Tabasco se sumió en el terror a finales de 2023. La violencia, con el “Viernes Negro” y asaltos masivos, forzó la renuncia del secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, el 5 de enero de 2024. Días después huyó de México y ahora es prófugo internacional. La impactante revelación: Bermúdez, alias el “Comandante H”, fundó y lideró el cártel “La Barredora” desde su cargo.
La caída de un secretario y la sombra del poder
A finales de 2023 y principios de 2024, una atmósfera de crisis y terror envolvió al estado de Tabasco. La tranquilidad de la entidad, cuna del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se vio pulverizada por una ola de violencia sin precedentes. La noche del 22 de diciembre, conocida como el “Viernes Negro”, desató el caos con bloqueos, quema de vehículos, balaceras y motines simultáneos en penales, dejando un saldo de muertos y heridos. La violencia no cesó. El 4 de enero, una serie de asaltos masivos y coordinados a más de 25 comercios en la capital, Villahermosa, sumió a la población en el pánico, mientras las imágenes de los atracos inundaban las redes sociales.
En medio de este colapso de la seguridad, el 5 de enero de 2024, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Hernán Bermúdez Requena, presentó su renuncia. Oficialmente, fue una dimisión en medio de una crisis de violencia que había superado a las autoridades. Sin embargo, este acto no fue el final de la historia, sino el preludio de una revelación mucho más profunda y perturbadora. Semanas después, se supo que Bermúdez Requena había huido de México el 26 de enero, y para julio de 2025, su estatus era el de un prófugo internacional con una ficha roja de búsqueda emitida por Interpol.
La acusación que emergió fue explosiva: el hombre que por cinco años tuvo a su cargo la seguridad de todos los tabasqueños era señalado por las propias agencias de inteligencia del Estado mexicano como el fundador y líder de un cártel conocido como “La Barredora”. Esta paradoja plantea la pregunta fundamental que guía este reporte: ¿cómo fue posible que un funcionario público, desde la más alta esfera de la seguridad estatal, lograra estructurar, proteger y dirigir una organización criminal? ¿Qué mecanismos institucionales se pervirtieron, qué protecciones políticas lo blindaron y qué redes de complicidad permitieron la captura de una secretaría de estado para convertirla en el brazo operativo de un cártel? Este informe busca desentrañar, con base en evidencia documental, filtraciones de inteligencia y reportes periodísticos, el método detrás de la creación de un cártel desde el corazón del poder.
El arquitecto de la sombra: perfil de Hernán Bermúdez Requena
Para comprender cómo un secretario de seguridad pudo, presuntamente, convertirse en capo, es indispensable analizar la trayectoria de Hernán Bermúdez Requena, un licenciado en derecho cuya carrera en las instituciones de seguridad y justicia de Tabasco se extendió por más de tres décadas, siempre bajo un velo de sospecha y controversia.
Una larga carrera en la penumbra
La historia de Bermúdez está intrínsecamente ligada a las altas esferas del poder político tabasqueño. Su ascenso comenzó en la década de 1990, durante el gobierno de Manuel Gurría Ordóñez (1992-1994), cuando fue nombrado director de Seguridad Pública. Fue en ese periodo cuando forjó una amistad sólida y duradera con un joven y prometedor subsecretario de Gobierno: Adán Augusto López Hernández. Esta relación, cimentada en los albores de sus respectivas carreras, se convertiría en el pilar fundamental que sostendría a Bermúdez a lo largo de los años, a pesar de los graves señalamientos en su contra.
Tras su paso por la dirección de seguridad, ocupó el cargo de director del Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco (CRESET) entre 1995 y 1997, bajo la administración del gobernador Roberto Madrazo Pintado, un conocido adversario político de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, entre 2001 y 2005, fungió como subsecretario de Prevención y Readaptación Social. Su capacidad para navegar y mantener posiciones de poder en administraciones de distintos signos políticos y facciones rivales demuestra una notable habilidad para tejer alianzas y asegurar su relevancia.
