En una votación unánime, la Cámara de diputados marcó un hito al aprobar un dictamen constitucional que facultará al Congreso de la Unión para expedir una ley general contra la extorsión. Esta medida busca cerrar un vacío legal y unificar criterios, enfrentando un delito que se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado y que lacera la vida de miles de mexicanos.
Un paso crucial contra la extorsión
Con 474 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde en lo general y en lo particular a esta reforma que otorga al Congreso de la Unión la facultad de establecer, como mínimo, los tipos penales y las sanciones específicas en materia de extorsión. Actualmente, este delito no se encuentra contemplado de forma expresa en la Carta Magna, generando un importante vacío legal.
La iniciativa propone una unificación integral del tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus respectivas sanciones. Adicionalmente, busca implementar medidas de prevención, investigación y mecanismos de atención especializados para las víctimas y testigos de este flagelo.
Un flagelo que golpea la economía y la sociedad
El dictamen aprobado subraya que la extorsión se ha consolidado como una de las principales vías de financiación para el crimen organizado. Sus repercusiones son devastadoras:
- Genera miedo e incertidumbre en la población.
- Inhibe la inversión y frena la actividad económica.
- Golpea directamente a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios, afectando su subsistencia y desarrollo.
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Voces legislativas: Diagnóstico y urgencia
Durante la discusión de esta trascendental iniciativa, diversos Legisladores expresaron la urgencia de su aprobación, respaldando la necesidad de una ley general.
La perspectiva de Morena: un crecimiento alarmante
El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que la iniciativa que originó este dictamen fue presentada por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ante la Comisión Permanente el 10 de julio pasado y recibida por la comisión que preside el 17 de julio. Subrayó la gravedad del problema al afirmar: “El proyecto de decreto, que se presenta este día, busca hacer frente a uno de los delitos que más lastiman a la sociedad mexicana. Esta figura del delito de extorsión tiene graves repercusiones en la seguridad pública, en la economía y en la vida personal de muchas personas. Ustedes lo saben, que es el delito que más ha crecido. Les voy a dar un número, en el 2018 había un promedio diario de 19 extorsiones, a enero del 2025 ha aumentado a 29, lo que representa un incremento del 58 por ciento en tan solo seis años”.
El impacto generalizado según el PRI
Desde tribuna, el diputado César Alejandro Domínguez (PRI) enfatizó el carácter indiscriminado del delito, expresando: “la extorsión es un delito que afecta a todas las personas y sectores productivos del país, no distingue situación socioeconómica ni condiciones de desarrollo productivo, siendo un delito que atenta contra la tranquilidad de la población”. Agregó que, si bien “se observa que en diversas regiones se eleva con mayor fluidez, no es exclusivo de entidades como Guanajuato o Sinaloa, sino en todas las entidades federativas es un flagelo”.
Datos contundentes desde el PAN
Por parte del PAN, la diputada Sarahí Gómez reiteró la necesidad de aprobar una ley general, al señalar que la extorsión es un delito de alto impacto que creció un 57% entre 2018 y 2025, pasando de 19 a casi 30 casos diarios. Presentó datos alarmantes al indicar que “en 2023 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión, equivalente a cinco mil 213 por cada 100 mil habitantes”. Además, detalló que el 71% de los casos se concentran en el estado de Veracruz, el Estado de México y en Nuevo León.
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Cerrando un vacío legal histórico
El decreto establece que la reforma es fundamental para cerrar un vacío legal persistente: “aunque la extorsión es uno de los delitos más denunciados y temidos en el país, no estaba incluida en la Constitución dentro de los delitos que ameritan legislación federal”. Esta aprobación representa un avance crucial para dotar al Estado mexicano de las herramientas jurídicas necesarias para combatir este crimen de manera más efectiva.
La aprobación de este dictamen por la Cámara de Diputados marca un antes y un después en la lucha contra la extorsión en México. ¿Será esta ley general la herramienta que finalmente logre contener el avance de este delito y restaurar la tranquilidad de la ciudadanía y la economía nacional?
