Un incidente letal en el Caribe, donde fuerzas estadounidenses actuaron unilateralmente, precipitó una redefinición crucial en la cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos. Ante esta demostración de fuerza, la presidenta Claudia Sheinbaum ha delineado con firmeza los límites de la soberanía nacional, sentando las bases de un nuevo acuerdo binacional.
Acción unilateral de EE. UU. en el Caribe: El catalizador de la recalibración regional
La reciente redefinición de los términos de cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos no surgió en un vacío diplomático. Fue precipitada por una demostración contundente y unilateral de la fuerza militar estadounidense en el Caribe.
Este evento, más que una simple operación de interdicción, funcionó como una señal estratégica de la administración del presidente Donald Trump. Estaba diseñada para afirmar una nueva doctrina de seguridad más agresiva en la región. Esta acción obligó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a trazar públicamente y con precisión jurídica los límites infranqueables de la cooperación bilateral, anclando su postura en la defensa de la soberanía nacional y el marco constitucional mexicano.
Incidente letal en aguas internacionales: Un “ataque letal”
El 2 de septiembre de 2025, las fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron un ataque letal contra una embarcación en el Mar Caribe, operación que resultó en la muerte de 11 personas. El gobierno estadounidense identificó el objetivo como un “barco con drogas” presuntamente operado por la organización criminal venezolana “Tren de Aragua”. Washington había designado previamente a esta organización como “narcoterrorista”.
La importancia política del incidente fue subrayada por la forma en que se comunicó. No fue un anuncio rutinario del Pentágono o de la Guardia Costera; fue el propio presidente Donald Trump quien informó del ataque, declaración confirmada casi de inmediato por su secretario de Estado, Marco Rubio. Esta gestión comunicacional de alto nivel transformó la operación de un acto táctico a una declaración de política exterior.
A pesar de la gravedad del suceso, los detalles operativos fueron escasos. El Pentágono se mantuvo hermético, lo que generó un vacío de información y serias interrogantes sobre las reglas de enfrentamiento empleadas. Por ejemplo, si se ofreció a la tripulación la oportunidad de rendirse antes de emplear fuerza letal.
La ubicación del ataque fue descrita de manera imprecisa como “aguas internacionales” en el “sur del Caribe”, cerca de las costas de Venezuela. La deliberada vaguedad sobre las coordenadas exactas y la falta de pruebas contundentes presentadas públicamente provocaron escepticismo y condenas a nivel internacional. Funcionarios de Venezuela y Colombia, entre otros, cuestionaron la narrativa estadounidense, calificando el acto como una posible ejecución extrajudicial y denunciando la falta de transparencia.
Contexto de escalada: El despliegue militar estadounidense más amplio
El ataque del 2 de septiembre no fue un hecho aislado, sino la culminación de un significativo despliegue militar estadounidense en el Caribe que había comenzado en agosto de 2025. Esta operación, descrita por oficiales estadounidenses como una “muestra de fuerza”, involucró el despliegue de más de 4,000 efectivos, en su mayoría infantes de marina, junto con destructores, submarinos y aeronaves de vigilancia avanzada, con el objetivo declarado de combatir a los cárteles latinoamericanos.
Esta concentración de poderío militar generó una palpable tensión en toda la región. El gobierno de Venezuela, sintiéndose directamente amenazado, respondió ordenando la movilización de sus propias tropas y milicias para defender su soberanía. El momento elegido para el ataque letal fue particularmente significativo: ocurrió en la víspera de la visita del secretario Rubio a México y Ecuador, dos socios clave de Estados Unidos en la región.
Esta secuencia de eventos sugiere un uso deliberado de la acción militar como herramienta diplomática, con el fin de establecer un tono de firmeza y fijar la agenda para las conversaciones de alto nivel que estaban por comenzar. La acción militar no fue un preludio a la diplomacia, sino una parte integral de la misma. Fue diseñada para demostrar la capacidad y la voluntad de Estados Unidos de actuar unilateralmente para proteger sus intereses de seguridad.