Señales de alarma y patrones de impunidad
La carrera de Bermúdez no estuvo exenta de graves focos rojos que, sin embargo, nunca lograron descarrilar su ascenso. Un episodio crítico ocurrió en 2006, cuando fue detenido por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), la unidad de élite del gobierno federal, por su presunta implicación en la ejecución del ganadero Ponciano Vázquez Lagunes. A pesar de la gravedad de la acusación y de la detención por parte de una agencia de alto nivel, el caso no prosperó judicialmente y Bermúdez continuó su carrera en el servicio público. Este evento se erige como un indicio temprano de una red de protección eficaz, capaz de blindarlo ante consecuencias legales severas.
Este patrón de impunidad no era un secreto. En los círculos políticos y periodísticos de Tabasco, las sospechas sobre sus vínculos con la delincuencia organizada eran un “secreto a voces” mucho antes de su nombramiento final como secretario. De hecho, fuentes periodísticas señalan que gobernadores anteriores, como el propio Roberto Madrazo y Manuel Andrade, habían rechazado sugerencias para designarlo como jefe policiaco, precisamente por las dudas que generaba su perfil.
Este patrón sugiere que la carrera de Bermúdez no fue la de un funcionario que se corrompió gradualmente en el cargo, sino la de un actor con persistentes y tempranos vínculos con la ilegalidad que fue ascendiendo gracias a una protección política inquebrantable. El hecho de que continuara ocupando cargos de alta responsabilidad en seguridad, como director de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal justo antes de su nombramiento como secretario, a pesar de un historial tan cuestionable, es anómalo. Este patrón de “caer hacia arriba” solo puede explicarse por un blindaje político excepcional y constante, donde su lealtad a su patrón político era, al parecer, más valiosa que su reputación.
Vínculos familiares y económicos
La red de poder de Bermúdez no se limitaba al ámbito político. Su hermano, Humberto Bermúdez Requena, es un próspero empresario y contratista del gobierno. Reportes periodísticos indican que ha sido beneficiado con contratos de obra pública tanto en gobiernos estatales como federales desde la época de Madrazo. Esta conexión sugiere una posible red de intereses económicos y políticos entrelazados, donde el poder de Hernán en el aparato de seguridad podría haber facilitado o protegido los intereses empresariales de su familia, añadiendo una dimensión económica a la trama de poder político y criminal.
El nombramiento: crónica de una advertencia ignorada
El 11 de diciembre de 2019 marca el punto de inflexión en esta historia. Ese día, el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, tomó protesta a Hernán Bermúdez Requena como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este acto, lejos de ser una decisión administrativa rutinaria, fue el momento fundacional que, según las evidencias posteriores, habilitó la captura total de la institución y sentó las bases para la operación de “La Barredora” desde el propio gobierno.
Las advertencias desoídas
Lo más grave de este nombramiento es que se realizó en contra de advertencias explícitas y de alto nivel que desaconsejaban la designación. La evidencia indica que el gobernador tenía a su disposición información suficiente para dudar de la idoneidad de Bermúdez, pero decidió ignorarla.
- Inteligencia militar previa: Reportes periodísticos basados en fuentes militares señalan que los servicios de inteligencia del Ejército ya investigaban a Bermúdez Requena por sus presuntos nexos con el crimen organizado desde 2019, es decir, antes de que fuera nombrado secretario de seguridad. Estas advertencias tempranas desde el aparato de inteligencia federal debieron haber sido un impedimento insalvable para su nombramiento.
- Consultores externos: Una investigación del periódico Excélsior reveló un hecho aún más contundente. En 2018, cuando Adán Augusto López era gobernador electo, contrató a un grupo de consultores externos para elaborar un programa de seguridad para su futura administración. Dichos consultores le advirtieron directamente que el nombre de Hernán Bermúdez había aparecido en bases de datos de inteligencia federal como una “persona de interés” debido a sus presuntas ligas con la delincuencia. La respuesta de López Hernández, según el reporte, fue cancelar el vínculo con los consultores y, un año después, proceder con el nombramiento de Bermúdez.
