Narcopoder: Colombia, centro estratégico de cárteles mexicanos

La dinámica criminal entre Colombia y México ha mutado drásticamente. De un modelo lineal productor-transportista, ahora Colombia es base de operaciones avanzada y centro clave para los cárteles mexicanos. La hegemonía antaño colombiana ha sido suplantada por el dominio de organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que controlan la cadena de valor del narcotráfico y externalizan la violencia.

La evolución de una simbiosis criminal: De la subordinación a la alianza estratégica

La relación entre las organizaciones criminales de Colombia y México ha experimentado una dramática inversión de poder en las últimas cuatro décadas. Lo que comenzó como una jerarquía clara, con los cárteles colombianos en la cima de la pirámide del narcotráfico mundial, se ha transformado en un paradigma donde los grupos mexicanos dictan los términos del negocio. Esto ha relegado a sus homólogos colombianos a un papel de proveedores de servicios y franquicias locales, resultado de presiones estatales, vacíos de poder y la adaptación estratégica de los actores criminales.

La hegemonía de los cárteles colombianos (década de 1980 – mediados de 1990)

Durante las décadas de 1980 y principios de 1990, el narcotráfico global estaba dominado por los cárteles colombianos, principalmente los de Medellín y Cali. Estas organizaciones controlaban monolíticamente casi todos los eslabones de la cadena de la cocaína, desde el cultivo y procesamiento hasta el transporte a gran escala y la distribución en mercados como Estados Unidos. Sus operaciones incluían tráfico ilícito, lavado de activos y una peligrosa combinación de política y terrorismo.

En este esquema, los grupos criminales mexicanos eran actores secundarios y subordinados, como el Cártel de Guadalajara. Su función principal era la de transportistas o “mulas”, contratados por los colombianos para mover la cocaína a través de la frontera entre México y Estados Unidos. El poder era inequívoco: los colombianos eran dueños del producto y las ganancias, mientras que los mexicanos eran meros proveedores de servicios logísticos, pagados en efectivo o con un pequeño porcentaje de la mercancía. La relación era puramente transaccional y jerárquica.

El vacío de poder y el ascenso del dominio mexicano (mediados de 1990 – década de 2000)

El punto de inflexión se produjo a mediados de la década de 1990, con la “estrategia del capo” por parte de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. El desmantelamiento de las cúpulas de los cárteles de Medellín y Cali, incluida la muerte de Pablo Escobar en 1993 y la caída de los hermanos Rodríguez Orejuela, creó un inmenso vacío de poder.

Este vacío fue explotado magistralmente por las organizaciones mexicanas. Grupos como el Cártel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”, y los cárteles de Tijuana y del Golfo, ya poseían una infraestructura de contrabando sofisticada y un control casi total de la porosa frontera con Estados Unidos. Aprovecharon la fragmentación del Crimen organizado colombiano en “cartelitos” o Bandas Criminales (BACRIM).

Un evento simbólico de este cambio ocurrió en 1991, cuando Amado Carrillo robó 12.000 kilos de cocaína a Pablo Escobar, demostrando que los mexicanos ya no eran subordinados. Con los grandes cárteles colombianos fuera de escena, las organizaciones mexicanas pasaron de transportistas a principales compradores mayoristas, financiadores y distribuidores de cocaína sudamericana. Los modos de pago incluían efectivo y cocaína.

El paradigma actual: Control mexicano y subordinación colombiana (década de 2010 – presente)

El paradigma contemporáneo está definido por el dominio casi absoluto de los cárteles mexicanos, principalmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estas organizaciones han invertido la dinámica original de poder. Ahora controlan o influyen decisivamente en toda la cadena de valor, desde la financiación de los cultivos en Colombia hasta la venta al por menor en Norteamérica y Europa. Como denunció el ahora presidente Gustavo Petro en 2019, los cárteles mexicanos llegaron a tener más poder que el que jamás tuvieron Pablo Escobar o los jefes paramilitares.

Los grupos armados colombianos, como las disidencias de las FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo (también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC), han sido degradados al papel de “franquicias” o proveedores de servicios. Su función es producir pasta base o clorhidrato de cocaína y garantizar la seguridad de los cultivos y rutas de transporte internas, todo bajo el patrocinio y las órdenes de sus clientes mexicanos. Los pagos se realizan con armas, precursores químicos y capital lavado.