La respuesta mexicana: Clarificando las fronteras de la soberanía
La acción unilateral de Estados Unidos colocó al gobierno mexicano en una posición delicada, obligándolo a responder de manera inmediata y precisa para delinear su postura. En su conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum confirmó la presencia de buques militares estadounidenses en las proximidades de México. Sin embargo, fue meticulosa al señalar que estos operaban estrictamente en aguas internacionales, no dentro del territorio nacional, una distinción jurídica de suma importancia.
Con esta aclaración, Sheinbaum estableció una línea roja infranqueable. Declaró enfáticamente que un ataque letal como el perpetrado en el Caribe “nunca se ha considerado en el caso de nuestro territorio”. Esta declaración fue una afirmación categórica de la soberanía mexicana y un rechazo preventivo a cualquier intento de extender este tipo de operaciones a las aguas o el territorio bajo jurisdicción de México.
La respuesta de Sheinbaum fue una calibrada combinación de reconocimiento de la legalidad de las operaciones estadounidenses en alta mar y una advertencia inequívoca de que la soberanía mexicana no era negociable. Este posicionamiento inicial sentó las bases para la posterior negociación del acuerdo de cooperación, enmarcando el diálogo no como una capitulación ante la presión, sino como una reafirmación de los principios constitucionales de México.
La doctrina de cooperación soberana de la presidenta Sheinbaum: “defendemos la Constitución”
La reiterada invocación de la presidenta Claudia Sheinbaum a la Constitución y a la soberanía nacional representa una sofisticada y multifacética estrategia diplomática. Este discurso no es meramente retórico; funciona simultáneamente como un escudo político interno para neutralizar las críticas de la oposición y como un marco jurídico no negociable que obliga a Estados Unidos a entablar una relación de cooperación en los términos definidos por México.
Al anclar su postura en los principios fundamentales del Estado mexicano, Sheinbaum transforma una dinámica potencialmente coercitiva en una asociación regida por reglas preestablecidas, donde la soberanía es el punto de partida y el límite de toda colaboración.
Principio fundamental: “cooperación sin subordinación”
El eje central del mensaje de la presidenta Sheinbaum es la búsqueda de una colaboración basada en el respeto mutuo y la igualdad entre naciones, en lugar de una relación de imposición o tutelaje. Esta visión se encapsula en la fórmula que ha repetido consistentemente en sus declaraciones públicas: “colaboración, coordinación sin subordinación, sin intervencionismo, sin injerencismo”.
Esta doctrina se sustenta en cuatro principios clave que su administración ha articulado como la base de la relación con Estados Unidos en materia de seguridad:
- Responsabilidad Compartida: Un reconocimiento explícito de que los desafíos de seguridad, como el narcotráfico y el tráfico de armas, son problemas transfronterizos que afectan a ambas naciones y, por lo tanto, requieren acciones coordinadas.
- Confianza Mutua: Un compromiso de que los acuerdos alcanzados serán cumplidos por ambas partes, sin traiciones ni agendas ocultas, fomentando una base de fiabilidad en la cooperación.
- Cooperación, no Subordinación: El principio más enfático, que establece que la colaboración se dará entre iguales, rechazando cualquier estructura jerárquica o la imposición de la agenda de un país sobre el otro.
- Respeto a la Soberanía: La piedra angular de toda la doctrina, que implica el respeto irrestricto al territorio, las leyes y la jurisdicción de cada país como condición indispensable para cualquier acción conjunta.
Rechazando la intervención, definiendo la cooperación
En línea con su doctrina, la presidenta Sheinbaum ha sido inequívoca al rechazar cualquier posibilidad de que fuerzas militares extranjeras operen o que agentes armados actúen de manera independiente en territorio mexicano, ya sea terrestre, aéreo o marítimo. Su postura se resume en la frase: “Lo que nosotros no aceptamos es la violación a nuestra soberanía”. Esta no es una postura negociable, sino una línea roja constitucional.