Este acto de nombrar a Bermúdez, a pesar de las múltiples advertencias, constituye un desafío a los sistemas de inteligencia del Estado. Sugiere que la lealtad personal y la amistad forjada décadas atrás primaron sobre el deber fundamental de garantizar la seguridad de los ciudadanos de Tabasco. La decisión no puede ser calificada como un descuido o un error de juicio; fue una elección consciente que revela una clara priorización de intereses personales o de grupo por encima del interés público. La narrativa oficial, defendida por voceros del partido Morena, de que Adán Augusto López actuó de “buena fe” al nombrar a su amigo, se vuelve insostenible frente a esta evidencia. Actuar de “buena fe” implica desconocer los factores negativos; en este caso, la evidencia sugiere que se actuó a pesar de conocerlos, lo que convierte la defensa política en una cortina de humo que choca frontalmente con los hechos documentados.
La estructura de mando comprometida
El nombramiento de Bermúdez no fue un hecho aislado. Junto a él, otros mandos clave designados por Adán Augusto López también fueron implicados posteriormente en los informes de inteligencia filtrados. Figuras como José del Carmen Castillo Ramírez, nombrado comisionado de la Policía Estatal, y Leonardo Arturo Leyva Ávalos, director general de la Policía Estatal, fueron señalados como parte de la misma red de complicidad.
Esto sugiere la creación deliberada de una cúpula de seguridad afín y comprometida desde el inicio. No se trató de la infiltración de un solo individuo, sino de la colocación estratégica de un equipo de confianza en las posiciones más altas de la jerarquía policial. El acto de nombramiento, por lo tanto, no fue el inicio de la corrupción, sino la formalización de una estructura de poder paralela dentro del Estado, sentando las bases para que la SSPC operara con fines distintos a los establecidos por la ley.
“La Barredora”: anatomía de un cártel de estado
La organización criminal que presuntamente dirigía Hernán Bermúdez, conocida como “La Barredora”, presenta una estructura atípica que la distingue de los cárteles tradicionales del narcotráfico en México. Su análisis revela un modelo de criminalidad profundamente imbricado con el poder estatal, al punto de que las líneas entre ambos se difuminan por completo.
Un modelo criminal atípico
A diferencia de organizaciones como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya cúpula está formada por individuos que ascendieron a través de la violencia y las jerarquías del hampa, “La Barredora” parece haber sido fundada desde el poder. Análisis periodísticos y testimonios de expertos señalan que su liderazgo no provenía del mundo criminal, sino de un grupo de políticos y altos funcionarios del gobierno de Tabasco. Esta característica es fundamental: “La Barredora” representa una evolución de la narcopolítica, donde no es un cártel el que corrompe al Estado, sino una facción del Estado la que se convierte en cártel.
La evidencia filtrada en los “Guacamaya Leaks” y los análisis posteriores describen un organigrama en el que el secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, alias “Comandante H”, figura como el jefe máximo. Esto invierte el modelo tradicional de cooptación. El poder no fluye del narcotraficante hacia El político a través de sobornos, sino que emana del propio político, quien utiliza su autoridad y los recursos del Estado para construir y dirigir la empresa criminal.
Orígenes y relación con el CJNG
Los orígenes de “La Barredora” en Tabasco se remontan a la fragmentación de Los Zetas. La organización operó con un perfil bajo durante años hasta que, según análisis de seguridad, formó una alianza estratégica con el CJNG para expandir sus operaciones. El CJNG utilizó a “La Barredora” como su brazo local para apoderarse de las economías ilícitas, capitalizando el vacío de poder dejado por Los Zetas.
Sin embargo, esta alianza fue frágil. En 2023, la relación se rompió y “La Barredora”, que ya operaba con un alto grado de autonomía gracias a su presunto respaldo institucional, se convirtió en un rival acérrimo del CJNG. Esta ruptura desató una guerra abierta por el control del territorio que fue la causa directa de la explosión de violencia que sacudió a Tabasco a finales de 2023 y principios de 2024.
