La trayectoria de Pablo Gómez Álvarez, espejo de la izquierda mexicana, lo ha llevado de la clandestinidad y la prisión en 1968 a la cúspide del poder estatal. Este economista de la UNAM, tras liderar el movimiento estudiantil y dirigir la UIF, es ahora el arquitecto clave de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, forjando las instituciones de la Cuarta Transformación.
La génesis de un militante (1968-1989)
Las experiencias formativas de Pablo Gómez forjaron una visión del mundo centrada en una oposición fundamental al “Estado represor” y en la convicción de la necesidad de un cambio estructural radical. Estos temas, nacidos en la agitación de los años sesenta y setenta, resuenan con notable consistencia en su discurso y acciones políticas actuales, proporcionando el marco ideológico para su rol en la Cuarta Transformación.
El crisol de 1968: de líder estudiantil a preso político
La participación de Pablo Gómez en el Movimiento Estudiantil de 1968 no fue un mero episodio biográfico, sino el evento fundacional de su identidad política. Como presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Economía de la UNAM entre 1967 y 1968, se posicionó como una de las figuras visibles de una generación que desafió al régimen autoritario del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su activismo culminó con su detención el 2 de octubre de 1968, el mismo día de la masacre de Tlatelolco, tras lo cual permaneció como preso político hasta abril de 1971.
En sus testimonios y discursos posteriores, Gómez ha enmarcado consistentemente este periodo como una “lucha por las libertades democráticas” y en contra del “estado de represión”. Describe el movimiento como una gesta de la “juventud intelectual de México” que se levantó para exigir un diálogo público y poner fin a un “sistema corporativo de sumisiones”. Para Gómez, los estudiantes no fueron manipulados, “eran libres” y su lucha fue contrariada por la masacre ordenada por el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz.
La perversidad del sistema, según su relato, llegó al punto de que las víctimas, como él mismo, fueron acusadas de ser los victimarios y sentenciadas a 16 años de prisión, una condena que finalmente fue anulada por una amnistía del Congreso. Esta experiencia cimentó en él una profunda desconfianza hacia el aparato estatal, especialmente las fuerzas de seguridad, la presidencia y un poder judicial que consideraba cómplice de la represión.
De manera crucial, Gómez traza una línea directa entre el legado de 1968 y el proyecto político actual, afirmando que “parte de quienes recogieron y han venido recogiendo desde entonces ese mensaje, esa práctica, esa rebeldía, esa lucha, es la Cuarta Transformación”. Esta conexión no es solo retórica; es la base de la legitimidad moral que él y otros líderes de la 4T reclaman para su proyecto. Su libro de 2008, *1968: la historia también está hecha de derrotas*, basado en documentos de archivo y su propia memoria, es un esfuerzo por consolidar esta narrativa y posicionar el movimiento como el origen político de la izquierda moderna en México.
La larga marcha por las instituciones: del comunismo a la socialdemocracia
Tras su liberación, la trayectoria de Gómez refleja la evolución de la izquierda mexicana, pasando de la lucha clandestina a la participación institucional. Su militancia comenzó formalmente en el Partido Comunista Mexicano (PCM) en 1963, y para 1972 ya era miembro de su Comité Central. Fue un actor clave en la serie de fusiones y transformaciones que buscaron construir una fuerza de izquierda electoralmente viable.
La reforma política de 1977, que abrió el sistema de partidos, le permitió acceder por primera vez a un cargo de elección popular. Entre 1979 y 1982, fue diputado federal por la Coalición de Izquierda, una alianza encabezada por el PCM. Este primer periodo legislativo lo situó en comisiones clave como Presupuesto y Cuenta Pública, Energía y Gobernación y Puntos Constitucionales, dándole una formación temprana en los mecanismos del poder legislativo.