Al mismo tiempo, ha definido con precisión los contornos de lo que constituye una cooperación aceptable. Esta se limita estrictamente a:
- Intercambio de información e inteligencia: Un flujo bidireccional de datos que permita a cada país actuar de manera más efectiva contra las organizaciones criminales.
- Vigilancia conjunta: Labores coordinadas de monitoreo, especialmente en zonas marítimas, pero siempre respetando las fronteras jurisdiccionales.
- Acciones soberanas: La premisa de que cada nación es responsable de ejecutar las operaciones dentro de sus propias fronteras, bajo el principio de “cada quien en su territorio”.
Frente a las insinuaciones del presidente Trump de que su postura se debía al “miedo” a los cárteles, Sheinbaum ha respondido con firmeza, no desde una confrontación personal, sino desde una posición de legitimidad democrática. Ha afirmado que su fortaleza no emana de un cálculo de poder, sino del respaldo del pueblo mexicano y de la convicción en los principios que defiende, declarando: “¿Por qué uno va a tener miedo? Tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios”.
Gestionando la relación con Trump: respeto y firmeza
La postura pública de la presidenta Sheinbaum hacia su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha sido un ejercicio de equilibrio diplomático. Ha evitado la confrontación directa, optando por un tono de respeto calculado. Reconoce públicamente “la manera de expresarse” del presidente Trump, una forma de minimizar la retórica incendiaria sin ceder en los puntos sustantivos de la agenda mexicana.
En sus conferencias, Sheinbaum ha hecho hincapié en que sus conversaciones directas con el presidente Trump han sido respetuosas. Al destacar este aspecto, logra un doble objetivo: por un lado, proyecta una imagen de control y de una relación funcional a nivel de jefes de Estado, lo que ayuda a calmar la incertidumbre en los mercados y en la opinión pública. Por otro lado, utiliza este marco de respeto mutuo como la base desde la cual puede defender con firmeza los intereses de México en temas críticos como la soberanía y las amenazas de aranceles comerciales, demostrando que el diálogo respetuoso no es sinónimo de sumisión.
Fundamento jurídico: La soberanía en el derecho constitucional mexicano y el derecho marítimo internacional
La firme postura de la presidenta Sheinbaum no se basa en una simple retórica política, sino que está profundamente anclada en el marco jurídico de México. Sus declaraciones de “defendemos la Constitución” son una referencia directa a un robusto andamiaje legal que define con precisión la soberanía nacional, el territorio y los principios que rigen la política exterior.
Este fundamento legal, compuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes reglamentarias como la Ley Federal del Mar, proporciona a su gobierno una base legítima y poderosa para resistir las presiones externas y para delinear los términos de la cooperación con Estados Unidos.
Te puede interesar:EE. UU. despliega buques de guerra y acusa a Nicolás Maduro de …
Mandatos constitucionales sobre soberanía y política exterior
La defensa de la soberanía es el deber primordial del Estado mexicano, un principio consagrado en varios artículos de su Carta Magna:
- Artículo 39: Este artículo establece el pilar filosófico de la soberanía mexicana, al decretar que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”. Al invocar el respaldo popular, la presidenta Sheinbaum se alinea directamente con este principio, argumentando que sus acciones no son personales, sino un mandato del pueblo soberano de México.
- Artículo 40: Define a México como una República soberana y federal. De manera crucial, una reforma de 2025 añadió un párrafo que prohíbe explícitamente la aceptación de “intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación”. Este texto proporciona una prohibición constitucional directa contra el tipo de operaciones militares unilaterales que Estados Unidos podría considerar, convirtiendo la defensa de la soberanía en una obligación legal ineludible para el ejecutivo.
- Artículo 42: Delimita el territorio nacional, incluyendo de manera explícita “las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional”, así como la plataforma continental y los zócalos submarinos. Este artículo vincula la definición del territorio mexicano al derecho internacional, sentando las bases para la aplicación de la Ley del Mar.
