Una inquietante advertencia ha resonado desde el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. Steven Willoughby, alto funcionario, ha señalado que la posibilidad de que cárteles mexicanos utilicen drones para transportar drogas o incluso para lanzar ataques contra ciudadanos estadounidenses es una “posibilidad real”. La preocupación crece ante la facilidad de acceso a esta tecnología.
Preocupación por el uso de drones por parte de cárteles
Steven Willoughby, quien ocupa el cargo de jefe del programa anti drones de la Oficina de Estrategia, Política y Planes del Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos, hizo esta declaración el pasado martes. Su testimonio tuvo lugar durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, donde el senador republicano Eric Schmitt lo interrogó sobre el nivel de amenaza que representa el uso de aviones no tripulados por parte de los cárteles mexicanos.
Willoughby, sin embargo, no pudo confirmar de inmediato un nivel de amenaza específico, indicando que “tendría que obtener más información y volver a responder”, según lo informado por el portal Missourinet.
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La facilidad de acceso a la tecnología y los desafíos regulatorios
El testimonio del funcionario puso en clara evidencia la alarmante facilidad con la que las Organizaciones criminales acceden a esta avanzada tecnología. Además, destacó la preocupante falta de mecanismos efectivos para determinar con certeza la verdadera intención de quienes adquieren estos artefactos, un punto crítico señalado por Missourinet.
La audiencia, centrada en las graves amenazas que estas actividades criminales representan para la seguridad nacional estadounidense, dejó en claro una realidad apremiante: mientras la tecnología de drones avanza a una velocidad sorprendente, la capacidad de Washington para regular y responder de manera eficaz a su uso con fines delictivos sigue siendo muy limitada.
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La creciente amenaza de los drones en manos del crimen organizado subraya un desafío urgente para la seguridad nacional de Estados Unidos. La brecha entre el avance tecnológico criminal y la respuesta gubernamental exige una reevaluación profunda de las estrategias de defensa y regulación.