Su pragmatismo y capacidad de liderazgo lo llevaron a encabezar el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) de 1982 a 1987, una entidad que surgió de la fusión del PCM con otras fuerzas de izquierda. Posteriormente, en 1987, fue miembro fundador de su sucesor, el Partido Mexicano Socialista (PMS). Durante estos años, no solo dirigió partidos, sino que también continuó su carrera legislativa, sirviendo como diputado federal por el PMS en la LIV Legislatura (1988-1991). Este periodo fue fundamental para que la izquierda radical aprendiera a navegar las complejidades del sistema parlamentario, sentando las bases para el papel que desempeñaría como una de las principales fuerzas de oposición en las décadas siguientes.
La identidad política de Pablo Gómez se construye sobre una narrativa de lucha maniquea entre “el pueblo” —representado por movimientos como el del 68 y, ahora, la 4T— y un “régimen” corrupto y represor. Este marco, forjado en su juventud, ha permanecido inalterado a lo largo de su carrera. En sus discursos sobre 1968, describe una batalla contra un “sistema de sumisiones” donde el gobierno era el enemigo.
Décadas después, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), enmarca el caso Fobaproa como un complot de “los grandes ricos y poderosos” contra “el pueblo de México”. Al proponer la reforma electoral, la presenta como una forma de arrebatar las instituciones a los “partidos” para entregárselas al “pueblo” mediante el voto popular. Los actores y las instituciones cambian —el gobierno de Díaz Ordaz, los banqueros de los noventa, el actual Instituto Nacional Electoral (INE)—, pero la estructura narrativa es idéntica.
Esto sugiere que sus acciones no son meros cálculos políticos, sino que están impulsadas por una convicción ideológica profundamente arraigada. Esta visión del mundo implica que cualquier oposición a las reformas de la 4T no es vista como una disidencia democrática legítima, sino como una defensa del antiguo régimen corrupto, lo que dificulta el compromiso y enmarca la lucha política en términos absolutos, casi morales.
El estadista de la oposición (1989-2017)
Durante casi tres décadas, Pablo Gómez fue una figura central en la oposición mexicana, consolidándose como uno de sus cuadros más experimentados y eficaces. Como miembro fundador y líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se convirtió en un maestro de las mismas reglas institucionales y electorales que ahora está encargado de desmantelar. Este periodo de su carrera lo posicionó como un experto en derecho constitucional, finanzas públicas y procedimientos parlamentarios, habilidades que ahora despliega al servicio de un proyecto de poder hegemónico.
La construcción del PRD: fundador y líder
En 1989, Pablo Gómez fue uno de los miembros fundadores del PRD, el partido que aglutinó a gran parte de la izquierda mexicana tras las controvertidas elecciones presidenciales de 1988. Durante los siguientes 28 años, su nombre fue sinónimo del perredismo institucional. Ocupó prácticamente todos los cargos de liderazgo posibles dentro del partido: fue miembro de su Comité Ejecutivo Nacional en múltiples ocasiones, presidente de su Consejo Nacional (1994-1996) y presidente nacional interino del partido en 1999.
Su carrera dentro del PRD traza el arco del ascenso y la eventual decadencia del partido como la principal fuerza de oposición en México. Fue un actor central en las negociaciones de las grandes reformas políticas y electorales de la década de 1990 que contribuyeron a la transición democrática del país. Sin embargo, en 2017, renunció a su militancia en el PRD, uniéndose a Morena al año siguiente. Su salida fue parte del éxodo masivo de la guardia histórica del PRD hacia el movimiento de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un hecho que marcó el desplazamiento definitivo del centro de gravedad de la izquierda mexicana y el comienzo de la consolidación de Morena como la fuerza dominante.
El experto legislativo: una carrera en el Congreso
La experiencia de Pablo Gómez en el Congreso de la Unión es vasta y profunda. Sirvió en múltiples legislaturas como diputado federal (LI, LIV, LVII, LIX y LXIV) y fue senador de la República por la Ciudad de México durante las legislaturas LX y LXI (2006-2012). Su profundo conocimiento del proceso legislativo le permitió ocupar posiciones de gran poder, como Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD y Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara de Diputados de 2005 a 2006, el órgano que dirige la agenda legislativa.