- Artículo 89, Fracción X: Enumera los principios normativos que deben guiar la política exterior del presidente de la República. Estos incluyen la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias y la igualdad jurídica de los Estados. La doctrina de “cooperación sin subordinación” de Sheinbaum es una aplicación directa y coherente de este mandato constitucional, que obliga al ejecutivo a conducir las relaciones internacionales de México bajo estos preceptos.
La Ley Federal del Mar: Definiendo las líneas de enfrentamiento
La Ley Federal del Mar es la legislación que reglamenta los artículos constitucionales relativos a las zonas marinas mexicanas. Codifica en el derecho interno las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), de la cual México es parte. Esta ley proporciona las definiciones jurídicas precisas que sustentan la distinción clave hecha por la presidenta Sheinbaum entre las operaciones estadounidenses en aguas internacionales y lo que sería permisible dentro de la jurisdicción mexicana.
Las zonas marinas mexicanas se definen de la siguiente manera:
- Mar Territorial: Se extiende hasta 12 millas marinas (22,224 metros) desde las líneas de base. Dentro de esta franja, México ejerce soberanía plena sobre la columna de agua, el lecho, el subsuelo y el espacio aéreo suprayacente. El único derecho que tienen las embarcaciones extranjeras es el de “paso inocente”, que no incluye actividades militares, de vigilancia o de aplicación de la ley. Cualquier operación de este tipo por parte de Estados Unidos en esta zona sin el consentimiento expreso de México constituiría una violación flagrante de su soberanía.
- Zona Contigua: Es una franja que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta 24 millas marinas (44,448 metros) de la costa. En esta zona, México no tiene soberanía plena, pero sí la competencia para tomar medidas de fiscalización necesarias para prevenir y sancionar las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios cometidas en su territorio o mar territorial.
- Zona Económica Exclusiva (ZEE): Se extiende hasta 200 millas marinas (370,400 metros) desde la costa. En la ZEE, México tiene derechos de soberanía para fines de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales. Sin embargo, no ejerce soberanía plena. Las demás naciones, incluido Estados Unidos, gozan de libertades de navegación y sobrevuelo. Por lo tanto, la presencia de buques de la Armada estadounidense en la ZEE de México es legal bajo el derecho internacional, un hecho que el gobierno mexicano reconoce.
- Aguas Internacionales (Alta Mar): Más allá de la ZEE, estas aguas no están sujetas a la soberanía de ningún Estado. Fue en esta zona donde tuvo lugar el ataque estadounidense, lo que permite a la presidenta Sheinbaum reconocer su legalidad bajo el derecho internacional, al tiempo que utiliza la misma ley para prohibir categóricamente acciones similares en zonas más cercanas a la costa mexicana.
| Zona | Extensión desde Línea de Base | Derechos de México | Derechos Extranjeros | Relevancia para Operaciones de EE. UU. |
| Aguas Marinas Interiores | Lado terrestre de la línea de base | Soberanía Plena | Sujeto a todas las leyes mexicanas; sin derecho de paso | Prohibido sin consentimiento expreso |
| Mar Territorial | Hasta 12 millas marinas | Soberanía Plena (agua, aire, lecho marino) | Derecho de “paso inocente” | Operaciones militares/de vigilancia prohibidas |
| Zona Contigua | 12 a 24 millas marinas | Jurisdicción para leyes aduaneras, fiscales, migratorias y sanitarias | Libertad de navegación/sobrevuelo | Acciones de aplicación limitadas posibles bajo circunstancias específicas, pero no presencia militar general |
| Zona Económica Exclusiva | Hasta 200 millas marinas | Derechos soberanos sobre recursos | Libertad de navegación/sobrevuelo | La presencia naval y la vigilancia de EE. UU. son legalmente permisibles |
Este marco jurídico es el “escudo legal” del gobierno mexicano. Permite a la administración de Sheinbaum transformar lo que podría ser una negociación política sujeta a la presión del poderío estadounidense en una cuestión de derecho constitucional e internacional. Al hacerlo, establece que la posición de México no es una preferencia política flexible, sino una obligación legal inmutable. Cualquier acción de Estados Unidos que cruce estas líneas claramente definidas no sería una simple disputa diplomática, sino una violación inequívoca del derecho internacional, otorgando a México una ventaja moral y diplomática significativa en el escenario mundial.
