La crisis del contrabando de combustible, conocida como huachicol, ha escalado de un problema doméstico en México a una intrincada empresa criminal transnacional. Sus ingresos, que ahora rivalizan con los del narcotráfico, financian a poderosas organizaciones delictivas. Este fenómeno, en el que actores de ambos lados de la frontera México-Estados Unidos están implicados, exige una respuesta binacional urgente y coordinada.
Huachicol transnacional: de robo local a desafío binacional
El huachicol, inicialmente un Robo de combustible a pequeña escala en México, ha evolucionado drásticamente para convertirse en un pilar financiero fundamental para las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT). Esta actividad, madura y bidireccional, genera ingresos que rivalizan con los del narcotráfico. El reciente reconocimiento por parte de agencias estadounidenses de la existencia de esta red, incluyendo la complicidad de actores en su territorio, junto con la enérgica respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigiendo corresponsabilidad, marca un punto de inflexión crítico. Este momento redefine el huachicol como una crisis de seguridad binacional compartida que exige una respuesta coordinada e integral.
Los hallazgos clave de este análisis demuestran modalidades operativas duales. Por un lado, existe el contrabando hacia el norte de petróleo crudo robado a Petróleos Mexicanos (Pemex). Por otro, el llamado huachicol fiscal, que implica el contrabando hacia el sur de combustibles adquiridos en Estados Unidos para evadir el sistema fiscal mexicano. El impacto económico es masivo, con pérdidas de miles de millones de dólares en ingresos fiscales para México y distorsiones significativas en el mercado energético estadounidense. En el ámbito de la seguridad, se ha creado un “círculo vicioso”: las ganancias del robo de combustible financian la violencia generalizada de los cárteles, mientras que las acciones de las fuerzas de seguridad, a menudo, provocan una escalada del conflicto y la diversificación hacia delitos más violentos. Una respuesta efectiva y sostenible debe basarse en una estrategia binacional integrada. Dicha estrategia debe priorizar la disrupción de las redes financieras que sostienen estas operaciones, implementar una supervisión regulatoria más estricta sobre el sector energético a ambos lados de la frontera y ejecutar operaciones conjuntas basadas en inteligencia que apunten a toda la cadena de suministro criminal, desde la extracción o compra inicial hasta el lavado final de las ganancias.
Anatomía de una empresa criminal sofisticada
Para comprender la magnitud del desafío actual, es imperativo analizar la mecánica operativa del comercio ilícito de combustible. Lejos de ser un simple acto de robo, el huachicol se ha transformado en una industria criminal sofisticada y multifacética con operaciones complejas que abarcan ambos lados de la frontera.
La evolución del huachicol: de fenómeno local a industria criminal
El término huachicol tiene sus raíces en una práctica de robo de combustible a pequeña escala en México, principalmente a través de la perforación de tomas clandestinas en los ductos de Pemex. Durante años, esta actividad fue un fenómeno localizado, a menudo perpetrado por pequeños grupos o individuos que gozaban de cierto grado de tolerancia o incluso complicidad en las comunidades locales, donde a veces se les veía como figuras similares a Robin Hood por vender gasolina a precios reducidos.
El punto de inflexión se produjo después de 2010, cuando las principales Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT), como Los Zetas y el Cártel del Golfo, incursionaron en este negocio, atraídas por su creciente rentabilidad. Su participación transformó radicalmente la escala y la naturaleza del delito. La violencia se disparó a medida que los cárteles luchaban por el control de los territorios con ductos. Los métodos evolucionaron más allá de la simple perforación de ductos para incluir el robo directo en refinerías, el secuestro de carrotanques y la construcción de complejas redes de túneles para desviar y almacenar el combustible robado.
Un catalizador económico clave para esta transformación fue un conjunto de reformas fiscales y energéticas en México. Estas reformas, destinadas a modernizar el sector y sanear las finanzas de Pemex, provocaron un aumento de los precios del combustible en el mercado nacional. Irónicamente, esto creó márgenes de ganancia mucho más altos para la gasolina robada, convirtiendo el huachicol en una fuente de ingresos irresistiblemente lucrativa para las OCT.
El flujo hacia el norte: crudo mexicano robado en mercados estadounidenses
Una de las modalidades más documentadas por las agencias estadounidenses es el contrabando de petróleo crudo robado en México hacia Estados Unidos. En una declaración conjunta de “todo el gobierno”, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la DEA, el FBI y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), ha detallado este esquema, identificándolo como la “fuente de ingresos ilícitos no relacionados con drogas más significativa para los cárteles”.
