01 Ago, 2025 04:00 a.m. EST
Israel Vallarta Cisneros, acusado desde 2005 de liderar la presunta banda de secuestradores “Los Zodiaco”, fue absuelto este jueves por una jueza penal del Estado de México. La resolución judicial concluye uno de los casos más polémicos y emblemáticos del sistema de justicia mexicano, marcado por denuncias de tortura y violaciones al debido proceso.
La sentencia absolutoria: sin pruebas suficientes
La jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, dictó la sentencia absolutoria al determinar que no existían pruebas suficientes para mantener a Vallarta privado de su libertad. La jueza concluyó que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar la responsabilidad penal de Vallarta en los delitos que le imputaba: secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad. La resolución fue notificada la noche del 31 de julio y se espera su salida del penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, en las próximas horas. Mary Sainz, pareja sentimental y defensora de Vallarta, confirmó la noticia a través de la red social X: “¡Por fin! #IsraelVallartaLibreYa acaban de notificar sentencia absolutoria (…) después de casi 20 años sin sentencia, ¡por fin!”.
El caso de Israel Vallarta: Un montaje televisivo y años sin condena
Israel Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005 junto con su entonces pareja, la ciudadana francesa Florence Cassez, en el rancho “Las Chinitas”, ubicado en la carretera México-Cuernavaca. Un día después de su detención, ambos fueron presentados ante las cámaras de televisión como parte de un supuesto operativo en vivo de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), dirigido por Genaro García Luna. Años más tarde, se comprobó que dicho operativo había sido un montaje televisivo, preparado con antelación y escenificado para los medios de comunicación. Florence Cassez fue liberada en 2013 tras obtener un amparo por violaciones al debido proceso, pero Vallarta permaneció en prisión desde entonces, sin recibir sentencia alguna durante casi dos décadas.
Denuncias de tortura y violaciones al debido proceso
Durante los años que Vallarta estuvo en prisión, diversos organismos nacionales e internacionales alertaron sobre la falta de garantías procesales en su caso. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el Comité contra la Tortura de la ONU destacaron la existencia de indicios de tortura, documentados mediante el Protocolo de Estambul. Estos hallazgos reforzaron la acusación de tratos crueles y degradantes sufridos por Vallarta tras su detención.
Recientes desarrollos legales que abrieron la puerta a la absolución
El 15 de julio de 2025, un Tribunal Colegiado de Apelación ordenó revisar la situación jurídica de Vallarta y la medida cautelar de prisión preventiva. Esta decisión se fundamentó en los señalamientos de tortura y el tiempo extraordinario que había transcurrido sin una sentencia. Esta resolución fue crucial, ya que abrió la puerta para que la jueza analizara el fondo del caso y, finalmente, emitiera la sentencia absolutoria.
La última audiencia formal del juicio se celebró el 31 de enero de 2025, donde se cerró la etapa de instrucción. Esto dio paso a los alegatos finales y a la evaluación de las pruebas. A pesar de que la Fiscalía solicitó una condena de 329 años de prisión para Vallarta, no logró acreditar su responsabilidad con evidencia contundente, lo que culminó en su absolución.
El papel de AMLO y el Poder Judicial
Durante su sexenio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador abordó en múltiples ocasiones el caso de Vallarta en sus conferencias matutinas, calificándolo como un ejemplo extremo de injusticia debido a la prolongada prisión sin sentencia. No obstante, el exmandatario fue claro al señalar que no podía concederle un indulto, ya que nunca hubo una sentencia en firme en su contra. “Es una gran injusticia, pero no podemos intervenir mientras no haya sentencia. Lo tiene que resolver el Poder Judicial”, expresó en reiteradas ocasiones. La absolución por parte del Poder Judicial desbloquea ahora cualquier otra acción que pudiera considerarse desde el Ejecutivo.
Acciones del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP)
A lo largo del proceso, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) impulsó recursos legales para que Israel Vallarta pudiera enfrentar su juicio en libertad. Sin embargo, en 2024, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Segundo Circuito validó la prisión preventiva, argumentando que la FGR había justificado el riesgo procesal.
El IFDP calificó esta resolución como errónea, al no considerar un análisis de riesgo elaborado por la Guardia Nacional, el cual concluyó que Israel Vallarta contaba con un domicilio fijo y no representaba riesgo de fuga. Además, el IFDP reclamó que se ignoraron las observaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, que desde 2019 recomendó sustituir la prisión preventiva por medidas alternativas, tomando en cuenta la salud de Vallarta y la falta de sentencia.
Un caso emblemático de injusticia y manipulación
El caso de Israel Vallarta ha sido utilizado por organizaciones de derechos humanos, periodistas y analistas para visibilizar la fabricación de culpables, la manipulación mediática de la justicia y el uso abusivo de la prisión preventiva en México. En la misma causa, se ha vinculado también el caso de Florence Cassez y, por extensión, el de Juana Hilda González, implicada en el caso Wallace, quien fue liberada recientemente tras más de una década presa en condiciones similares. Cabe recordar que, en su momento, a Vallarta también se le asoció con el caso de Hugo Alberto Wallace. Este proceso judicial, que ha durado casi dos décadas, deja al descubierto profundas fallas estructurales y una demanda persistente de justicia para las víctimas de un sistema viciado.
