La pugna por el presupuesto 2026: El alcalde de Monterrey exige justicia fiscal

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, exige al Congreso de Nuevo León un incremento del 6.28% al 20% en la participación municipal del ISN para el Presupuesto Nuevo León 2026. Análisis exclusivo.

AL MOMENTO

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El debate por la distribución de recursos en Nuevo León escala. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, se presentó ante la Comisión de Presupuesto del Congreso local para empujar una reestructura profunda del gasto estatal. Su objetivo es claro: garantizar que el Presupuesto Nuevo León 2026 se defina con total transparencia y equidad, fortaleciendo la capacidad operativa de los municipios.

El llamado municipalista ante el Congreso local

Adrián de la Garza participó este viernes en la nueva dinámica propuesta por los legisladores locales, cuyo fin es establecer los requerimientos que tiene cada ciudad de la zona conurbada dentro del Presupuesto Estatal para el ejercicio fiscal 2026.

Junto con sus homólogos metropolitanos, De la Garza estuvo presente en las mesas de trabajo organizadas por la Comisión de Presupuesto del Congreso local. Durante su participación, el alcalde hizo una serie de planteamientos puntuales orientados a conformar un Paquete Fiscal municipalista.

La necesidad de esta redefinición fiscal radica en que las ciudades son consideradas el primer respondiente como autoridad ante la población. Esto implica que, en distintos rubros, los municipios terminan reorientando sus esfuerzos e inversiones para realizar el trabajo que formalmente le corresponde a otros niveles de gobierno. Las autoridades buscan, con estas propuestas, establecer mecanismos para mejorar la forma en la que se aprovecha el presupuesto. El gobierno local, de hecho, busca mantener finanzas sanas para mantener un control en la inversión.

Los cuatro ejes clave de la redefinición fiscal

El edil de Monterrey propuso varias medidas específicas que buscan redefinir la manera en la cual se planea y ejecuta el gasto público. Estas medidas se enfocan en incrementar la participación económica de los ayuntamientos y garantizar la transparencia del proceso.

Transparencia y bolsa general de recursos

La primera medida esencial es definir el presupuesto con la mayor transparencia, a tiempo y equitativo. Relacionado con esto, De la Garza propuso la creación de una bolsa general para todos los municipios de Nuevo León. Esta bolsa permitiría la distribución de los recursos estatales con base en indicadores y objetivos claros, como:

  •  Población.
  •  Esfuerzo recaudatorio.
  •  Contribución económica.

Aumento crítico del Impuesto Sobre la Nómina

Uno de los planteamientos de mayor impacto fiscal consiste en incrementar drásticamente la participación municipal en el Impuesto Sobre la Nómina (ISN). La propuesta es elevar este porcentaje del actual 6.28 por ciento al 20 por ciento de la participación total.

Ajuste a derechos de control vehicular

Finalmente, se sugirió modificar el artículo 17 de la Ley de Coordinaciones para el Estado de Nuevo León. El objetivo es ajustar la participación municipal por concepto de derechos de control vehicular, pasando de 0.6 a 1.6 por cada vehículo que realice el pago, siempre según su domicilio registrado. Se busca, según el gobierno de Monterrey, transparencia y simplicidad a la hora de establecer los planes de gasto.

Fortalecer el Estado desde los municipios

Adrián de la Garza enfatizó que estas propuestas buscan construir una nueva relación Estado-Municipio, entendiendo que el fortalecimiento de los municipios se traduce en un Estado más fuerte.

“Estas propuestas son buscando cómo construir una nueva relación Estado – Municipio que al final de cuentas es el fortalecimiento de los municipios que se traduce en un Estado más fuerte, es decir, entre más los municipios sean eficientes para ejercer sus recursos y traducirlos en buenos servicios públicos se va a ir fortaleciendo cada vez más el Estado”, afirmó.

El Paquete Fiscal municipalista propuesto por De la Garza sienta las bases para una reestructuración profunda de las finanzas públicas en Nuevo León, poniendo a prueba la voluntad del Congreso para ceder poder recaudatorio en aras de la eficiencia local. ¿Podrá la propuesta superar las tensiones políticas inherentes a la redistribución de casi el triple de los recursos actuales?

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