El modus operandi comienza con el robo de petróleo crudo de la empresa estatal Pemex por parte de cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Este robo se logra mediante una combinación de tácticas que incluyen la perforación de ductos, el soborno y la extorsión de empleados de Pemex.
Posteriormente, el crudo robado se transporta a través de la frontera suroeste de EE.UU. Para evadir la detección y las regulaciones aduaneras, el producto es frecuentemente mal etiquetado en la documentación comercial como “aceite de desecho” (*waste oil*) u otros materiales supuestamente peligrosos de menor valor.
La viabilidad de esta operación depende fundamentalmente de la participación de actores en Estados Unidos. Las agencias estadounidenses reconocen que el esquema se basa en “pequeñas empresas de petróleo y gas natural cómplices con sede en EE.UU.” e “importadores estadounidenses” que operan cerca de la frontera en regiones energéticas clave como la Cuenca Pérmica y Eagle Ford en Texas. Estas empresas, que a menudo mantienen una fachada de operaciones comerciales legítimas, compran el crudo mal etiquetado a precios reducidos.
La etapa final es el lavado de dinero. Los importadores estadounidenses venden el petróleo robado y procesado en los mercados de EE.UU. e internacionales. Las ganancias se canalizan de vuelta a México a través de una red de intermediarios y empresas fantasma y de fachada a ambos lados de la frontera, utilizando transferencias electrónicas complejas para ocultar el origen ilícito de los fondos y, finalmente, pagar a los cárteles.
El flujo hacia el sur: huachicol fiscal y evasión de impuestos
Paralelamente al flujo hacia el norte, ha surgido una “nueva variante” del delito, denominada huachicol fiscal. Autoridades estatales de Texas han documentado cómo este esquema implica la compra legal de combustible en Texas, exento de impuestos para la exportación, que luego es contrabandeado a México para eludir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) mexicano.
El principal incentivo para esta modalidad es la propia política fiscal de México. Una investigación del *Financial Times* reveló cómo la estructura del IEPS, diseñada para estabilizar los precios de la gasolina para los consumidores mexicanos, crea inadvertidamente una enorme oportunidad de ganancia para los contrabandistas. Cuando los precios internacionales del petróleo bajan, el gobierno mexicano tiende a aumentar la tasa del IEPS para mantener los precios en el surtidor y aumentar la recaudación. Esta brecha entre el precio internacional más bajo y el precio mexicano más alto (inflado por el impuesto) representa un margen de beneficio puro para quienes logran evadir el IEPS.
La logística de esta operación es masiva y sofisticada, lo que indica la participación de redes criminales bien organizadas. Se han identificado docenas de envíos marítimos sospechosos desde puertos de Texas como Houston y Beaumont hacia puertos mexicanos como Altamira y Tampico, involucrando millones de barriles de combustible. Además del transporte marítimo, el contrabando por ferrocarril es una ruta clave, controlada por grupos como “Los señores de los trenes”, responsables del movimiento ilegal de millones de litros en vagones cisterna.
Al igual que en el flujo hacia el norte, la falsificación de documentos es fundamental. Los contrabandistas declaran el combustible como productos no sujetos a impuestos, como “lubricantes industriales” o “aditivos”, para pasar por las aduanas mexicanas sin pagar el IEPS. Un esquema de esta magnitud es inviable sin la colusión de funcionarios corruptos, incluyendo agentes aduanales, autoridades portuarias y agencias navieras.
La red circular: un ecosistema criminal simbiótico
La culminación de la sofisticación de esta empresa criminal es la fusión de los flujos norte y sur en una red circular y simbiótica. Declaraciones de la Embajada de EE.UU. en México, corroboradas por la propia presidenta Sheinbaum, describen un esquema en el que el crudo robado en México es contrabandeado a Texas, procesado en refinerías estadounidenses y luego contrabandeado de vuelta a México como producto refinado (gasolina o diésel), evadiendo impuestos y regulaciones en cada etapa del ciclo.
Esta red transnacional se apoya en una infraestructura y un elenco de actores bien definidos. Incluye desde el liderazgo de las OCT y empleados corruptos de Pemex, hasta intermediarios mexicanos, importadores estadounidenses, depósitos de combustible no regulados en Texas conocidos como “instalaciones de transbordo” (*transloading facilities*), empresas de transporte y logística, y finalmente, instituciones financieras cómplices que facilitan el lavado de activos. Individuos como Arnold Rojas Tame y Luis Ariel Rivera Rodríguez han sido identificados como operadores clave en la red de contrabando ferroviario hacia el sur.
