El caso de Hernán Bermúdez Requena, prófugo de la justicia internacional y buscado por la Interpol, ha sumido a México en una de sus crisis de seguridad y gobernabilidad más agudas. Acusado de ser el “Comandante H”, presunto líder de “La Barredora” —brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, su historial socava la confianza pública. Funcionarios de alto nivel, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el fiscal estatal, han negado cualquier sospecha, pese a la contundente evidencia.
El ascenso simbiótico: Adán Augusto López y Hernán Bermúdez
La relación entre Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez Requena fue una alianza forjada a lo largo de décadas, marcada por una lealtad que, según la evidencia, prevaleció sobre las advertencias de seguridad y los protocolos de debida diligencia. Comprender la profundidad de este vínculo es fundamental para evaluar la credibilidad de las posteriores afirmaciones de ignorancia por parte del exgobernador.
Una alianza de larga data
Los caminos de Adán Augusto López y Hernán Bermúdez se cruzaron profesionalmente mucho antes de que el primero llegara a la gubernatura de Tabasco. Su relación se remonta a la década de 1990, durante el gobierno interino de Manuel Gurría Ordóñez (1992-1994). En esa administración, López Hernández se desempeñaba como subsecretario de Gobierno, mientras que Bermúdez Requena ocupaba el cargo de director de Seguridad Pública.
Esta coincidencia temprana en el aparato gubernamental establece que su conocimiento mutuo no era superficial. El propio Adán Augusto López, en entrevistas posteriores al estallido del escándalo, reconoció conocer a Bermúdez “desde hace muchos años”, describiéndolo como un “policía de carrera” con una larga trayectoria en el estado. Esta familiaridad de décadas hace que la afirmación de “nunca haber sospechado” de su colaborador resulte, cuando menos, inverosímil.
La advertencia de 2018: la primera bandera roja
El año 2018 representa un punto de inflexión crítico en esta historia. Según una investigación detallada del periódico *Excélsior*, Adán Augusto López, ya como gobernador electo de Tabasco, contrató a un grupo de consultores externos para que elaboraran un programa de seguridad para su futuro sexenio. En el transcurso de su trabajo, estos expertos en seguridad le hicieron una advertencia directa y alarmante: el nombre de Hernán Bermúdez Requena figuraba como “persona de interés” en una base de datos de la inteligencia federal que rastreaba a individuos con presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
La reacción de López Hernández ante esta información fue determinante. En lugar de profundizar en la advertencia, presuntamente optó por cortar la relación profesional con los consultores que le habían traído las malas noticias. Esta decisión, vista en retrospectiva, constituye el momento causal del escándalo. No se trató de una omisión pasiva (“no sabía”), sino de una acción activa de desestimación (“me lo dijeron y decidí ignorarlo”). La elección de ignorar la alerta y, en cambio, descalificar a los mensajeros, sugiere que la lealtad y la utilidad percibida de Bermúdez fueron consideradas más valiosas que el riesgo que representaba.
El nombramiento: la lealtad por encima del escrutinio
A pesar de las graves advertencias que presuntamente recibió, Adán Augusto López procedió a integrar a Hernán Bermúdez en el corazón de su aparato de seguridad. Primero, lo colocó como director de la Policía de Investigación dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente, lo nombró secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco en diciembre de 2019.
En sus propias declaraciones, López Hernández explicó que invitó a Bermúdez a ocupar el cargo al finalizar su primer año de gobierno, argumentando la necesidad de estabilizar una secretaría que había tenido inestabilidad y citando la “larga trayectoria” de Bermúdez como policía en el estado. Sin embargo, al colocar a una persona previamente señalada por la inteligencia federal en la posición más alta de la seguridad estatal, se priorizó de manera explícita la confianza personal y la lealtad por encima de cualquier protocolo de escrutinio o debida diligencia institucional.
La decisión consolidó el poder de Bermúdez y le otorgó el control total sobre los recursos, el personal y la inteligencia de la policía estatal, un aparato que, según las acusaciones, utilizaría para construir y proteger su propio imperio criminal.
