Diciembre de 1997. En una pequeña comunidad indígena de Chiapas, 45 personas fueron asesinadas mientras oraban. La Masacre de Acteal no solo conmocionó al país: expuso las profundas fracturas del México de Zedillo.
¿Qué fue la Masacre de Acteal?
Un crimen de Estado en pleno conflicto chiapaneco
La Masacre de Acteal ocurrió el 22 de diciembre de 1997, en el municipio de Chenalhó, Chiapas. Un grupo paramilitar asesinó a 45 personas tzotziles, en su mayoría mujeres y niños, integrantes de la organización pacifista Las Abejas.
Aunque el ataque fue perpetrado por civiles armados, pronto se reveló que las autoridades estatales y federales sabían lo que estaba por ocurrir. La omisión deliberada por parte del gobierno local, así como la presencia pasiva de fuerzas de seguridad cercanas al lugar, constituyen uno de los elementos más oscuros del sexenio de Ernesto Zedillo.
“Fue una ejecución a plena luz del día, en un sitio sagrado. Las autoridades miraron hacia otro lado”, declaró en su momento el entonces obispo Samuel Ruiz.
Las víctimas: un pueblo que clamaba paz
Las Abejas no eran un grupo armado. Eran una organización indígena cristiana, simpatizante de los principios del EZLN, pero sin vínculos militares. Se oponían tanto a la violencia del Estado como a la guerra armada.
El día del ataque, se encontraban orando por la paz en la pequeña iglesia de Acteal cuando fueron emboscados. Muchas víctimas fueron torturadas y rematadas a corta distancia. Incluso hubo mujeres embarazadas entre los asesinados.
El contexto: Chiapas, EZLN y la estrategia de contrainsurgencia
Chiapas en los 90: una bomba de tiempo
En 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas contra el gobierno mexicano. Aunque se firmó un cese al fuego, el conflicto continuó latente. Chiapas vivía bajo militarización, tensión étnica y pobreza extrema.
El gobierno de Zedillo aplicó una estrategia de “guerra de baja intensidad”: alimentar conflictos entre comunidades y promover la formación de grupos armados afines al PRI.
Paramilitares: armas, poder y respaldo institucional
Durante años, diversos informes denunciaron la proliferación de grupos paramilitares en la región, tolerados y armados con el aval de autoridades locales. Acteal fue la expresión más atroz de esta política.
Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que las víctimas habían denunciado amenazas y hostigamiento semanas antes. Nadie actuó.
“Las autoridades estatales tuvieron conocimiento del riesgo inminente. Su inacción fue criminal”, concluyó la CNDH.
El papel del gobierno de Ernesto Zedillo
Omisión, encubrimiento y silencio oficial
El gobierno federal fue lento y ambiguo en su respuesta. Zedillo expresó “consternación”, pero evitó calificar los hechos como una masacre. No visitó Acteal. No pidió perdón.
Diversos informes de derechos humanos nacionales e internacionales apuntaron a responsabilidades del Estado mexicano, especialmente por permitir la operación de grupos armados y por la falta de reacción oportuna de la policía.
Procesos judiciales cuestionados
Durante años, decenas de personas fueron arrestadas como presuntos responsables. Sin embargo, la mayoría de ellos fueron liberados por falta de pruebas o por irregularidades en el proceso.
En 2009, la Suprema Corte de Justicia ordenó la liberación de 20 inculpados, señalando que fueron detenidos sin garantías legales.
“La justicia fue selectiva, tardía y parcial”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Las víctimas: mujeres, niños y una comunidad en resistencia
Testimonios desgarradores
Muchos sobrevivientes han narrado el horror:
- “Mi hermana estaba embarazada. Le dispararon en el vientre”.
- “Rezábamos cuando empezaron los disparos. Fue como una lluvia de balas”.
- “Los niños corrían. Los mataban sin piedad”.
Estos testimonios fueron ignorados por años. Solo décadas después comenzaron a recibir reconocimiento en medios y foros internacionales.
El dolor que no cesa
A más de 25 años, la comunidad de Acteal sigue exigiendo justicia verdadera, no simulada. Muchos de los autores materiales e intelectuales siguen libres. Las víctimas han sido revictimizadas, desplazadas o amenazadas.
La iglesia y el altar donde ocurrió la masacre se han convertido en un lugar de memoria, pero también de resistencia.
Repercusiones internacionales y exigencias de justicia
La ONU y Amnistía Internacional alzaron la voz
Organismos como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron la complicidad del Estado. Incluso el relator especial para pueblos indígenas visitó la comunidad en 1998.
El caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque el gobierno mexicano evitó aceptar su competencia en ese momento.
Disculpa oficial: ¿justicia o simulación?
En septiembre de 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa pública a las víctimas. El subsecretario Alejandro Encinas declaró:
“Fue una acción de Estado, con participación de autoridades federales, estatales y municipales”.
Aunque fue un gesto significativo, muchas voces lo consideraron insuficiente. Las demandas de castigo a los responsables y reparación integral del daño siguen sin resolverse.
Acteal hoy: memoria viva y deuda histórica
Una herida abierta en el corazón de México
Acteal no es solo un nombre. Es una cicatriz nacional. Una tragedia que condensó racismo, impunidad, violencia política y abandono institucional.
Cada 22 de diciembre, la comunidad se reúne para conmemorar a los caídos. Con cantos, cruces y oraciones, mantienen viva la memoria y el reclamo de justicia.
¿Qué aprendimos (o no) desde 1997?
- Que la impunidad sigue siendo norma.
- Que los pueblos indígenas siguen desprotegidos.
- Que la violencia paramilitar nunca fue erradicada del todo.
Acteal dejó lecciones que México no ha terminado de procesar. El caso sigue siendo un espejo incómodo del país.
¿Cuántas Acteales más deben ocurrir para que el Estado deje de fallarle a su pueblo?
La Masacre de Acteal no fue un accidente ni un hecho aislado. Fue el resultado de una política deliberada de descomposición institucional, donde la vida indígena fue vista como desechable. Mientras no haya justicia real, el horror de 1997 seguirá repitiéndose en otros rincones de México.