Esta transformación fue una paradoja. El éxito de la estrategia de seguridad que desmanteló a los grandes cárteles colombianos creó las condiciones para el surgimiento de redes mexicanas más descentralizadas y resilientes. Al fragmentar el poder en Colombia, las autoridades permitieron que los traficantes mexicanos, que controlaban el punto de entrada más importante al mercado mundial, consolidaran su poder. Podían ahora enfrentar a numerosos proveedores colombianos más pequeños, dictando precios y condiciones.

Otro movimiento estratégico que cimentó este nuevo orden fue el cambio en la modalidad de pago. La transición de pagar a los productores colombianos con dinero en efectivo a pagarles con armas de alta potencia permitió a los cárteles mexicanos resolver simultáneamente un problema de lavado de dinero y un desafío logístico. Al armar a sus socios colombianos, se aseguraban de que estos pudieran defender los territorios cocaleros, garantizando la continuidad de su cadena de suministro. Esta dependencia del armamento mexicano ató a los grupos colombianos aún más a sus patrones, convirtiendo las armas en una herramienta de control sobre la inversión.

Colombia como nexo de operaciones criminales transnacionales

La consolidación del poder de los cárteles mexicanos se explica por la conversión de Colombia en un territorio estratégico para sus operaciones. Más allá de ser el principal productor de coca, el país ofrece una combinación única de debilidad estatal, geografía favorable y un ecosistema criminal preexistente que los grupos mexicanos han explotado para establecer una base avanzada en Sudamérica.

La explotación de la debilidad estatal y la geografía

Los cárteles mexicanos han expandido sus actividades hacia Colombia atraídos por vastos territorios con presencia estatal débil o inexistente. Estas zonas, a menudo selváticas y de difícil acceso, se concentran en regiones fronterizas y costeras cruciales para la producción y el Tráfico de drogas. Departamentos como Nariño y Cauca, en la costa del Pacífico, y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, son epicentros. La geografía del Pacífico colombiano, con sus innumerables ríos y esteros, ofrece una salida ideal para cargamentos de cocaína en lanchas rápidas y semisumergibles hacia Centroamérica y México.

Además, la situación política y de seguridad en la vecina Venezuela ha creado un entorno permisivo. El gobierno venezolano ha sido señalado por su tolerancia hacia el crimen transnacional, convirtiendo su territorio en una plataforma logística y un refugio seguro para grupos armados que operan en la frontera con Colombia, muchos al servicio de los cárteles mexicanos.

La economía de servicios criminales

En este entorno de estado fallido parcial, ha florecido una diversa “economía de servicios criminales”. Los cárteles mexicanos no necesitan control territorial directo; en su lugar, subcontratan a una variedad de grupos armados locales que ya dominan las regiones productoras. Estos socios incluyen al ELN, múltiples frentes disidentes de las FARC-EP (como el Frente Oliver Sinisterra o la columna Carlos Patiño), y el Clan del Golfo.

Estos grupos colombianos ofrecen un portafolio completo de servicios a sus clientes mexicanos:

• Seguridad y control territorial: Protegen los cultivos de coca de la erradicación forzosa y de la incursión de grupos rivales.
• Producción: Operan los laboratorios (conocidos como “cocinas”) donde la hoja de coca se procesa en pasta base y clorhidrato de cocaína.
• Logística interna: Controlan las rutas de transporte (corredores) para mover la droga desde las zonas de producción hasta los puntos de embarque en costas o fronteras.

Este modelo de negocio es altamente eficiente. Los cárteles mexicanos implementan un sofisticado modelo de franquicia: proporcionan el capital, las armas y el acceso a los mercados internacionales (la “marca”), mientras que sus “franquiciados” colombianos gestionan las operaciones diarias y asumen el riesgo directo de enfrentarse a las fuerzas de seguridad colombianas. Este esquema minimiza la presencia física y la exposición de miembros del cártel mexicano en Colombia, mientras maximiza su control sobre el producto final y los beneficios. La violencia más cruda es, en efecto, tercerizada.

