En 2019, la CNDH pedía a gritos que México aceptara al Comité de la ONU sobre desapariciones. Hoy, lo desacredita públicamente. ¿Qué ocurrió?
La postura inicial: un llamado urgente al Estado mexicano
En los primeros días de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el organismo fue claro: México debía reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.
“La CNDH se ha pronunciado reiteradamente en la necesidad de que en México se reconozca la competencia del Comité”, decía el informe Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Personas Desaparecidas.
La propuesta no era menor: implicaba permitir que familiares, abogados o personas con interés legítimo pudieran presentar casos ante el organismo internacional.
Un problema estructural: corrupción e impunidad
Desde ese entonces, la CNDH diagnosticaba con crudeza la situación del país:
- Corrupción sistémica
- Impunidad en procuración de justicia
- Violencia y colusión del crimen organizado
- Falta de cifras oficiales confiables
“El país enfrenta un problema estructural… agravado por condiciones de pobreza extrema”, subrayaba el documento.
La institución afirmaba que la intervención del CED ayudaría a revertir la falta de justicia en casos de desapariciones, un fenómeno que no sólo implica la pérdida de libertad, sino también de la vida.
Reconocimiento internacional como vía de justicia
En el mismo periodo, la CNDH instaba al Estado a asumir su papel dentro del marco de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, vigente en México desde 2010.
“Hoy tenemos una enorme deuda que saldar… atender el problema representa fortalecer nuestras instituciones”, concluía el organismo.
El giro: de aliada del CED a su crítica más ruidosa
Cinco años después, el discurso se transformó por completo. La fecha clave: 8 de abril de 2024, cuando el CED activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención para analizar la crisis mexicana.
El gobierno responde con molestia
El movimiento del CED fue percibido como una amenaza directa. El gobierno mexicano reaccionó con firmeza:
“Rechazamos que se viva una crisis de desapariciones… el posicionamiento del presidente del CED está totalmente descontextualizado”.
Inmediatamente, la CNDH se alineó con esta narrativa oficial, desatando el malestar de los colectivos de búsqueda de desaparecidos, quienes vieron una traición a sus causas por parte de la institución que antes los respaldaba.
¿Qué implica el artículo 34 de la Convención?
Este artículo permite al Comité examinar situaciones graves en un país miembro, y eventualmente, trasladar el caso ante la Asamblea General de la ONU.
El hecho de que México haya sido incluido en este proceso es un indicador de preocupación internacional, pero también revela la creciente desconfianza hacia las instituciones mexicanas encargadas del tema.
Rosario Piedra: de voz crítica a vocera institucional
Uno de los aspectos más controversiales es el cambio discursivo de Rosario Piedra Ibarra. En 2019, su liderazgo al frente de la CNDH se anunciaba como una nueva etapa enfocada en la justicia y la verdad. Hoy, su respaldo al gobierno federal la coloca en el centro de la crítica.
La herencia de lucha: una contradicción dolorosa
Rosario Piedra es hija de Rosario Ibarra de Piedra, pionera en la defensa de los desaparecidos políticos en México. Por eso, el giro institucional bajo su mandato tiene un peso simbólico aún más fuerte.
Para muchos, se ha producido una ruptura ética entre los valores que representaba su madre y la postura actual de la institución que ella dirige.
Colectivos vs. CNDH: ruptura en la lucha por los desaparecidos
El papel de los colectivos
Mientras la CNDH se replegaba, los colectivos de búsqueda y familiares de víctimas continúan en la primera línea:
- Rastrean terrenos baldíos
- Investigan por su cuenta
- Enfrentan amenazas
- Exigen verdad y justicia
Sin embargo, se sienten abandonados por las instituciones que deberían acompañarlos.
“La desaparición forzada es una violación pluriofensiva”, advertía antes la propia CNDH. Hoy, esa claridad se ha desdibujado.
Falta de datos, otro síntoma de la crisis
A esto se suma otro factor alarmante: no hay cifras oficiales precisas sobre personas desaparecidas. Esto impide evaluar con seriedad la dimensión del problema y abre la puerta a la opacidad institucional.
¿Qué hay detrás del cambio? Presión política y narrativa oficial
Analistas coinciden: la cercanía de la CNDH con el gobierno actual es un factor determinante. En lugar de actuar como contrapeso autónomo, ha adoptado una postura alineada con el discurso presidencial.
Este fenómeno debilita la legitimidad de la CNDH y pone en duda su compromiso con las víctimas.
“Rechazar el rol del CED envía un mensaje equivocado al mundo: que México no quiere rendir cuentas”, advierten expertos en derechos humanos.
El papel de los organismos internacionales en contextos críticos
El CED de la ONU no es un ente ajeno o invasivo. Es parte de un sistema internacional que busca garantizar el derecho a la justicia, la verdad y la reparación.
Beneficios de su intervención
- Canal independiente para presentar denuncias
- Presión internacional para esclarecer casos
- Visibilidad mediática para víctimas olvidadas
- Fortalecimiento del marco institucional interno
Rechazar su participación es cerrar una vía de esperanza para miles de familias.
¿Qué sigue? La credibilidad en juego
El cambio de postura de la CNDH no es un hecho menor. Refleja una tensión profunda entre autonomía institucional y lealtad política, y plantea preguntas urgentes:
- ¿Quién defiende hoy a los desaparecidos?
- ¿Qué instituciones quedan del lado de las víctimas?
- ¿Se puede confiar en la CNDH como órgano garante?
Si la desaparición de personas debilita el Estado de derecho, entonces negar su existencia o minimizarla es colaborar con esa destrucción. La pregunta que queda en el aire es simple pero demoledora:
¿En qué momento la CNDH dejó de estar del lado de las víctimas?