La cobertura política
La integración de Hernán Bermúdez en la estructura de poder no se limitó al ámbito gubernamental; también se extendió al plano político-partidista. A pesar de que la dirigencia estatal de Morena, el partido gobernante, intentó negar cualquier vínculo formal con él, los registros oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE) demuestran que Hernán Bermúdez Requena se registró como militante de Morena el 20 de marzo de 2023. Esto ocurrió en un momento en que Carlos Manuel Merino Campos ya era gobernador, pero Bermúdez aún formaba parte del gabinete como secretario de Seguridad.
Esta afiliación partidista es significativa por varias razones. En primer lugar, contradice directamente las declaraciones del liderazgo local del partido. En segundo lugar, formaliza su pertenencia al proyecto político de la “Cuarta Transformación”, otorgándole una capa adicional de legitimidad y protección política. Ya no era solo un funcionario técnico, sino un miembro del partido en el poder. Esta integración cimentó aún más su posición dentro de la estructura de poder, haciendo más difícil su remoción y reforzando la percepción de que contaba con el respaldo no solo del gobernador, sino del aparato político que lo sostenía.
Anatomía de un estado criminal dentro del estado: “La Barredora”
El grupo delictivo conocido como “La Barredora” no fue una organización criminal externa que corrompió a las autoridades de Tabasco desde fuera. Por el contrario, la evidencia sugiere un fenómeno mucho más alarmante: una entidad criminal que surgió desde las entrañas mismas de las corporaciones policiales del estado. Operando como un brazo armado local del CJNG, “La Barredora” representa un caso paradigmático de captura del Estado, donde la institución encargada de combatir el crimen se convirtió en su principal promotora. Su estructura, diversificación de actividades y alcance geográfico demuestran un nivel de sofisticación que solo pudo ser alcanzado con protección institucional al más alto nivel.
Orígenes e infiltración institucional
El origen de “La Barredora” está intrínsecamente ligado a las fuerzas de seguridad pública de Tabasco. Los informes indican que el grupo se gestó y creció desde el interior de las corporaciones policiacas, utilizando el conocimiento, los recursos y la autoridad del Estado para sus fines ilícitos. Esta infiltración alcanzó su punto culminante con su presunto líder, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, ocupando el cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Esta posición le otorgó un control sin precedentes sobre la policía estatal, la inteligencia y las operaciones de seguridad, permitiéndole no solo proteger las actividades del grupo, sino dirigir la fuerza del Estado contra sus rivales. La estructura de “La Barredora” no era la de una pandilla callejera, sino la de una organización jerárquica y especializada, con divisiones claras para el mando estratégico, las operaciones, la logística y, crucialmente, el enlace institucional, lo que demuestra una estrategia deliberada para cooptar y fusionarse con el aparato estatal.
Mando y control
La organización de “La Barredora” reflejaba una estructura cuasi-militar y corporativa, con una clara cadena de mando y roles definidos que iban más allá de la simple violencia. Esta sofisticación organizativa es una prueba de su capacidad para operar como una empresa criminal bien gestionada bajo la protección del Estado.
| Nivel Jerárquico | Función Principal | Miembros Clave Identificados |
| Cúpula de Mando (Liderazgo Estratégico) | Dirección general, alianzas estratégicas y comunicación. | – Hernán Bermúdez Requena (“Comandante H”) – Ulises Pinto Madera (“El Pinto” o “El Mamado”) – Carlos Tomás Díaz Rodríguez (“Licenciado Tomasín”) – Leonardo Arturo Leyva Ávalos (“El Carnal”) |
| Mandos Operativos (Coordinación Armada) | Control territorial, despliegue armado y ejecución de operaciones. | – Benjamín Mollinedo Montiel (“El Pantera”) – Daniel Hernández Montejo (“Prada” o “El H”) – Francisco Javier Custodio Luna (“Guasón”) |
| Logística, Finanzas y Protección Institucional | Gestión de recursos, lavado de dinero y enlace con autoridades. | – José del Carmen Castillo Ramírez (“La Rana”) – Víctor Juárez (“Don Vito”) – Adder Michel Frías Morales (“El Croas”) – Saúl y Tana Olán Olán – Belisario Martínez Silva (“El Barbas”) |
| Responsables Locales y Operadores | Ejecución de actividades ilícitas a nivel municipal y regional. | – Tony Chelo (“El Juanto”) – Cristóbal Silva Castro (“El 350” o “El Diablo”) – Norberto “El Peje” |
La existencia de roles como “comunicación estratégica” (a cargo de Carlos Tomás Díaz) y “enlace institucional” (con figuras como José del Carmen Castillo y Víctor Juárez, este último presuntamente articulador con la Fiscalía General de la República) subraya que la estrategia del grupo no era solo evadir a las autoridades, sino gestionarlas y manipularlas desde dentro. El hecho de que el líder máximo, “Comandante H”, fuera el mismo secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, elimina cualquier distinción entre el Estado y la empresa criminal. Este no es un caso de corrupción dentro del Estado; es un caso donde una parte del aparato de seguridad del Estado se convirtió en la empresa criminal, una forma mucho más profunda y peligrosa de decadencia institucional.
