidenses) a demanda, sujeto a las políticas públicamente divulgadas por el emisor. Esta es una protección al consumidor fundamental que no existía de manera estandarizada. Aborda directamente un punto de fallo clave de las stablecoins del pasado, donde las puertas de redención se cerraban durante el pánico del mercado. No obstante, grupos de defensa del consumidor han criticado que la ley no exige un plazo específico para la redención, lo que podría dejar un resquicio para retrasos en el acceso a los fondos durante una crisis.
- El fin del rendimiento de las stablecoins
La prohibición de pagar intereses es una de las disposiciones más impactantes para las estrategias de inversión de muchos usuarios. Cualquier plataforma que ofrezca un rendimiento (yield) sobre una stablecoin ahora lo hace a través de protocolos de préstamo o DeFi separados, no como una característica inherente de la propia stablecoin emitida. La stablecoin en sí misma es, por ley, un activo no remunerado.
Esta prohibición es una concesión estratégica con dos objetivos principales. Primero, ayuda a evitar que las stablecoins sean clasificadas como valores. Pagar un rendimiento es un elemento clave de la Prueba de Howey, que la SEC utiliza para definir un valor (una inversión de dinero en una empresa común con una expectativa de beneficio). Al prohibir los intereses, la ley ayuda a que las stablecoins eviten el régimen regulatorio más estricto de la SEC. Segundo, protege al sistema bancario tradicional. Permitir que las empresas tecnológicas o las firmas de criptomonedas ofrezcan equivalentes de efectivo que generen intereses las pondría en competencia directa con los bancos por los depósitos, una preocupación importante para los reguladores de la estabilidad financiera. Para el usuario, la pérdida del rendimiento directo es el precio a pagar por la claridad regulatoria y la estabilidad del activo.
- Protecciones de bancarrota sin precedentes
Quizás una de las protecciones más subestimadas pero potentes de la Ley GENIUS es cómo trata los activos de reserva en caso de insolvencia de un emisor. La ley modifica el Código de Bancarrota de EE. UU. para estipular que los activos de reserva están legalmente separados de la propiedad corporativa del emisor y se reservan exclusivamente para los tenedores de stablecoins. A los tenedores se les otorga una “reclamación de súper prioridad” sobre estos activos, por delante de todos los demás acreedores, incluidos los gastos administrativos de la quiebra.
El impacto de esto es enorme. Significa que si una empresa como Circle (emisora de USDC) se declarara en quiebra, los activos que respaldan el USDC deberían, por ley, ser utilizados primero para reembolsar a los tenedores de USDC. Esta es una mejora masiva en la seguridad del usuario, que mitiga el riesgo de que los fondos de los clientes se vean envueltos en largos y costosos procedimientos de quiebra.
La Ley CLARITY: Trazando el rumbo para la estructura del mercado
Mientras que la Ley GENIUS aborda el segmento específico de las stablecoins, la propuesta Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (CLARITY) es mucho más ambiciosa. Busca establecer una estructura regulatoria integral para casi todos los demás activos digitales. Aunque todavía no es ley, su aprobación en la Cámara de Representantes con apoyo bipartidista indica un fuerte impulso. Si se promulga, cambiaría fundamentalmente la forma en que se regulan, negocian y perciben los criptoactivos como Bitcoin y Ether, así como miles de otros tokens.
El desafío central: Resolver la guerra territorial entre la SEC y la CFTC
Durante años, la industria de las criptomonedas en EE. UU. ha estado paralizada por una ambigüedad regulatoria fundamental: ¿es un token un valor (regulado por la SEC) o una materia prima (regulado por la CFTC)? Esta falta de claridad condujo a la “regulación por aplicación de la ley”, donde el estatus de un token a menudo se decidía en los tribunales después de años de litigio, creando un entorno impredecible para los innovadores y los inversores.
La Ley CLARITY, basándose en su predecesora, la Ley de Innovación Financiera y Tecnología para el Siglo XXI (FIT21), propone una solución a este problema. Su enfoque principal es dividir la jurisdicción regulatoria basándose en el grado de descentralización y funcionalidad de la blockchain subyacente de un activo. El marco propuesto funciona de la siguiente manera:
- Jurisdicción de la SEC: La SEC supervisaría los “activos digitales restringidos”. Estos son tokens asociados a proyectos que todavía son centralizados, donde un equipo de desarrollo o una empresa ejerce un control significativo sobre la red y su futuro. Típicamente, esto se aplicaría a los tokens durante su fase inicial de recaudación de fondos.