“Ejércitos privados” y la erosión de la soberanía

La profundidad de esta subordinación ha sido reconocida por el presidente Gustavo Petro, quien ha descrito a los grupos disidentes de las FARC y al ELN no como insurgentes con causa política, sino como “obreros”, “un cartel” o, más directamente, “el ejército privado de los cárteles mexicanos”. Esta afirmación tiene implicaciones devastadoras para la soberanía de Colombia. Sugiere que la lealtad principal de estos grupos armados ya no es a una ideología, sino a sus empleadores criminales transnacionales.

Cuando un grupo como la columna Carlos Patiño ataca a ingenieros militares del ejército colombiano en el Cauca, no lo hace por un objetivo revolucionario, sino para proteger las rutas del narcotráfico vitales para sus socios del Cártel de Sinaloa o del CJNG. Sus acciones, aunque en suelo colombiano y contra ciudadanos colombianos, son esencialmente actos al servicio de una potencia criminal extranjera.

Esta cooptación no es solo económica, sino también cultural. En zonas como el cañón del Micay en el Cauca, se observa una creciente presencia de parafernalia mexicana: gorras con la bandera tricolor, comercios con nombres como “Sinaloa” y fiestas con narcocorridos mexicanos. Estos son símbolos de un cambio fundamental en el conflicto interno de Colombia. Ya no se trata principalmente de una lucha ideológica, sino que se transforma en una serie de guerras por delegación (proxy wars) entre corporaciones criminales transnacionales, libradas en suelo colombiano por actores armados locales que compiten por contratos de suministro de los cárteles mexicanos. La lógica del conflicto ha pasado de ser política a puramente económica y transnacional.

La nueva narcoeconomía: Más allá de la cocaína

La alianza entre los cárteles mexicanos y los grupos colombianos ha dado lugar a una economía criminal diversificada y sofisticada que trasciende el tráfico de cocaína. Este nuevo ecosistema se basa en un complejo entramado de tráfico de armas, redes de lavado de dinero de alcance global y la explotación de otras actividades ilícitas. Los cárteles han aprendido a fusionar sus operaciones con cadenas de suministro y sistemas financieros legítimos, difuminando la línea entre la economía lícita e ilícita.

Armas por drogas: Alimentando el fuego

Uno de los pilares de la nueva narcoeconomía es el circuito de tráfico de armas. Los cárteles mexicanos, aprovechando su acceso al mercado de armas de Estados Unidos, adquieren armamento de alto poder que intercambian en Colombia por cocaína. Este arsenal incluye fusiles de asalto (M16, AR-15), ametralladoras, fusiles de francotirador calibre .50 y la pistola FN Five-seveN.

Este trueque es una forma eficaz de lavado de dinero al eliminar la necesidad de transportar grandes cantidades de efectivo. Su impacto va más allá: la afluencia masiva de estas armas modernas aumenta drásticamente la capacidad letal de los grupos armados colombianos, permitiéndoles enfrentarse en mayor igualdad a las fuerzas estatales y exacerbando la violencia. Informes también señalan redes de corrupción dentro de las Fuerzas Militares colombianas que extraen armas y municiones de instalaciones oficiales para venderlas a estos grupos criminales, agravando el problema.

Complejas redes de lavado de dinero

Las operaciones financieras para legitimar las ganancias del narcotráfico han evolucionado a redes globales de gran complejidad. Los métodos van más allá del contrabando de efectivo.