Economías criminales
Bajo la protección del aparato de seguridad estatal, “La Barredora” diversificó sus actividades ilícitas, concentrándose en las más lucrativas:
- Robo de combustible (huachicol): Esta era su principal fuente de ingresos, aprovechando la vasta infraestructura petrolera de Tabasco. Los informes de inteligencia señalan que operaban con impunidad en el robo de combustible directamente de los ductos de Pemex y en el control del estratégico puerto de Dos Bocas, sede de la nueva refinería Olmeca. La sofisticación de sus operaciones llegó al punto de realizar actos de piratería, asaltando barcos cargados de combustible en altamar.
- Extorsión, narcotráfico y tráfico de personas: El grupo impuso un régimen de terror en varios municipios clave como Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Paraíso, controlando el “cobro de piso” a negocios, la venta de drogas al menudeo y las rutas de tráfico de migrantes.
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La estructura de mando
La siguiente tabla desglosa los actores clave en esta red, ilustrando la fusión entre la estructura estatal y la criminal.Tabla 1: Actores clave y roles alegados en la red “La Barredora”
| Nombre | Cargo Oficial | Rol Criminal Alegado (Según Fuentes de Inteligencia/Periodísticas) | Estatus Actual |
| Hernán Bermúdez Requena | Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (2019-2024) | Fundador y líder supremo de “La Barredora” (alias “Comandante H”) | Prófugo, con ficha roja de Interpol |
| Adán Augusto López Hernández | Gobernador de Tabasco (2019-2021), Secretario de Gobernación (2021-2023) | Patrón político y nominador de Bermúdez; mencionado como posible aliado del líder criminal en informes de la SEDENA | Senador de la República; no está bajo investigación oficial |
| José del Carmen Castillo Ramírez | Comisionado de la Policía Estatal; Encargado de Despacho de la SSPC (Ene. 2024) | Cómplice de “La Barredora”, señalado en informes de la SEDENA junto a Bermúdez | Renunció a su cargo en enero de 2025 |
| Leonardo Arturo Leyva Ávalos | Director General de la Policía Estatal | Señalado en informes de la SEDENA como parte de la red de complicidad | Desconocido / En funciones al momento de los reportes |
| Francisco Javier “El Guasón” Custodio Luna | Expolicía estatal | Líder de célula, encargado de la red de informantes dentro de la policía (“El Blas”, “El Tostón”) | Detenido en marzo de 2025 |
| Carlos Tomás “N” (“El Lic”) | Abogado de Hernán Bermúdez | Líder operativo, encargado de extorsiones y narcotráfico en Villahermosa | Detenido en enero de 2025 |
| Humberto Bermúdez Requena | Empresario | Hermano de Hernán Bermúdez, beneficiario de contratos de obra pública | No imputado |
Esta estructura dual responde de manera directa a la pregunta del usuario: Bermúdez no tuvo que “fundar un cártel” como un empresario privado. Lo que hizo fue, presuntamente, transformar su propia institución, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el brazo armado, logístico y de inteligencia de su empresa criminal.
El mecanismo: cómo operar un cártel desde la Secretaría de Seguridad
La fundación de “La Barredora” desde la SSPC de Tabasco no fue un acto de simple corrupción, sino una operación de captura y reorientación total de la función estatal. El mecanismo se basó en la inversión de los roles institucionales: en lugar de que la secretaría combatiera al crimen, se convirtió en su principal protector y facilitador. Este capítulo detalla la metodología empleada, respondiendo directamente a la pregunta central de “cómo” se logró esta transformación.
Blindaje institucional y control jerárquico
El primer paso fue asegurar la impunidad operativa. Hernán Bermúdez, como máxima autoridad de la SSPC, utilizó su cargo para proporcionar un blindaje completo a “La Barredora”. Esto se manifestó de dos maneras principales:
- Nombramientos estratégicos: Bermúdez presuntamente designó a mandos policiacos afines al grupo criminal en posiciones clave a lo largo del estado. Estos comandantes no tenían la tarea de combatir a “La Barredora”, sino de garantizar que sus operaciones de huachicol, extorsión y narcotráfico se desarrollaran sin interferencia de la propia policía estatal. Se creó así una cadena de mando paralela y leal a los intereses del cártel.