- Jurisdicción de la CFTC: La CFTC regularía las “materias primas digitales”. Estos son activos asociados a blockchains que han alcanzado un estado “maduro” y descentralizado, como Bitcoin y, presumiblemente, Ethereum, donde ninguna entidad única tiene control.
Cómo un criptoactivo “madura” de valor a materia prima
La Ley CLARITY establece un camino regulatorio para que un proyecto de criptomoneda pueda transitar de una categoría a otra. Inicialmente, cuando un token se vende para recaudar fondos para desarrollar un proyecto, la transacción se considera un “contrato de inversión” (un tipo de valor) y, por lo tanto, cae bajo la supervisión de la SEC.
Sin embargo, la ley crea un mecanismo para que un activo sea certificado como una “materia prima digital” una vez que su red se haya vuelto suficientemente descentralizada. Los criterios para la descentralización incluyen factores como que ninguna persona tenga control unilateral sobre la red y que el emisor original y sus afiliados no controlen más del 20% de los tokens o del poder de voto.
Este marco representa la codificación de una teoría articulada por primera vez por funcionarios de la SEC pero que nunca se había consagrado en la ley. En 2018, el entonces Director de Finanzas Corporativas de la SEC, William Hinman, pronunció un discurso influyente en el que sugería que Ether ya no era un valor porque la red Ethereum se había vuelto “suficientemente descentralizada”. Sin embargo, esto era solo una guía de la agencia, no una ley vinculante. La Ley CLARITY toma este concepto y crea un estándar legal y comprobable para él. Establece un proceso para que los emisores certifiquen su descentralización ante la SEC, con una vía de apelación si la agencia no está de acuerdo. Esto es un cambio radical para la innovación en EE. UU., ya que proporciona, por primera vez, un camino potencial para que los proyectos se lancen y crezcan dentro de un marco de cumplimiento, pasando de una fase de recaudación de fondos (valor) a una fase de utilidad funcional (materia prima).
Nuevas protecciones y nuevos riesgos para los inversores
La Ley CLARITY presenta una dicotomía para el inversor individual: ofrece protecciones más claras en las plataformas centralizadas, pero potencialmente a costa de los estándares de protección más amplios asociados con las leyes de valores tradicionales.
- Protecciones mejoradas en las bolsas centralizadas
La ley exige reglas claras para las bolsas, brókeres y distribuidores de activos digitales registrados. Estas reglas incluyen la segregación obligatoria de los fondos de los clientes, requisitos de divulgación y normas para abordar los conflictos de intereses. Esta es una respuesta directa a los fallos catastróficos vistos en colapsos como el de FTX, donde los fondos de los clientes se mezclaron con los fondos operativos de la empresa y se utilizaron indebidamente. Para un usuario de una bolsa estadounidense que cumpla con la ley (como Coinbase o Kraken), esto significaría que sus activos estarían legalmente separados de los de la bolsa, proporcionando una capa crucial de protección en caso de insolvencia de la plataforma.
- El argumento en contra de los defensores del consumidor: ¿Un debilitamiento de los estándares?
A pesar de estas mejoras, grupos como Consumer Reports y otros críticos argumentan que la Ley CLARITY es un error. Sostienen que trasladar la supervisión de la mayoría de los activos a la CFTC es perjudicial para los inversores minoristas. La principal preocupación es que la CFTC, a diferencia de la SEC, carece de un mandato explícito de protección al consumidor y tiene un historial y un conjunto de reglas menos robustos contra el abuso de mercado, el uso de información privilegiada y la manipulación.
Los críticos también señalan posibles lagunas, como un proceso de autocertificación para la descentralización que podría ser explotado por proyectos que desean eludir la supervisión de la SEC mientras retienen un control efectivo. Otra preocupación importante es la amplia anulación de las leyes estatales de protección al consumidor, que a menudo son más estrictas que las federales.
En última instancia, la Ley CLARITY representa un debate filosófico fundamental sobre la regulación. Por un lado, la industria de las criptomonedas y sus defensores argumentan que las leyes de valores existentes, redactadas en la década de 1930, son inadecuadas para esta nueva tecnología y que se necesitan reglas a medida para fomentar la innovación. Por otro lado, los defensores del consumidor y el anterior liderazgo de la SEC abogan por la “neutralidad tecnológica”, la idea de que una inversión es una inversión, independientemente de la tecnología subyacente, y debe estar sujeta a las mismas leyes de valores probadas durante 90 años. La aprobación de la Ley CLARITY señalaría una victoria política para la filosofía de las “reglas a medida”. Para el usuario, esto significa que las plataformas que utiliza podrían tener regulaciones más claras, pero las protecciones subyacentes para sus inversiones podrían ser menos estrictas que las que se aplican a las acciones o los bonos.