La mecánica operativa del comercio ilícito revela una evolución significativa desde la simple extracción de recursos hacia un modelo sofisticado de manipulación del mercado. El huachicol clásico es un robo directo de un bien físico, principalmente crudo robado de Pemex. En contraste, el huachicol fiscal y el bucle de contrabando circular no son solo robos; requieren un conocimiento profundo de los códigos aduaneros, las leyes fiscales como el IEPS, la logística del comercio internacional y los sistemas financieros para lavar las ganancias. La táctica de contrabando del flujo hacia el norte es el mal etiquetado como “aceite de desecho”, mientras que el flujo hacia el sur utiliza el mal etiquetado como “lubricantes”. La infraestructura clave para el flujo hacia el norte incluye ductos de Pemex y depósitos en la frontera, mientras que para el flujo hacia el sur son puertos de EE.UU., instalaciones de transbordo en Texas y el ferrocarril. El motor económico principal del huachicol clásico es el robo del activo físico, en tanto que para el huachicol fiscal es la evasión del impuesto IEPS mexicano. Cárteles clave como el CJNG, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo están involucrados en ambas modalidades.
El uso de documentos falsificados para reclasificar el combustible como “lubricantes” o “aceite de desecho” demuestra una comprensión avanzada de las lagunas regulatorias. Esta transformación indica que las OCT operan cada vez más como corporaciones multinacionales, con divisiones especializadas en logística, finanzas y evasión legal. En consecuencia, combatir esta amenaza requiere no solo a las fuerzas del orden, sino también a reguladores financieros, expertos en comercio y autoridades fiscales trabajando en conjunto. Se ha convertido tanto en un problema de delincuencia de cuello blanco como en uno de “armas y drogas”.
Además, la red ilícita no puede ser vista como un fenómeno totalmente ajeno al mercado energético legítimo entre EE.UU. y México; es, de hecho, un componente parásito pero integrado en él. La red depende de la infraestructura del comercio legal: refinerías estadounidenses, puertos en Texas y México, carrotanques, vías férreas y buques de carga. Utiliza actores cómplices que dirigen “operaciones comerciales por lo demás legítimas” como fachada, difuminando la línea entre las economías lícita e ilícita. Los incentivos económicos están directamente ligados a las fuerzas del mercado legítimo, como el diferencial de precios del combustible y la tasa del IEPS establecida por el gobierno mexicano. Esto implica que la aplicación de la ley debe ser quirúrgica. Un enfoque contundente, como cerrar todo el comercio transfronterizo de combustible, sería económicamente desastroso. El desafío consiste en extirpar los elementos criminales sin destruir la relación económica legítima, lo que exige una mayor diligencia debida y protocolos de “Conozca a su Cliente” para toda la industria.
El reconocimiento de estados unidos: admisión y estrategias de aplicación de la ley
El año 2025 marcó un cambio fundamental en la política estadounidense, que pasó de considerar el huachicol como un problema interno de México a tratarlo como una amenaza compartida para la seguridad nacional. Este cambio se materializó en una serie de acciones coordinadas que reconocieron oficialmente la naturaleza transnacional del delito y la participación de actores estadounidenses.
Las históricas alertas de FinCEN y OFAC (mayo de 2025)
El punto de inflexión fue la emisión de alertas coordinadas por parte de la FinCEN y la OFAC. Estas alertas, desarrolladas en colaboración con la DEA, el FBI y la HSI, representaron una postura unificada y de “todo el gobierno” de Estados Unidos. El contenido de estas alertas fue contundente: declararon que el robo de combustible se ha convertido en la “fuente de ingresos ilícitos no relacionados con drogas más significativa para los cárteles”.
El aspecto más revolucionario de estas comunicaciones fue el reconocimiento oficial de la complicidad estadounidense. Las alertas implicaron directamente a “pequeñas empresas de petróleo y gas natural cómplices con sede en EE.UU.” e “importadores estadounidenses” en la red criminal. Esta admisión formal del papel de EE.UU. en el sostenimiento del huachicol fue un cambio drástico en la narrativa y proporcionó la apertura diplomática que el gobierno mexicano aprovecharía para sus propias demandas.
Más allá de la declaración política, las alertas tenían un propósito práctico inmediato. Proporcionaron a la industria financiera y energética una guía detallada sobre las tipologías del contrabando y una lista de “indicadores de alerta” (*red flags*). El objetivo era capacitar a estas instituciones para detectar y reportar actividades sospechosas de acuerdo con sus obligaciones bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés), convirtiéndolas en una primera línea de defensa contra el lavado de dinero de los cárteles.
Atacando la red: sanciones y autoridades antiterroristas
La respuesta de EE.UU. fue más allá de las advertencias. El 1 de mayo de 2025, la OFAC impuso sanciones económicas a tres ciudadanos mexicanos —César Morfín Morfín y sus hermanos Álvaro Noé y Remigio— y a dos empresas de transporte con sede en México, todas vinculadas a las operaciones de robo de combustible y tráfico de fentanilo del CJNG. Estas sanciones congelan cualquier activo que los designados posean en EE.UU. y prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos.
