Ricardo Sánchez Pérez del Pozo ha sido nombrado fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos, asumiendo la responsabilidad en sustitución de Sara Irene Herrerías. La ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó el cargo el pasado 1 de septiembre, lo que abrió la puerta a una importante designación en el ámbito de la justicia mexicana. Este nombramiento se da en un contexto de creciente demanda de transparencia por parte de organizaciones civiles.
El nombramiento del nuevo fiscal
Sánchez Pérez del Pozo, quien previamente fue titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), tiene una trayectoria vinculada a la protección de derechos fundamentales. En su anterior rol, fue el encargado de investigar agresiones sufridas por periodistas, una labor crucial para la defensa de la libertad de prensa en el país. Su experiencia en este campo es un antecedente relevante para su nueva encomienda.
Exigencia de transparencia y un proceso público
Apenas este miércoles, diversas organizaciones de la sociedad civil emitieron una carta dirigida al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero. En el documento, solicitaron que la designación de la persona que sucediera a Herrerías se realizara a través de un procedimiento público. Las asociaciones firmantes, algunas dedicadas a la búsqueda de personas, así como a proteger los derechos de migrantes y a víctimas de feminicidio, pidieron una reunión con Gertz Manero para discutir sus inquietudes y propuestas.
Los pilares de la propuesta ciudadana
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Las organizaciones solicitaron específicamente:
- La emisión de una convocatoria pública y abierta en la que se definieran claramente los requisitos para acceder al cargo.
- La especificación de la documentación necesaria para acreditar dichos requisitos.
- El establecimiento de los plazos a cumplir para participar en el proceso de selección.
- La delineación de las etapas que conformarían dicho procedimiento.
El documento también detalló la necesidad de “que se defina una metodología con rubros objetivos a fin de evaluar a las personas que se postulen para el cargo, misma que deberá hacerse pública y construida en colaboración con la sociedad civil”. Además, se pidió que “las personas candidatas realicen pruebas técnicas que permitan evaluar sus conocimientos en aspectos como investigación con enfoque de macrocriminalidad, estándares en materia de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad, ciencias forenses, Derecho penal y Derecho procesal penal”.
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Finalmente, las organizaciones exigieron que los candidatos fueran sometidos a entrevistas públicas. Estas entrevistas permitirían a integrantes de la Fiscalía y de la sociedad civil realizar preguntas. En última instancia, señalaron que “la decisión de la persona que ocupe la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos se tome con base en los Resultados de este procedimiento y se motive por escrito”.
Este nombramiento y las demandas ciudadanas subrayan la importancia de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la expectativa social por procesos de selección transparentes y rigurosos que fortalezcan la confianza en las instituciones.