La nueva realidad fiscal: Desmitificando el formulario 1099-DA
De todos los cambios regulatorios que se están produciendo en 2025, el más inmediato y universal para los tenedores de criptomonedas en EE. UU. es la introducción de un nuevo régimen de declaración de impuestos. Este cambio, centrado en el nuevo Formulario 1099-DA del IRS, transformará la forma en que se rastrean y declaran las transacciones de activos digitales, poniendo fin a una era de ambigüedad fiscal.
El amanecer de la declaración automatizada: Explicación del formulario 1099-DA
A partir del año fiscal 2025 (con los formularios emitidos a principios de 2026), los “brókeres” de activos digitales, como las bolsas centralizadas (por ejemplo, Coinbase, Kraken), estarán obligados a emitir un nuevo Formulario 1099-DA tanto al usuario como al IRS por cada venta o intercambio de activos digitales. Este formulario es análogo al Formulario 1099-B utilizado en el mercado de valores tradicional.
La implementación de este requisito se realizará por fases:
- Para las transacciones de 2025 (declaradas en 2026): Los brókeres informarán los ingresos brutos de las ventas e intercambios. Los ingresos brutos son el valor total en dólares recibido por la venta, antes de deducir cualquier tarifa o el coste original del activo.
- Para las transacciones de 2026 (declaradas en 2027): Además de los ingresos brutos, los brókeres también deberán informar la base de coste (el precio de compra original más las tarifas) de los activos cubiertos vendidos.
La llegada del Formulario 1099-DA marca el fin definitivo de la “ambigüedad fiscal” para las criptomonedas. Hasta ahora, el IRS dependía en gran medida de que los usuarios autodeclararan su actividad, con una verificación limitada por parte de terceros. El nuevo sistema proporciona al IRS datos directos de terceros sobre las transacciones de los usuarios, lo que le permite cotejar automáticamente los ingresos declarados por los brókeres con lo que los contribuyentes declaran en sus declaraciones de impuestos. Esto aumentará drásticamente el cumplimiento fiscal y es probable que desencadene una oleada de auditorías e investigaciones contra aquellos con actividades no declaradas previamente. Para el tenedor de criptomonedas, llevar un registro meticuloso ya no es una buena práctica opcional; es una necesidad absoluta para la supervivencia fiscal.
La brecha crítica: Por qué usted todavía debe rastrear su propia base de coste
Aunque las nuevas reglas serán de gran ayuda, no son una solución completa. Un punto crítico que los usuarios deben entender es que los brókeres no están obligados a compartir información sobre la base de coste entre ellos.
Consideremos un escenario común: un inversor compra 1 Bitcoin en Coinbase, lo transfiere a una billetera de autocustodia para su almacenamiento y, meses después, lo transfiere a Kraken para venderlo. En este caso, Kraken emitirá un Formulario 1099-DA informando los ingresos brutos de la venta. Sin embargo, como Kraken no tiene conocimiento del precio de compra original en Coinbase, es muy probable que informe la base de coste como 0 dólares o “desconocida”.
El impacto de esto es que sigue siendo responsabilidad legal del contribuyente calcular e informar la base de coste correcta en su declaración de impuestos. Si un contribuyente simplemente informa la base de coste de 0 dólares que figura en el formulario, pagará impuestos sobre la totalidad de los ingresos de la venta, en lugar de solo sobre la ganancia, lo que resultaría en un pago de impuestos excesivo y costoso. Por lo tanto, confiar ciegamente en los formularios 1099-DA recibidos podría ser un error financiero significativo.
La gran exención: Por qué DeFi y la autocustodia son diferentes
En una medida histórica que subraya la división regulatoria en el ecosistema, el Congreso utilizó la Ley de Revisión del Congreso (CRA) para derogar las regulaciones del IRS que intentaban clasificar a los proveedores de billeteras no custodiales y a los desarrolladores de protocolos DeFi como “brókeres” a efectos fiscales.
Esta derogación se produjo porque estas entidades descentralizadas, por su propia naturaleza, no tienen la custodia de los activos de los usuarios ni acceso a su información personal, lo que hace que el cumplimiento de los requisitos de declaración del Formulario 1099 sea técnicamente imposible.
Esta acción del Congreso crea una clara elección de “privacidad frente a conveniencia” para los usuarios y consolida el sistema regulatorio de dos vías.