Portafolio criminal y modus operandi
“La Barredora” no dependía de una única fuente de ingresos. Su portafolio de actividades ilícitas era diversificado y altamente lucrativo, lo que le confería una gran resiliencia financiera y operativa. Sus principales actividades incluían:
- Robo de hidrocarburos (huachicol): Uno de sus negocios más rentables, aprovechando la infraestructura petrolera de Tabasco. Documentos de inteligencia detallan rutas, uso de pipas con doble fondo y pagos de sobornos para proteger esta operación.
- Narcotráfico: Como brazo armado del CJNG, controlaban la distribución y venta de drogas en su territorio, incluyendo la gestión de la venta dentro y fuera de los penales, supervisada por Belisario Martínez Silva (“El Barbas”).
- Extorsión: Imponían “cobro de piso” a comerciantes y empresarios, una actividad que generaba un flujo constante de efectivo y reforzaba su control social.
- Tráfico de migrantes: Facilitaban el paso de migrantes indocumentados a través de Tabasco, una actividad detallada en los informes de Guacamaya Leaks.
- Control de mercados ilícitos: Administraban una red de bares y antros a través de operadores financieros como Adder Michel Frías Morales (“El Croas”), que servían tanto para generar ingresos como para lavar dinero.
El grupo empleaba tácticas sofisticadas para proteger sus operaciones, como el uso de vehículos adaptados con compartimentos ocultos y esquemas complejos de dispersión financiera para lavar sus ganancias, fragmentando el dinero en múltiples cuentas y utilizando prestanombres para dificultar el rastreo por parte de las autoridades financieras.
Alcance geográfico
El poder de “La Barredora” no se limitó a la capital de Tabasco. La organización logró establecer un control territorial significativo en varios municipios clave del estado, que son centros económicos y de población importantes. Sus principales áreas de influencia incluían Villahermosa, Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Paraíso.
Además, su operación trascendió las fronteras estatales. Mantuvieron una presencia operativa en el municipio de Reforma, en el vecino estado de Chiapas, y extendieron sus operaciones a Veracruz. Para asegurar sus rutas de trasiego, “La Barredora” forjó alianzas tácticas con otras células delictivas en Chiapas, Veracruz y Campeche. Los informes sugieren que el estado de Campeche logró mantenerse relativamente “blindado” o protegido de una infiltración tan profunda.
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Los vigilantes que no vieron: un análisis del fracaso institucional
El escándalo de Hernán Bermúdez no puede explicarse como la acción de un solo individuo. Su ascenso y operación criminal durante años solo fueron posibles gracias a un entorno de aparente ceguera institucional que abarcó desde el más alto nivel del gobierno federal hasta las oficinas del fiscal estatal y el comando militar local. Este capítulo analiza el papel de cada uno de los “vigilantes” que, según sus propias declaraciones, no vieron, no oyeron y no sospecharon nada, contrastando sus posturas con la evidencia de un fracaso sistémico en toda la cadena de seguridad y justicia.