• Lavado basado en el comercio exterior: Una técnica predominante es el lavado de activos basado en el comercio (Trade-Based Money Laundering). Los cárteles utilizan empresas fachada en Colombia, México, Panamá e incluso China para simular transacciones comerciales. Se crean contratos falsos para exportaciones ficticias de bienes; las empresas fachada en el extranjero “pagan” por estos bienes inexistentes, transfiriendo el dinero de la droga a través del sistema financiero legítimo a las cuentas de los empresarios cómplices en Colombia.
• Intermediarios financieros (“brokers”): Estas operaciones son a menudo gestionadas por “brokers” o facilitadores especializados: contadores, empresarios y empleados bancarios que diseñan y ejecutan los esquemas a cambio de una comisión. Un caso desarticulado por autoridades colombianas reveló una red que lavaba dinero para el Cártel de Guadalajara y varios grupos colombianos, moviendo casi 100 millones de dólares en dos años.
• La conexión china: Un desarrollo crucial es la creciente participación de redes bancarias clandestinas y corredores de dinero chinos. Estos sistemas, a menudo vinculados a la crisis del fentanilo, ofrecen a los cárteles mexicanos un método de blanqueo más rápido, barato y seguro. Mientras intermediarios colombianos podían cobrar comisiones de hasta el 10%, los corredores chinos operan con tasas tan bajas como el 1% o 2%. El auge del fentanilo, cuyos precursores químicos suelen venir de China, ha catalizado esta innovación financiera. Se crea un triángulo financiero cerrado: los cárteles pagan a proveedores de precursores en China usando estos corredores, quienes a su vez blanquean narcodólares de Estados Unidos. Este sistema opera en gran medida fuera del sistema bancario occidental, dificultando su rastreo y desmantelamiento.

Diversificación de los portafolios criminales

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Las redes y rutas logísticas establecidas para el narcotráfico son multipropósito y se utilizan para una creciente gama de actividades ilícitas que complementan los ingresos de la droga.

• Minería ilegal: La extracción ilegal de oro es una de las actividades criminales más lucrativas en Colombia, superando en algunos casos al narcotráfico. Los grupos armados controlan minas en vastas regiones, y el oro extraído es un vehículo perfecto para el lavado de dinero por su facilidad para ser comercializado internacionalmente.
• Tráfico de migrantes y trata de personas: Los mismos corredores terrestres y marítimos controlados para la droga se usan para el contrabando de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Estos migrantes son vulnerables a la extorsión, secuestro y trata con fines de explotación sexual.
• Extorsión sistemática: En los territorios bajo su control, tanto en Colombia como en México, estas organizaciones imponen un régimen de extorsión sistemática sobre la población local y empresas, desde pequeños comerciantes hasta grandes industrias agrícolas, convirtiéndose en un “impuesto” criminal que financia sus operaciones.

Esta convergencia criminal demuestra que los cárteles están explotando la arquitectura de la globalización —comercio internacional, finanzas y comunicaciones— para construir empresas criminales diversificadas y resilientes que representan una amenaza multidimensional para la estabilidad regional.

El aula del campo de batalla: Entrenamiento paramilitar y transferencia táctica

Una de las evoluciones más alarmantes en la alianza criminal México-Colombia es la transferencia sistemática de conocimientos militares y tácticas de guerra asimétrica. Colombia, con su historia de conflicto armado, se ha convertido en un “aula de campo de batalla” donde los cárteles mexicanos reclutan instructores de élite para profesionalizar a sus fuerzas de choque. Este fenómeno está transformando a los cárteles de simples bandas criminales a organizaciones con capacidades paramilitares sofisticadas.

El mercado de mercenarios: Reclutando a los soldados de élite de Colombia

Los cárteles mexicanos han identificado un recurso invaluable en Colombia: su capital humano militar. Reclutan activamente a exmiembros de las Fuerzas Armadas colombianas, muchos con formación y experiencia excepcionales. Estos individuos poseen cursos de fuerzas especiales, guerra de jungla, manejo de explosivos e inteligencia, gran parte de esta capacitación proporcionada por programas de asistencia internacional de Estados Unidos, Israel y el Reino Unido, como el Plan Colombia.

La principal motivación para estos exmilitares es económica. El salario de un soldado en Colombia, de unos 18.000 pesos mexicanos al mes, es fácilmente superado por las ofertas de los cárteles, que pueden pagar sumas significativamente mayores. Los métodos de reclutamiento son cada vez más directos y siniestros. Se sospecha que los cárteles obtienen acceso ilegal a expedientes militares para identificar y contactar a soldados con perfiles específicos, como técnicos en explosivos. Se ha confirmado la participación de personal militar activo en el reclutamiento.