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Significativamente, estas acciones se tomaron en parte bajo la Orden Ejecutiva (E.O.) 13224, una autoridad legal diseñada para combatir el terrorismo. Esto forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para designar a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT, por sus siglas en inglés). Este reencuadre legal es crucial, ya que eleva drásticamente las penas por proporcionar “apoyo material” a estas organizaciones y desbloquea un conjunto de herramientas de aplicación de la ley mucho más agresivas, análogas a las que se utilizan contra grupos como ISIS o para hacer cumplir las sanciones contra Irán.
Aplicación de la ley y procesamientos nacionales
Las agencias estadounidenses han pasado de las sanciones financieras a los procesamientos penales en su propio territorio. Un caso emblemático que ilustra esta nueva fase es la acusación contra miembros de una familia de Utah. Se les imputan cargos de conspiración para proporcionar apoyo material al CJNG, lavado de dinero y contrabando. Presuntamente, utilizaron su refinería en Rio Hondo, Texas, para procesar casi 3,000 envíos de petróleo ilícito desde México, con un valor de decomiso potencial de activos de $300 millones de dólares. Este caso proporciona pruebas concretas de los nodos operativos con sede en EE.UU. que se describen en la alerta de la FinCEN y demuestra que la complicidad estadounidense no es teórica, sino operativa.
Estas acciones específicas se enmarcan en esfuerzos de aplicación de la ley más amplios en la frontera, como la “Operación Take Back America”, una iniciativa que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para desmantelar las OCT. Los fiscales federales en los distritos del sur de Texas están procesando activamente a individuos implicados en diversas conspiraciones de contrabando, lo que indica un esfuerzo sostenido a nivel local para desarticular estas redes.
Este enfoque revela un cambio estratégico en la política estadounidense, que ahora está utilizando las herramientas de la política financiera y antiterrorista como su principal arma contra las OCT, yendo más allá de la interdicción tradicional de drogas. El liderazgo de las agencias del Tesoro (FinCEN, OFAC) en los anuncios de mayo de 2025 y el uso de sanciones financieras y designaciones legales demuestran que la estrategia se centra en desmantelar el modelo de negocio de los cárteles. Al atacar la “fuente de ingresos” (*cash cow*) que financia todas sus demás operaciones, EE.UU. busca explotar una vulnerabilidad crítica: su dependencia del sistema financiero estadounidense para lavar y mover sus ganancias. Esta táctica impone una carga de cumplimiento significativa al sector privado de EE.UU., especialmente a las instituciones financieras y las empresas de energía, que ahora se encuentran en la primera línea de la detección de la actividad de los cárteles, enfrentando riesgos legales y de reputación considerables.
La paradoja de la transparencia corporativa
Sin embargo, existe una posible contradicción en la política estadounidense que podría socavar estos esfuerzos. Mientras la alerta de la FinCEN destaca el uso de empresas fantasma y de fachada por parte de los cárteles, un análisis de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD) señala que la administración Trump está, al mismo tiempo, debilitando la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), en particular un registro de beneficiarios reales que proporcionaría a las fuerzas del orden la información necesaria para desenmascarar estas estructuras opacas. Esta paradoja política, en la que un brazo del gobierno exige más vigilancia para identificar a los verdaderos propietarios de cuentas sospechosas mientras otro brazo dificulta la obtención de esa misma información, podría obstaculizar la eficacia del esfuerzo de “todo el gobierno”.
La contrapropuesta de méxico: exigencia de corresponsabilidad
La respuesta del gobierno mexicano al reconocimiento de EE.UU. no fue pasiva. En cambio, se convirtió en una maniobra diplomática estratégica y una reafirmación de su política de seguridad nacional, liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La maniobra diplomática de la presidenta Sheinbaum: “la red comienza en su país”
La presidenta Sheinbaum acogió públicamente el reconocimiento de EE.UU. de que el contrabando de combustible también ocurre en su territorio, calificándolo como un hecho notable. Sin embargo, inmediatamente utilizó esta admisión como palanca para cambiar la narrativa del diálogo de seguridad. En lugar de aceptar una postura defensiva, Sheinbaum pasó a la ofensiva, exigiendo corresponsabilidad. Su mensaje fue claro: mientras México trabaja para combatir la delincuencia y la impunidad en su lado de la frontera, Estados Unidos “debe hacer su parte”.