- Utilizar una bolsa centralizada (CeFi) como Coinbase significa que el usuario obtiene la conveniencia de recibir un Formulario 1099-DA que simplifica (pero no completa) su declaración de impuestos. Sin embargo, este camino implica ceder datos personales y financieros a la bolsa y, por extensión, al IRS.
- Utilizar una bolsa descentralizada (DEX) o una billetera de autocustodia (DeFi) significa que el usuario conserva su privacidad frente a la declaración de terceros.
Sin embargo, la derogación de la CRA es un arma de doble filo. Como ahora se prohíbe al Tesoro emitir una norma “sustancialmente similar”, no hay perspectivas de que las plataformas DeFi proporcionen formularios de impuestos en el futuro.
En consecuencia, el usuario debe tomar una decisión consciente. El camino de la conveniencia (CeFi) viene con vigilancia. El camino de la privacidad (DeFi) viene con la carga absoluta e ineludible de la autodeclaración meticulosa a efectos fiscales.
A continuación, sus nuevas obligaciones de declaración de impuestos con un cronograma:
| Año Fiscal | Responsabilidad del Bróker (en el Formulario 1099-DA) | Su Responsabilidad |
| 2024 (y anteriores) | Ninguna. No existe el Formulario 1099-DA. | Rastrear y declarar el 100% de la actividad: ingresos brutos, base de coste, ganancias/pérdidas. |
| 2025 | Informará los ingresos brutos de las ventas/intercambios a usted y al IRS. | Rastrear y calcular su propia base de coste para todas las transacciones. Conciliar los ingresos brutos del 1099-DA con sus registros. |
| 2026 y posteriores | Informará los ingresos brutos Y la base de coste para los activos comprados y vendidos en la misma plataforma después del 1 de enero de 2026. | Rastrear y calcular la base de coste de los activos transferidos desde otras plataformas o billeteras. Verificar la exactitud de la base de coste informada por el bróker. |
Síntesis y recomendaciones estratégicas para los tenedores de criptomonedas
El conjunto de leyes y regulaciones de 2025 representa la transición de la industria de las criptomonedas en Estados Unidos de una adolescencia salvaje a una madurez estructurada. Para el tenedor individual, navegar por este nuevo entorno requiere una comprensión holística de los cambios y una estrategia proactiva para gestionar sus activos, su privacidad y sus obligaciones.
El efecto acumulativo: Un mercado más maduro, complejo y bifurcado
En conjunto, las nuevas leyes están empujando al mercado de criptomonedas de EE. UU. hacia la madurez. La Ley GENIUS proporciona una claridad muy necesaria para las instituciones y una mayor seguridad para los usuarios de stablecoins, convirtiéndolas en un pilar más fiable para los pagos y la liquidación. Las nuevas regulaciones fiscales del IRS ponen fin a la evasión y la ambigüedad, alineando los activos digitales con otros mercados financieros. La propuesta Ley CLARITY, si se aprueba, crearía por fin un camino para la innovación dentro de un marco de cumplimiento.
Sin embargo, esta madurez conlleva una mayor complejidad y una división más marcada entre el mundo centralizado y regulado (CeFi) y la frontera descentralizada y no regulada (DeFi). Este enfoque estadounidense es fundamentalmente diferente del marco integral adoptado por la Unión Europea, lo que crea una dinámica global única.
El reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la UE es un marco único y completo diseñado para armonizar las normas para todos los criptoactivos y proveedores de servicios en todo el bloque. En cambio, el enfoque de EE. UU. es un mosaico de leyes separadas para diferentes sectores (stablecoins, estructura de mercado) combinado con la elaboración de normas a nivel de agencia (IRS). Mientras que MiCA establece clasificaciones de tokens claras y por adelantado, la Ley CLARITY de EE. UU. propone un proceso más fluido de “maduración” de un valor a una materia prima. En consecuencia, el sistema estadounidense puede ser más flexible y favorable a la innovación en algunos aspectos, especialmente para DeFi, pero también es más fragmentado y complejo de navegar que la regulación de “ventanilla única” de la UE. Esto tiene implicaciones significativas para las empresas y los inversores de criptomonedas a nivel mundial.