El proceso a menudo implica engaño y coacción. A los exmilitares se les ofrecen trabajos de seguridad bien remunerados en el extranjero. Al llegar a México, sus pasaportes y teléfonos son confiscados, y son trasladados a campamentos de entrenamiento aislados donde se les obliga a trabajar para el cártel bajo amenaza de violencia contra ellos o sus familias en Colombia.

Este fenómeno representa una consecuencia directa e imprevista —un “blowback”— de décadas de exitoso entrenamiento contrainsurgente en Colombia. Los mismos programas diseñados para crear un ejército profesional capaz de combatir guerrillas han generado, irónicamente, un excedente de mercenarios altamente cualificados disponibles para los cárteles que Estados Unidos y México intentan combatir. La solución a un problema de seguridad ha creado la materia prima para otro aún más complejo.

El manual de la guerrilla: Transfiriendo tácticas de guerra asimétrica

El conocimiento transferido no es solo disciplina militar básica, sino un manual completo de tácticas de guerrilla y guerra irregular, perfeccionado durante 50 años de conflicto en Colombia. Tanto exmilitares como exguerrilleros de las FARC están capacitando a miembros de cárteles como el CJNG y el de Sinaloa.

Las habilidades clave transferidas incluyen:

• Artefactos explosivos improvisados (IED): La fabricación y el despliegue de IED sofisticados es una de las transferencias más letales. Esto incluye “narco-minas” (minas terrestres antipersonales) usadas con efectos devastadores contra patrullas del Ejército y la Guardia Nacional en estados mexicanos como Michoacán. En un incidente, la detonación de una de estas minas, atribuida a la colaboración de exmilitares colombianos, causó la muerte de ocho efectivos mexicanos.
• Drones armados: Una táctica perfeccionada por las FARC y otros grupos insurgentes ha sido adoptada y mejorada por los cárteles mexicanos. Se modifican drones comerciales para transportar y lanzar cargas explosivas con precisión, usándolos para atacar a grupos rivales y a las fuerzas de seguridad.
• Tácticas de guerrilla y contrainteligencia: Los instructores colombianos enseñan tácticas de combate en pequeñas unidades, emboscadas, guerra en la jungla y, crucialmente, labores de contrainteligencia para detectar y neutralizar operaciones estatales en su contra.
• Control social: Además de las tácticas de combate, también enseñan métodos para mantener comunicación efectiva y control férreo sobre las poblaciones civiles en los territorios en disputa, una habilidad esencial de la contrainsurgencia.

La “colombianización” de la violencia en México

Esta transferencia de conocimientos tiene un impacto profundo en la seguridad en México. La profesionalización de la violencia está transformando a los cárteles, que pasan de organizaciones criminales a fuerzas paramilitares disciplinadas y tácticamente avanzadas. Este salto cualitativo en sus capacidades obliga al Estado mexicano a intensificar su respuesta militarizada, creando un círculo vicioso de escalada de violencia y borrando la línea entre la aplicación de la ley y la contrainsurgencia.

Este fenómeno representa la globalización y privatización de las tácticas de guerra irregular. Técnicas antes asociadas a actores con agendas políticas o ideológicas (insurgentes, terroristas) se han convertido en habilidades mercantilizadas, disponibles en el mercado criminal para cualquier grupo con recursos suficientes para pagarlas. Esto no solo desafía el monopolio del Estado mexicano sobre la violencia sofisticada, sino que altera fundamentalmente el panorama de amenazas para los estados de toda la región.

La telaraña de alianzas: Actores y redes clave

La relación entre las organizaciones criminales de México y Colombia no es un monolito, sino una compleja red de alianzas pragmáticas, fluidas y, a menudo, superpuestas. Estos vínculos se basan en la lógica empresarial y la conveniencia estratégica, y están en constante evolución. Aunque el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) son los actores mexicanos dominantes, cada uno ha tejido su propia red de socios en Colombia para asegurar sus cadenas de suministro.

