Tras una maratónica audiencia de 18 horas, la justicia federal determinó el futuro legal de los ocho implicados en el trágico homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. La decisión del juez apunta directamente a Jorge Armando “N”, alias “El licenciado”, como el cerebro de la operación, mientras sus escoltas enfrentan graves cargos por negligencia fatal.
La audiencia maratónica que selló el proceso
La jornada judicial que definió la situación de los ocho imputados se extendió por 18 horas continuas. Esta audiencia se llevó a cabo de manera virtual, conectando las ciudades de Morelia y Uruapan, así como los centros penitenciarios involucrados: el penal “David Franco Rodríguez” en Michoacán y “El Altiplano” en el Estado de México.
Durante la sesión, la defensa de los detenidos buscó demostrar la inocencia de sus representados, presentando un amplio cuerpo probatorio consistente en 27 datos de prueba. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos defensivos, el juez de control Luis Fernando Díaz Parra concluyó la vinculación a proceso de la totalidad de los acusados.
Distinción de cargos: autoría intelectual y omisión
La determinación judicial establece una clara distinción en los roles y cargos imputados a los ocho detenidos tras el asesinato del edil, ocurrido el pasado 01 de noviembre.
Al señalado como autor intelectual, Jorge Armando “N”, conocido por el alias de “El licenciado”, se le imputa la comisión de dos delitos graves:
- Homicidio doloso calificado.
- Lesiones calificadas.
Es de notar que esta misma imputación, por homicidio doloso calificado y lesiones calificadas, fue sostenida por la fiscalía contra Jorge Armando “N”.
Por su parte, los siete elementos de la Policía Municipal de Uruapan que se desempeñaban como escoltas de Carlos Manzo enfrentan una acusación distinta pero igualmente grave:
- Homicidio doloso calificado, en su modalidad de comisión por omisión.
Este último cargo implica que la acción negligente o la falta de cumplimiento de su deber como protectores del alcalde resultó en la consumación del crimen.
Prisión preventiva y plazos procesales
Como resultado de la vinculación a proceso, el juez Luis Fernando Díaz Parra impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar para los ocho imputados, garantizando que enfrentarán el proceso judicial privados de su libertad.
Asimismo, se establecieron plazos estrictos para el desarrollo de la investigación:
- Se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, tiempo esencial para que ambas partes refuercen sus argumentos.
- El juez determinó que la duración total del proceso de los imputados no podrá exceder los dos años.
Las víctimas indirectas presentes
Además de la presencia del juez Luis Díaz Parra, la parte acusadora, los imputados y su defensa legal, la audiencia contó con la participación de figuras clave que fueron afectadas directamente por los hechos. Estuvieron presentes en calidad de víctimas indirectas:
- Juan Manzo Rodríguez, hermano del alcalde asesinado Carlos Manzo.
- Víctor Hugo de la Cruz, regidor que resultó lesionado durante el atentado perpetrado contra el presidente municipal de Uruapan.
La vinculación a proceso de “El licenciado” y el resto de los elementos de seguridad revela la complejidad de la violencia política en Michoacán, donde la línea entre la protección oficial y la complicidad por omisión se difumina. La exigencia de justicia por el homicidio de Carlos Manzo pone a prueba la capacidad del Estado para procesar a actores que operan tanto en la sombra como bajo la insignia institucional.