A lo largo de su carrera parlamentaria, fue un miembro constante de las comisiones más influyentes, incluyendo Puntos Constitucionales, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, y Presupuesto y Cuenta Pública. Esta participación le otorgó un dominio técnico sobre derecho constitucional, finanzas públicas y gobernabilidad. Su libro de 1996, *Los gastos secretos del presidente*, es un testimonio temprano de su interés por la fiscalización del poder ejecutivo y la falta de transparencia en el gasto público. En esta obra, denunció la existencia de partidas presupuestarias discrecionales controladas por la presidencia, un tema que se convertiría en un pilar de su discurso y que prefiguraría su posterior trabajo al frente de la UIF.
El vigilante electoral: un actor fijo en el IFE/INE
Paralelamente a su carrera legislativa, Pablo Gómez se consolidó como uno de los más persistentes y conocedores vigilantes del sistema electoral mexicano. Durante al menos tres periodos distintos, fue el representante del PRD ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) y su sucesor, el Instituto Nacional Electoral (INE). Sirvió como representante de 2000 a 2003, como Consejero del Poder Legislativo de 2009 a 2012, y nuevamente como representante del PRD ante el INE de 2014 a 2016.
En estos roles, fue un negociador clave en las reformas electorales, luchando desde la oposición para crear un terreno de juego más equitativo. Se le reconoce como “artífice de otras reformas político-electorales para allanar el camino hacia la democracia”. Al mismo tiempo, fue un crítico implacable de las actuaciones de la autoridad electoral, especialmente en lo que respecta a la fiscalización del financiamiento de las campañas. Denunció repetidamente lo que consideraba una supervisión laxa, citando casos emblemáticos como el uso de tarjetas Monex en la campaña presidencial de 2012 como prueba de la incapacidad o complicidad del Instituto para frenar el fraude electoral. Esta larga permanencia le proporcionó un conocimiento íntimo y sin parangón de la mecánica, las vulnerabilidades y las dinámicas políticas del sistema electoral.
La trayectoria de Pablo Gómez en la oposición se centró en utilizar y fortalecer las reglas institucionales para exigir rendición de cuentas al poder. Su misión actual es reescribir fundamentalmente esas reglas desde una posición de poder. Este cambio no es solo una transición de partido político, sino una inversión fundamental de su función política. Como representante del PRD, luchó por una supervisión más estricta del financiamiento de campañas, denunciando los casos Monex y Bancomer como fracasos del INE. Como legislador, escribió un libro para exponer los fondos discrecionales del presidente, abogando por la transparencia y el control legislativo sobre el presupuesto ejecutivo.
Sin embargo, como titular de la UIF, ha sido acusado de lo contrario: retener información financiera a la autoridad electoral, debilitando así su capacidad de fiscalización. Esto sugiere que sus principios de “transparencia” y “rendición de cuentas” podrían ser contingentes a su posición política. Cuando está en la oposición, son armas para controlar al poder. Cuando está en el poder, pueden convertirse en obstáculos a ser gestionados o ignorados si entran en conflicto con los objetivos del gobierno. Su profundo conocimiento de las debilidades del sistema, adquirido durante décadas de oposición, lo hace ahora excepcionalmente eficaz para desmantelarlo. Sabe exactamente qué pilares remover para alcanzar los objetivos políticos de la 4T, dotando de una apariencia de justificación experta a un proyecto de motivación política.
El ejecutor de un nuevo poder (2018-2025)
Con la llegada de la Cuarta Transformación al poder, el rol de Pablo Gómez experimentó una metamorfosis completa. Dejó de ser el crítico legislativo para convertirse en un operador ejecutivo al frente de la poderosa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En este cargo, su actuación ha estado marcada por la persecución de casos de alto perfil simbólico y por controversias que reflejan las tensiones entre su pasado como fiscalizador y su presente como ejecutor del poder.
nombramiento y mandato en la UIF
El 8 de noviembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Pablo Gómez como titular de la UIF, en sustitución de Santiago Nieto. El nombramiento fue ratificado por la Cámara de Diputados y se interpretó como la colocación de un aliado político de máxima confianza y con una larga trayectoria en la izquierda en una posición estratégica para la lucha contra la corrupción, uno de los pilares discursivos del gobierno.