Mapeo de las conexiones primarias

Un análisis detallado revela patrones específicos de colaboración entre los principales actores de ambos países:

• El Cártel de Sinaloa: Como una de las organizaciones más antiguas y con mayor alcance global, ha cultivado profundas y duraderas relaciones en Colombia. Históricamente, ha mantenido alianzas estratégicas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), particularmente en la región del Catatumbo (Norte de Santander), zona fronteriza con Venezuela crucial para la producción de coca y el tráfico. También financia y se abastece de varios frentes disidentes de las FARC, como el Frente Oliver Sinisterra, que opera en la costa del Pacífico de Nariño, una ruta clave para la salida de la droga. Además, mantiene vínculos con facciones del Clan del Golfo (AGC), el grupo criminal más grande de Colombia, comprando grandes cargamentos de cocaína y enviando emisarios para negociar directamente. El ELN ha sido descrito como “el jefe actual” del Cártel de Sinaloa en la región.
• El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG): Conocido por su rápida y violenta expansión, ha irrumpido agresivamente en el panorama colombiano para competir con Sinaloa. Ha forjado una alianza fundamental con el Clan del Golfo (AGC) para la integración criminal regional, el tráfico de drogas, armas y personas, y el reclutamiento forzado, con operaciones clave en Urabá, Chocó, Buenaventura y la Costa del Pacífico. Al mismo tiempo, ha establecido vínculos con múltiples grupos disidentes de las FARC que son rivales de los que trabajan con Sinaloa. Entre sus socios se encuentran las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) y el Frente Carlos Patiño, ambos con fuerte presencia en los departamentos del Pacífico de Cauca y Nariño, vendiendo drogas al CJNG, proporcionando seguridad para rutas de tráfico y siendo pagados con armas. El Frente Jaime Martínez, otra disidencia de las FARC, apoya actividades de tráfico de armas y distribución internacional de cocaína en Cauca y Valle del Cauca.
• Otros grupos mexicanos: Aunque Sinaloa y el CJNG son los actores hegemónicos actuales, históricamente otros grupos mexicanos como Los Zetas y el Cártel del Golfo también establecieron presencia y alianzas en diversas regiones productoras de Colombia para el suministro de cocaína, sentando las bases para las alianzas actuales.

Dinámicas de integración y competencia

Es crucial entender que estas alianzas no son pactos de lealtad ideológica, sino acuerdos comerciales flexibles. Un grupo colombiano como el Clan del Golfo puede negociar simultáneamente con el CJNG y el Cártel de Sinaloa, actuando como un proveedor de servicios al mejor postor. Esta fluidez conduce a un escenario de intensa competencia violenta en el terreno.

Las regiones más valiosas para el narcotráfico, como Cauca y Nariño, son campos de batalla donde los socios locales de Sinaloa y CJNG se enfrentan por el control de los cultivos de coca y los corredores de tráfico. Por lo tanto, un enfrentamiento entre el ELN y una disidencia de las FARC en estas zonas a menudo puede interpretarse como una guerra por delegación entre sus respectivos patrocinadores mexicanos.

Esta dinámica ha sido descrita por analistas como una forma de “integración regional criminal”. A diferencia de los estados de la región, que a menudo carecen de políticas de seguridad coordinadas, los grupos criminales están altamente articulados. Cooperan estrechamente en áreas de interés mutuo, como la logística transnacional, el lavado de dinero y el enfrentamiento al Estado, mientras compiten ferozmente por la cuota de mercado. Esta capacidad de cooperar y competir simultáneamente es una de las mayores fortalezas de este nexo criminal transnacional.

Desestabilización regional: Impactos de seguridad, sociales y económicos

La consolidación de la alianza criminal entre los cárteles mexicanos y los grupos colombianos ha generado profundas ondas de choque que desestabilizan no solo a ambos países, sino a toda la región. Este nexo transnacional corroe la autoridad del Estado, transforma la naturaleza de la violencia y deja cicatrices indelebles en el tejido social y económico de las comunidades afectadas.

La erosión de la soberanía del Estado

Esta integración criminal representa un desafío directo a los cimientos del Estado-nación en América Latina. En Colombia, la soberanía es socavada desde dentro. Grupos armados que operan en territorio nacional actúan como ejecutores de los intereses de potencias criminales extranjeras, convirtiéndose en estados de facto en las regiones que controlan. Toman decisiones sobre la vida, la economía y la seguridad de las comunidades, no en función de una agenda política nacional, sino para cumplir con los contratos de suministro de sus socios mexicanos.