- Liberación de detenidos: Los informes de inteligencia hackeados a la SEDENA son explícitos en este punto. Un reporte de febrero de 2021 detalla la “posible cooptación y corrupción de autoridades” de la SSPC en la negociación para liberar a integrantes de la delincuencia organizada. El documento menciona la presunta complicidad del “Comandante H” (identificado como Bermúdez) en un acuerdo para pagar 500,000 pesos por la liberación de detenidos, concluyendo que existía una clara colaboración de funcionarios de la secretaría con criminales a cambio de dinero.
La inteligencia como arma criminal
Quizás el aspecto más perverso del mecanismo fue la utilización de los recursos de inteligencia del Estado como un arma al servicio del crimen. En lugar de usar la información para prevenir y desarticular delitos, la SSPC bajo Bermúdez presuntamente la empleó para fortalecer a “La Barredora” y debilitar a sus rivales.
Informes periodísticos y de inteligencia indican que una de las funciones clave de la red de policías corruptos, liderada por operadores como “El Guasón”, era filtrar información sensible sobre los operativos de las fuerzas federales (Ejército y Guardia Nacional) a los miembros de “La Barredora”. Esto les permitía evadir capturas, mover cargamentos de droga o combustible robado con seguridad, y anticipar los movimientos de las autoridades legítimas. Además, esta inteligencia se usaba para coordinar ataques contra grupos rivales, utilizando el conocimiento del Estado para obtener una ventaja táctica en la guerra entre cárteles.
Cesión de territorio y la fachada de legitimidad
La captura del estado se materializó en la cesión de facto del territorio. Los informes de “Guacamaya Leaks” son contundentes al afirmar que el “Comandante H” autorizó directamente que “La Barredora”, liderada en el terreno por alias “Pantera”, tomara el control de municipios estratégicos para el huachicol y el narcotráfico, como Huimanguillo y Cárdenas. Esto no era una omisión o un fracaso en el combate al crimen; era una política deliberada de entrega de “plazas” a la organización criminal protegida.
Mientras esta maquinaria operaba internamente, Bermúdez mantenía una fachada de legitimidad de cara al público y a sus superiores políticos. En entrevistas y declaraciones públicas, negaba vehementemente la existencia de “La Barredora”, calificándola como una simple “firma” que cualquiera podía usar en mantas para intimidar. Al mismo tiempo, en ocasiones llegó a presentar informes oficiales que presumían una disminución en la incidencia delictiva en Tabasco, creando una realidad paralela y engañosa.
En esencia, la estrategia de Bermúdez consistió en una completa inversión de la función estatal. La SSPC pasó de ser un ente de seguridad pública a una agencia privada de protección, inteligencia y servicios para el crimen. No tuvo que crear una estructura desde cero; simplemente tomó la estructura existente de la secretaría —con su personal, vehículos, armas y sistemas de inteligencia— y la reorientó para que sirviera a los intereses de “La Barredora”, convirtiéndola en el activo más valioso e indispensable del cártel.
El colapso: violencia, renuncia y fuga
El complejo andamiaje criminal construido desde la SSPC, que había garantizado una relativa “pax mafiosa” bajo el dominio de “La Barredora” y su alianza con el CJNG, se derrumbó estrepitosamente a finales de 2023. Su colapso no fue producto de una exitosa operación policial, sino de la implosión de sus propias alianzas criminales, lo que desató una ola de violencia que hizo insostenible la posición de su arquitecto.