El plan de acción binacional: El Grupo de Implementación de Alto Nivel y el alcance de la colaboración en seguridad
Tras el período de alta tensión provocado por la acción militar estadounidense en el Caribe, la visita del secretario de Estado Marco Rubio a México culminó en un acuerdo pragmático. Este busca canalizar la cooperación en seguridad a través de un marco estructurado y mutuamente acordado.
Este nuevo plan de acción, centrado en la creación de un “Grupo de Implementación de Alto Nivel”, representa una evolución significativa de los esquemas de cooperación anteriores. Refleja un delicado equilibrio en el que Estados Unidos obtiene colaboración en sus prioridades clave, como el combate al fentanilo, mientras que México logra consagrar sus principios de soberanía, mantener el control operativo dentro de su territorio e incluir sus propias preocupaciones de seguridad en la agenda bilateral.
Estructura y mandato: El Grupo de Implementación de Alto Nivel
Alrededor del 3 y 4 de septiembre de 2025, como resultado de las reuniones entre la presidenta Sheinbaum y el secretario Rubio, ambos gobiernos anunciaron formalmente la creación de un “grupo de implementación de alto nivel”. El propósito fundamental de este grupo es servir como un mecanismo permanente para formalizar, coordinar y dar seguimiento regular a los compromisos de seguridad asumidos por ambas naciones.
La creación de este grupo es, en sí misma, una medida estratégica. Al establecer un canal institucionalizado para el diálogo y la supervisión, se busca prevenir futuras acciones unilaterales y asegurar que la cooperación se desarrolle dentro de los parámetros acordados. Las reuniones periódicas permitirán evaluar los avances, ajustar estrategias y resolver disputas antes de que escalen, encarnando el principio de “confianza mutua” que la administración Sheinbaum ha promovido.
Alcance de la cooperación: Una agenda equilibrada
El comunicado conjunto emitido tras las reuniones, así como las declaraciones posteriores de funcionarios de ambos países, delinean una agenda de cooperación amplia pero específica, que refleja una negociación de prioridades:
- Lucha contra el Narcotráfico: El enfoque principal, impulsado por Estados Unidos, es el combate al tráfico de fentanilo y sus precursores químicos, una crisis de salud pública en ese país.
- Tráfico de Armas: Una prioridad central para México, el acuerdo incluye explícitamente el objetivo de detener el flujo de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, que alimentan la violencia de los cárteles. El reconocimiento de esta responsabilidad compartida por parte de EE. UU. es un logro diplomático significativo para México.
- Seguridad Fronteriza y Migración: Se abordarán de manera conjunta temas como el desmantelamiento de túneles clandestinos y el combate a las redes de tráfico de personas.
- Finanzas Ilícitas: Un componente crucial para desmantelar las estructuras criminales, enfocado en perseguir y desarticular las redes de lavado de dinero que sostienen a las organizaciones transnacionales.
- Robo de Combustible (“Huachicol”): La inclusión de este punto en la agenda bilateral es notable. El “huachicol” es un problema de seguridad interna de primer orden para México, y su incorporación al acuerdo de cooperación demuestra un mayor grado de reciprocidad y un reconocimiento por parte de EE. UU. de las prioridades de seguridad de su socio.
