Tras la ola de indignación generada por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado lunes 3 de noviembre, la furia social escaló hasta Apatzingán. La manifestación para exigir justicia culminó en el violento incendio y vandalismo del Palacio Municipal de la localidad, desvelando la crisis de seguridad que azota a Michoacán.
La respuesta oficial ante la devastación del Palacio Municipal
El Gobierno Municipal de Apatzingán emitió de inmediato un comunicado oficial para lamentar y condenar enérgicamente los graves actos de violencia perpetrados contra las instalaciones del Palacio Municipal durante la manifestación. Los hechos, ocurridos la noche del lunes, provocaron daños severos a la infraestructura gubernamental.
El Ayuntamiento señaló que los destrozos fueron obra de “grupos de choque cuyos objetivos están alejados de la verdadera construcción de la paz”. Esta postura oficial separa las demandas legítimas de justicia de la violencia ejercida en el inmueble.
Los daños fueron extensos e incluyeron:
- Vandalización de la fachada del inmueble.
- Forzamiento de puertas para permitir el acceso.
- Destrozos generalizados a oficinas y mobiliario.
- El incendio del inmueble y las oficinas gubernamentales.
A pesar de los daños, la autoridad local reafirmó su compromiso con la legalidad y el respeto a los espacios públicos, buscando restaurar el orden tras el suceso.
El asesinato del alcalde Carlos Manzo y la investigación en curso
Los manifestantes que arribaron a las afueras del Palacio Municipal esa noche lo hicieron para exigir justicia en el caso del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. La furia y el enojo por este crimen se extendieron por todo Michoacán, siendo el detonante directo de la protesta.
El comunicado oficial del Gobierno Municipal de Apatzingán refiere que las autoridades competentes ya están realizando las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades sobre los actos de vandalismo y el incendio. La búsqueda se centra en identificar a los responsables de los destrozos al interior de las oficinas gubernamentales.
El llamado de la sociedad civil al Gobierno Federal
El Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, por su parte, también emitió un comunicado. Su mensaje fue una enérgica condena al asesinato de Manzo Rodríguez.
El Observatorio dirigió una exigencia directa al Gobierno Federal para que aclare los hechos con celeridad y aplique todo el rigor de la ley a los responsables del “atroz crimen”.
En su análisis sobre la situación estatal, el Observatorio subrayó la gravedad del ambiente político y social:
> “La violencia que aqueja a Michoacán y a diversas regiones del país mantiene a los ciudadanos en un estado de temor constante y pone en riesgo la vida de quienes trabajan diariamente por el desarrollo de sus comunidades”.
La devastación del Palacio Municipal de Apatzingán, impulsada por la exigencia de justicia ante un magnicidio, subraya el creciente estado de temor y la desconfianza institucional que permea en Michoacán. La reacción de las autoridades ante la condena de “grupos de choque” debe ser cotejada con la urgencia de aplicar la justicia en el caso de Carlos Manzo. ¿Podrá el Gobierno Federal restaurar la paz en una región donde la indignación social se traduce directamente en violencia contra el aparato estatal?
