El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ha destapado la crisis de la violencia funcionarios públicos México. Ante la escalada de agresiones letales, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) han presentado una iniciativa crucial. Buscan crear una comisión legislativa que rompa el pacto de impunidad y proteja a quienes trabajan bajo la presión del crimen organizado en contextos de riesgo.
El asesinato de Carlos Manzo, catalizador de la propuesta
Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado el pasado 1 de noviembre, coincidiendo con las festividades de Día de Muertos. El funcionario había recibido amenazas antes del atentado, según se ha documentado. Este trágico evento sirvió como el impulso directo para que los legisladores del PAN actuaran en la Cámara de Diputados, proponiendo medidas estructurales para abordar la inseguridad que envuelve a la clase política local.
Creación de una comisión especial contra la impunidad
Los diputados panistas propusieron formalmente crear una comisión ordinaria en la Cámara de Diputados. El objetivo es que este grupo de trabajo dé seguimiento inmediato “a las amenazas y agresiones” cometidos en contra del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
A través de la iniciativa, los legisladores argumentan que, de aceptar la conformación de este grupo de trabajo, “se mostraría el compromiso del Estado con la seguridad de sus funcionarios”, y a su vez representaría “un mecanismo esencial para fortalecer la rendición de cuentas por parte de las instituciones mexicanas y combatir la impunidad”.
Alcance y objetivos de la nueva comisión
La propuesta detalla que la comisión no solo se encargará del caso de Carlos Manzo, sino que también tendrá responsabilidades amplias en la protección de la función pública a nivel nacional. Sus tareas incluyen la prevención, investigación y seguimiento de amenazas y agresiones cometidas en contra de:
- Personas funcionarias públicas, especialmente aquellas del ámbito local.
- Quienes desempeñan su labor en contextos de riesgo o bajo la presión de grupos de la delincuencia organizada.
Estrategias de protección y diagnóstico estructural
Los legisladores del PAN señalaron que impulsarán la creación de protocolos y mecanismos de diagnóstico específicos para proteger a los servidores públicos. De manera particular, buscan:
- Crear protocolos de protección para personas servidoras públicas en zonas de alto riesgo.
- Establecer mecanismos de alerta temprana que permitan evitar nuevas agresiones o represalias vinculadas al ejercicio de funciones oficiales.
- Identificar patrones, contextos y causas estructurales e institucionales que han permitido la repetición de amenazas y agresiones en contra de personas servidoras públicas municipales, así como de otras figuras de responsabilidad institucional.
Observaciones, recomendaciones y reforma legal
La comisión tendrá la facultad de realizar observaciones y elaborará recomendaciones que podrán ser de carácter:
- Legislativo.
- Administrativo.
- Presupuestal.
Estas recomendaciones estarán orientadas a fortalecer la protección integral y el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.
Para dar seguimiento puntual de las acciones de las autoridades federales y estatales para la atención y esclarecimiento de asesinatos o amenazas, manifestaron que solicitarán informes, comparecencias y formularán recomendaciones orientadas a mejorar los mecanismos de prevención, coordinación interinstitucional y atención a las víctimas.
Finalmente, para lograr la conformación de esta comisión, la propuesta busca modificar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. “Se busca enviar desde el Congreso, un mensaje claro, de que los ataques contra quienes representan al Estado y trabajan para la sociedad, no serán tolerados más”, expusieron.
El costo humano: 658 servidores públicos asesinados entre 2018 y 2025
La dimensión de la crisis de seguridad contra funcionarios se refleja en las cifras citadas por los legisladores. Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (AC) y la organización Artículo 19, se tiene un estimado aproximado de 658 homicidios de servidores públicos en el periodo comprendido del año 2018 al 2025.
El número de 658 homicidios refleja una crisis de seguridad institucional que demanda una respuesta estructural del Estado. La propuesta del PAN, más allá de la agenda partidista, pone en evidencia el profundo vacío de protección que enfrentan los funcionarios locales, quienes son la primera línea de defensa del Estado ante el crimen organizado en los municipios más vulnerables de México.