En México, la soberanía es desafiada por la fuerza bruta. La importación de tácticas y armamento sofisticado ha dotado a los cárteles de una capacidad militar que les permite enfrentarse a las Fuerzas Armadas en confrontaciones que se asemejan más a una guerra convencional que a operaciones policiales. El uso de vehículos blindados artesanales (“monstruos”), drones explosivos y minas antipersonales pone en tela de juicio el monopolio del Estado sobre el uso legítimo de la fuerza, un pilar fundamental de la soberanía.

Análisis comparativo de la violencia y el modus operandi

Durante años se ha debatido el fantasma de la “colombianización” de México, es decir, el temor de que México repita el oscuro capítulo de violencia política y narcoterrorismo que vivió Colombia en los años 80 y 90. Sin embargo, un análisis más matizado revela diferencias y similitudes clave.

Históricamente, la violencia en Colombia estuvo ligada a un conflicto armado con actores insurgentes (como las FARC) que tenían objetivos políticos claros, aunque se financiaran con el narcotráfico. La violencia en México, por otro lado, fue durante mucho tiempo más dispersa y carente de objetivos políticos, centrada en disputas entre organizaciones criminales por el control de las rutas.

No obstante, la situación actual muestra una convergencia preocupante. México está experimentando un aumento en el uso de tácticas de terror que buscan intimidar al Estado y a la población, una característica del narcoterrorismo colombiano de la era de Escobar. La profesionalización de los sicarios con entrenamiento militar colombiano está importando un nivel de violencia y disciplina táctica que antes no se veía en México. Más que una simple repetición, México está viviendo una adaptación y evolución de las dinámicas de conflicto colombianas, aplicadas a un contexto social y político diferente, pero con resultados igualmente devastadores.

Profundas consecuencias socioeconómicas

El impacto de este fenómeno en la sociedad es paradójico y profundamente corrosivo.

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• Los cárteles como actores económicos: En las regiones más pobres y abandonadas por el Estado, tanto en Colombia como en México, las organizaciones criminales se han convertido en los principales empleadores y motores económicos. Un estudio llegó a sugerir que los cárteles son el quinto empleador más grande de México. Ofrecen oportunidades de subsistencia a jóvenes sin alternativas, creando una peligrosa dependencia económica. Esta realidad genera una paradoja cruel: los mismos grupos que son la fuente de la violencia y el terror son también, para muchos, la única fuente de ingresos.
• Penetración cultural y “narcocultura”: La influencia de los cárteles va más allá de lo económico. Han promovido una “narcocultura” que glorifica la violencia, la riqueza fácil y el desafío a la autoridad. A través de la música (narcocorridos), la moda y las series de televisión, la figura del narcotraficante se convierte en un modelo a seguir para jóvenes descontentos, creando un caldo de cultivo para el reclutamiento y perpetuando un ciclo de violencia y criminalidad.
• Desplazamiento forzado y crisis humanitaria: La violencia generada por la competencia entre estos grupos es uno de los principales motores del desplazamiento interno en ambos países. Comunidades enteras se ven obligadas a abandonar sus hogares para huir de enfrentamientos, reclutamiento forzado y extorsión, creando una crisis humanitaria silenciosa y prolongada. La guerra entre cárteles ha dejado un saldo de cientos de miles de muertos y más de 120.000 desaparecidos solo en México.

En última instancia, la alianza criminal México-Colombia no solo trafica con drogas y armas, sino también con miseria, miedo y desintegración social, dejando a su paso comunidades fracturadas y estados debilitados.

Imperativos estratégicos y recomendaciones

El análisis de la compleja red criminal transnacional entre México y Colombia demuestra que las estrategias de seguridad basadas predominantemente en la represión militar y la interdicción —la llamada “guerra contra las drogas”— han fracasado. La capacidad de adaptación, la diversificación económica y la profesionalización táctica de estos grupos exigen un replanteamiento fundamental de las políticas públicas.

Más allá de la represión: Hacia una nueva arquitectura de seguridad

Es imperativo abandonar el enfoque de la militarización como solución principal y transitar hacia una arquitectura de seguridad más inteligente, integral y cooperativa.

