La Fiscalía General de la República (FGR) analiza atraer la investigación por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La decisión del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, llega en un contexto de profunda controversia tras revelarse que el presunto atacante fue abatido mientras estaba detenido, un hecho que complejiza la verdad detrás del asesinato del edil ocurrido el 1 de noviembre.
La FGR y el análisis sobre la atracción del caso
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el diálogo sostenido con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre la posible federalización del expediente. García Harfuch señaló que, debido a la autonomía del organismo, será el propio fiscal quien informe en su momento si el caso será atraído.
Las declaraciones de García Harfuch en Palacio Nacional ofrecieron claves sobre el proceso:
- Coordinación y autonomía: El secretario indicó: “Ayer tuve una llamada con el fiscal general de la República, hoy vamos a tener también una valoración sobre el caso, y ya el fiscal en su momento él él él informará si se atrae o no”.
- Líneas de investigación: Aunque no se descarta ninguna, la línea que prevalece al momento se centra en la delincuencia organizada. García Harfuch añadió que “nunca se va descartar una línea, menos tan tan tan, a tan poco tiempo de este lamentable suceso”, haciendo referencia a posibles motivaciones políticas.
El misterio del abatimiento del presunto agresor
La investigación se ha tornado más compleja tras la revelación hecha por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. El mandatario estatal dio a conocer el lunes que se indaga por qué Víctor Manuel Ubaldo, señalado como el presunto asesino de Carlos Manzo, “fue abatido cuando estaba detenido”.
Este hecho pone el foco en el primer círculo de seguridad del alcalde y en la actuación de los cuerpos de seguridad local.
Escoltabas localizables, no detenidos
Respecto a los policías municipales que fungían como escoltas, García Harfuch aclaró que no se encuentran detenidos, pero su estatus es el de localizables para comparecer nuevamente ante la Fiscalía General de Justicia del estado (FGJE).
El proceso de verificación pericial es la clave para las nuevas citaciones:
- Uno de los escoltas declaró desde el inicio haber disparado al agresor del presidente municipal.
- Los peritajes aún continúan para verificar el arma que mató al agresor.
- Simultáneamente, se sigue verificando el arma que también disparó en contra del presidente municipal Carlos Manzo.
García Harfuch fue enfático al responder sobre la situación legal de los agentes: “No están detenidos, pero están localizados y están yendo a declarar cada que se les llame”.
La Sedena desliga responsabilidad: El protocolo de la Guardia Nacional “no falló”
El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), abordó la protección del alcalde y aseguró que el protocolo de seguridad dispuesto por la Guardia Nacional (GN) para Carlos Manzo “No falló”.
Trevilla Trejo subrayó que la falla se debió a la falta de cooperación por parte del edil. El alcalde de Uruapan “no se apegó a los protocolos de las fuerzas federales para incrementar el nivel de seguridad”, explicó.
El titular de Sedena hizo hincapié en la necesidad de que los funcionarios resguardados atiendan los lineamientos en la materia:
- Falla de apego: La seguridad del alcalde Manzo dependía de policías locales, quienes integraban su primer círculo de seguridad y fueron los que dispararon contra el presunto agresor.
- Capacitación federal: El General explicó que, si Manzo hubiera aceptado el resguardo de personal de la Guardia Nacional, quienes tienen cursos de protección y otro tipo de preparación, “se hubiera incrementado su nivel de seguridad”.
- Responsabilidad: Al ser cuestionado sobre la responsabilidad en el acto, Trevilla Trejo afirmó que la Fiscalía General del Estado tiene el asunto, está realizando la investigación y “ellos determinarán”.
El caso Carlos Manzo expone una grave descoordinación entre los niveles de gobierno: la federación deslinda responsabilidades sobre la seguridad, mientras la investigación estatal se centra en el abatimiento irregular del presunto culpable. La decisión de Gertz Manero sobre atraer el caso será crucial para determinar si la verdad detrás del asesinato del edil de Uruapan se revela o queda sepultada en el conflicto de competencias.
