Leopoldo Chávez busca ser juez en Durango pese a su condena por narcotráfico. El INE aún no lo inhabilita. ¿Qué está fallando?
En Durango, un exconvicto por narcotráfico podría convertirse en juez federal. Su nombre: Leopoldo Javier Chávez Vargas. Su caso expone una peligrosa grieta en el sistema.
Una condena en Estados Unidos, un regreso polémico a México
En 2015, Leopoldo Chávez Vargas fue condenado por tráfico de metanfetamina en el distrito sur de Texas. La información, confirmada por el Buró de Prisiones de Estados Unidos (BOP), lo mantuvo encarcelado en una prisión federal durante al menos seis años.
Según los registros oficiales, su número de prisionero era el 99757-379 y fue liberado en junio de 2021. Aun así, en 2024, su nombre apareció en las boletas como candidato a juez de distrito en Durango.
“Otro candidato a la lista negra”, escribió el periodista Luis Chaparro al difundir los documentos penitenciarios en X, junto al perfil oficial del candidato en el sitio del INE.
¿Cómo logró postularse tras una condena federal?
Para ser candidato a juez, se requiere:
- Tener cédula profesional de abogado, expedida por una institución reconocida.
- Contar con al menos cinco años de experiencia jurídica después de la expedición de dicha cédula.
- Presentar cartas de recomendación y un ensayo personal.
Chávez Vargas obtuvo su cédula profesional apenas en 2024, emitida por el Instituto Bilingüe de Durango. Esto implica que no cumple con los cinco años de experiencia posterior a su titulación, como exige la reforma judicial.
El candidato y su historia “reconstruida”
Durante una entrevista con el periodista Aarón Quiñones Díaz, Chávez intentó construir una imagen de profesional íntegro:
“Soy nacido y criado en Durango. Trabajé para la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y también en Saltillo, Coahuila”.
Sin embargo, no hay registros verificables que confirmen su supuesta colaboración con la Suprema Corte de Estados Unidos. Además, esta contradicción colisiona con su historial penitenciario, generando dudas sobre la veracidad de su experiencia.
La cédula profesional y su misteriosa expedición
- Emitida en 2024, tres años después de salir de prisión.
- Acredita estudios en una universidad de bajo perfil académico.
- No hay constancia pública de sus supuestos estudios previos en Estados Unidos.
Propuestas de campaña: IA, justicia y equidad
En su perfil de campaña, Chávez promete:
- Digitalización de procesos judiciales no penales.
- Capacitación tecnológica para operadores del sistema.
- Atención prioritaria a casos de violencia de género y derechos humanos.
Aunque el discurso suena innovador, carece de sustento técnico detallado, y no hay evidencias de que el candidato tenga experiencia concreta en estos campos.
Acusaciones por actos anticipados de campaña
La magistrada Janine Otálora propuso sancionar a Chávez por hacer campaña antes del 30 de marzo, cuando aún no estaba permitido.
Entrevistas en medios y publicaciones en redes sociales lo mostraba ya como candidato. Sin embargo, la Sala Superior del TEPJF decidió no investigarlo, bajo el argumento de que no había llamados explícitos al voto.
INE y la “8 de 8”: ¿Dónde está la barrera real?
El INE aprobó el procedimiento “8 de 8 contra la violencia”, que permite anular candidaturas por:
- Ser prófugo de la justicia.
- Deber pensión alimenticia.
- Tener antecedentes por violencia sexual o familiar.
En teoría, la condena por narcotráfico de Chávez Vargas debería ser causal suficiente para revocar su postulación. Pero al momento, su candidatura sigue activa.
¿Por qué no ha sido inhabilitado?
- No se ha activado un procedimiento de revisión específico.
- El INE ofrecería audiencia previa y luego transferirá la decisión final al TEPJF.
- El perfil de Chávez permanece publicado por el INE, en el sitio oficial de la elección judicial.
Los demás candidatos: ¿Qué dice la comparación?
Chávez compite con otras 14 personas en Durango. Algunos perfiles destacados:
- María Rosario Estrada García
- Ilse Selene González Arévalo
- Carlos Eduardo López Fuentes
Hasta ahora, ningún otro candidato ha sido señalado por antecedentes penales. Esto deja a Chávez en una posición especialmente controversial y bajo escrutinio.
El riesgo de abrir las puertas del sistema judicial a exconvictos
El caso plantea preguntas de fondo:
- ¿Puede un exconvicto por narcotráfico juzgar casos penales en México?
- ¿Qué tan confiables son los mecanismos de control del INE?
- ¿Es legítimo aspirar a un puesto judicial con una trayectoria basada en omisiones y falsedades?
En un país donde la confianza en las instituciones es frágil, candidaturas como esta erosionan aún más la percepción pública sobre la justicia.
Si un exconvicto por narcotráfico puede postularse para ser juez sin consecuencias inmediatas, ¿qué garantías quedan para una justicia imparcial? El caso de Leopoldo Chávez no solo es un reflejo de fallas burocráticas: es una alerta roja sobre el riesgo de normalizar lo inaceptable. En una elección donde la legitimidad es clave, la omisión institucional puede costar más que un escándalo.