Evolución de marcos anteriores: De la Iniciativa Mérida a la asociación soberana
El acuerdo actual debe entenderse en el contexto de la evolución de la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos:
- Iniciativa Mérida (2008-2021): Este marco se centró principalmente en la provisión de equipo, tecnología y entrenamiento por parte de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad mexicanas. Aunque institucionalizó la cooperación, a menudo fue percibido como un paquete de asistencia con una agenda fuertemente influenciada por Washington. Fue criticado por contribuir a la militarización de la seguridad pública en México sin lograr una reducción sostenida de la violencia. Sus componentes marítimos se enfocaron en mejorar las capacidades de interdicción de la Armada de México.
- Entendimiento Bicentenario (2021 en adelante): Sucedió a la Iniciativa Mérida con la promesa de un enfoque más holístico, abordando las causas de raíz de la violencia y promoviendo la salud pública. Sin embargo, algunos analistas lo consideraron en gran medida como un cambio de nombre y reordenamiento de los pilares de Mérida, sin resolver las tensiones subyacentes en la relación.
- Acuerdo Actual (2025): El nuevo marco bajo la administración Sheinbaum marca una diferencia cualitativa. Si bien se basa en la cooperación existente, el énfasis explícito y reiterado en la soberanía mexicana, el control operativo (“cada quien en su territorio”) y la construcción de una agenda más equilibrada que incluye prioridades mexicanas clave, representa un cambio fundamental. La descripción del nivel de cooperación actual como “histórico” y sin precedentes por parte del propio secretario Rubio valida la percepción de un nuevo paradigma en la relación.
Cooperación tangible: El papel de la extradición
Un elemento central y tangible de esta cooperación es el mecanismo de extradición. La presidenta Sheinbaum ha aclarado que las decisiones de extradición se toman caso por caso, basándose en un “análisis de riesgos y beneficios” para México y bajo el principio de reciprocidad. Este enfoque permite a México utilizar la extradición como una herramienta diplomática y de seguridad, demostrando su compromiso de manera concreta.
Las extradiciones masivas de figuras de alto perfil del narcotráfico a Estados Unidos, ocurridas en febrero y agosto de 2025, son una prueba fehaciente de esta política. Estos actos no solo desmantelan las operaciones de los cárteles, sino que también sirven como un entregable de alto valor para Washington. El propio secretario Rubio citó la entrega de 55 individuos buscados por la justicia estadounidense como un éxito clave de la colaboración reciente. Al cumplir con estas solicitudes, México fortalece su posición negociadora y demuestra que la cooperación soberana puede producir los resultados que Estados Unidos demanda.
Campo de batalla político interno: Navegando la oposición y el sentimiento público en México
El acuerdo de seguridad con Estados Unidos no se desarrolla únicamente en el ámbito diplomático; es, a su vez, un tema de alta contención en el frente político interno de México. La presidenta Sheinbaum debe gestionar una compleja dinámica en la que la oposición política utiliza el sensible tema de la soberanía nacional como un arma para cuestionar la legitimidad y la firmeza de su gobierno. Esto la obliga a llevar a cabo una cuidadosa campaña de comunicación pública, diseñada para enmarcar el acuerdo no como una concesión ante la presión estadounidense, sino como una victoria para la soberanía y los intereses de México.
Las exigencias de la oposición: transparencia y soberanía
Los principales partidos de oposición han adoptado una postura crítica y vigilante. Figuras como Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional (PAN), han desafiado públicamente al gobierno, exigiendo una transparencia total sobre los detalles y alcances del acuerdo de seguridad. La demanda central de la oposición es que se aclare qué compromisos específicos asumió México, cómo se implementarán, cuándo entrarán en vigor y quiénes serán los responsables de su ejecución.
Cortés ha advertido que, sin esta claridad, la reunión de alto nivel con el secretario Rubio corre el riesgo de quedar reducida a “solo una fotografía y pura retórica”. La narrativa de la oposición busca sembrar la duda sobre si el acuerdo realmente protege la soberanía mexicana o si, por el contrario, representa una claudicación encubierta ante las exigencias de Washington. Al apelar al histórico sentimiento nacionalista y a la desconfianza hacia la intervención estadounidense, la oposición intenta posicionar al gobierno como débil o secretista, una táctica políticamente potente en el contexto mexicano.