• Fortalecimiento institucional y de inteligencia: La prioridad debe ser la construcción de instituciones de justicia penal efectivas y confiables. Esto implica depurar fuerzas policiales y fiscalías de elementos corruptos, invertir en capacidades de investigación criminal (especialmente análisis financiero y forense), y fortalecer sistemas judiciales para garantizar procesos transparentes y tasas de condena efectivas. La cooperación internacional debe centrarse en la transferencia de conocimientos y tecnología para estas áreas, no solo equipo militar.
• Cooperación regional real: La amenaza es transnacional y ninguna nación puede enfrentarla sola. Es fundamental establecer una estrategia regional genuina que involucre a Colombia, México, Estados Unidos y las naciones de Centroamérica que sirven de tránsito. Esta cooperación debe ir más allá de declaraciones diplomáticas y materializarse en intercambio de inteligencia en tiempo real, operaciones conjuntas contra redes logísticas y financieras, y armonización de marcos legales para combatir el lavado de dinero y el tráfico de armas.

Desarticular la economía criminal y la transferencia táctica

El poder de estas organizaciones reside en su capacidad para generar enormes ganancias y emplear la violencia de manera efectiva. Las estrategias deben centrarse en desmantelar estos dos pilares.

• Guerra financiera: Se debe elevar la prioridad del combate al lavado de dinero. Esto requiere un enfoque láser en las redes de “brokers” financieros, las empresas fachada usadas en el comercio internacional y la emergente conexión con redes bancarias clandestinas chinas. Es necesario fortalecer la cooperación con las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo y aplicar regulaciones más estrictas sobre la transparencia de transacciones comerciales y financieras.
• Contrarrestar el reclutamiento de mercenarios: Para cortar el flujo de experiencia militar hacia los cárteles, es vital que el gobierno colombiano, con apoyo internacional, implemente programas robustos que ofrezcan alternativas económicas viables y apoyo psicosocial a militares retirados. Crear oportunidades en seguridad privada regulada, desminado humanitario o emprendimiento puede reducir el atractivo de ofertas criminales.
• Frenar el flujo de armas: La fuente principal del poder de fuego de los cárteles es el mercado de armas estadounidense. Es indispensable una cooperación bilateral mucho más enérgica entre México y Estados Unidos para controlar el tráfico de armas hacia el sur. Esto incluye mayor fiscalización de ventas de armas, rastreo de armas incautadas y operaciones conjuntas para desmantelar redes de contrabando en la frontera.

Abordar las causas raíz y el impacto social

Una solución sostenible y a largo plazo solo será posible si se abordan las condiciones subyacentes que permiten a los grupos criminales prosperar.

• Inversión social y desarrollo económico: Los estados deben recuperar la legitimidad en los territorios abandonados invirtiendo masivamente en desarrollo social, educación, infraestructura y, sobre todo, en la creación de oportunidades económicas lícitas. Mientras la pobreza, la marginación y la falta de esperanza sean la norma en vastas regiones, siempre habrá un ejército de reserva de jóvenes dispuestos a unirse al crimen organizado.
• Reducción de la violencia como prioridad: En el corto plazo, el objetivo principal de la política de seguridad debe ser la reducción de la violencia y la protección de las comunidades, incluso si esto no conduce a una reducción inmediata del flujo de drogas. Estrategias como la policía comunitaria por cuadrantes en Colombia han mostrado un éxito moderado en la reducción de homicidios al restablecer una presencia estatal localizada.
• Explorar el diálogo como herramienta: Aunque políticamente controvertido, se debe considerar la posibilidad de establecer canales de diálogo con ciertos grupos armados, como sugieren organizaciones como Crisis Group. El objetivo no sería la impunidad, sino la reducción de la violencia, el desarme y el sometimiento a la justicia, una herramienta pragmática para romper los ciclos de confrontación letal en las comunidades más afectadas.

En conclusión, enfrentar el nexo criminal México-Colombia requiere una visión estratégica que combine la aplicación de la ley inteligente con la guerra financiera, la cooperación internacional y una inversión decidida en la justicia social y el desarrollo económico. Cualquier enfoque que ignore la complejidad de esta simbiosis y las causas profundas que la alimentan está destinado a fracasar.