La designación no estuvo exenta de polémica. La oposición cuestionó su falta de experiencia técnica específica en inteligencia financiera y prevención de lavado de dinero. Gómez se defendió en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, argumentando que su perfil como Licenciado en Economía por la UNAM y su experiencia en el análisis del gasto público, plasmada en su libro *Los gastos secretos del Presidente*, eran credenciales suficientes. De manera reveladora, definió la UIF no como una agencia del ministerio público o una oficina técnica, sino como una “entidad política“. Esta declaración marcó un punto de inflexión, solidificando la percepción de que la UIF operaría no solo como un brazo técnico del Estado, sino como un instrumento para avanzar la agenda política de la 4T. Con la transición presidencial, se confirmó que continuaría en el cargo bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum hasta asumir formalmente la dirección de la comisión para la reforma electoral.
Casos de alto perfil y la política de la justicia
La gestión de Gómez en la UIF se caracterizó por la reapertura y persecución de casos con un fuerte componente simbólico, diseñados para reforzar la narrativa de la 4T sobre la corrupción de los regímenes pasados.
- La reivindicación de Fobaproa: Gómez utilizó la plataforma de la UIF para revivir la controversia en torno al rescate bancario del Fobaproa de la década de 1990. En una conferencia de prensa presidencial en mayo de 2025, acusó públicamente al expresidente Ernesto Zedillo de mentir y ocultar información sobre la deuda en un archivo encriptado. Describió el rescate como un acto inconstitucional diseñado para proteger a “los grandes ricos y poderosos de este país”. En un acto de alto simbolismo político, entregó a la presidenta Sheinbaum el supuesto documento ocultado, enmarcando la acción de la UIF no solo como un acto legal, sino como uno de reivindicación histórica para “el pueblo de México”.
- La saga de Genaro García Luna: La UIF bajo el mando de Gómez ha sido una pieza central en las acciones legales del gobierno mexicano contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública condenado por narcotráfico en Estados Unidos. La unidad inició un juicio civil en Florida para recuperar cientos de millones de dólares que presuntamente fueron desviados a través de una compleja red de empresas durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Gómez ha utilizado este caso para denunciar lo que él considera una “trama corrupta” transexenal y para criticar al Poder Judicial mexicano por otorgar amparos que, en su opinión, protegen a la esposa de García Luna y a otros implicados, permitiéndoles mover sus recursos.
- Investigaciones sobre medios y oposición: La gestión de Gómez también se distinguió por investigaciones dirigidas a adversarios políticos y medios de comunicación críticos. Casos notables incluyen las indagatorias contra el portal de noticias Latinus y la organización de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La UIF denunció a un consorcio de empresas vinculado a Latinus por presunto lavado de dinero y corrupción, señalando que entre las personas que recibieron pagos con dinero de origen ilícito se encontraban los periodistas Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo. Gómez defendió estas acciones, negando que se tratara de una “venganza” y enmarcándolas como parte de la lucha sistémica del gobierno contra la corrupción, argumentando que no podía ignorar información sobre posibles delitos.
El vigilante cegado: controversia con el INE
La faceta más paradójica y controvertida de la gestión de Gómez en la UIF fue su relación con el Instituto Nacional Electoral. Un informe presentado por la Comisión de Fiscalización del INE en junio de 2024 reveló que, desde la llegada de Gómez a la UIF, se había producido un aumento drástico en la negativa o el retraso en la entrega de información solicitada por la autoridad electoral para fiscalizar los ingresos y gastos de los partidos políticos.