Su declaración más contundente y estratégicamente significativa fue señalar el origen del problema en territorio estadounidense. Al afirmar que la red de contrabando “comienza en refinerías de su país”, implicó directamente a la infraestructura y a los actores económicos de EE.UU. en el ciclo delictivo. Esta retórica es coherente con la postura más amplia de México en otros temas de seguridad, donde ha insistido en la responsabilidad compartida de EE.UU. en la demanda de drogas y el tráfico ilícito de armas de fuego hacia el sur.
Finalmente, la presidenta Sheinbaum enmarcó su demanda como una cuestión de justicia, exigiendo que se impongan castigos a todos los involucrados en la red, sin importar de qué lado de la frontera operen.
Contramedidas nacionales de México
En el frente interno, la administración Sheinbaum ha declarado que la lucha contra el huachicol fiscal es una prioridad absoluta que se llevará “hasta las últimas consecuencias”. Para respaldar esta declaración, el gobierno ha implementado una serie de medidas tecnológicas y regulatorias.
Una de las herramientas clave es una nueva plataforma digital diseñada para garantizar la “trazabilidad” de los envíos de combustible. Este sistema busca rastrear cada litro de combustible desde el punto de importación hasta su destino final en una gasolinera, permitiendo a las autoridades cruzar datos y detectar anomalías. Paralelamente, el gobierno está revisando y supervisando de manera más estricta los permisos de importación para cerrar las lagunas que permiten el fraude.
Estas medidas regulatorias se complementan con acciones de aplicación de la ley. Las autoridades mexicanas han llevado a cabo importantes operativos de incautación, como el decomiso de 10 millones de litros de diésel del buque *Challenge Procyon* en el puerto de Tampico. En una medida drástica para facilitar las investigaciones, el gobierno llegó a suspender temporalmente las importaciones de combustible desde Texas. Estas acciones forman parte de una ofensiva más amplia contra todas las formas de huachicol, tanto la perforación de ductos como el fraude fiscal en las aduanas.
La dualidad de la cooperación y la fricción
La relación entre México y EE.UU. en este tema exhibe una dualidad característica: una retórica pública a menudo confrontacional coexiste con una cooperación operativa tras bambalinas. Mientras la presidenta Sheinbaum exige públicamente acción a EE.UU., los propios informes de las agencias estadounidenses, como la FinCEN, señalan explícitamente que sus sanciones y alertas se desarrollaron en “cooperación con el gobierno de México, incluida La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”.
Esta dinámica no es nueva. La historia de la seguridad bilateral está llena de marcos de cooperación, como la Iniciativa Mérida y operaciones conjuntas como la “Operación Southbound” contra el tráfico de armas, que han continuado funcionando incluso en medio de tensiones políticas en otros frentes.
La postura de la presidenta Sheinbaum puede interpretarse como una sofisticada estrategia diplomática para recuperar influencia en la relación de seguridad bilateral. Durante años, la narrativa estadounidense ha culpado predominantemente a México por el flujo de drogas hacia el norte. La admisión de la FinCEN y la OFAC sobre la complicidad estadounidense en el huachicol le ofreció a México una oportunidad única para invertir esa narrativa. Al exigir corresponsabilidad en el contrabando de combustible, Sheinbaum establece un precedente para hacer demandas similares y más enérgicas sobre temas que México considera problemas de seguridad impulsados por EE.UU., como la demanda interna de drogas y el flujo de armas hacia el sur. No es solo una reacción, sino un movimiento proactivo para reequilibrar el campo de juego diplomático. Esto sugiere que en futuras negociaciones de seguridad, México exigirá de manera más contundente acciones recíprocas por parte de EE.UU.
Desafíos persistentes: corrupción y riesgo de reacción violenta
Sin embargo, las acciones de aplicación de la ley internas de México, aunque necesarias, conllevan un alto riesgo de fracaso o de una violenta reacción si no abordan la causa raíz de la corrupción institucional. La escala del contrabando, especialmente el fraude aduanero y marítimo, sería imposible sin una corrupción de alto nivel que involucre a agentes de aduanas, autoridades portuarias y potencialmente a funcionarios de Pemex. Experiencias pasadas, como la ofensiva de 2019, han demostrado tener resultados mixtos, reduciendo temporalmente un tipo de delito (robo de petróleo) mientras provocaban inadvertidamente un aumento en otro (robo de gas) y un incremento de la violencia general. Aunque la presidenta Sheinbaum ha reconocido la necesidad de investigar a toda la cadena, incluyendo a los funcionarios, el propio Departamento de Estado de EE.UU. señala que el enjuiciamiento de funcionarios corruptos en México sigue siendo un desafío significativo. Por lo tanto, las soluciones tecnológicas como las plataformas de seguimiento, aunque valiosas, pueden ser eludidas si el elemento humano subyacente —la corrupción— no se erradica de manera agresiva. Sin una campaña anticorrupción genuina, las acciones de fuerza corren el riesgo de simplemente desplazar el problema o aumentar su costo, que los cárteles luego transfieren a la sociedad a través de la violencia.