La mirada del presidente de la República
La figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, oriundo de Tabasco y con una relación política y personal de larga data con Adán Augusto López, es central en este análisis. Si bien no existen acusaciones de su participación directa, la controversia reside en la inacción de las agencias de inteligencia federal bajo su mando. Los documentos filtrados en los “Guacamaya Leaks” revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) elaboró informes detallados sobre la red criminal de Bermúdez desde al menos 2019, incluyendo sus vínculos con el CJNG. Esta inteligencia, por protocolo, debería haber escalado a los niveles más altos del gabinete de seguridad y, en última instancia, al comandante supremo de las Fuerzas Armadas: el presidente de la República.
Informes periodísticos basados en estas filtraciones sugieren que los reportes llegaron a Palacio Nacional, pero no provocaron ninguna intervención federal decisiva en Tabasco. Una investigación del periodista José Luis Montenegro reveló un hecho particularmente revelador: antes de una visita presidencial a Tabasco en diciembre de 2021, la 30.ª Zona Militar evaluó internamente a Bermúdez como un riesgo de seguridad. Irónicamente, el propio Bermúdez, como secretario de Seguridad estatal, fue el encargado de coordinar el operativo para mantener el orden durante la visita del presidente.
La reacción del ejecutivo federal, una vez que el escándalo se hizo público, fue de defensa y minimización. Tanto López Obrador en su momento, como su sucesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, han cerrado filas en torno a Adán Augusto López, calificando las acusaciones y el escrutinio mediático como un “linchamiento mediático” y exigiendo “pruebas” contra el exgobernador, a pesar de la abundante evidencia sobre la conducta de su subordinado. Esta postura protectora sugiere una cultura política donde la lealtad al círculo cercano del poder prevalece sobre la rendición de cuentas.
El manto protector de los gobernadores
- Adán Augusto López (gobernador, 2019-2021): Como principal arquitecto del empoderamiento de Bermúdez, la responsabilidad de Adán Augusto López es ineludible. Su defensa se ha centrado en una negación categórica y repetida: “No, la verdad es que no sospeché. Si hubiese yo sospechado de él, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del cargo”. Esta afirmación choca frontalmente con la evidencia. Primero, con los informes de que fue advertido en 2018 por consultores de seguridad sobre los antecedentes de Bermúdez. Segundo, con los informes de inteligencia militar que comenzaron a circular apenas unas semanas después de su nombramiento como secretario de Seguridad en diciembre de 2019.
Para justificar su confianza en Bermúdez, López Hernández ha argumentado que durante su gestión se lograron reducir los índices delictivos, presentando incluso una gráfica en sus redes sociales. Sin embargo, un análisis de la organización Serendipia demostró que dicha gráfica era metodológicamente inconsistente y exageraba la reducción de homicidios, comparando un año completo (2018) con solo ocho meses de otro (2021). Los datos oficiales, aunque muestran una disminución en algunos delitos como el secuestro, no reflejan el panorama completo de la violencia y la criminalidad que se consolidaba bajo la superficie.
- Carlos Manuel Merino Campos (gobernador interino, 2021-2024): El papel de Carlos Merino es, si cabe, aún más difícil de justificar. Asumió la gubernatura en agosto de 2021 y heredó a Bermúdez como secretario de Seguridad. Su decisión clave fue mantenerlo en el cargo durante más de un año después de que los “Guacamaya Leaks” se hicieran públicos en octubre de 2022. A partir de ese momento, la información sobre los presuntos nexos criminales de Bermúdez dejó de ser un secreto de inteligencia militar para convertirse en un hecho de dominio público, reportado extensamente por la prensa nacional.
A pesar de que los informes de la SEDENA, ahora públicos, señalaban a su jefe de seguridad como el presunto líder de “La Barredora”, el gobernador Merino lo sostuvo en su puesto. En entrevistas, Merino se ha defendido argumentando que no tenía pruebas formales o una orden de aprehensión para actuar, y que evaluaba a sus colaboradores por su trabajo. Sin embargo, Bermúdez solo fue destituido el 5 de enero de 2024, en medio de una ola de violencia extrema que sacudió al estado. La gestión de Merino, por lo tanto, puede ser interpretada como un período de protección pasiva, si no activa, que otorgó a Bermúdez y su organización un tiempo valioso para continuar operando con impunidad.