Las cifras son elocuentes: en 2023, la UIF solo atendió 9 de las 69 solicitudes del INE, y todas fuera del plazo legal de cinco días. En 2024, de 14 requerimientos, la UIF argumentó en 13 de ellos una “falta de motivación y fundamentación” por parte del INE para negar la información, mientras que una solicitud fue completamente ignorada. Esta obstrucción se produjo en un momento crucial para la fiscalización del proceso electoral y a pesar de la firma de un nuevo convenio de colaboración entre ambas instituciones en febrero de 2024. La situación llevó a que la propia unidad de fiscalización del INE redujera drásticamente sus solicitudes ante las negativas constantes de la UIF.
Esta actuación representa una contradicción fundamental en la carrera de Pablo Gómez. El hombre que durante décadas actuó como el vigilante del PRD ante el INE, exigiendo máxima transparencia y una fiscalización rigurosa, utilizó su nueva posición de poder para obstaculizar precisamente esa función de supervisión de la autoridad electoral.
Bajo el liderazgo de Pablo Gómez, la función primordial de la UIF se desplazó de ser un organismo técnico de lucha contra el lavado de dinero a una herramienta política utilizada para construir y procesar una narrativa histórica que legitima a la 4T. Los casos que persigue son seleccionados por su valor simbólico para reforzar el mensaje central del movimiento: que todos los regímenes anteriores (“el periodo neoliberal”) fueron corruptos y que la 4T está librando una batalla histórica contra esos intereses arraigados.
La reactivación del caso Fobaproa, de la década de 1990, tiene poco impacto legal inmediato pero un valor político inmenso, ya que refuerza la narrativa de la corrupción del PRI y el PAN. De manera similar, el caso García Luna vincula directamente a la administración de Calderón (PAN) con el crimen organizado. Las investigaciones sobre Latinus y MCCI apuntan a dos de las voces críticas más prominentes, enmarcando la oposición periodística como parte de una conspiración corrupta financiada desde el extranjero. Su franca definición de la UIF como una “entidad política” es una admisión de esta estrategia. El objetivo no es solo perseguir el delito, sino ganar una batalla política e histórica.
Este enfoque difumina las líneas entre la ley y la política, creando una considerable incertidumbre jurídica. Para empresas y actores políticos, significa que el escrutinio legal y financiero puede ser activado no solo por pruebas de irregularidades, sino por la oposición política al gobierno, lo que genera un efecto inhibidor sobre la disidencia. La negativa de información al INE encaja perfectamente en este patrón: la protección del proyecto político actual tiene prioridad sobre la aplicación de las reglas institucionales de transparencia.
El arquitecto de un nuevo sistema electoral
El capítulo más reciente y posiblemente el más trascendental en la carrera de Pablo Gómez es su designación como el arquitecto de la reforma electoral y judicial de la Cuarta Transformación, conocida popularmente como el “Plan C“. Este rol lo posiciona en el centro de un esfuerzo por rediseñar fundamentalmente las instituciones que rigen el poder político y la justicia en México, un proyecto que representa la culminación de su visión ideológica y la ambición hegemónica de su movimiento.
el mandato para la reforma: la comisión de Sheinbaum
En agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, nombrando a Pablo Gómez para que dejara la UIF y la encabezara. El objetivo declarado de la comisión es realizar un diagnóstico del sistema electoral y de partidos para luego diseñar un nuevo modelo centrado en “la democracia y el pueblo”, en consulta con el Congreso, académicos y la sociedad.
La elección de Gómez para esta tarea es profundamente estratégica. Por un lado, se interpreta como una “salida decorosa” de su controvertida gestión en la UIF, reubicándolo en un ámbito donde su experiencia es indiscutible. Por otro lado, coloca a una figura con una inmensa legitimidad histórica en la izquierda y un conocimiento técnico sin parangón del sistema electoral al frente del proyecto de reforma más importante y polémico del sexenio. Gómez no es un novato en este tema; fue coautor de la iniciativa de reforma electoral que AMLO presentó en 2022 y que fue rechazada por el Congreso por falta de mayoría calificada. Ahora, con Morena y sus aliados ostentando esa mayoría, Gómez es la elección natural para llevar a término el proyecto.