Consecuencias del huachicol: impacto económico, de seguridad y ambiental
La red de contrabando de combustible no es un delito aislado; sus efectos se propagan a través de los sistemas económicos, de seguridad y ambientales de ambas naciones, creando una serie de crisis interconectadas y que se refuerzan mutuamente.
La hemorragia económica
Para México, el impacto económico es catastrófico. El mercado ilícito de combustible representa una sangría masiva para las arcas del Estado. Las estimaciones sobre las pérdidas anuales por huachicol fiscal rondan los 177 mil millones de pesos (más de $9 mil millones de dólares). Algunas proyecciones sitúan el valor total del mercado negro entre $12 mil y $21 mil millones de dólares anuales, lo que representaría entre el 16% y el 27% del consumo total de combustible en México. La propia Pemex reporta pérdidas de miles de millones de dólares por el robo directo de crudo. Esta pérdida de ingresos fiscales socava gravemente la capacidad del gobierno mexicano para financiar servicios públicos esenciales como la salud, la educación y la infraestructura.
Para Estados Unidos, aunque el impacto fiscal es menor, el daño económico se manifiesta en la distorsión del mercado. La alerta de la FinCEN afirma explícitamente que el esquema está “perjudicando a las empresas legítimas de petróleo y gas natural en Estados Unidos”. La venta de combustible robado o con impuestos evadidos a precios de descuento crea una competencia desleal que perjudica a las empresas que cumplen con la ley, especialmente en los estados fronterizos, y altera la fijación de precios en el mercado.
Alimentando la inseguridad y la violencia
El vínculo entre el contrabando de combustible y la inseguridad es directo e innegable. Las autoridades estadounidenses confirman que el robo de combustible es una “fuente de ingresos” (*cash cow*) para cárteles como el CJNG. Les proporciona un flujo de ingresos primario que “les permite sostener sus empresas criminales globales y sus operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos”. Estas ganancias se reinvierten directamente en la compra de armamento sofisticado, el reclutamiento de nuevos miembros y la expansión violenta de su control territorial, alimentando el ciclo de violencia que azota a México.
Además, existe una paradoja en la aplicación de la ley que a menudo exacerba la violencia. Estudios académicos sobre la ofensiva contra el huachicol en 2019 en México revelaron que la medida tuvo el efecto perverso de aumentar la violencia. Al perturbar el mercado del robo de gasolina, la ofensiva empujó a los cárteles a diversificarse hacia el robo de gas LP, una actividad más peligrosa. Esto resultó en un aumento del 19% en las tasas de homicidio en los municipios donde los cárteles se expandieron para controlar los gasoductos. Los enfrentamientos violentos entre contrabandistas y las fuerzas armadas también son una consecuencia directa, como los ocurridos en Puebla, que dejaron un saldo de soldados y civiles muertos. Esto crea un círculo vicioso en el que el delito, sus ganancias y la respuesta estatal contribuyen a una mayor inestabilidad.
El costo humano y ambiental
El costo humano de esta actividad criminal es trágicamente tangible. La práctica de perforar ductos presurizados es extremadamente peligrosa. El ejemplo más devastador es la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, en enero de 2019. Una toma clandestina provocó una fuga masiva, y cuando cientos de personas se congregaron para recolectar el combustible, se produjo una explosión que mató a 137 de ellas.
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El costo ambiental también es severo y transfronterizo. El Senado de Texas ha emitido alarmas sobre la infraestructura que apoya el huachicol fiscal en su propio territorio. Han identificado “depósitos de combustible no regulados” e “instalaciones de transbordo” que operan en áreas residenciales, representando graves riesgos. Los informes describen derrames frecuentes que contaminan el suelo, la emisión de vapores peligrosos en los vecindarios y la manipulación de materiales peligrosos por parte de trabajadores no capacitados con equipos inseguros.
Más allá de estos depósitos, los derrames de combustible de estas operaciones ilícitas amenazan las vías fluviales y la vida acuática a ambos lados de la frontera. Los contaminantes liberados, como el benceno y otros compuestos orgánicos volátiles (COV), son conocidos carcinógenos y contaminantes peligrosos del aire, con graves implicaciones para la salud pública.