El punto ciego del fiscal
Jaime Humberto Lastra Bastar, propuesto por Adán Augusto López y fiscal general del estado de Tabasco de 2019 a 2021, es otra pieza clave en este rompecabezas de omisiones. Su mandato como máximo responsable de la procuración de justicia coincidió precisamente con el período de consolidación y expansión de “La Barredora”. Mientras la organización criminal extendía sus operaciones, la Fiscalía a cargo de Lastra Bastar no parece haber detectado ni actuado contra esta estructura.
Lejos de mantener una distancia profesional, Lastra Bastar apareció públicamente junto a Hernán Bermúdez en reuniones de gabinete, e incluso compartió fotografías de estos encuentros en sus redes sociales en 2022 y 2023, cuando ya existían señalamientos públicos contra el jefe policial. Su respuesta ante el escándalo ha sido el silencio. Cuando el periódico *El Universal* lo buscó para obtener una opinión sobre el caso, su respuesta fue tajante: “Perdón, de ese tema no tengo ninguna opinión. Para otra ocasión”. Esta negativa a comentar, sumada a la inacción de la fiscalía durante su gestión, sugiere, en el mejor de los casos, una grave negligencia. Actualmente, Lastra Bastar ocupa un escaño como diputado federal por Morena, lo que le confiere fuero y una capa de protección política.
La postura del general
El rol del comando de la 30.ª Zona Militar, con sede en Villahermosa, presenta una dualidad desconcertante. Por un lado, las agencias de inteligencia militar, como el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI), fueron las que generaron los informes detallados que documentaban las actividades criminales de Bermúdez y “La Barredora” (los “Guacamaya Leaks”). Por otro lado, la postura pública de sus comandantes a menudo contradecía la gravedad de su propia inteligencia.
El general Héctor Francisco Morán González, quien comandó la zona militar de febrero de 2023 a enero de 2025, negó públicamente y en repetidas ocasiones la presencia de cárteles nacionales en Tabasco, refiriéndose a los grupos violentos como “una bola de delincuentes locales” que solo usaban los nombres de grandes cárteles para infundir miedo. Esta narrativa pública minimizaba la amenaza que sus propios analistas de inteligencia estaban describiendo como una operación del CJNG. Además, el propio general Morán fue objeto de acusaciones de colusión a través de “narcomantas” desplegadas por grupos criminales, acusaciones que él negó airadamente. Este patrón de negación pública, mientras sus unidades de inteligencia documentaban una realidad mucho más grave, apunta a una fractura sistémica.
Los susurros que se convirtieron en clamor: la evidencia ignorada de un conocimiento previo
La defensa de los altos funcionarios implicados en el Caso Bermúdez se sostiene sobre un único pilar: la ignorancia. Sin embargo, este pilar se desmorona ante el peso de un torrente de evidencia documental y periodística que sugiere no solo la existencia de advertencias, sino un flujo constante de inteligencia de alto nivel que fue sistemáticamente ignorado durante años. Este capítulo presenta la cronología de esa evidencia, demostrando que los susurros de alerta dentro del aparato de seguridad se convirtieron en un clamor público que, aun así, no fue escuchado por quienes tenían el deber de actuar.
Los “Guacamaya Leaks”: una cronología de inteligencia ignorada
La filtración masiva de documentos de la SEDENA, conocida como “Guacamaya Leaks”, es la pieza central que desmantela la narrativa de la ignorancia. No se trata de un solo informe, sino de una serie de análisis de inteligencia que, año tras año, documentaron con creciente detalle la infiltración criminal en la seguridad de Tabasco.
- Finales de 2019: Apenas unas semanas después de que Adán Augusto López nombrara a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad, la inteligencia militar ya estaba en alerta. El 31 de diciembre de 2019, se generó un primer documento clasificado como “Secreto” titulado “Ampliación de información Caso Playas”, que ya contenía información sobre los nexos de Bermúdez. A este le siguieron otros informes sobre “Corrupción de autoridades” y “Cooptación de autoridades” que apuntaban en la misma dirección.