La ruptura y la escalada de violencia
La violencia que sumió a Tabasco en el terror fue la consecuencia directa de la ruptura de la alianza entre “La Barredora” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Una vez que el CJNG decidió disputarle el control directo del estado a su antiguo socio, la competencia por el territorio estalló en una guerra abierta. El “Viernes Negro” del 22 de diciembre de 2023 fue el punto de no retorno, con ataques coordinados que incluyeron un atentado contra la propia casa de Hernán Bermúdez, una clara señal de que el conflicto había escalado a un nivel personal y que su control se había desvanecido.
La paz relativa que pudo haber existido anteriormente no era producto de la aplicación de la ley, sino de la gestión de un monopolio (o duopolio) criminal. Cuando ese pacto se rompió, la SSPC, al ser presuntamente parte del conflicto y liderar una de las facciones, fue incapaz de actuar como un árbitro neutral o una fuerza de contención. El resultado fue el caos, exponiendo la verdadera naturaleza de la “seguridad” que se había gestionado en el estado.
La insostenibilidad, la renuncia y la fuga
La violencia se volvió tan pública y caótica que la posición de Bermúdez se hizo indefendible. Tras la nueva jornada de terror del 4 de enero de 2024, con asaltos masivos en Villahermosa, su renuncia se produjo al día siguiente, el 5 de enero. La versión oficial fue una dimisión ante la crisis, pero el análisis de los hechos sugiere que fue una consecuencia directa del colapso de su control criminal.
La cronología de los eventos posteriores es sumamente reveladora y sugiere que la red de protección de Bermúdez seguía activa incluso después de su caída.Tabla 2: Cronología de la crisis (Diciembre 2023 – Febrero 2025)
| Fecha | Evento Clave |
| 22 de diciembre, 2023 | “Viernes Negro”: Estallido de violencia masiva en Tabasco con quema de vehículos, motines y balaceras. Atacan la casa de Bermúdez. |
| 4 de enero, 2024 | Nueva ola de violencia con asaltos masivos a más de 25 comercios en Villahermosa. |
| 5 de enero, 2024 | Hernán Bermúdez Requena presenta su renuncia como titular de la SSPC. |
| 26 de enero, 2024 | Bermúdez Requena huye de México, saliendo desde Mérida. |
| 14 de febrero, 2024 | Un juez emite la orden de aprehensión en contra de Bermúdez Requena. |
| Marzo, 2025 | Detienen a Francisco Javier “El Guasón” Custodio Luna, operador clave de “La Barredora”. |
| Julio, 2025 | Autoridades federales confirman públicamente la orden de aprehensión y la ficha roja de Interpol. |
La secuencia es clara: Bermúdez huyó del país el 26 de enero, casi tres semanas antes de que se emitiera la orden de aprehensión en su contra el 14 de febrero. Es altamente improbable que el momento de su huida, siguiendo una ruta internacional compleja (Mérida -> Panamá -> España -> Brasil), fuera una coincidencia. La inferencia lógica es que fue notificado desde dentro del sistema de justicia de que la investigación en su contra había llegado a un punto crítico y que su detención era inminente. Esta fuga de información representa un último acto de protección de la red que lo sostuvo durante años.
El impacto en cifras: el costo humano de la captura del estado
El fracaso de la seguridad bajo el mando de Bermúdez no es una cuestión de percepción, sino una realidad reflejada en datos duros y oficiales. La siguiente tabla presenta el dramático deterioro de la seguridad en Tabasco, contrastando la narrativa oficial con la cruda realidad.Tabla 3: Indicadores de violencia y percepción de inseguridad en Tabasco (2019-2024)
| Indicador | 2022 | 2023 | 2024 |
| Homicidios Dolosos (Víctimas) | (Dato no prioritario) | 271 | 919 (aumento del 239%) |
| Cifra Negra (Delitos no denunciados) | 90.7% | 94.1% | (Dato no disponible aún) |
| Percepción de Inseguridad (Población) | 79.9% (ref. 2022) | 84.8% (ref. 2023) | (Dato no disponible aún) |
| Tasa de Prevalencia Delictiva (por 100k hab.) | 22,963 | 25,695 | (Dato no disponible aún) |
Los datos son irrefutables. Mientras Bermúdez negaba la existencia de cárteles, los homicidios se triplicaron en solo un año, alcanzando la cifra más alta en la historia moderna del estado. La cifra negra, que mide los delitos no denunciados, alcanzó un alarmante 94.1%, reflejando una desconfianza casi total en las autoridades. La percepción de inseguridad se disparó, con casi el 85% de la población sintiéndose insegura en la entidad. Este es el costo humano real de la captura del estado: una sociedad aterrorizada y abandonada por quienes debían protegerla.