El huachicol como multiplicador de amenazas y vulnerabilidad interna
La crisis del huachicol funciona como un multiplicador de amenazas, donde una sola actividad criminal agrava directamente múltiples crisis nacionales distintas en ambos países. En México, no es solo un delito, sino una crisis fiscal por la pérdida de ingresos, una crisis de seguridad por la violencia de los cárteles y una crisis de seguridad pública por desastres como el de Tlahuelilpan. En EE.UU., es una crisis de seguridad nacional al financiar a las FTO, una crisis económica por la distorsión del mercado y una crisis ambiental y de salud pública por los depósitos no regulados en Texas. Además, las ganancias están directamente vinculadas a la crisis del fentanilo, ya que los ingresos financian a las mismas OCT que trafican la droga. Esta interconexión significa que una política exitosa para frenar el contrabando de combustible podría tener efectos positivos en cascada en una amplia gama de otros objetivos políticos, incluyendo la salud pública, la protección del medio ambiente y los esfuerzos antinarcóticos. Debería ser enmarcado como un objetivo político de alto retorno de inversión.
Asimismo, la infraestructura física del comercio ilícito en el lado estadounidense representa una vulnerabilidad de seguridad interna significativa y poco regulada. El informe del Senado de Texas detalla la huella física de este delito dentro de EE.UU.: depósitos, camiones con sobrepeso y transportistas sin licencia. Se describe que estas instalaciones operan con una regulación débil y crean “situaciones peligrosas para nuestras familias”. Esto no es solo un problema transfronterizo; es un fallo regulatorio interno. La infraestructura que permite a los cárteles obtener ganancias existe y opera dentro de las comunidades estadounidenses. En consecuencia, la respuesta de EE.UU. no puede centrarse únicamente en la frontera. Debe incluir un componente doméstico robusto enfocado en la regulación estatal y local, las leyes de zonificación y la aplicación de las leyes sobre materiales peligrosos en condados como Cameron e Hidalgo, como se destaca en el informe de Texas. Este es un problema de aplicación de la ley a nivel estatal y local tanto como federal.
Marco estratégico para una respuesta binacional y multifacética
Un desafío de esta magnitud, con profundas raíces y consecuencias en ambos países, no puede ser abordado de manera unilateral. Se requiere un marco estratégico coordinado que aproveche las fortalezas de cada nación y aborde las vulnerabilidades en toda la cadena criminal. A continuación se presentan recomendaciones detalladas para los actores clave.
Recomendaciones para el gobierno de estados unidos
- Intensificar el escrutinio financiero y regulatorio: Es crucial que las agencias federales, lideradas por el Departamento del Tesoro, implementen agresivamente los “indicadores de alerta” detallados en la alerta de la FinCEN. Se debe instruir a los reguladores para que aumenten la supervisión de los importadores de petróleo y gas de tamaño pequeño y mediano y de las instituciones financieras en la región fronteriza del suroeste. El enfoque debe centrarse en aquellas entidades que realizan transacciones con “aceite de desecho” o que muestran márgenes de beneficio inusuales que no se corresponden con perfiles de negocio típicos. La creación de un grupo de trabajo regulatorio dedicado exclusivamente a este sector podría agilizar la detección y la respuesta, dificultando el lavado de dinero y aumentando el riesgo para los importadores cómplices de EE.UU.
- Fortalecer la aplicación de la ley en comercio y aduanas: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) debe recibir directrices para aumentar las inspecciones y el escrutinio de los envíos clasificados bajo los códigos aduaneros que se utilizan con frecuencia para el etiquetado fraudulento, como los lubricantes industriales y los residuos peligrosos, tanto los que se originan en México como los que se destinan a ese país. El uso de análisis de datos avanzados para señalar envíos sospechosos podría mejorar la eficacia de estas inspecciones.
- Atacar la infraestructura cómplice en EE.UU.: El gobierno federal debe proporcionar recursos y apoyo a las agencias de aplicación de la ley estatales y locales en Texas y otros estados fronterizos para desmantelar los depósitos de combustible y las instalaciones de transbordo no reguladas que han sido identificadas como nodos clave en la red de huachicol fiscal. Esto incluye una aplicación rigurosa de las leyes ambientales, de zonificación y de manejo de materiales peligrosos, cerrando así el refugio operativo que estos criminales han encontrado en territorio estadounidense. El resultado deseado es desmantelar la base de operaciones físicas del huachicol fiscal en Texas.
- Resolver la paradoja de la transparencia corporativa: Para que la lucha contra el lavado de dinero sea efectiva, es fundamental que las fuerzas del orden puedan identificar a los verdaderos beneficiarios de las empresas. El gobierno de EE.UU. debe financiar e implementar plenamente el registro de beneficiarios reales de la Ley de Transparencia Corporativa. Esto proporcionaría a los investigadores la herramienta necesaria para desenmascarar las empresas fantasma y de fachada utilizadas por las OCT. El resultado es proporcionar a las fuerzas del orden las herramientas para identificar a los beneficiarios reales de las empresas fantasma.