- Mediados de 2021: La inteligencia se vuelve aún más específica. Un documento de la SEDENA del 1 de julio de 2021, tres meses antes de que Adán Augusto dejara la gubernatura para convertirse en secretario de Gobernación, detalla una alianza entre un líder del CJNG apodado “El Carnal” y el propio Bermúdez Requena. Aún más contundente es una comunicación interceptada por el ejército el 28 de mayo de 2021. En la grabación, se escucha a Benjamín Mollinedo Montiel, “El Pantera”, uno de los principales operadores de “La Barredora”, ser advertido por su superior, “Rayo”, sobre un operativo de la Marina en su contra. La orden de resguardarse, según el audio, venía directamente “del jefe”, presuntamente Hernán Bermúdez. En otra escucha, “El Pantera” presume tener de su lado no solo a Bermúdez, sino también al entonces gobernador Adán Augusto López.
- Mediados de 2022: Para este punto, la inteligencia militar ya no hablaba de simples “vínculos”, sino que identificaba a Bermúdez como el líder de la estructura criminal. Un informe de agosto de 2022 del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) de la SEDENA, citado por el diario *El País*, posiciona explícitamente a “El H” (Hernán Bermúdez) a la cabeza de “La Barredora”, junto con otros altos mandos policiales. Es crucial señalar que estos informes fueron filtrados y hechos públicos por la prensa en octubre de 2022. A partir de ese momento, el gobernador en funciones, Carlos Manuel Merino, ya no podía alegar desconocimiento privado; la información estaba en el dominio público, y aun así, Bermúdez permaneció en su cargo por más de un año.
Este flujo continuo de inteligencia, que se acumuló y se hizo más detallado a lo largo de tres años, transforma la narrativa. No se trata de un solo error o una advertencia perdida, sino de una política sostenida de inacción frente a evidencia creciente y alarmante proveniente del propio aparato de inteligencia del Estado. Esto sugiere la existencia de una fuerza política lo suficientemente poderosa como para anular los protocolos de seguridad estándar y proteger a un funcionario de alto nivel a pesar de las graves acusaciones.
Corroboración y expansión periodística
El trabajo de periodistas y organizaciones de la sociedad civil fue fundamental para conectar los puntos y ampliar el alcance de las revelaciones de los “Guacamaya Leaks”. Estas investigaciones no solo corroboraron la existencia de las alertas, sino que añadieron nuevas capas de contexto que refuerzan la tesis del conocimiento previo.
- Advertencias a nivel presidencial: Investigaciones periodísticas basadas en los documentos filtrados sugieren que los informes sobre las actividades criminales de Bermúdez (huachicol, narcotráfico, tráfico de migrantes) estaban disponibles para el más alto nivel del gobierno federal, incluyendo al presidente López Obrador. Sin embargo, esta información no se tradujo en acciones concretas, lo que plantea la pregunta de si los informes fueron deliberadamente ignorados o si el presidente fue blindado de recibir la información completa por su círculo cercano, que incluía a Adán Augusto López como secretario de Gobernación.
- La advertencia ignorada de 2018: Mucho antes de los “Guacamaya Leaks”, ya existían señales de alarma. Como se mencionó en el capítulo 1, reportajes de *Excélsior* y otros medios revelaron que Adán Augusto López fue advertido en 2018, como gobernador electo, por consultores de seguridad que él mismo había contratado. Le informaron que Bermúdez era una “persona de interés” para la inteligencia federal. López Hernández no solo habría ignorado la advertencia, sino que cortó lazos con los consultores y procedió a nombrar a Bermúdez en puestos clave.
- Vínculos criminales históricos: Las investigaciones periodísticas también desenterraron el pasado de Bermúdez, revelando que sus presuntos nexos con el crimen no eran recientes. Un informe de inteligencia federal en poder de *Excélsior*, fechado en 1999, ya señalaba a los hermanos Hernán y Humberto Bermúdez Requena por la introducción de cocaína en Villahermosa, principalmente en centros nocturnos y bares. Esto indica que la trayectoria criminal de Bermúdez era conocida por las autoridades federales desde hacía más de dos décadas, lo que hace aún más inexplicable su nombramiento al frente de la seguridad de un estado.
La convergencia de la inteligencia militar filtrada y las investigaciones periodísticas pinta un cuadro inequívoco: las advertencias sobre Hernán Bermúdez eran múltiples, detalladas y se extendieron a lo largo de varios años. La afirmación de que nadie en el poder sospechaba nada no solo es inverosímil, sino que se contradice directamente con un voluminoso cuerpo de evidencia.