El epílogo político: contención de daños y la sombra del patrón
El escándalo de Hernán Bermúdez trascendió rápidamente la esfera de la seguridad para convertirse en una profunda crisis política con epicentro en el partido gobernante, Morena. La caída del “Comandante H” no solo expuso la podredumbre en la SSPC de Tabasco, sino que también se convirtió en un arma en la batalla por el poder político dentro del estado y en una mancha tóxica para figuras de talla nacional.
La guerra interna en Morena
La crisis de seguridad se convirtió en el campo de batalla de una disputa preexistente por el poder político en Tabasco entre dos facciones de Morena: la del actual gobernador, Javier May, y la del exgobernador y actual líder de la bancada en el Senado, Adán Augusto López Hernández. Las acusaciones más directas y punzantes contra la administración anterior provinieron del nuevo gobierno. Javier May señaló públicamente que “era de dominio público” que Bermúdez encabezaba “La Barredora” y que sus antecesores debían “dar explicaciones”. A esto se sumaron las declaraciones de José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente y actual secretario de gobierno de Tabasco, quien afirmó que con estas revelaciones “está saliendo toda la pudrición”.
Estas declaraciones no fueron casuales. Se interpretan como ataques directos del grupo de May para debilitar políticamente a su rival interno, Adán Augusto López, y consolidar su propio poder en el estado. La búsqueda de justicia, en este contexto, parece estar subordinada a los objetivos políticos de los contendientes.
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El silencio del patrón y la línea del gobierno federal
Frente a la tormenta, la estrategia de Adán Augusto López ha sido el silencio y el distanciamiento. Salvo por declaraciones evasivas como “no opino sobre asuntos que no conozco” —refiriéndose al caso de su propio exsecretario de seguridad—, ha evitado dar explicaciones públicas. Esta postura busca contener los daños y desvincular su figura de la de su protegido caído.
Esta estrategia ha sido respaldada desde la más alta esfera del poder. La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado explícitamente que el gobierno federal no está investigando a Adán Augusto López por este caso. La línea oficial ha sido clara: trasladar toda la responsabilidad penal exclusivamente a Bermúdez y dejar la investigación en manos de las fiscalías, tanto la estatal como la federal. Esta decisión se interpreta como un acto de protección política hacia una figura clave del partido, evitando que el escándalo escale y afecte a uno de los pilares de Morena en el Senado.
El “mini García Luna” y las consecuencias partidistas
En medios de comunicación y círculos de análisis, la analogía se volvió inevitable: el caso Bermúdez/Adán Augusto fue bautizado como el “mini García Luna” de Morena. Esta comparación es políticamente tóxica para un partido que ha hecho de la crítica al caso de Genaro García Luna y el expresidente Felipe Calderón una de sus principales banderas morales contra la oposición. La aparición de un caso con una estructura similar —un secretario de seguridad acusado de liderar un cártel bajo la protección de su jefe político— dentro de sus propias filas representa un golpe devastador a su narrativa anticorrupción.
Como medida de control de daños, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició un procedimiento para expulsar a Hernán Bermúdez y suspendió sus derechos partidarios, tras confirmar que se había afiliado al partido en 2022. Mientras tanto, la oposición, principalmente el PAN, anunció que preparaba denuncias formales contra Adán Augusto López por sus presuntos vínculos y su respaldo a lo largo de los años a Bermúdez. El escándalo, lejos de resolverse, sigue siendo una herida abierta en el panorama político mexicano.