Recomendaciones para el gobierno de méxico
- Priorizar la lucha contra la corrupción en instituciones clave: La batalla contra el huachicol no tendrá éxito sin una campaña sostenida y de alto nivel para erradicar la corrupción dentro de Pemex, las aduanas mexicanas y las autoridades portuarias. Esta campaña debe ir más allá de los operadores de bajo nivel y centrarse en el enjuiciamiento y la destitución de los funcionarios cómplices que permiten que estas redes operen con impunidad. El resultado deseado es reducir la impunidad y la colusión que permiten el contrabando a gran escala.
- Complementar las soluciones tecnológicas con inteligencia humana: La nueva plataforma digital de seguimiento de combustible es un paso positivo, pero la tecnología por sí sola es insuficiente. Debe estar respaldada por una sólida capacidad de inteligencia humana e investigaciones de asuntos internos para evitar que sea socavada por personal corrupto que pueda manipular o ignorar los datos.
- Adoptar una aplicación de la ley “inteligente” para mitigar la reacción violenta: Es crucial aprender las lecciones de la ofensiva de 2019. Las acciones de las fuerzas de seguridad deben estar guiadas por inteligencia y combinadas con esfuerzos para desarticular los brazos financieros y logísticos de las OCT. Depender únicamente de la interdicción a gran escala puede desencadenar guerras territoriales y empujar a los cárteles a diversificarse hacia actividades aún más violentas. El resultado buscado es evitar la escalada de violencia y la diversificación criminal como consecuencia de las ofensivas.
Recomendaciones para la cooperación binacional
- Establecer un grupo de trabajo conjunto y permanente sobre el comercio ilícito de energía: La cooperación actual entre la FinCEN y la UIF debe formalizarse en un grupo de trabajo conjunto y permanente. Su mandato debe ser mapear toda la red binacional, compartir inteligencia en tiempo real y coordinar acciones de aplicación de la ley simultáneas (sanciones, arrestos, incautaciones) a ambos lados de la frontera para desmantelar la red de manera sincronizada. El resultado deseado es crear una capacidad de respuesta coordinada y en tiempo real para desmantelar redes transnacionales.
- Adoptar el marco de “corresponsabilidad”: Estados Unidos debería acoger públicamente el llamado de la presidenta Sheinbaum a la corresponsabilidad como un marco productivo para la cooperación. Esto implicaría crear un mecanismo de diálogo formal donde el progreso en la lucha contra el huachicol se discuta en conjunto con el progreso en la lucha contra el tráfico de armas hacia el sur y la reducción de la demanda de fentanilo en EE.UU., creando así una asociación de seguridad más equilibrada y sostenible. El resultado es construir una asociación de seguridad más equilibrada, sostenible y eficaz.
- Atacar conjuntamente toda la cadena de suministro: Los esfuerzos de cooperación deben dirigirse al ciclo completo del comercio ilícito: desde la toma clandestina en el ducto de Pemex y la refinería de Texas que suministra a los contrabandistas, hasta las empresas fantasma en EE.UU. y México que lavan el dinero, y la venta final del combustible ilícito en las gasolineras.
Recomendaciones para el sector privado (energía y finanzas)
- Implementar una diligencia debida mejorada: Las instituciones financieras y las empresas del sector energético, especialmente las que operan cerca de la frontera, deben actualizar urgentemente sus programas de cumplimiento de sanciones y de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT). Estos programas deben incorporar las tipologías y los indicadores de alerta específicos del huachicol identificados por la FinCEN.
- Escrutar las transacciones de alto riesgo: Se debe prestar especial atención a los nuevos clientes del sector de petróleo y gas con perfiles públicos limitados, a las transacciones que involucran “aceite de desecho” o “lubricantes” que parecen inconsistentes con el negocio del cliente, y a los clientes que venden productos como el crudo WTI a precios significativamente por debajo del mercado.
- Aprovechar el intercambio de información: Se debe fomentar la participación activa en el intercambio voluntario de información bajo la Sección 314(b) de la Ley PATRIOTA de EE.UU. Esto permite a las instituciones financieras colaborar para identificar y reportar redes de actividad sospechosa que podrían no ser visibles para una sola institución.
La transformación del huachicol en una amenaza binacional de alta complejidad subraya una verdad innegable: la seguridad y la prosperidad en la frontera son indivisibles. ¿Están ambos gobiernos listos para una colaboración sin precedentes que desmantele esta red criminal de raíz?