A continuación, una instantánea comparativa de los enfoques regulatorios de EE. UU. vs. UE (MiCA):
| Característica Regulatoria | Estados Unidos (Marco GENIUS/CLARITY) | Unión Europea (Marco MiCA) |
| Filosofía General | Enfoque de mosaico, sector por sector (stablecoins, mercado, impuestos). Bifurcado entre CeFi y DeFi. | Marco integral y armonizado que cubre la mayoría de los criptoactivos y proveedores de servicios (CASPs). |
| Clasificación de Tokens | Proceso dinámico. Los activos pueden “madurar” de un “activo digital restringido” (similar a un valor, regulado por la SEC) a una “materia prima digital” (regulada por la CFTC). | Clasificación estática y por adelantado. Los tokens se definen como Fichas referenciadas a activos (ARTs), Fichas de dinero electrónico (EMTs) o Fichas de utilidad. |
| Regulación de Stablecoins | Muy estricta bajo la Ley GENIUS. Requisitos de reserva 1:1, auditorías, emisores permitidos. Prohibición de intereses. | Muy estricta para ARTs y EMTs. Requisitos de capital, gobernanza, reservas y derechos de redención. |
| Licencias para Bolsas/CASPs | Regímenes de registro separados y a medida para brókeres/distribuidores de la SEC y la CFTC, dependiendo de los activos negociados. | Un único régimen de licencias de CASP con “pasaporte” para operar en toda la UE. |
| Tratamiento de DeFi | En gran medida exento de las regulaciones de “bróker” (por ejemplo, derogación de la CRA de las reglas fiscales de DeFi). El enfoque es regular las rampas de acceso centralizadas. | Aún en evolución. MiCA se centra principalmente en entidades centralizadas, pero se espera una regulación futura para DeFi. |
Recomendaciones prácticas para el tenedor individual
A la luz de este nuevo marco, los tenedores de criptomonedas deben adoptar un enfoque más deliberado y estratégico.
- Realice una debida diligencia de sus plataformas
Evalúe las bolsas y plataformas que utiliza. ¿Tienen su sede en EE. UU. y se están preparando para cumplir con la Ley GENIUS y los requisitos de declaración del 1099-DA? Utilizar plataformas que cumplan con la normativa ofrece una mayor seguridad para sus activos y una declaración de impuestos más sencilla (aunque no completa), pero a costa de la privacidad. El uso de plataformas no estadounidenses o no conformes conlleva un riesgo regulatorio y fiscal significativo, ya que el IRS y otras agencias están aumentando la cooperación internacional para rastrear activos en el extranjero.
- Domine su mantenimiento de registros
Independientemente de las plataformas que utilice, usted es la fuente última de verdad para su obligación fiscal. Es imperativo implementar un sistema robusto para rastrear cada transacción: fecha, hora, activo, cantidad, valor en USD en el momento de la transacción y las tarifas asociadas. Utilice software de impuestos para criptomonedas como ayuda, pero siempre verifique sus resultados con sus propios registros. Dada la complejidad, especialmente con las transacciones de DeFi, consultar a un contable con experiencia en activos digitales es muy recomendable.
- Entienda la división CeFi/DeFi
Tome una decisión consciente sobre dónde mantener y realizar transacciones con sus activos, entendiendo las ventajas y desventajas:
- Finanzas Centralizadas (CeFi): Espere más seguridad (protecciones de la Ley GENIUS, segregación de fondos), más protecciones al consumidor y una declaración de impuestos automatizada. Esta es la opción de menor riesgo y menor privacidad.
- Finanzas Descentralizadas (DeFi): Espere una mayor responsabilidad personal, ninguna declaración de impuestos de terceros y una mayor privacidad. Esta es la opción de mayor riesgo y mayor autonomía. Su carga de cumplimiento fiscal recae enteramente sobre usted.
- Reevalúe su estrategia de stablecoins
Si anteriormente mantenía stablecoins para obtener un rendimiento, esa estrategia debe cambiar. Bajo la Ley GENIUS, las stablecoins reguladas se conciben mejor como activos altamente líquidos y estables, pero no productivos, ideales para pagos, liquidaciones y como un refugio temporal de la volatilidad del mercado, no como inversiones que generan ingresos por sí mismas. Cualquier rendimiento ofrecido ahora proviene de un riesgo adicional asumido en un protocolo de préstamo o DeFi separado.
El marco regulatorio de 2025 está consolidando los activos digitales como una característica permanente del panorama financiero estadounidense. Para el tenedor individual, esto trae consigo nuevas cargas, especialmente en materia de impuestos y debida diligencia. Sin embargo, también aporta un nivel de legitimidad, seguridad y claridad que probablemente atraerá más capital e innovación al espacio. A largo plazo, se espera que esto beneficie a los tenedores que puedan adaptarse y navegar con éxito por las nuevas reglas del juego. El futuro de las criptomonedas en Estados Unidos será más regulado, más complejo y, en última instancia, más integrado en la economía en general. La era del “salvaje oeste” ha terminado; ha comenzado la era de la navegación estratégica.