La contranarrativa del gobierno: proyección de fortaleza y descrédito de los críticos
La administración de Sheinbaum ha respondido a estos desafíos con una estrategia de comunicación proactiva y combativa, utilizando las conferencias de prensa matutinas como plataforma principal. La presidenta ha enmarcado consistentemente el acuerdo como un éxito rotundo, un entendimiento que respeta plenamente la Constitución, las leyes mexicanas y la soberanía nacional.
Más allá de la defensa, Sheinbaum ha pasado a la ofensiva, ridiculizando públicamente a sus críticos. Se ha burlado de líderes opositores como Alejandro “Alito” Moreno, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por sus viajes a Washington para denunciar supuestos nexos del gobierno con el crimen organizado. Sheinbaum argumenta que estos esfuerzos se vieron socavados y quedaron en ridículo cuando el propio secretario Rubio elogió públicamente el nivel de cooperación con su administración.
La presidenta ha acusado a la oposición de desear el fracaso de las negociaciones para obtener beneficios políticos, afirmando que “se les cayó el teatrito” y que “quieren que le vaya mal a la presidenta”. Con esta retórica, busca pintar a sus adversarios como antipatriotas, más interesados en el desgaste del gobierno que en el bienestar y la seguridad del país. Esta estrategia tiene como objetivo invertir la carga de la prueba, presentando la defensa de la soberanía no como una debilidad a ocultar, sino como la principal victoria de su gestión diplomática.
Te puede interesar:Washington intensifica sanciones a la CPI por investigar crímenes …
La opinión pública y el imperativo de la soberanía
La soberanía nacional no es un concepto abstracto en México; es un valor profundamente arraigado en la conciencia colectiva, forjado a través de una historia marcada por intervenciones extranjeras, particularmente de Estados Unidos. Cualquier indicio de que un gobierno está cediendo control o subordinándose a intereses foráneos es políticamente tóxico y puede erosionar rápidamente el capital político.
La presidenta Sheinbaum es plenamente consciente de esta realidad. Su constante invocación a la Constitución y su postura pública de firmeza están dirigidas tanto a la audiencia internacional como, y quizás de manera más importante, a un público nacional que es extremadamente sensible a estos temas. Su elevado índice de aprobación le proporciona un colchón político significativo para manejar esta compleja situación, pero la legitimidad de su acuerdo con Estados Unidos depende de su capacidad para seguir proyectando una imagen de defensora intransigente de los intereses y la dignidad de México.
Implicaciones estratégicas y perspectivas a futuro: Equilibrando seguridad y soberanía en una era de renovada presión estadounidense
El nuevo acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos, forjado en un contexto de alta tensión, representa una hábil navegación de las presiones inmediatas. Sin embargo, establece un equilibrio precario que será continuamente puesto a prueba por el conflicto inherente entre los imperativos de seguridad de Estados Unidos y los principios constitucionales de soberanía de México. Si bien el marco actual ofrece una vía pragmática para la cooperación, la sostenibilidad a largo plazo de esta relación dependerá de la capacidad de ambos países para gestionar las fricciones subyacentes y traducir los compromisos en resultados tangibles y mutuamente beneficiosos.
Un equilibrio precario
El acuerdo logró su objetivo inmediato: desescalar la crisis generada por el ataque letal en el Caribe y establecer un marco funcional para la cooperación. No obstante, la postura fundamental de la administración estadounidense no ha cambiado. La designación de los cárteles como organizaciones equivalentes a terroristas y la afirmación del derecho a actuar unilateralmente para eliminar “amenazas inminentes” a la seguridad de Estados Unidos persisten como elementos centrales de su doctrina.