El estado de miedo: la realidad de la seguridad en Tabasco (2019-2024)
Mientras la narrativa oficial, encabezada por el exgobernador Adán Augusto López, se esforzaba por pintar un cuadro de éxito y reducción de la criminalidad en Tabasco, la realidad vivida por los ciudadanos y reflejada en datos más completos contaba una historia muy diferente. Este capítulo contrasta el discurso político con la evidencia empírica, utilizando tanto las estadísticas oficiales de delitos denunciados como los datos de victimización y percepción de inseguridad. El análisis revela una profunda desconexión entre la propaganda gubernamental y el estado de miedo que permeaba a la sociedad tabasqueña durante el período en que Hernán Bermúdez controlaba la seguridad.
La narrativa oficial contra los datos oficiales
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La principal defensa de Adán Augusto López para justificar su confianza en Bermúdez ha sido la supuesta mejora en las cifras de seguridad. Afirmó haber recibido un estado en caos y haber logrado reducciones significativas en delitos de alto impacto. Sin embargo, un análisis riguroso de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco muestra un panorama mucho más matizado y, en algunos aspectos, contradictorio.
Si bien es cierto que algunos delitos, como el secuestro y la extorsión, mostraron una tendencia a la baja durante su mandato, otros indicadores clave no siguieron el mismo patrón. El propio análisis de la FGE, aunque celebra disminuciones, muestra la complejidad del fenómeno. Más importante aún, la manipulación de estas cifras para fines políticos quedó en evidencia cuando el propio Adán Augusto presentó una gráfica con datos inconsistentes para exagerar sus logros en la reducción de homicidios. La siguiente tabla, construida con datos oficiales del SESNSP, busca ofrecer una visión objetiva de la evolución de tres delitos clave.Tabla 5.1: Evolución de delitos de alto impacto en Tabasco (2018-2024): Homicidio doloso, secuestro y extorsión
| Año | Homicidio Doloso (Víctimas) | Secuestro (Víctimas) | Extorsión (Víctimas) |
| 2018 | 565 | 103 | 331 |
| 2019 | 628 | 106 | 272 |
| 2020 | 473 | 43 | 234 |
| 2021 | 390 | 16 | 193 |
| 2022 | 291 | 14 | 80 |
| 2023 | 234 | 12 | 84 |
| 2024 (Ene-Mar) | 252 | 221 (Nacional) | 2,990 (Nacional) |
Fuentes: Datos de 2018-2023 basados en informes de la FGE y SESNSP. Datos de 2024 son parciales y reflejan un repunte significativo en homicidios. Las cifras de secuestro y extorsión para 2024 se presentan a nivel nacional por la fuente disponible, indicando una tendencia al alza en el país.
El análisis de la tabla revela varias claves. Primero, el primer año completo de gobierno de Adán Augusto (2019) vio un aumento en homicidios y secuestros en comparación con 2018. Si bien es cierto que de 2020 a 2023 hubo una tendencia a la baja en estos delitos, el repunte violento a finales de 2023 y principios de 2024, que coincidió con la salida de Bermúdez, sugiere que la “paz” anterior podría haber sido una “pax mafiosa”, un estado de control criminal en lugar de una seguridad genuina. La violencia pudo haber disminuido no porque el Estado la combatiera, sino porque una facción criminal, protegida por el propio Estado, había consolidado su poder.
La perspectiva ciudadana: la “cifra negra” y la percepción de inseguridad
Las estadísticas oficiales de delitos denunciados, en las que se basa el discurso político, son solo la punta del iceberg. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, la herramienta más robusta para medir la criminalidad real, revela una realidad ciudadana desoladora en Tabasco.
El dato más contundente es la “cifra negra”, es decir, el porcentaje de delitos que no se denuncian o por los cuales no se inicia una carpeta de investigación. En Tabasco, esta cifra alcanzó un alarmante 93.5% en 2022 y escaló a 94.1% en 2023. Esto significa que más de 9 de cada 10 delitos cometidos en el estado nunca llegaron a formar parte de las estadísticas que los funcionarios utilizaban para proclamar su éxito. Las principales razones para no denunciar, según los propios ciudadanos, son atribuibles a la autoridad: la percepción de que es una pérdida de tiempo (35.9%) y la desconfianza en las instituciones (9.8%).