Lecciones de un estado capturado
Síntesis final
El análisis de la evidencia disponible permite responder de manera definitiva a la pregunta de cómo Hernán Bermúdez Requena logró fundar y operar un cártel desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco. No fue un acto aislado de corrupción, sino el resultado de una confluencia de factores sistémicos que permitieron la captura de una institución estatal para fines criminales. Los elementos clave de este mecanismo fueron:
- Protección política absoluta: El pilar fundamental fue el blindaje político incondicional proporcionado por su amigo y patrón, Adán Augusto López Hernández. Este respaldo se manifestó en su nombramiento a pesar de múltiples y graves advertencias de inteligencia, y en su permanencia en el cargo durante cinco años, lo que le dio el tiempo y la autoridad necesarios para consolidar su operación.
- Inversión de la función estatal: Bermúdez no tuvo que crear una estructura criminal desde cero. Utilizó la jerarquía, los recursos, el personal y la autoridad de la SSPC, invirtiendo su función. La secretaría dejó de ser un ente de seguridad para convertirse en una agencia de protección, inteligencia y servicios para “La Barredora”.
- Impunidad sistémica: Su carrera estuvo marcada por una capacidad notable para evadir las consecuencias de graves acusaciones, desde su detención por la SIEDO en 2006 hasta las advertencias ignoradas en 2018 y 2019. Esta impunidad crónica le envió a él y a su red el mensaje de que operaban por encima de la ley.
- Colapso del pacto criminal: La violencia que finalmente llevó a su caída no fue el resultado de la acción del Estado en su contra, sino de la guerra que estalló entre su propia organización y sus antiguos socios del CJNG. La “paz” anterior era una ilusión mantenida por un narco-pacto administrado desde el propio gobierno.
Recomendaciones
El caso de Tabasco es un estudio paradigmático de la captura del Estado y ofrece lecciones cruciales. Para evitar que una situación similar se repita, se proponen las siguientes recomendaciones:
Judiciales
- Seguir la ruta del dinero: Es imperativo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) realicen una investigación patrimonial exhaustiva no solo sobre Hernán Bermúdez, sino también sobre su círculo cercano, incluyendo a su hermano Humberto Bermúdez Requena y otros mandos implicados. Desmantelar la red financiera que sostuvo la operación es tan importante como la captura de los responsables.
- Investigar la cadena de mando: La investigación no debe detenerse en los ejecutores. Las fiscalías tienen la obligación de investigar la posible responsabilidad, ya sea por comisión o por omisión, de la cadena de mando política que permitió el nombramiento y la permanencia de Bermúdez en el cargo a pesar de las múltiples y documentadas alertas de inteligencia.
Legislativas
- Mecanismos de veto para nombramientos de seguridad: Se debe impulsar una reforma a las leyes de seguridad pública, tanto a nivel federal como estatal, para crear mecanismos de veto vinculantes para nombramientos de alto nivel (secretarios, comisionados, directores de policía). Si agencias de inteligencia como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o la SEDENA presentan informes fundamentados que desaconsejen un nombramiento, este no debería poder proceder. Esto antepondría la seguridad nacional y estatal a las lealtades políticas personales.
Ejecutivas y de sociedad civil
- Auditorías externas y ciudadanas a cuerpos policiales: Es fundamental establecer comités de auditoría externos, con participación ciudadana y poder real, para supervisar los procesos de nombramiento, ascensos, uso de recursos y resultados en las secretarías de seguridad estatales. Esto ayudaría a romper los ciclos de lealtad interna y corrupción que facilitan la captura institucional.
- Depuración y reconstrucción institucional: Ante la evidencia de una infiltración sistémica en la policía de Tabasco, los cambios cosméticos son insuficientes. Se debe plantear una depuración profunda y, de ser necesario, la reconstrucción total de la policía estatal, con nuevos procesos de reclutamiento, capacitación y control de confianza, supervisados por entidades federales y observadores externos. Solo así se podrá empezar a recobrar la confianza de una ciudadanía que fue traicionada por quienes juraron protegerla.