El plan C: rediseñando el poder
El conjunto de reformas que Gómez está encargado de impulsar abarca varios pilares que, en conjunto, representan una reestructuración fundamental del sistema político mexicano y sus contrapesos.
- Reforma judicial: El elemento más disruptivo es la propuesta de elegir por voto popular a todos los jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los proponentes argumentan que esto aumenta la legitimidad democrática, erradica la corrupción y el nepotismo, y hace que los jueces “respondan al pueblo”. Sin embargo, los críticos advierten que politiza la justicia, prioriza la popularidad sobre el mérito técnico, socava la independencia judicial y crea riesgo de captura por intereses políticos o criminales.
- Reforma de la autoridad electoral: Se propone transformar el INE en un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), con un número reducido de consejeros (Gómez ha sugerido pasar de 11 a 7) que también serían electos por voto popular. Esta reforma contempla la posible desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), centralizando la organización de todas las elecciones del país. Los proponentes justifican que reduce drásticamente el costo de las elecciones, elimina una “burocracia dorada” y asegura que los árbitros electorales sean imparciales al no deber su cargo a cuotas de partidos. Los críticos, por su parte, señalan que destruiría la capacidad técnica y profesional del árbitro electoral, lo sometería a los ciclos políticos y concentraría el control de todas las elecciones en un solo órgano federal, eliminando contrapesos locales.
- Reforma legislativa: Se busca la eliminación de los 200 diputados de representación proporcional (“plurinominales”) y una reducción en el número de senadores. Quienes la impulsan afirman que elimina a los políticos que “no ganan elecciones” y reduce el tamaño y costo del Congreso, haciendo la representación más directa. Los críticos alertan que anula la representación de las minorías políticas, genera una sobrerrepresentación artificial del partido mayoritario y debilita el pluralismo, creando un sistema de partido hegemónico.
- Reforma del financiamiento de partidos políticos: Plantea una drástica reducción del financiamiento público a los partidos políticos, limitándolo exclusivamente a los periodos de campaña electoral y eliminando los recursos para actividades ordinarias permanentes. Los defensores de la propuesta argumentan que ahorra miles de millones de pesos, acaba con el derroche de los partidos y los obliga a buscar el apoyo genuino de la ciudadanía. La oposición teme que asfixia económicamente a la oposición, crea una cancha dispareja al dar una ventaja abrumadora al partido en el poder (que puede usar recursos estatales) y fomenta la entrada de dinero ilícito a la política.
La narrativa oficialista justifica estas reformas con argumentos de austeridad, la necesidad de reducir el costo de la democracia y eliminar a las élites “corruptas” y “parásitas”, devolviendo el poder de decisión directamente al pueblo. Por el contrario, la oposición y diversos analistas advierten que estas medidas conducirán a una peligrosa concentración de poder en el partido gobernante, a la anulación del pluralismo político al debilitar a las minorías, y a la politización de la justicia, poniendo en riesgo el Estado de derecho.
Precedentes internacionales y riesgos potenciales: el caso boliviano
La propuesta de elección popular de jueces a menudo se presenta citando el caso de Bolivia como un referente internacional. Sin embargo, un análisis de la experiencia boliviana ofrece una seria advertencia. Las elecciones judiciales celebradas en Bolivia en 2011 y 2017 se caracterizaron por una participación ciudadana que expresó su rechazo al proceso: los votos nulos y en blanco superaron ampliamente a los votos válidos, alcanzando más del 60% en la segunda elección.
Los críticos señalan que el proceso fracasó por varias razones: la preselección de candidatos estuvo controlada por el partido gobernante, lo que politizó el proceso desde su origen; los ciudadanos no conocían a los candidatos en la boleta; y el resultado no fue una mejora en la calidad o independencia de la justicia, sino una profundización de la crisis de legitimidad del poder judicial. Expertos legales y organismos internacionales, como el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados, han advertido que la elección popular de jueces es contraria a los estándares internacionales, ya que prioriza la popularidad sobre el mérito, compromete la independencia judicial y abre la puerta a la influencia indebida de intereses políticos, económicos e incluso del crimen organizado. Este precedente internacional pone en tela de juicio las promesas de la 4T de que la elección popular conducirá automáticamente a una judicatura más legítima y eficaz.
