El 11 de noviembre de 2025, la Cámara de Diputados tomó una decisión crucial. Con 451 votos a favor, se aprobaron medidas para desmantelar la impunidad que históricamente ha cubierto la violencia de género de funcionarios públicos. La reforma busca equilibrar la asimetría de poder, asegurando que el cargo no sirva como intimidación o silencio ante las víctimas.
Luz verde en San Lázaro: 451 votos por la protección
El pleno de la Cámara de Diputados logró un consenso prácticamente unánime, aprobando con 451 votos a favor la garantía de medidas de protección reforzadas para las víctimas de violencia ejercida por servidores públicos.
La propuesta, impulsada por la legisladora de Movimiento Ciudadano, Anayeli Muñoz Moreno, busca una transformación profunda en la forma en que el Estado mexicano aborda los delitos cometidos por quienes ostentan el poder.
El fin de la impunidad desde el cargo público
Al presentar el dictamen, la diputada Muñoz Moreno fue enfática al señalar el propósito central de esta modificación legislativa:
> “El cargo público no se convierta en un escudo protector para dejar impune la violencia de género”.
La legisladora refirió que, para combatir eficazmente esta impunidad, es fundamental considerar la asimetría de poder existente entre el agresor y la víctima. Para ello, se modifica directamente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pieza fundamental en la legislación de género del país.
Modificaciones clave para la rendición de cuentas
El dictamen aprobado establece dos modificaciones críticas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, focalizándose en el abuso de poder y las sanciones administrativas autónomas.
1. Nuevas facultades para promover sanciones (Artículo 9)
Se adiciona una fracción VII al artículo 9, la cual establece el mandato explícito para que los poderes legislativos, en sus respectivos ámbitos de competencia, promuevan:
- Sanciones autónomas en casos de violencia familiar o de género.
- Aplicables a funcionarios públicos que abusen de su cargo.
Muñoz Moreno puntualizó que es necesario que estas sanciones se incorporen explícitamente en las leyes administrativas aplicables. Esto busca garantizar una respuesta efectiva del Estado, separando la responsabilidad administrativa de la penal, y evitando dilaciones.
2. Asimetría de poder en órdenes de protección (Artículo 32)
Asimismo, se adiciona una fracción VII al artículo 32, referente a la emisión de órdenes de protección. Esta nueva disposición obliga a las autoridades competentes a tomar en cuenta la jerarquía del agresor:
- Las autoridades competentes (administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional) deberán considerar la relación de poder, subordinación y privilegio que tiene la persona servidora pública frente a la víctima al emitir dichas órdenes.
La meta de esta adición es clara: asegurar que el ejercicio del poder no sea utilizado para intimidar, silenciar o revictimizar a las mujeres afectadas.
Un mensaje contundente y el camino al Senado
La legisladora de Movimiento Ciudadano concluyó su participación con un mensaje directo, destacando que “Se debe enviar un mensaje claro desde la Cámara de Diputados: las mujeres importan, no el cargo del agresor”.
Además, reconoció la labor de las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, haciendo una mención especial a la presidenta, Anaís Burgos, por impulsar esta propuesta sin importar la fuerza política de origen.
Tras su aprobación en San Lázaro, este proyecto de decreto ha sido enviado a la Cámara de Senadores, donde iniciará su proceso de revisión y discusión final. Su aprobación determinará si la promesa de erradicar el “escudo protector” de los agresores en puestos públicos se convierte en una realidad legal y administrativa.
