Andrés Rodríguez | Ciudad de México — 13 de septiembre de 2025 | 01:55 CEST
Una devastadora Explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia, Iztapalapa, ha dejado al menos 10 muertos y más de 90 heridos, convirtiéndose en la peor tragedia de su tipo en Ciudad de México en una década. El siniestro ha desatado serios cuestionamientos sobre la seguridad en el transporte de materiales peligrosos y la supervisión de las autoridades reguladoras.
Detalles del incidente y primeras hipótesis
La explosión registrada este miércoles cerca de los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México, ha motivado una investigación en curso de la Fiscalía capitalina. Un informe preliminar, difundido este viernes, señala que el tanque de gas presentó una ruptura en el casquete, o cubierta, tras chocar con un objeto sólido, lo que provocó la fuga y su posterior ignición. El comunicado de la Fiscalía también detalló la identificación de residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno.
Hasta el jueves, la fiscal Bertha María Alcalde manejaba la hipótesis más sólida: el exceso de velocidad como causa del accidente. El conductor del camión, quien se encuentra en estado crítico, no ha sido detenido, pero permanece bajo custodia.
El debate sobre la infraestructura vial y los baches
A raíz del impacto del accidente, el Gobierno capitalino recibió fuertes críticas vecinales por el mal estado del asfalto en la zona. Hubo señalamientos de que se realizaron obras de repavimentación un día después del incidente. “Los baches llevaban meses sin atención. Tuvo que pasar una tragedia para que el arreglo llegara a la velocidad de la luz”, se quejó un conductor que transita a diario por la Calzada Ignacio Zaragoza.
Sin embargo, el Ministerio Público ha aclarado que las inspecciones de los servicios periciales en el lugar del siniestro concluyeron que “no se encontró ningún bache, ni daños en el asfalto, lo que consta en la fijación de imágenes que documenta y preserva la evidencia visual que obra en la investigación”.
Dudas sobre la regulación y los seguros
Uno de los puntos de discusión más álgidos ha sido si la empresa de transporte contaba con seguro para operar.
Te puede interesar: Alicia Matías: El heroísmo de una abuela en la explosión de …
ASEA y Transportadora Silza: versiones encontradas
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) afirmó el martes que el semirremolque de la Transportadora Silza, parte del Grupo Tomza, no había ingresado ninguna solicitud para registrar pólizas de seguros de responsabilidad civil o por daño ambiente. La compañía, por su parte, respondió aclarando que sí contaba con pólizas de seguro vigentes.
Un portavoz de la ASEA ha dicho a este diario que mantienen su posición. “Las dos aseveraciones pueden ser ciertas. La nuestra y la de la empresa, que sí tenga sus seguros, pero no actualizada la información ante nosotros”, aclaró vía mensaje de texto.
La responsabilidad de la Comisión Nacional de Energía
Marco Téllez, abogado especialista en hidrocarburos, observa negligencia por parte de la Comisión Nacional de Energía, que sucedió a la extinta Comisión Reguladora de Energía. Esta instancia otorgó a Silza, el 18 de septiembre de 2006, un permiso por 30 años para el transporte de GLP por medios distintos a ductos. Este permiso, vigente en el registro público del órgano de Gobierno, especifica en su inciso séptimo que la empresa debía “contratar y mantener siempre vigente un seguro que cubra la responsabilidad por daños a terceros que pudiera derivarse de la prestación de sus servicios”.
El jurista insiste en que ambas dependencias tienen la obligación de regular y vigilar el cumplimiento de las obligaciones. Téllez explica vía telefónica: “Si la Comisión hubiera hecho un análisis de ver cómo se encontraban sus permisos para la operación y se hubieran percatado de que no cuentan con los seguros correspondientes, tanto en responsabilidad civil como responsabilidad ambiental, tienen la facultad, y tendrían que haberlo hecho, de iniciar un procedimiento de revocación [a Silza]. Es una consecuencia inmediata”.
EL PAÍS ha intentado contactar con Grupo Tomza y la Comisión Nacional de Energía, pero no ha obtenido respuesta hasta la publicación de esta nota.
El poder destructivo del gas: Análisis de un experto
Carlos Rius, académico de la Facultad de Química de la UNAM, advierte sobre la necesidad de “extremar las precauciones” con material altamente inflamable. El transporte de gas líquido se realiza en tanques presurizados, diseñados para resistir gran presión, pero no a un impacto directo. Así, según explica, el choque del tráiler —como indica la investigación de la Fiscalía— rompió el contenedor, y el gas comenzó a verterse en estado líquido, su forma económicamente factible de transporte.
La nube blanca visible segundos antes de la explosión era la condensación de la humedad en el gas que escapaba, ya que el metano y el propano, componentes del GLP, son incoloros. “Se escapó el gas, se empezó a expandir, se dispersó dentro del oxígeno del aire y hubo alguna chispa que hizo que ocurriera una explosión y empezara un proceso medio curioso. Hubo explosiones, se apagaba el fuego, pero seguía saliendo el gas. Encontró otra fuente de ignición y se volvía a prender el material hasta que ocurrió la combustión de todo”, detalla el químico vía telefónica.
Te puede interesar: Identifican a Ana Daniela Barragán, alumna de la UNAM, tras …
De acuerdo con sus cálculos, los casi 50.000 litros de gas en estado líquido que transportaba el tráiler se convirtieron en más de 700.000 litros de gas en estado gaseoso. “Pudo haber daños severos en al menos 500 metros a la redonda”, advierte Rius.
Hacia nuevas normativas para el transporte peligroso
El accidente ha puesto sobre la mesa el debate acerca de la prudencia en el transporte de materiales peligrosos en horarios de alto tráfico vehicular y en zonas con alta densidad poblacional. Sobre este tema, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, planteó la elaboración de un protocolo sobre qué tipo de mercancía puede transitar por las calles de la ciudad y de qué manera.
La tragedia de Iztapalapa no solo ha expuesto vulnerabilidades en la infraestructura y la regulación, sino que también subraya la urgencia de reevaluar las políticas de seguridad en el transporte de materiales peligrosos. ¿Serán estas dolorosas lecciones el catalizador para cambios profundos que prevengan futuras catástrofes?