Las reformas propuestas son la culminación lógica del proyecto político de Pablo Gómez y de la ideología de la 4T. Buscan desmantelar el marco institucional “liberal” construido durante la transición democrática de México, un marco que Gómez ayudó a construir pero que ahora considera un sistema elitista y fallido. Su objetivo es reemplazarlo con un modelo de soberanía popular no mediada, donde la “voluntad del pueblo”, expresada a través de la mayoría del partido gobernante, prevalezca sobre los contrapesos institucionales.
La crítica de Gómez en 1968 era contra un Estado sin controles reales sobre el poder presidencial. Las reformas posteriores a 1988, en las que él participó, crearon órganos autónomos como el IFE/INE y fortalecieron al poder judicial precisamente para que actuaran como contrapesos. Sin embargo, desde su perspectiva y la de la 4T, estos órganos fueron capturados por la “mafia del poder” y fracasaron en impartir verdadera justicia o democracia, como lo demuestran los “fraudes” electorales y casos como el Fobaproa. La solución propuesta, por lo tanto, no es mejorar estos contrapesos autónomos, sino subordinarlos a la voluntad popular a través de elecciones directas.
Este cambio refleja una transición de un modelo democrático-liberal, que valora los contrapesos al poder mayoritario para proteger a las minorías y los derechos, a un modelo populista-mayoritario, donde la voluntad de la mayoría es la fuente última de legitimidad y no debe ser limitada por “tecnócratas” no electos. Esta es la transformación más profunda que enfrenta México, y la reacción de nerviosismo extremo en los mercados financieros refleja el temor de que esta reforma desmantele la certidumbre jurídica y la estabilidad institucional necesarias para la inversión. La Suprema Corte, que previamente invalidó el “Plan B” de 2022 por vicios de procedimiento, será el campo de batalla final y más crítico.
El legado de un estadista revolucionario
La vida pública de Pablo Gómez Álvarez se define por una profunda contradicción funcional: de revolucionario contra el Estado autoritario, a constructor de un aparato estatal centralizado; de vigilante de la transparencia en la oposición, a ejecutor de opacidad selectiva en el gobierno. Su trayectoria de 1968 al poder en 2025 encapsula la metamorfosis de la izquierda mexicana, de resistencia a hegemonía.
Las reformas que impulsa, si se concretan, podrían alterar fundamentalmente la democracia mexicana, con riesgos para el pluralismo político, el Estado de derecho y el sistema de pesos y contrapesos que ha caracterizado la era democrática mexicana posterior al año 2000. La elección popular de jueces amenaza con politizar la justicia, mientras que la reconfiguración del sistema electoral y la eliminación de la representación proporcional podrían consolidar un sistema de partido dominante, marginando a las voces minoritarias. Estas preocupaciones son el núcleo de la incertidumbre que ha provocado una reacción negativa en los mercados financieros y entre los observadores internacionales, quienes ven en estas reformas una posible erosión de la certeza institucional indispensable para la inversión y la estabilidad. La Suprema Corte de Justicia se erige como el último contrapeso institucional, pero la nueva mayoría legislativa de Morena podría tener la capacidad de neutralizar o superar este obstáculo final.
Pablo Gómez Álvarez es la figura idónea para llevar a cabo esta transformación. Su historia personal le confiere la justificación ideológica; su vasta experiencia legislativa y electoral le proporciona la hoja de ruta técnica; y su inquebrantable convicción en la rectitud de su causa le otorga la voluntad política necesaria. Su legado quedará definido por una disyuntiva histórica: ¿será recordado como el hombre que finalmente limpió a México de un pasado corrupto, o como el arquitecto que, en nombre de una nueva hegemonía, desmanteló las instituciones democráticas del país? El resultado de su misión actual no solo definirá su lugar en la historia, sino el futuro mismo del régimen político mexicano.