Esto significa que la posibilidad de futuras acciones unilaterales por parte de Estados Unidos, especialmente en aguas internacionales o en el espacio aéreo cercano a México, sigue siendo un riesgo latente. El “Grupo de Implementación de Alto Nivel” se convierte así en un mecanismo crucial no solo para la cooperación, sino también para la prevención y gestión de conflictos. Su eficacia será probada cada vez que surja una nueva amenaza transfronteriza, y su capacidad para canalizar las respuestas a través del diálogo y la acción coordinada determinará si el equilibrio se mantiene o se rompe.
El futuro de la cooperación en seguridad
El éxito del nuevo marco no se medirá por las declaraciones diplomáticas, sino por los resultados concretos que ofrezca a ambas naciones. Para Estados Unidos, el principal indicador de éxito será una reducción medible en el flujo de fentanilo hacia su territorio y la continuación de la extradición de objetivos de alto valor. Para México, el éxito se traducirá en una disminución de la violencia interna, impulsada por una reducción tangible en el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos, y en el respeto constante de Washington a las fronteras operativas y a la soberanía mexicana.
El modelo de “intercambio de inteligencia para la acción soberana” se consolidará como el paradigma dominante. Bajo este esquema, se espera que Estados Unidos proporcione información de inteligencia procesable, y que México actúe de manera decisiva y eficaz sobre esa información dentro de su propio territorio. Cualquier percepción de inacción o ineficacia por parte de México podría reavivar la presión estadounidense y resucitar las amenazas de acciones unilaterales, poniendo a prueba los límites de la “confianza mutua”.
Implicaciones geopolíticas más amplias
La forma en que la administración Sheinbaum ha gestionado esta crisis tiene implicaciones que trascienden la relación bilateral. Al defender con éxito la soberanía y, al mismo tiempo, asegurar un acuerdo de cooperación funcional, México ofrece un posible modelo para otras naciones de América Latina que enfrentan presiones similares por parte de Estados Unidos. Demuestra que es posible colaborar en materia de seguridad sin sacrificar los principios de no intervención y autodeterminación.
Sin embargo, la agresiva postura militar de Estados Unidos en el Caribe también puede ser interpretada como el presagio de un retorno a una política regional más intervencionista. Esto podría generar una mayor inestabilidad en el hemisferio, obligando a los países a navegar un complejo panorama geopolítico y a tomar decisiones difíciles entre alinearse con los imperativos de seguridad de Estados Unidos o adherirse a los principios tradicionales de la diplomacia latinoamericana.
Recomendaciones para los responsables de la formulación de políticas
Para los responsables de políticas en México: Es imperativo continuar utilizando el marco constitucional y el derecho internacional como la base inmutable de todas las negociaciones en materia de seguridad. Se debe utilizar proactivamente el Grupo de Implementación de Alto Nivel para compartir inteligencia, demostrar resultados concretos y anticiparse a las justificaciones estadounidenses para acciones unilaterales. Además, la diversificación de las alianzas internacionales en materia de seguridad puede reducir la dependencia excesiva de Estados Unidos y proporcionar un mayor margen de maniobra diplomática.
Para los responsables de políticas en Estados Unidos: Es crucial reconocer que una cooperación sostenible y eficaz a largo plazo con México requiere un respeto genuino por su soberanía. Intentar presionar más allá de los límites del marco acordado probablemente resultará en una disminución de la cooperación, un aumento de la fricción política y un daño a la confianza mutua. El enfoque debe centrarse en las responsabilidades compartidas, intensificando de manera significativa los esfuerzos para detener el flujo de armas de fuego hacia el sur, ya que este es un componente crítico para construir una verdadera asociación de confianza.
Para los observadores internacionales: La implementación de los mandatos del Grupo de Alto Nivel debe ser monitoreada de cerca como un indicador clave de la salud de la relación bilateral México-Estados Unidos. Se debe prestar especial atención a cualquier acción militar o de aplicación de la ley por parte de Estados Unidos cerca del territorio soberano de México, ya que estos serán los principales puntos de ignición para futuros conflictos. El éxito o fracaso de este nuevo marco de cooperación tendrá repercusiones significativas para la estabilidad y la seguridad en toda la región de América del Norte.