Esta desconfianza se traduce en una percepción de inseguridad generalizada. En 2023, el 84.8% de la población de Tabasco consideraba que vivir en el estado era inseguro. La siguiente tabla compara directamente la narrativa oficial con la experiencia ciudadana.Tabla 5.2: Percepción ciudadana contra realidad oficial en Tabasco (2022 contra 2023)
| Métrica | Datos de 2022 (Reportados en 2023) | Datos de 2023 (Reportados en 2024) |
| Prevalencia Delictiva (Hogares con al menos una víctima) | 27.8% | 29.4% |
| Percepción de Inseguridad (Población que se siente insegura en el estado) | 78.2% | 84.8% |
| Cifra Negra (Delitos no denunciados o no investigados) | 93.5% | 94.1% |
| Costo Total de la Inseguridad para los Hogares | 5.2 mil millones de pesos | 5.1 mil millones de pesos |
Fuentes: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 y 2024.
La tabla ilustra un deterioro claro en la seguridad percibida y vivida por los ciudadanos. Mientras el gobierno celebraba la baja en algunos delitos denunciados, la victimización real en los hogares aumentaba, la percepción de inseguridad se disparaba y la ya abrumadora cifra negra crecía aún más. Esto invalida por completo el argumento de que la seguridad en Tabasco estaba mejorando de manera significativa para el ciudadano promedio. El discurso político sobre la seguridad en Tabasco durante este período no fue solo una exageración, fue una ficción cuidadosamente construida sobre una base de datos fundamentalmente incompleta y engañosa, que ignoraba deliberadamente la realidad de miedo y victimización que enfrentaba la gran mayoría de la población.
Deconstruyendo la complicidad y el camino hacia la rendición de cuentas
El caso de Hernán Bermúdez Requena trasciende la narrativa de una “manzana podrida” aislada dentro del aparato de seguridad de Tabasco. El análisis exhaustivo de la evidencia disponible revela que su ascenso y operación como presunto líder de “La Barredora” fue el resultado lógico de un sistema donde la lealtad política, las relaciones personales y la opacidad institucional prevalecieron sobre los principios más básicos de legalidad, ética y seguridad pública. La afirmación unánime de “no sospecha” por parte de los más altos funcionarios estatales y federales resulta insostenible frente a un cúmulo de advertencias tempranas, informes de inteligencia militar detallados y una realidad de seguridad ciudadana que contradecía flagrantemente el discurso oficial de éxito. La evidencia apunta de manera contundente hacia un espectro de responsabilidad que abarca desde la negligencia grave y la omisión deliberada hasta la posibilidad de una protección activa y una complicidad de alto nivel.
La culpabilidad se vuelve más nítida en el caso del gobernador Carlos Manuel Merino Campos. Su decisión de mantener a Bermúdez en el cargo durante más de un año después de que los “Guacamaya Leaks” hicieran públicas las graves acusaciones de la inteligencia militar, transforma la narrativa de negligencia a una de complicidad activa. En ese punto, la información ya no era un secreto; era un escándalo público que exigía una acción inmediata que no se tomó. La inacción del fiscal Jaime Lastra Bastar y la narrativa pública minimizadora del comando militar local completan un cuadro de fracaso institucional sistémico y coordinado.
Este escándalo expone vulnerabilidades profundas y arraigadas en la estructura de gobernanza de México. Entre ellas, se destaca la captura del Estado, donde las fuerzas de seguridad son cooptadas desde dentro. Se evidencia la debilidad de la procuración de justicia, sometida a influencia política, y la politización de la inteligencia, donde alertas críticas son ignoradas por conveniencia. Finalmente, se expone una cultura política donde la lealtad a figuras de alto rango obstaculiza la rendición de cuentas. ¿Serán las reformas estructurales propuestas el camino para fortalecer los contrapesos y la transparencia, o la opacidad seguirá blindando a los culpables?
